Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06581-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06581-00
Accionante: KAREN NARYINI CARO URREGO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Acción: TUTELA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Falta de subsidiariedad
porque el proceso se encuentra en curso. Mora judicial. Petición.
Decisión: Declara improcedente en cuanto a la providencia atacada y el
derecho de petición. Deniega en cuanto a la mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Karen Naryini Caro Urrego
contra el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Administrativos de Manizales
y el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición, que estima vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Administrativos de Manizales y el
Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá con la providencia de 8 de septiembre de 2025,
dictada por este último dentro del proceso con radicado 11001-310-30-47-2025-00351-
00, y por la mora judicial presuntamente acaecida en dicho proceso.
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante relató que, el 5 de
agosto de 2025, radicó una demanda de responsabilidad civil extracontractual por violación
a los derechos de autor y conexos contra la Registraduría General del Estado Civil.
1.3. Adujo que el asunto fue repartido al Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, autoridad
que, mediante auto del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda por falta de
jurisdicción y ordenó remitirla a los “Juzgados Administrativos de Manizales (reparto)” para
que allí se continuara con el trámite. Lo anterior, al considerar que la competencia para
conocer el asunto correspondía a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en virtud
del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), por involucrar a una entidad pública.
1.4. La demandante alegó que, desde la remisión del proceso, han transcurrido más de 30
días hábiles sin que los Juzgados Administrativos de Manizales se hayan pronunciado sobre
la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda. En tal sentido, argumentó que, al 17 de
octubre de 2025, llevaba 72 días sin que se haya determinado qué despacho judicial tiene
el conocimiento efectivo del proceso, ni se le haya dado curso a este, configurando una
denegación del acceso efectivo a la justicia y un estado de indefensión.
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1.5. La demandante alegó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la
Ley 23 de 1982, en el artículo 29 de la Ley 1915 de 2018, en el artículo 19, numeral 1º del
Código General del Proceso (CGP), así como con lo manifestado por la Corte Constitucional
en el Auto 430 de 2022, la competencia para conocer litigios relativos a propiedad intelectual
y derechos de autor correspondía a la jurisdicción ordinaria civil.
En tal sentido, arguyó que el criterio material, esto es, la naturaleza del litigio —en este caso,
los derechos de autor—, prevalece sobre el criterio orgánico, relativo a la parte demandada,
que en este caso es una autoridad.
Por lo tanto, considera que el rechazo de la demanda y la remisión realizada por el Juzgado
47 Civil del Circuito de Bogotá es una indebida declinación de competencia e involucra el
desconocimiento del principio del juez natural y del precedente constitucional.
1.6. Por otro lado, argumentó que los Juzgados Administrativos de Manizales han incurrido
en mora judicial injustificada porque han permanecido inactivos, sin pronunciarse sobre la
admisibilidad de la demanda, por un plazo superior a 30 días. En consecuencia, señaló que
las autoridades judiciales accionadas han vulnerado los principios de celeridad y eficacia,
así como los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
1.7. De igual manera, arguyó que se le ha vulnerado el derecho fundamental de petición,
porque no ha recibido respuesta ni pronunciamiento alguno sobre un memorial que aduce
haber presentado el 19 de junio de 2025. Asimismo, adujo que tal derecho “se ve lesionado
en su núcleo esencial, pues la accionante, al radicar su demanda y elevar solicitudes de
impulso procesal, no ha recibido respuesta oportuna ni pronunciamiento alguno que le
permita continuar con el trámite judicial”.
1.8. Argumentó que la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues si bien existe
el trámite de conflicto de competencia “ante el Consejo Superior de la Judicatura”, lo cierto
es que este no ofrece una solución pronta y eficaz. Por tanto, la tutela resulta ser el
mecanismo más idóneo para garantizar el acceso a la justicia y evitar que se prolongue la
vulneración. Asimismo, sostuvo que la tutela cumple con el presupuesto de relevancia
constitucional, pues la controversia no recae sobre una simple irregularidad, sino que
compromete la vigencia de los derechos de autor, el principio de juez natural y la efectividad
del derecho de acción.
