Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06557-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06557-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06557-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06557-01
Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06557-01
Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos de procedencia.
Improcedencia - Legitimación en la causa y Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 18 de noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la
causa por activa.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Jorge Alirio Castaño Villada, en nombre propio, presentó escrito de tutela en el que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y de acceso a cargos
públicos, los cuales consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la providencia proferida el
15 de septiembre de 2025 que admitió la demanda presentada en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos 1 que presentó un tercero y
decretó, como medida cautelar, la suspensión provisional del “Proceso de Selección
Entidades del Orden Nacional no. 2517 de 2023 – Nación 6”.
2. Hechos
2.1. El señor Jorge Alirio Castaño se inscribió en el concurso público de carrera
administrativa en modalidad de ascenso convocado por el Instituto Colombiano
Agropecuario-ICA dentro del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional No.
2517 de 2023-Nación 6, para el empleo de profesional especializado, código 2028,
grado 13, correspondiente a la OPEC 211937, respecto de la cual se ofertaron 17
vacantes.
1 Identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2025-01449-00
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Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
2.2. El referido proceso se desarrolló conforme al anexo técnico expedido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el cual se fijaron las reglas y
especificaciones de las etapas del proceso de selección Nación 6, en las modalidades
de ascenso y abierto, para la provisión de empleos en vacancia definitiva del sistema
general de carrera administrativa. Asimismo, tuvo como fundamento la Oferta Pública
de Empleo de Carrera-OPEC publicada en el aplicativo SIMO, respaldada por la
Resolución No. 00000600 del 25 de enero de 2022 del ICA, por medio de la cual se
modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
En dicha normativa se estableció como disciplinas requeridas Ingeniería Agronómica o
Agronomía, pertenecientes al Núcleo Básico del Conocimiento en Agronomía, conforme
al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES— y al Decreto
1767 de 2006.
2.3. En ese orden de ideas, el actor señaló que, que participó en el concurso de méritos,
superó las etapas previstas por la CNSC y fue admitido, ubicándose en el sexto lugar
dentro de la lista de elegibles correspondiente a los diecisiete (17) empleos ofertados en
la OPEC 211937.
2.4. Posteriormente, la Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa
promovió acción popular en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto
Colombiano Agropecuario-ICA, con el fin de obtener la protección de derechos
colectivos, tales como el equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, la conservación de especies, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad
pública y la prevención de desastres previsibles.
La acción se fundamentó, en presuntas inconsistencias advertidas en el proceso de
selección suscrito entre la CNSC y el ICA para la provisión de vacantes el marco del
referido concurso.
2.5. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
bajo radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01449-00. Mediante auto del 15 de
septiembre de 2025 dicha corporación admitió la demanda y decretó, como medida
cautelar, la suspensión provisional del Proceso de Selección Entidades del Orden
Nacional No. 2517 de 2023-Nación 6 respecto de las vacantes comprometidas en ese
trámite
2.6. En cumplimiento de dicha decisión el 26 de septiembre de 2025 la CNSC publicó la
lista de elegibles correspondiente al proceso de selección; no obstante, excluyó los
empleos del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA que habían sido afectados por la
medida cautelar, entre ellos el identificado con la OPEC 211937.
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3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, de acceso a cargos públicos y de acceso a la administración
de justicia.
3.2. En ese sentido, solicitó la revocatoria de la medida cautelar decretada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, la cual suspendió
provisional del “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional No. 2517 de 2023-
Nación 6”, suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano
Agropecuario-ICA para la provisión de las vacantes correspondientes a las OPEC
211859, 211937, 211941, 212633, 212639, 212655, 212661, 212663, 212796, 212806,
212807, 215885, 215889, 216608, 216616, 216634, 216635, 216643, 216644, 216645,
216646, 216654, 216656, 216674 y 216686.
Igualmente, solicitó que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil su inclusión
inmediata en la lista de elegibles correspondiente a la OPEC 211937 dentro del referido
proceso de selección, así como su nombramiento en período de prueba en el Instituto
Colombiano Agropecuario-ICA, al estimar que le asiste tal derecho por haber superado
las etapas del concurso conforme a los lineamientos fijados por la CNSC.
