Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06577-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06577-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06577-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela – segunda instancia
La Sala procede a resolver, en segunda instancia, la demanda en ejercicio de la acción
de tutela presentada por el señor José Joaquin Almeida Manrique contra una decisión
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en un trámite de tutela.
SÍNTESIS1
El señor José Joaquin Almeida Manrique cuestiona la sentencia proferida el 16 de mayo
de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela
radicada con el núm. 11001-03-15 000-2024-00159-00[01]. En dicha decisión se negaron
las pretensiones de la tutela interpuesta contra la sentencia de la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, emitida en el medio de control de reparación
directa radicado con el núm. 76001-23-33-000-2012-00153-00/01, en el cual no
prosperaron las pretensiones formuladas contra la Nación -Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional y Dirección Nacional Ejecutiva de Justicia Penal Militar-. La Sala declara
improcedente el amparo constitucional, por no haber superado el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 20 de octubre de 20252, el señor José Joaquin Almeida Manrique presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y acceso a la justicia.
2. Considera que dichas garantías constitucionales han sido vulneradas por la
sentencia emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que decidió la demanda
de acción de tutela interpuesta en contra de la Sección Tercera, Subsección C, Del
Consejo de Estado (radicado núm. 76001-23-33-000-2012-00153-00/01), mediante la
cual dispuso “Confirmar la decisión impugnada, proferida el del [sic] 5 de febrero de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con las
1 Temas: Acción de tutela contra acto administrativo / nombramiento en provisionalidad / funcionaria judicial
/ otro medio de defensa judicial / improcedencia / subsidiariedad.
2 SAMAI, índice 00001.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
consideraciones hechas en esta sentencia”.
3. Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcriben):
“1.-) Que se declare la nulidad de la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-
00159-01.
2.-) Que se tutele mi derecho fundamental al debido proceso, acceso a la justicia,
dignidad humana y seguridad social.
3.-) Que se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, emitir una
nueva decisión de fondo en la acción de tutela presentada, valorando los defectos
fácticos, sustantivo y de motivación alegados.
4.-) Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la reparación integral de los
daños causados por la mora judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia”.
B. HECHOS
Los hechos narrados en el texto introductorio del presente asunto no son muy claros,
no obstante, la Sala entiende que lo que motivó al accionante a presentar la acción de
tutela fue:
4. Prestó sus servicios al Ejército Nacional desde 1981 hasta el 20 de agosto de 1999,
fecha en la que fue desvinculado, según afirma, por: «irregulares (sic) derivadas de un
informe con presuntas falsedades en mi hoja de vida».
5. El 27 de agosto de 2003, interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación
por los presuntos delitos de falsedad ideológica y material en documento público, al
considerar que le habían falsificado su firma, así como la de otros “funcionarios
militares”3.
6. En el año 2007, el asunto fue trasladado a la justicia penal militar, jurisdicción que,
el 11 de septiembre de 2009, declaró la prescripción de la acción penal. Esta decisión
fue confirmada mediante providencia del 18 de mayo de 2010.
7. En el año 2012, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Dirección
Nacional Ejecutiva de Justicia Penal Militar, por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, relacionado con la prescripción de la acción penal que tuvo
origen en la denuncia que interpuso por los presuntos delitos de falsedad ideológica y
material en documento público.
8. Mediante sentencia del 14 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda de reparación directa y el 29 de julio
de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C confirmó dicha decisión.
9. El 7 de marzo de 2024, presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela en
contra de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el medio de
3 La demanda no indica contra quién se formuló la denuncia.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
control de reparación directa, la cual, por reparto, le correspondió a la Sección Tercera,
Subsección B, de esta Corporación, en primera instancia, y a la Sección Cuarta en
segunda instancia.
10. El 5 de febrero de 2024, la Sección Tercera, Subsección B4, de esta Corporación
declaró improcedente la demanda de tutela, por incumplimiento del requisito de falta de
relevancia. El 16 de mayo del mismo año, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó dicha decisión.
11. El 4 de julio de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a la
Secretaría General del Consejo de Estado que la tutela interpuesta por el accionante
contra la Sección Tercera y la Sección Cuarta del Consejo de Estado no fue
seleccionada para revisión.
C. Fundamentos de la vulneración
12. La accionante dirige la acusación únicamente contra la decisión emitida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en el trámite de la acción de tutela con radicado
núm. 11001-03-15 000-2024-00159-00[01]. Considera que la providencia contiene los
siguientes defectos:
13. Fáctico, toda vez que omitió valorar las pruebas que demostraban la inactividad del
juez penal militar y la ausencia de práctica de la prueba grafológica, determinante para
establecer la falsedad denunciada.