1.9. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones antes expuestas,
respetuosamente solicito señor juez tutelar a mi favor, los derechos constitucionales.
DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL, DEBIDO PROCESO ARTÍCULO 29,
DERECHO DE PETICIÓN ARTÍCULO 23, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES UNA
FUNCIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 228, DERECHO AL ACCESO DE JUSTICIA
ARTÍCULO 229 alegados y en consecuencia ordenar a JUZGADO CUARENTA Y SIETE
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MANIZALES
(REPARTO) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.:
PRIMERO:
ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
asumir el conocimiento y trámite del proceso, en atención a su competencia material y al
principio del juez natural, conforme al Auto 430/22 de la Corte Constitucional.
SEGUNDO:
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SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que se mantenga la negativa de competencia,
ORDENAR al JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MANIZALES receptor de la
actuación que, dentro del término perentorio de 48 horas, emita auto de admisión,
inadmisión o rechazo, conforme a los artículos 90 y 91 del CGP, garantizando el acceso
a la justicia.
TERCERO:
REMITIR copia del expediente al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA
DISCIPLINARIA O SALA JURISDICCIONAL, para que dirima el conflicto negativo de
competencia entre las jurisdicciones ordinaria y contenciosa, de conformidad con los
artículos 139 y 148 del CGP.
CUARTO:
PREVENIR a los despachos involucrados sobre la MORA JUDICIAL en la tramitación de
la demanda y la afectación directa al derecho fundamental de acción.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
2.2. El Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá explicó que el rechazo de la demanda
se fundamentó en la falta de jurisdicción, teniendo en cuenta que se trataba de una
controversia atribuible a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, conforme al
artículo 104 del CPACA. Adujo que, por tanto, ordenó la remisión del expediente a los
“Juzgados Administrativos de Bogotá”, a través de la Oficina Judicial de Reparto, envío
que se produjo el 19 de septiembre de 2025, fecha desde la cual el proceso salió de su
órbita funcional.
Adicionalmente, manifestó que la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad,
porque el proceso se encuentra en trámite y aún existe la posibilidad de promover un
eventual conflicto de competencia, si el despacho receptor no asume el conocimiento del
asunto.
Finalmente, solicitó que se vincule a la Oficina de Reparto Judicial de Bogotá, encargada
de la distribución del expediente, y al juzgado administrativo al que resulte asignado el
proceso por reparto.
2.3. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico alegó que el Consejo Superior
de la Judicatura no tiene entre sus funciones la de proferir decisiones de carácter
jurisdiccional. Particularmente, precisó que la competencia para dirimir conflictos de
jurisdicciones, según el numeral 11º del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el
Acto Legislativo 02 de 2015, recae en la Corte Constitucional.
Por lo tanto, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se le
desvincule del trámite tutelar.
No obstante, alegó que la tutela es improcedente porque existe otro mecanismo a través
del cual se puede pedir la protección de los derechos invocados, esto es, la vigilancia
judicial administrativa, prevista en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996.
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2.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil suministró los datos de identificación de
la accionante, indicando que esto es lo único que se encuentra en sus competencias. De
acuerdo con lo anterior, solicitó que se le desvincule de la acción de tutela porque carece
de legitimación en la causa por pasiva, si se tiene en cuenta que no está facultada para
dar solución a lo pretendido por la accionante.
2.5. Los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno
Administrativos de Manizales presentaron contestación y argumentaron que a ninguno
le ha sido remitida la demanda instaurada por la accionante. En tal sentido, informaron
que han realizado búsquedas exhaustivas en sus bases de datos, así como en el sistema
SAMAI y en la página de la Rama Judicial, sin encontrar registro del proceso.
Agregaron que, en la providencia del 8 de septiembre de 2025, el Juzgado 47 Civil del
Circuito de Bogotá incurrió en una inconsistencia, pues en el ordinal segundo ordenó
remitir la actuación a los Juzgados Administrativos de Manizales, y en el ordinal tercero
dispuso remitirla a los Juzgados Administrativos de Bogotá. Por tanto, manifestaron que
desconocen a dónde fue enviado el expediente.
