Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06580-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06580-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06580-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06580-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HENRY ALFONSO GARZÓN SÁNCHEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y TRABAJO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor HENRY ALFONSO GARZÓN SÁNCHEZ, actuando a través
1
En adelante Sección Cuarta.
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Actor: HENRY ALFONSO GARZÓN SÁNCHEZ
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo,
los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, al haber proferido
la providencia de 23 de abril de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2017-00206-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que prestó sus servicios como contratista del SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)3, bajo múltiples contratos
de prestación de servicios realizados entre el 2010 hasta el 2015,
cuyas actividades consistieron en impartir cierta cantidad de horas
en el área de teleinformática en el programa de análisis y desarrollo
del sistema de información del Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías.
Mencionó que solicitó al SENA el reconocimiento de la relación
laboral existente y el pago de las prestaciones correspondientes, no
obstante, a través de Oficio núm. 004990 de 2 de marzo de 2016, la
2
En adelante la Sección Segunda.
3
En adelante el Sena.
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entidad denegó tal reclamación.
Aseveró que, en consecuencia, promovió medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la entidad aludida, el cual fue
identificado con el número único de radicación 2017-00206-01 y
atribuido para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que, a través de
sentencia de 2 de diciembre de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Refirió que el SENA interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de
23 de abril de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial,
al desconocer e inaplicar la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 20215,
4
En adelante el Tribunal.
5
Expediente identificado con el número 2013-01143-01.
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otorgándole un trato desigual e injustificado, en comparación con
otros contratistas del Sena que, en situaciones similares, han
obtenido el reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Recalcó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico,
habida de cuenta que no valoró en debida forma las pruebas obrantes
en el proceso ordinario, las cuales evidenciaban la existencia de una
verdadera relación laboral encubierta en las funciones que desarrolló
al servicio del SENA.
Mencionó que “[…] el fallo debe ser dejado sin efectos y reemplazado
por una decisión conforme a la jurisprudencia vigente y al principio
de primacía de la realidad sobre las formas contractuales,
reconociendo la verdadera naturaleza laboral del vínculo entre el
accionante y el SENA […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Amparo constitucional: Que se tutelen los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad material del
accionante, por cuanto fueron vulnerados por la Sección Segunda
– Subsección “A” del Consejo de Estado al proferir la sentencia de
segunda instancia dentro del proceso Rad. 25000-23-42- 000-
2017-00206-01 (Providencia 3886-2022), al incurrir en defecto
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sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
jurisprudencial en materia de contrato realidad.
2. Dejar sin efectos la sentencia impugnada: Que se deje sin
efectos la providencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, dentro del
proceso identificado con la radicación 25000-23-42-000-2017-
00206-01 (3886-2022), por vulnerar los derechos fundamentales
mencionados.
3. Restablecimiento del fallo de primera instancia o adoptar
las medidas necesarias a fin de que cese la vulneración de
los derechos fundamentales: en consecuencia, se ordene
restablecer los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”, que reconoció la existencia de una relación laboral encubierta
entre el accionante y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
declarando el derecho al pago de las prestaciones sociales
derivadas de dicha relación durante el período comprendido entre
el 28 de enero de 2010 y el 12 de diciembre de 2015 […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que las pretensiones formuladas por
el actor no están llamadas a prosperar, por cuanto la decisión
cuestionada se profirió de conformidad con las pruebas allegadas y
con los argumentos planteados por los intervinientes dentro del
proceso ordinario.
Indicó que no se evidencia ninguna vulneración de las garantías
constitucionales, pues la sentencia censurada procuró el respeto del
debido proceso y la tutela efectiva de los derechos de las partes.
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I.5.2.- El SENA señaló que las pretensiones formuladas por el actor
no están llamadas a prosperar, por cuanto la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
Indicó que las pretensiones del demandante están encaminadas a
convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso
ordinario, para controvertir aspectos que ya fueron estudiados por
el juez natural de la causa.
I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA, a pesar de ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 11 de diciembre de
2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se
encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.
Manifestó que la parte actora pretende reabrir la discusión ya zanjada
en el proceso ordinario, por lo que no le correspondería al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, pues eso
implicaría desconocer la autonomía e independencia judicial.
Señaló que “[…] los argumentos expuestos por el accionante no
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justifican una vulneración a los derechos fundamentales invocados,
todo lo contrario, evidencian una inconformidad sobre la
interpretación de la jurisprudencia vigente aplicable en los asuntos
que se reclama la existencia de una relación laboral, la valoración de
las pruebas aportadas y practicadas, así como la decisión adoptada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la
providencia acusada, que resultó desfavorables a sus intereses […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
QUINTA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la presente
acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, ya que en el asunto se encuentra acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de
una providencia judicial.
Asimismo, señaló que “[…] esta conclusión desconoce el verdadero
alcance de los cargos formulados, tergiversa el debate constitucional
propuesto y aplica de forma errónea y excesivamente restrictiva el
requisito de relevancia constitucional, en abierta contradicción con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 23 de abril de 2025, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-00206-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo.
Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, al desconocer e inaplicar la sentencia de unificación
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de
septiembre de 2021, otorgándole un trato desigual e injustificado, en
comparación con otros contratistas del Sena que, en situaciones
similares, han obtenido el reconocimiento de la relación laboral
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encubierta.