Sostuvo que la medida cautelar adoptada por el tribunal vulnera de manera directa sus
derechos fundamentales al trabajo y de acceso a cargos públicos, y adujo que una
eventual decisión favorable dentro de la acción popular podría consolidar dicha
afectación de forma definitiva.
4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia
4.1. El 22 de octubre de 20252, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, admitió la acción de tutela y dispuso la vinculación, en calidad de terceros con
interés, del Director del Instituto Colombiano Agropecuario; del Director de la Comisión
Nacional del Servicio Civil; del representante legal de la Veeduría Nacional del Mérito y
de la Carrera Administrativa; del Rector de la Universidad Libre; y de las personas
postuladas a la Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC 211937, correspondiente al
cargo de Profesional Especializado, Código 2028, grado 13, a quienes se les remitió
copia de la demanda y sus anexos.
Asimismo, ordenó que, para efectos de comunicar la existencia del proceso, el Instituto
Colombiano Agropecuario publicara la providencia en su página web y la notificara a los
aspirantes de la convocatoria por el medio más expedito.
4.2. La Universidad Libre3 solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por
la falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que los procesos de selección Nos.
2 Índice 00004 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. CF5CAECC8775F545
EC0648E1D291C8F8 A2FE6E32CEE3A365 E3D1BD05DCB7A035.
3 Índices 0009 del aplicativo SAMAI, con certificados núm. A202BF7321BBD8A3 C77AC754C1CAC910
EBE17C38F29C47DD AE9DAC3BEBB2040C.
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2510 a 2526 de 2023 y 2617 de 2024 —entidades del orden nacional, Nación 6— se
rigen por los principios de mérito, libre concurrencia, igualdad en el acceso, publicidad,
transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia,
materializados en los acuerdos de convocatoria y sus anexos técnicos, expedidos con
fundamento en el marco normativo aplicable, entre el cual citó el Decreto Ley 775 de
2005, la Ley 909 de 2004 y sus reglamentaciones, el Decreto Ley 760 de 2005, el
Decreto 1083 de 2015, la Ley 1960 de 2019 y los Manuales Específicos de Funciones y
Competencias Laborales vigentes, entre otras disposiciones concordantes.
Sostuvo que, en ese contexto, carece de participación en la adopción de decisiones
relacionadas con la conformación de listas de elegibles o la provisión de vacantes, por
lo cual no ostenta titularidad para ejercer los derechos de acción o contradicción frente
a las pretensiones del tutelante. En consecuencia, afirmó que la ausencia de
legitimación en la causa por pasiva impide que el juez constitucional adopte decisiones
en su contra y solicitó su desvinculación del trámite, en atención a los principios de
legalidad, debido proceso y adecuada integración del contradictorio que rigen la
actuación tutelar.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca 4 allegó copia digital del proceso
ordinario y solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que el accionante
no estructuró jurídicamente su solicitud, pues se limitó a relatar actuaciones judiciales
sin identificar defectos constitucionales atribuibles a la providencia del 15 de septiembre
de 2025 que decretó la medida cautelar. Señaló que el accionante no intervino en la
acción popular, por lo que carece de calidad de parte o coadyuvante y no existe relación
procesal con el Despacho; además, indicó que la queja presentada ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá versó sobre el incumplimiento del Viceministerio
de Educación Superior en allegar una prueba, sin reproches dirigidos al Tribunal.
Precisó que, mediante auto del 15 de septiembre de 2025, se admitió la demanda, se
vinculó a la Universidad Libre de Colombia y se decretó la suspensión provisional del
proceso de selección con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, ante la
inminencia de publicación de listas de elegibles; igualmente, se convocó audiencia en la
que se decretó prueba de oficio dirigida al Viceministerio de Educación Superior. Indicó
que la Secretaría diligenció los requerimientos y, ante la falta de respuesta, se abrió
incidente de desacato, lo que evidencia la diligencia del trámite; agregó que los recursos
contra la medida cautelar se rechazaron por extemporáneos y que la decisión se apoyó
en un análisis probatorio que advirtió inconsistencias entre las reglas del proceso de
selección y la información del SNIES.