En consecuencia, alegaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva y
solicitaron ser desvinculados del asunto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de desvinculación del trámite
tutelar formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues esta es la
demandada en el proceso que originó la presente acción de tutela, razón por la cual las
decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus
intereses.
Tampoco hay lugar a acceder a la desvinculación solicitada por los Juzgados Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno de Manizales, pues en el auto del
8 de septiembre de 2025, el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá ordenó que el
proceso fuera remitido a ese circuito judicial, por lo que, en principio, alguno de ellos
estaría llamado a responder por los hechos planteados en la tutela.
Finalmente, la Sala estima procedente acceder a la solicitud de desvinculación del
Consejo Superior de la Judicatura, formulada por Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico, pues si bien una de las pretensiones de la tutela se solicita que el expediente
sea remitido a esa autoridad para que dirima un conflicto de competencias, lo cierto es
que tal conflicto no ha sido formulado aún por la autoridad de la jurisdicción de lo
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contencioso-administrativo a la que sea asignado el asunto y, en todo caso, de acuerdo
con lo establecido en el numeral 11º del artículo 241 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, ese trámite se encuentra en cabeza de la
Corte Constitucional.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
3.3.2.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de
19911, la acción de tutela es un recurso subsidiario y residual para la protección de los
derechos fundamentales, lo que implica que sólo será procedente cuando se agoten
todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante la
conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.
Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, la Corte
Constitucional2 ha señalado que se pueden presentar dos escenarios: i) cuando el
proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso se encuentra en curso. En el segundo de
los escenarios, ha precisado que la intervención del juez constitucional está vedada en
principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o
paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite
ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal Constitucional y que se ha acogido
por esta Sección, al señalar que la acción de tutela contra providencia judicial es
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está
en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de
emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico3”.
1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
2 Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014
3 En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte
en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron
valerse de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no
puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la
caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados.
Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se
convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el
propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario
que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa
disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la
tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia
más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por
el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de
las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual
sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo ordinario de
defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable. En este último
evento, se debe demostrar que el perjuicio es inminente y grave, que requiere de la
adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable4.
3.3.3. De la mora judicial
La Corte Constitucional, en sentencia SU-179 de 20215, manifestó que:
(…) la mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un
“fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del
derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”6. De ahí que, la mora
judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales previstos en los códigos
procesales, los jueces omiten proferir las decisiones a su cargo.
En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que7:
74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el cumplimiento de los términos
judiciales, esta Corte ha determinado que es posible promover acción de tutela para
reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, debido a que estos pueden resultar afectados por dicha omisión
judicial. En estos eventos, corresponde al juez constitucional determinar si se trata de un
caso de mora judicial justificada o injustificada, teniendo en consideración que son
hipótesis que surgen por distintas causas y tienen diferentes implicaciones. En ese
sentido, este tribunal ha reiterado que “no toda mora judicial implica la vulneración de los
derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre
en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo
justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso concreto, las condiciones
específicas del asunto sometido a decisión judicial, evaluarse si existe o no una
justificación debidamente probada que explique la mora […]”.
[…]
77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar que
existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el juez no
ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada, ha sostenido que la
dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, se configura cuando está demostrado que “(i) se presenta
un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en
el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.
De igual manera, es menester señalar que el artículo 29 de la Constitución Política
consagró el derecho fundamental al debido proceso, normativa que debe aplicarse a toda
4 Sentencia T-150 de 2016
5 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
7 Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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clase de actuaciones judiciales y administrativas. Así mismo, dispuso en el artículo 228
que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”, prescribiendo en el artículo 229 el derecho de acceso a la administración
de justicia.
Así entonces, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la resolución
de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en circunstancias específicas,
puede derivar en vulneración al derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Por tal razón, en aras de determinar si se está ante un
escenario de mora judicial injustificada o si la ponderación de las circunstancias
específicas explica el retardo, corresponderá analizar lo siguiente: “(i) el volumen de
trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones
propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su
conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”8.
En ese sentido, esa corporación ha entendido como justificada la mora judicial cuando
“[s]e está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral
una diligencia razonable del juez que los atiende, o se constata la existencia de
problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden
ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles”9.
