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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06577-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06577-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor José Joaquín Almeida Manrique, conforme a la parte motiva de la providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06577-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-00
Accionante: José Joaquín Almeida Manrique
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Temas: Derechos: debido proceso y acceso a la administración de justicia,
entre otros. Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Requisitos
de procedencia. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Joaquín Almeida
Manrique, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la
seguridad social y a la «buena fe», los cuales estima vulnerados con la sentencia
del 16 de mayo de 2024 proferida en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2024-00159-00 [01].

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que desde 1981 prestó sus servicios al Ejército Nacional, donde fue desvinculado
el 20 de agosto de 1999, según el actor por «irregulares (sic) derivadas de un
informe con presuntas falsedades en mi hoja de vida».

Que el 27 de agosto de 2003 interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de
la Nación por el delito de falsedad ideológica y material en documento público. En
el año 2007 el expediente fue trasladado a la justicia penal militar, jurisdicción en la

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que el 11 de septiembre de 2009 se declaró la prescripción de la acción penal.
Decisión confirmada en providencia del «18 de mayo de 2010».

Que en el año 2012 presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Dirección Nacional Ejecutiva de Justicia
Penal Militar, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C negaron las súplicas de la demanda.

Que instauró acción de tutela en contra de las decisiones mencionadas alegando
los defectos: fáctico, sustantivo y falta de motivación. La Sección Cuarta del Consejo
de Estado en sentencia de segunda instancia del 16 de mayo de 2024 declaró
improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional.

Que la Corte Constitucional mediante oficio del 4 de julio de 2025 le comunicó auto
del 30 de julio de 2024 por medio del cual no seleccionó para revisión la acción de
tutela.

Considera que la Sección Cuarta de la corporación incurrió en los defectos:

• Fáctico, porque omitió valorar las pruebas que a su juicio demostraban la
inactividad del juez penal militar y la ausencia de práctica de la prueba grafológica,
determinante para establecer la falsedad denunciada.

• Sustantivo, desconoció la naturaleza oficiosa del proceso penal y los principios de
favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, negándose a analizar la
responsabilidad del Estado por la mora judicial y la prescripción indebida.

• Falta de motivación, la sentencia cuestionada se limitó a declarar la improcedencia
por «instancia adicional» sin exponer argumentos constitucionales ni valorar la
posible existencia de un perjuicio irremediable.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados dejando sin efectos
la sentencia del 16 de mayo de 2024 proferida en la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-00159-00 [01] y, en consecuencia, ordenar a la autoridad
judicial accionada «emitir una nueva decisión de fondo (…) valorando los defectos
fácticos (sic), sustantivo y de motivación alegados».

Además, pide que se «adopten las medidas necesarias para garantizar la
reparación integral de los daños causados por la mora judicial y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia».

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente;
el 22 de octubre de 2025 se dispuso su admisión; se vinculó como terceros
interesados al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al Juzgado 50
de Instrucción Penal Militar, al Tribunal Superior Militar y Policial y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; se ordenó la notificación de la autoridad judicial
accionada y se negó la medida provisional solicitada1.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Cuarta expuso que la Corte Constitucional en la
sentencia SU 627 de 2015 unificó su jurisprudencia señalando que es procedente
la tutela en contra de fallos de la misma naturaleza, siempre y cuando se cumplan
los requisitos: 1) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada; 2) se demuestre de manera clara y suficiente
que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una situación de fraude y
3) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.

Adujo que en el caso concreto no se reúnen las condiciones citadas.
Adicionalmente, dice que analizado el requisito de la inmediatez este tampoco se
encuentra satisfecho, pues la acción de tutela de la referencia se interpuso
transcurrido 1 año, 4 meses y 29 días, lo que excede el lapso de 6 meses, tiempo
que se entiende como razonable para acudir a este mecanismo. Motivo por el cual
pidió que se declare improcedente la acción de tutela.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar indicó que en ese despacho se
adelantó investigación penal núm. 463 en contra del señor Rolando Gamboa García
y otros por el delito de falsedad en documento público, por los hechos que
sucedieron en los años 1996 y 1997 en el sector Cantimplora del municipio de Cali.
El 11 de septiembre de 2009 se declaró la extinción de la acción penal por
prescripción, decisión que fue recurrida y confirmada el 23 de julio de 2010 por el
Tribunal Superior Militar.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el Tribunal Superior
Militar y Policial y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fueron
debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo, guardaron silencio.

Se decidirá previa las siguientes,

1 La medida provisional solicitada se orientaba a suspender provisionalmente la sentencia del 16 de mayo de

2024 que confirmó la decisión de primera instancia que declaró improcedente acción de tutela, por no satisfacer
requisito de relevancia constitucional.
Acceder a ella, en ese momento, sería restarle efectos a la decisión cuestionada sin que se haya realizado un
análisis de fondo del asunto y sin que se avizore un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales que
no pueda esperar el trámite sumario de la acción de tutela.

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).

Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela4, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales5.

Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor José Joaquín Almeida Manrique alega que el Consejo de
Estado, Sección Cuarta le transgrede sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la
seguridad social y a la «buena fe», con la sentencia del 16 de mayo de 2024
proferida en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-00159-00 [01].

4 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y

T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
5 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de

1999.

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En aquella oportunidad el juez constitucional de segunda instancia declaró
improcedente la acción, al considerar que no se satisfacía el requisito de la
relevancia constitucional, ya que «los argumentos de la tutela eran una reproducción
del recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario».

Al revisar los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, encuentra la Sala que:

La tutela anterior fue interpuesta en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, y la presente acción en contra del Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

Finalmente, se tiene que la causa petendi tampoco es igual, porque el argumento
para solicitar el amparo en la acción anterior consistió en la inconformidad del señor
Almeida con la providencia del 29 de julio de 2022, donde se confirmó la decisión
que negó pretensiones de reparación directa con «ocasión del retardo injustificado
de la administración de justicia que conllevó a la extinción de la acción penal por
prescripción».

El fundamento que ahora expone es que la autoridad judicial accionada le
transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la «buena
fe», con la sentencia del 16 de mayo de 2024, que declaró improcedente la acción
de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea
producto de fraude, no se encuentra superado ya que, se reitera, el accionante no
planteó argumento alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta,
pues los reparos que expuso se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez constitucional, como si se tratara de una nueva instancia de la
acción anterior, sin que en ningún momento argumente sobre la existencia de dicho
fenómeno.

Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.

Además, valga mencionar que la acción de tutela se presentó el 20 de octubre de
2025, es decir, cuando habían transcurrido 1 año, 4 meses y 29 días desde la
notificación de la providencia cuestionada, por lo que no se satisface el presupuesto
de la inmediatez, dado que se excedió el término de seis (6) meses, que ha estimado

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como razonable esta corporación6.

Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela contra la sentencia del
16 de mayo de 2024, por no acreditarse el requisito de la cosa juzgada fraudulenta
y no cumplirse el de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
José Joaquín Almeida Manrique, conforme a la parte motiva de la providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

6 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de

Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.

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