14. Sustantivo, dado que desconoció la naturaleza oficiosa del proceso penal y los
principios de favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, negándose a analizar
la responsabilidad del Estado por la mora judicial y la prescripción indebida.
15. Falta de motivación, porque se limitó a declarar la improcedencia por «instancia
adicional» sin exponer argumentos constitucionales ni valorar la posible existencia de
un perjuicio irremediable.
D. Trámite procesal
16. La acción de tutela fue admitida por el consejero de Estado Jorge Iván Duque
Gutiérrez, de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 22 de octubre de 2025. En el
mismo proveído, negó la medida provisional solicitada por el accionante5.
17. El 13 de noviembre de 2025 (notificada el 21 de noviembre), la Sección Segunda,
Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela por “por no acreditarse el
requisito de la cosa juzgada fraudulenta y no cumplirse el de inmediatez”6.
18. La decisión de primera instancia fue impugnada mediante escrito del 25 de noviembre
de 20127. El 19 de diciembre de 2025, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 Fallo suscrito por los consejeros de Estado Fredy Ibarra Martínez, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto
Montaña Plata.
5 SAMAI, índice 0005, del expediente de primera instancia.
6 SAMAI, índice 0013, del expediente de primera instancia.
7 SAMAI, índice 0017, del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
concedió el recurso8.
19. Mediante auto del 18 de febrero de 20269, el despacho del magistrado ponente
declaró fundado el impedimento conjunto manifestado por los consejeros de Estado
Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata, quienes manifestaron estar impedidos
para conocer del presente asunto, por cuanto la demanda de tutela cuestiona una
providencia proferida dentro de un proceso de tutela cuya decisión de primera instancia
fue suscrita por ellos. En consecuencia, se dispuso separarlos del conocimiento del caso
y ordenar a la Secretaría General de la Corporación realizar el sorteo de conjueces para
completar el quórum necesario para continuar con el trámite del proceso, designándose
para tal efecto a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado, William Barrera Muñoz y Adriana Polidura Castillo.
E. Oposiciones e intervenciones
20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, por lo siguiente:
21. La demanda de tutela no cumple con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 2015, en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra
de fallos de la misma naturaleza, a saber: 1) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; 2) se demuestre de manera
clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una situación
de fraude y 3) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.
22. Aduce que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que la acción
de tutela de la referencia se interpuso transcurrido un año, cuatro meses y veintinueve
días después de que se profirió la decisión acusada.
23. El Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar indicó que en ese despacho se adelantó
investigación penal núm. 463 en contra del señor Rolando Gamboa García y otros por el
delito de falsedad en documento público, por los hechos que sucedieron en los años 1996
y 1997 en el sector Cantimplora del municipio de Cali. Empero, el 11 de septiembre de
2009 se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, decisión que fue
recurrida y confirmada el 23 de julio de 2010 por el Tribunal Superior Militar.
24. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el Tribunal Superior Militar y
Policial y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fueron debidamente notificados
de la acción de tutela; sin embargo, guardaron silencio.
F. La sentencia impugnada
25. La decisión impugnada declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el
señor José Joaquín Almeida Manrique, debido a que el accionante “no planteó argumento
alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta” en el fallo cuestionado.
En todo caso, no se advirtió una actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una
8 SAMAI, índice 0019, del expediente de primera instancia.
9 SAMAI, índice 008, del expediente.
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Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la
buena fe judicial.
26. “La acción de tutela se presentó el 20 de octubre de 2025, es decir, cuando habían
[sic] transcurrido 1 año, 4 meses y 29 días desde la notificación de la providencia
cuestionada, por lo que no se satisface el presupuesto de la inmediatez, dado que se
excedió el término de seis (6) meses, que ha estimado como razonable esta corporación”.
G. La impugnación
27. Indica el accionante que el fallo de primera instancia incurre en “error en la valoración
del requisito de inmediatez”, puesto que aplica un término rígido de seis meses, sin
examinar “los efectos continuados de la vulneración”, “circunstancias particulares”,
“notificación de decisiones posteriores”, “ausencia de perjuicio irremediable”, todo lo cual
contraviene los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-961/99
y T-009/15.
28. Califica de incorrecta la interpretación de la cosa juzgada fraudulenta, dado que se
estudiaron los hechos expuestos que configuran irregularidades graves como: “omisión
de pruebas esenciales”, “mora injustificada”, “prescripción indebida”, “omisiones del juez
penal militar”, lo cual, a su juicio, “encuadra en las hipótesis desarrolladas por la SU-
627/15”.
II. CONSIDERACIONES
G. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer, en segunda instancia, el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
H. Sentido de la decisión
30. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, pero por no superar el
requisito de inmediatez. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia
no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la
demanda de tutela10. Tampoco resulta necesario analizar el requisito adicional y reforzado
que se impone cuando se promueve una acción de tutela contra una decisión dictada en
10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
una acción tutela, pues la improcedencia aquí declarada torna inocuo cualquier estudio
ulterior sobre la procedencia excepcional de dicho mecanismo.