3.3.4. Caso concreto
3.3.4.1. En el sub lite, la Sala advierte que el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá,
mediante auto del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda y ordenó su remisión a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, actuación que, según lo registrado en la página
de consulta de procesos de la Rama Judicial, se efectuó el 19 de septiembre de 202510.
Por lo tanto, se advierte que el proceso sigue en curso ante las autoridades de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, donde deberá emitirse una decisión en
cuanto a la admisibilidad de la demanda y, particularmente, sobre la competencia para
tramitar el asunto, por lo que es posible que se plantee un conflicto de competencias ante
la Corte Constitucional, en los términos del numeral 11º el artículo 241 de la Constitución
Política.
Así las cosas, la sala advierte que el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
censurada se encuentra aún en trámite, situación en la que se configura uno de los
supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional, impide al juez constitucional
inmiscuirse en el asunto.
La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en particular por esta
Sección, al señalar que:
(…) por regla general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados
los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
8 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 2005.
9 Op. Cit. T-803 de 2012.
10 Información visible en el enlace:
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=heXhKj4CRj7zAox%2
bG4ELapI2tUg%3d
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control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa
presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso11.
La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario quien debería
corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a presentar en el curso del proceso,
de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice
el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las
garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y subsidiario con la
finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las competencias de los operadores
judiciales ordinarios, al constituirse en una instancia adicional de las decisiones que éstos
emitan o en un mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que
ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las actuaciones que
se profieran al interior de dichos asuntos.
En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación 12,
indicó:
El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular, prevén diversos
mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los recursos, las nulidades
procesales y el poder-deber del juez de corregir las irregularidades o equivocaciones que
ocurran durante el proceso en virtud del principio que reza que ‘lo interlocutorio no ata al
juez’.
Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes, durante
y después del proceso legalmente concluido.
Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos ordinarios, y
las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través de los recursos
ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia y, de manera residual y
excepcional, en caso de que se afecten derechos fundamentales de las partes, se
encuentra la acción de tutela.
En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de defensa
judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por decisiones de los jueces,
las partes pueden acudir a la acción constitucional de tutela, pues es lo que se infiere del
texto constitucional y de lo discutido en la Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela procede tanto contra las
decisiones tomadas en autos como frente a sentencias, ello no implica que se pueda
promover el amparo para atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio
de control se encuentra en curso. Para delimitar las oportunidades en las que resulta
admisible atacar por vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias
proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la referida
corporación fijó las siguientes condiciones13:
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero
de 2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-
00(ac), Roberto Augusto Serrato Valdés
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de
2014, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por
regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador
ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela procederá solamente i) cuando se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que
no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción
constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los
recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados,
pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan
idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el primer caso, para que
proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse
al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación […]. (Subrayas de la
Sala).
Aplicados los referidos presupuestos de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra las decisiones tomadas en autos, al caso concreto, se advierte que no se satisface
ninguno de aquellos.
Ahora, según la accionante, el eventual conflicto de competencia “ante el Consejo Superior
de la Judicatura” no ofrece una solución pronta y eficaz, razón por la cual, a su juicio, la
tutela resulta procedente. Sin embargo, la Sala no encuentra que la actora esté en alguna
situación de vulnerabilidad que le impida esperar a que la autoridad de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo adopte la decisión sobre la admisibilidad de la demanda y sobre
su competencia para tramitar el caso.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, en cuanto a la providencia del 8 de
septiembre de 2025, la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad, toda vez que
el asunto que le dio origen aún se encuentra en trámite y en este están pendientes de
adoptarse decisiones que dirimirán la controversia planteada por la accionante. Sostener
lo contrario equivaldría a predicar que los ciudadanos pueden emplear la acción
constitucional como un mecanismo paralelo a los procesos judiciales iniciados, con el fin
de lograr que en éstos se adopten decisiones que favorezcan sus intereses.