Recalcó que también incurrió en defecto fáctico, habida de cuenta
que no valoró en debida forma las pruebas obrantes en el proceso
ordinario, las cuales evidenciaban la existencia de una verdadera
relación laboral encubierta en las funciones que desarrolló al servicio
del SENA.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 11 de diciembre de
2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no
se acreditó el requisito de relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo pues, a
su juicio, la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, ya que en el asunto se encuentra
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales como
consecuencia de una providencia judicial.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
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de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
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exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte
actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial
inaplicó la jurisprudencia aplicable al asunto y, además, valoró
indebidamente las pruebas que permitirían concluir la existencia de
una relación laboral encubierta con el Sena.
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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA de forma
admisible, así:
“[…] 2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico se contrae a resolver los
siguientes interrogantes:
¿Entre el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) existió una relación laboral
encubierta o subyacente en los períodos reclamados en la
demanda?
De probarse la relación laboral encubierta, debe determinarse
si: ¿se configuró o no la prescripción trienal de las acreencias
prestacionales causadas en el periodo que se acreditó la
relación laboral cubierta? […]
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
Del anterior material probatorio recaudado se tiene probado el
elemento de la prestación personal del servicio del
demandante durante el período comprendido entre el 28 de
enero de 2010 y el 12 de diciembre de 2015, comoquiera que
fue vinculado como contratista de la entidad demandada, para
prestar los servicios como instructor en el área de
teleinformática, para desarrollar el programa análisis y
desarrollo de sistemas de información, por medio de 11
contratos de prestación de servicios, los cuales fueron a su vez
extendidos por 4 adiciones o prórrogas realizadas entre las
partes. Véase: […]
Así mismo, se prueba con las misivas emitidas por los
instructores, líderes de programa y coordinadores en las que
se dejó constancia de la prestación del servicio del demandante
a través de distintos contratos suscritos con el SENA entre los
años 2010-20129 y, los dichos de los testigos John Jaime Pérez
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Barragán y Guillermo Néstor Montaño Gómez, quienes
manifestaron de manera coherente la ejecución de funciones
del demandante a favor del SENA.
De la misma manera, con esos documentos, con los certificados
de ingresos y retenciones SIIFF en los que se discriminan los
pagos realizados al señor Henry Alfonso Garzón Sánchez
durante los años 2013, 2014 y 2015, con los comprobantes de
egreso – órdenes de pago emitidas por el SENA a su favor de
los años 2011 y 201211, se comprueba el segundo elemento
de la relación laboral subyacente, esto es, la
contraprestación o remuneración.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es,
el de la continuada subordinación y dependencia, se
recuerda que, de conformidad con lo previsto en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato». […]
En el caso concreto, la parte demandada sostuvo que no se
probó la subordinación, motivo por el cual, es menester
establecer si se cumplieron los indicios que, analizados e
conjunto con las pruebas del caso concreto, permitan
determinar su existencia o no en la ejecución de las labores
llevadas a cabo por el demandante, atendiendo lo expuesto por
esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-
2021.
i) El lugar de trabajo: Se observa que el demandante prestó
sus servicios en el Centro de Mercados, Logística y Tecnologías
de la Información del SENA Regional Distrito Capital, tal y como
se observa de los contratos, certificados expedidos por el
subdirector de dicha dependencia y los testimonios rendidos
por John Jaime Pérez Barragán y Guillermo Néstor Montaño
Gómez, así como con el interrogatorio de partes del
demandante.
ii) El horario de labores: de las manifestaciones de los
testigos advierte la Sala que el señor Guillermo Néstor Montaño
Gómez afirmó que el demandante cumplía una jornada de
trabajo, nada especificó sobre el particular […]
Esas afirmaciones permiten bajo la sana crítica definir que el
demandante debía cumplir satisfactoriamente las obligaciones
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pactadas a partir de las horas que contractualmente fueron
acordadas. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de
Subsección el cumplimiento de un horario no debe entenderse
como un aspecto que, en su análisis particular y aislado,
configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe
entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como
un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación
entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta
ejecución del objeto convenido.
La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar: Observa la Sala que, le asiste razón al recurrente,
pues el análisis en conjunto del material probatorio no permite
colegir que el SENA a través de sus funcionarios ejerció una
dirección y control efectivo de las actividades ejecutadas por el
demandante.
Por lo que no se puede observar la existencia de los
componentes de juicio necesarios que lleven a determinar la
existencia del elemento de subordinación en el caso concreto
[…]
Por lo tanto, no se logra establecer la existencia de
direccionamientos puntuales al demandante en cuanto al
contenido, cantidad, forma o actividades concretas y
específicas con las que debía ejecutar las funciones convenidas
en los respectivos contratos. Razón por la cual, la Sala revocará
la sentencia apelada para en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda. Relevándose de estudiar los demás problemas
jurídicos por sustracción de materia […]”. (Destacado
pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN SEGUNDA realizó un análisis exhaustivo de las
pruebas obrantes en el expediente, entre estos, documentos, los
contratos de prestación de servicios suscritos, informes y
testimonios practicados, de los cuales concluyó que el actor no
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prestó sus servicios al SENA de manera subordinada, pues este
contaba con autonomía para ejercer su jornada laboral.
Corolario de lo anterior y con base en los elementos de juicio
allegados al expediente, que fueron apreciados de forma conjunta y
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la autoridad accionada
concluyó que no se encontraban plenamente acreditados los
elementos esenciales de una relación laboral encubierta o
subyacente entre las partes.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA
se pronunció frente a los aspectos que el actor alude como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito
general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a
su consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto del
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precedente judicial tampoco cumple con la carga argumentativa que
fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a
citar apartes de la sentencia que hace alusión, sin precisar la relación
fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso
ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
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adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
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con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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