Finalmente, sostuvo que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial
ni cuenta con legitimación en el proceso, por lo que no se satisface el requisito de
subsidiariedad para la tutela contra providencias judiciales; añadió que la medida
cautelar protege derechos colectivos y no incide en derechos subjetivos del accionante,
cuya participación en el concurso constituye una mera expectativa legítima. En
4 Índice 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 570A47EE9D39E767
6A5DC98CE9F38C47 DFA78E0711CBA6D9 05EC41A9AAB915B4.
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consecuencia, concluyó que la providencia cuestionada se ajustó a los parámetros
legales y solicitó declarar improcedente el amparo.
4.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil5 solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar que no se configura vulneración de derechos fundamentales, y
que la parte actora dispone de mecanismos ordinarios de defensa judicial en la
jurisdicción contencioso-administrativa y dentro del proceso de selección. Señaló que
conceder el amparo desconocería el principio de subsidiariedad, la igualdad de los
demás concursantes y el debido proceso propio de los concursos de mérito.
Indicó que actuó dentro del marco de sus competencias legales, conforme a la Ley 909
de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y la normativa aplicable, y que la exclusión de la
OPEC 211937 obedeció al cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo cual no existió omisión ni arbitrariedad. En
consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al provenir la decisión
de autoridad judicial competente, y reiteró la improcedencia del amparo frente a
decisiones judiciales y ante la existencia de recursos ordinarios de defensa. Por ello,
solicitó denegar la tutela.
4.5. El Instituto Colombiano Agropecuario 6 sostuvo que no vulneró derecho
fundamental alguno del accionante en relación con la continuidad del proceso de
selección convocado mediante el Acuerdo 088 de 2023, cuyos artículos 2 y 3 establecen
la estructura y reglas del concurso, y afirmó que, en el caso concreto, la acción de tutela
resulta improcedente por inexistencia de acción u omisión atribuible a la entidad que
permita imputarle la amenaza o vulneración alegada, pues del propio relato del actor se
desprende que los hechos cuestionados corresponden a actuaciones que competen a
la Comisión Nacional del Servicio Civil o, en su caso, a la decisión judicial que dispuso
la suspensión del proceso, ámbitos respecto de los cuales el Instituto carece de
injerencia dentro de sus competencias en el Proceso de Selección Entidades del Orden
Nacional No. 2517 de 2023-Nación 6, circunstancia que conduce a concluir la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto la acción no se dirige contra quien ostenta
aptitud jurídica para responder por la presunta vulneración invocada.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de noviembre de 20257, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa del señor Jorge Alirio Castaño Villada, quien
cuestionó la medida cautelar de suspensión del proceso de selección del ICA decretada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5 Índice 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8ABBF8B48C7A562B
AAD89DE2D8F4E2EB 185CE5C2AFE65CEE 29D01BE02748CF65 .
6 Índice 00019 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. E583AB2187B2D6C9
D6B240E856D3ED8A 2CF746F36AE7BE39 98B168FB2566346C .
7 Índice 00033 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 849FCECF2CBFA882
26C5AB628C2BBFB8 51D75CAC66A20504 5B64279D19851D6A.
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Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
La Sala precisó que, conforme a los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto
2591 de 1991, la legitimación por activa es un requisito esencial, que exige que el
accionante sea titular del derecho invocado o actúe válidamente en representación. En
el caso concreto, el actor no acreditó haber sido parte ni interviniente en el proceso
judicial cuestionado, ni demostró interés legítimo para controvertir la providencia.