3.3.4.2. Por otro lado, en cuanto a la mora judicial alegada, la Sala observa que, según
lo informado por la accionante, la demanda ordinaria se presentó el 5 de agosto de 2025 y
que el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá se pronunció mediante auto del 8 de
septiembre del mismo año, que la rechazó y ordenó su remisión a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
Ahora, en esa providencia, el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en una
ambigüedad, pues, en el ordinal segundo, dispuso remitir el asunto a los Juzgados
Administrativos de Manizales, y en el tercero, a los Juzgados Administrativos de Bogotá,
aunque en la contestación de la tutela aseveró que la remisión se había ordenado a estos
últimos. En todo caso, la Sala advierte que, según lo registrado en la página de consulta de
procesos de la Rama Judicial, el envío se efectuó el 19 de septiembre de 202514.
Por lo tanto, no se configuró la mora judicial alegada en la tutela, pues entre la fecha de
remisión del proceso a los Juzgados Administrativos y la fecha de interposición de la
solicitud de amparo —20 de octubre de 202515— únicamente transcurrió un mes y un día,
14 Información visible en el enlace:
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=heXhKj4CRj7zAox%2
bG4ELapI2tUg%3d
15 Índice 1 en SAMAI.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00
Accionante: Karen Naryini Caro Urrego
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
tiempo que no excede el que prudencialmente podría tomarse un despacho judicial para
decidir sobre la admisibilidad de una demanda y, en tal sentido, sobre la competencia para
conocerla, máxime cuando el asunto tendría que ser sometido nuevamente a reparto.
Finalmente, la actora adujo que el derecho de petición resultó lesionado por la falta de
resolución frente a las solicitudes de impulso procesal presentadas, así como “la falta de
respuesta al memorial radicado el 19 de junio de 2025”.
En cuanto a las solicitudes de impulso procesal presentadas, la Sala advierte que en
reciente pronunciamiento16 esta Sección, invocando la jurisprudencia de la Corte
Constitucional17, sostuvo que el “derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal”.
De acuerdo con lo anterior, declaró la improcedencia del amparo en lo relacionado con tal
derecho fundamental, pues las solicitudes presentadas por la parte demandante ante la
autoridad judicial estaban encaminadas a que esta avocara conocimiento del asunto, lo que
implicaba que se “pusiera en marcha el aparato judicial”.
En ese sentido, las solicitudes de impulso procesal que la actora aduce haber presentado
estarían encaminadas a poner en marcha el aparato judicial, por lo que la protección del
derecho fundamental de petición a través de la acción de tutela no resulta procedente;
por lo tanto, se declarará improcedente la presente solicitud de amparo frente a dicho
derecho.
Por último, sobre el memorial “radicado el 19 de junio de 2025” al que hace alusión la
accionante en el escrito de tutela, la Sala advierte que dicha fecha no concuerda con los
supuestos fácticos del caso comoquiera que resulta anterior a la de la interposición de la
demanda ordinaria18, por lo tanto, no guarda relación con el proceso objeto de reproche
en esta tutela.
En todo caso, no sobra advertir que la accionante no aportó soporte alguno que acredite
la efectiva radicación del memorial “radicado el 19 de junio de 2025” ni de las solicitudes
de impulso procesal aludidas.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la tutela en cuanto a la controversia
que propone contra el auto del 8 de septiembre de 2015, proferido por el Juzgado 47 Civil
del Circuito de Bogotá, por incumplir el requisito de subsidiariedad, y en lo relacionado con
el derecho de petición. Además, denegará el amparo en lo relacionado con la mora judicial,
pues no se configuró la vulneración alegada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y por los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,
Séptimo, Octavo y Noveno Administrativos de Manizales.
16 Sentencia del 25 de septiembre de 2025, radicación: 11001 03 15 000 2025 02589 00, consejero ponente
(E): Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
17 Sentencia T-377 de 2000.
18 5 de agosto de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00
Accionante: Karen Naryini Caro Urrego
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al Consejo Superior de la Judicatura,
de acuerdo con las razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela en lo relacionado con
el auto del 8 de septiembre de 2015, proferido por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá,
y con el derecho de petición.
CUARTO: DENEGAR el amparo en relación con la mora judicial.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 4 de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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