I. El análisis del caso en segunda instancia
31. La demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que el
accionante interpuso la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia de esta
Corporación11 y de la Corte Constitucional12 ha determinado como razonable para
cuestionar providencias judiciales en sede de tutela, que es seis meses a partir de la
notificación de la providencia contra la que se formula el reproche constitucional.
32. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la acción de tutela no está sometida
a un término de caducidad, su ejercicio sí está condicionado por el principio de
inmediatez, entendido este como una exigencia de presentar la demanda en un plazo
razonable contado desde la ocurrencia del hecho que origina la vulneración o amenaza
alegada13. Este requisito es esencial para determinar si la situación que afecta el derecho
realmente es apremiante. Cuando existe un retraso excesivo e injustificado, puede
concluirse que ni siquiera el titular del derecho percibe su situación como urgente, lo que
desvirtúa la necesidad de una intervención inmediata del juez constitucional y la
naturaleza expedita propia de la acción de tutela14.
33. Adicionalmente, en relación con demandas de tutela contra providencias judiciales,
la Corte Constitucional ha considerado que el análisis del requisito de inmediatez debe
ser especialmente riguroso, a fin de no comprometer los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada15. Esto, en vista de que la firmeza de las decisiones judiciales no puede
permanecer indefinidamente en incertidumbre. Un escenario así impediría a las partes
conocer con certeza el alcance de sus derechos, afectaría el derecho de acceso a la
administración de justicia, que comprende la firmeza y ejecutoriedad de las decisiones
judiciales, y generaría un clima de inestabilidad jurídica.
34. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional16 ha reconocido que, de manera
excepcional, la acción de tutela puede ser procedente incluso cuando ha transcurrido un
periodo amplio entre el hecho generador de la vulneración y su interposición cuando se
demuestra: (i) la existencia de un motivo válido que explique la inactividad del accionante,
como situaciones de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o una
incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que existe un nexo
causal entre la presentación tardía de la acción y la vulneración alegada; o (iv) que la
afectación es permanente y actual, de modo que, aunque el hecho que la originó sea
antiguo, los efectos lesivos persisten y continúan vulnerando los derechos del accionante.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-173 de 2024.
13 Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.
15 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de abril de 2015, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria
Sáchica Méndez.
16 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T-
1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
35. En el caso bajo estudio, esta subsección evidencia, como también lo hizo el a quo,
que los reparos elevados por la accionante están dirigidos contra la providencia proferida
el 16 de mayo de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción
de tutela radicada con el núm. 11001-03-15 000-2024-00159-00[01].
36. Ahora bien, la presente acción de tutela fue interpuesta el 20 de octubre de 2025 17,
esto es, diecisiete (17) meses y cuatro (4) días después de proferida la decisión
cuestionada, lapso que supera ampliamente el término de seis (6) meses que la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha considerado razonable
para controvertir providencias judiciales en sede de tutela.
37. A partir de las fechas precisadas, resulta evidente que la accionante no cumplió con
el requisito de inmediatez. En efecto, el término transcurrido entre la decisión que se
reprocha y la presentación del amparo constitucional excede de manera ostensible el
plazo razonable definido por la jurisprudencia, lo cual desnaturaliza el carácter inmediato
y urgente que distingue a la acción de tutela.
38. El amplio lapso de inactividad procesal evidencia, además, que no se configuraba
una situación apremiante que exigiera la intervención urgente del juez constitucional. Por
el contrario, permitir que decisiones judiciales en firme puedan ser cuestionadas luego de
un periodo tan prolongado afectaría los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada,
así como la estabilidad y ejecutoriedad propias de las providencias judiciales.
39. De otra parte, la accionante no acreditó la existencia de un motivo válido que
explicara su inactividad, ni demostró circunstancias excepcionales que permitieran
flexibilizar el análisis del requisito de inmediatez. Tampoco se evidenció una afectación
actual, permanente o continua que justificara la intervención del juez constitucional pese
al tiempo transcurrido, ni un nexo causal que explicara la tardanza en acudir al
mecanismo de amparo.
40. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la presente demanda de tutela
es improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
17 SAMAI, índice 00001 del expediente de primera instancia.
18 La decisión impugnada declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor José Joaquín
Almeida Manrique, debido a que el accionante “no planteó argumento alguno tendiente a alegar o probar
la cosa juzgada fraudulenta” en el fallo cuestionado.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06577-01
Accionante: José Joaquin Almeida Manrique
Decisión: se declara la improcedencia
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Con firma electrónica Con firma electrónica
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
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