Además, se advirtió que contra el auto que decretó la medida cautelar procedía el
recurso de reposición, el cual no fue interpuesto oportunamente, lo que desconoció el
carácter subsidiario de la acción de tutela.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación8 en el que solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, al considerar que cuenta con legitimación activa, pues
se inscribió en el empleo de profesional especializado dentro de los Procesos de
Selección Nos. 2510 a 2526 de 2023 y 2617 de 2024 – Nación 6, concurso que fue
suspendido mediante medida cautelar. Señaló que no fue notificado de dicha
providencia pese a su condición de participante afectado y afirmó que, como ciudadano
directamente impactado, tiene derecho a adelantar actuaciones judiciales en defensa de
sus derechos fundamentales, en contravía de lo señalado por el juez de instancia.
El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a través de auto del 16 de diciembre de 20259, concedió la impugnación interpuesta
por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
18 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
3. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
8 Índices 00034 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 49BE535A1F4BD8A3
B48E322A99BE6354 5F63D0499DB0E67B DD9397B9F4D79E1F.
9 Índice 00039 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0AAFD25A74FE5965
F12D3C04506335E4 9B71E9934F181858 E81F892CF092FEF5 .
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Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
4.1. Legitimación en la causa
La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior14 y el artículo 10 del Decreto
2591 de 199115, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la persona cuyos
derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta
derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la
aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”.
15 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.|| También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
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pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en esa medida, podrá
promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de forma directa; (ii) por
medio de representante legal (evento de los menores de edad, los incapaces absolu tos,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; o (iv) por
intermedio de un agente oficioso. Y, en todo caso, también pueden ejercer la acción el
Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales 16.
Por lo tanto, dicha regla impone de antemano que, quien presenta la solicitud de amparo
debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá
ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos.
La Corte Constitucional ha sostenido que, si bien la acción de tutela se caracteriza por
su naturaleza informal y sumaria, ello no exime al juez constitucional de verificar el
cumplimiento de unos presupuestos mínimos de procedibilidad. Entre tales exigencias
se encuentra la legitimación en la causa por activa, entendida como la titularidad del
derecho fundamental cuya protección se reclama o la habilitación legal para actuar en
nombre de su titular. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado:
“Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho
cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de
otra persona. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración
persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa
vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela (…)”17.
En los casos de acciones de tutela en el marco de procesos judiciales, es preciso indicar
que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el titular, que sea
parte en el proceso ordinario, es el único habilitado para invocar la protección del
derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar amenazado por efecto de
una sentencia o un auto 18. En ese orden, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996, los titulares de los
derechos invocados, que se encuentran legitimados para ejercer la acción de amparo
16 Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.
17
Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2016.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2019. Expediente No. 2019 -
04660-00(AC).
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directamente o a través de representante, son las partes y los terceros interesados que
participaron de los referidos trámites 19.
Así entonces, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, es
decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o que,
sin estar en un cuerpo normativo específico, “se relacionen con la dignidad humana y
sean traducibles a un derecho subjetivo”20. Así, debe decirse que un derecho es
subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que
sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un titular, un obligado
y una prestación o contenido 21.
El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su protección.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa, “es,
entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que
se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad
o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente
declararse inhibido para fallar el caso de fondo”22.
En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o jurídica–
titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para
agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente autorizadas para el lo en
el ordenamiento jurídico. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la
ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, en la medida en que la
solicitud no satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, por las razones
que se exponen a continuación:
5.1. Al revisar el escrito de tutela, la Sala observa que, en síntesis, la parte actora solicita
la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos públicos y
al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados con ocasión de la
medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Primera, Subsección A, consistente en la suspensión provisional del “Proceso de
Selección Entidades del Orden Nacional No. 2517 de 2023 — Nación 6”, suscrito entre
19 La Corte Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996 determinó que “[…] el derecho al
debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y
eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad que conoce
y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión”. Y en el Auto 027 de 1997 estableció que son sujetos
procesales quienes hacen parte de “la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del
reconocimiento”.
20
Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003.
21 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017.
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Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA para
la provisión de las vacantes previamente señaladas.
