Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06579-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06579-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06579-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Santiago Javier Ochoa Salcedo.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Segunda de
Decisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06579-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
19 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de la orden administrativa de personal núm. 1596 de
24 de mayo de 2022 que dispuso su retiro del servicio activo y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro sin solución de
continuidad al cargo de soldado profesional y al pago de los salarios y
demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro hasta
la fecha efectiva de su reintegro.
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1.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó, en
sentencia de 18 de septiembre de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que el señor Santiago Javier
Ochoa Salcedo contaba con 88.5% de su capacidad laboral, porcentaje
suficiente para ser reintegrado a la entidad demandada, por lo que se
“[…] desconoció la debilidad manifiesta que se traduce igualmente una
desventaja y vulneró así el derecho a la estabilidad laboral con la que
contaba el actor, quien pese a su condición médica a dichos del mismo
Tribunal no cuenta con descompensación mental ni deterioro neurológico
asociado […]”.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional presentó recurso de apelación.
1.4. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el señor Santiago Javier Ochoa Salcedo es una persona
joven, con una calificación de pérdida de capacidad laboral baja lo cual
posibilita que pueda reintegrarse a la vida laboral, pero en actividades
diferentes a las propias de la fuerza pública, razón por la que no puede
considerase “[…] que el hecho del retiro de la actividad militar le vulnera
al actor su derecho fundamental al trabajo, a obtener un ingreso y
eventualmente acceder a un beneficio pensional […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico porque carecía de argumentos y pruebas suficientes para sustentar la
decisión de revocar la sentencia de primera instancia.
Afirmó que se incurrió en el desconocimiento del precedente al aplicar una
teoría restrictiva y exegética sobre el retiro del servicio de los miembros de la
fuerza pública, sin tener en cuenta que la disminución de la capacidad laboral
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se generó en la misma institución y produce un fuero de estabilidad laboral
reforzada. Sobre el particular, trajo a colación las sentencias T-372 de 2018,
C-063 de 2018, T-358 de 2024 y T-373 de 2024 de la Corte Constitucional, y
el fallo de 3 de diciembre de 2020 proferido por el Consejo de Estado dentro
del expediente 11001-03-15-000-2020-00170-01.
Alegó que se configuró una violación directa a la Constitución al vulnerar los
derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada,
a la vida en condiciones dignas y a la salud.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud,
a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, a la protección especial
de las personas con disminución de la capacidad laboral, el derecho a ser
reubicado, al acceso a la administración de justicia y la garantía de la
confianza legítima, por la violación constitucional que comportan la
sentencia accionada por defecto fáctico y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial
de las sentencias:
• Sentencia T-358/24
• Sentencia T-372/18
• Sentencia T-373/24
• Sentencia del Honorable Consejo de estado del 03/12/2020 No.
11001-03-15-000-2020-00170-01
• Sentencia C-063/18
2. Se ordene a la accionada Tribunal Administrativo del Chocó – Sala
segunda de decisión MP Dr. Larry Yesid Cuesta Palacios, DICTAR
NUEVA SENTENCIA, QUE SUSTITUYA LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDIENDO A CONFIRMAR LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA y CONCEDER LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA, sentencia que se debe dictar
teniendo en cuenta la carencia de carga argumentativa para sustentar la
decisión y el desconocimiento del precedente jurisprudencial tal
como lo son las sentencias:
• Sentencia T-358/24
• Sentencia T-372/18
• Sentencia T-373/24
• Sentencia del 03/12/2020 No. 11001-03-15-000-2020-00170-01
• Sentencia C-063/18 […]” [negrillas original del texto]
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 22 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y al Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 19 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia negando las
pretensiones de amparo.
3. Mediante auto de 11 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó declarar improcedente la acción
de tutela porque lo pretendido por la parte accionante es abrir un nuevo debate
sobre los hechos y pruebas que ya fueron objeto de demanda y también ya
fue resuelto por el juez natural.
Agregó que el acto administrativo demandado gozaba de legalidad toda vez
que existía una disminución de capacidad laboral para la vida militar, y que su
desvinculación del servicio fue justa dado que al ser una actividad peligrosa
requiere el 100% de la capacidad.
2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó remitió el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 27001-
33-33-001-2022-00670-00/01/02.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
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sentencia de 19 de diciembre de 2025 negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
Frente al defecto fáctico señaló que sus argumentos estaban relacionados con
una presunta inaplicación de criterios fijados en sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto en discusión.
En cuanto al presunto desconocimiento del precedente invocado por la parte
accionante consideró, luego de realizar el análisis correspondiente de cada
una de las sentencias alegadas como desatendidas, que el tribunal accionado
no incurrió en dicho defecto.
Finalmente, concluyó que el razonamiento que efectuó el tribunal accionado
forma parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado
por el juez de tutela cuando no observa vulneración de derechos
fundamentales que haga necesaria su intervención.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia insistiendo en que su
inconformidad radica en el desconocimiento del precedente porque no se le
puede exigir buscar “[…] un antecedente jurisprudencial que contenga las
mismas fechas, los mismos lugares y al parecer las mismas patologías que él
padece, para que le pueda servir de antecedente constitucional con identidad
fáctica, eso es un imposible jurídico […]”.
Indicó que se desconoció el precedente jurisprudencial porque se aplicó una
teoría restrictiva y exegética sobre el retiro del servicio de miembros de la
fuerza pública sin tener en cuenta que la disminución de la capacidad laboral
se generó en la misma institución y produce un fuero de estabilidad laboral
reforzada.
Señaló que se desconocieron las sentencias T-372 de 2018, C-063 de 2018,
T-358 de 2024 y T-373 de 2024 de la Corte Constitucional, y el fallo de 3 de
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diciembre de 2020 proferido por el Consejo de Estado en el expediente 11001-
03-15-000-2020-00170-01.
Manifestó que su caso es relevante toda vez que, de existir retiro por
disminución de la capacidad, las altas cortes han señalado que antes de
hacerse efectivo el retiro se debe estudiar la posibilidad de reubicación en
labores administrativas y de ser necesario capacitarlos.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 30 de
septiembre de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 27001-33-33-001-2022-
00670-02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
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se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada lo retiró del servicio de la fuerza pública
por disminución de la capacidad laboral generada en la misma institución razón
por la cual se encontraba cobijado por el fuero de estabilidad laboral reforzada,
por lo que a su juicio se incurrió en desconocimiento del precedente,
argumento que para esta Sala implica la reapertura del proceso de reparación
directa.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por la parte accionante y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 19 de diciembre de 2025 proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
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DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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