5.2. El análisis de las actuaciones adelantadas en el medio de control para la protección
de los derechos e intereses colectivos, así como el informe rendido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, permite establecer que dicho proceso fue promovido
por la Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa en contra de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, con
el propósito de obtener la protección de derechos colectivos relacionados con el
equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la
conservación de especies, la protección de áreas de especial importancia ecológica, la
defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y la prevención de
desastres previsibles, con fundamento en presuntas inconsistencias en el proceso de
selección suscrito entre la CNSC y el ICA para la provisión de vacantes.
Ahora bien, en sede de tutela, el señor Jorge Alirio Castaño Villada compareció en
calidad de accionante y manifestó actuar “Como ciudadano con afectación directa por el
fallo de medida cautelar tengo el pleno derecho de efectuar trámites judiciales y velar
por la protección de mis derechos fundamentales, hecho que según fallo proferido por
el honorable magistrado el Dr. FREDY IBARRA MARTÍNEZ no me corresponde.”23.
5.3. En este contexto, se advierte que el señor Jorge Alirio Castaño Villada no actúa
como parte procesal ni fue reconocido como tercero con interés dentro de la acción
popular identificada con el radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01449-00, respecto de
la cual se alega la supuesta vulneración.
Por este motivo, tal y como lo consideró el juez constitucional de primera instancia, en
el asunto no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, pues a pesar
de que el resultado de la actuación judicial pueda llegar a tener una incidencia sobre los
accionantes, lo cierto es que el carácter personalísimo de los derechos fundamentales,
exige que, quien sea parte del proceso ordinario (o tercero), es el único habilitado para
presentar el mecanismo constitucional.
5.4. Por último, al margen de lo expuesto, de la revisión del proceso ordinario se advierte
que, mediante providencia del 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO. - NIÉGASE la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Instituto Colombiano Agropecuario y la Universidad
Libre de Colombia.
SEGUNDO.- NIÉGASE la prosperidad de la excepción de improcedencia de la acción
popular, propuesta por el Instituto Colombiano Agropecuario, la Comisión Nacional del
Servicio Civil y la Universidad Libre de Colombia.
TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
23 Índice 00034 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 49BE535A1F4BD8A3
B48E322A99BE6354 5F63D0499DB0E67B DD9397B9F4D79E1F.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06557-01
Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
CUARTO.- LEVÁNTASE la medida cautelar de suspensión del proceso de selección,
dispuesta mediante auto del 15 de septiembre de 2025.”
Esta Sala observa, además, que mediante auto del 21 de enero de 2026 se concedió,
en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la Veeduría Nacional del
Mérito y de la Carrera Administrativa contra la sentencia de primera instancia del 10 de
diciembre de 2025, decisión notificada por estado el 26 de enero de 2026.
En esa misma fecha, la veeduría radicó memorial mediante el cual promovió incidente
de desacato frente a la medida cautelar decretada en auto del 15 de septiembre de 2025.
Sostuvo que, pese a no encontrarse en firme la sentencia ni haberse resuelto la
apelación concedida en efecto suspensivo, la Comisión Nacional del Servicio Civil
anunció la publicación de listas de elegibles relacionadas con empleos comprendidos
en la acción popular.
En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del
2 de febrero de 2026, rechazó por improcedente dicha solicitud. Precisó que la medida
cautelar consistió en la suspensión provisional del proceso de selección Nación 6
respecto de varias OPEC, la cual fue levantada por la sentencia de primera instancia del
10 de diciembre de 2025 que negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, indicó
que la concesión del recurso de apelación en efecto suspensivo suspendió los efectos
de la providencia hasta tanto el Consejo de Estado resolviera el recurso, razón por la
cual no procedía efectuar seguimiento alguno sobre el cumplimiento de la medida
cautelar.
Por lo tanto, de acuerdo a estas circunstancias descritas y teniendo en cuenta que se
profirieron las decisiones que la parte actora reclamaba, ante un eventual estudio de
fondo del asunto, cualquier decisión que se tome en la presente acción de tutela
resultaría inane.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de legitimación en la causa por
activa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la solicitud de tutela que interpuso Jorge Alirio Castaño Villada contra la Subsección A
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06557-01
Accionante: Jorge Alirio Castaño Villada
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
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