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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06583-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06583-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 8 Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15000-2025-06583-00 Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06583-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06583-00
Accionante: LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho, quien actúa en nombre propio,
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de octubre de 2025, el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho presentó acción de
tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con la
tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.º 11001-33-35-027-2021-
00183-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que, con el fin de garantizar la protección inmediata y efectiva de mis
derechos fundamentales, en especial los derechos al debido proceso y al acceso efectivo
a la administración de justicia, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
SEGUNDA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ que, dentro del término máximo de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, adopte las medidas
necesarias para impulsar el trámite del proceso con radicado No. 11001-33-35-027-
2021-00183-01 y proceda a proferir la sentencia correspondiente luego de la admisión
del recurso de apelación.

SEGUNDA: Que, se declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, como consecuencia de la
omisión injustificada el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA MIXTA
• ORAL - BOGOTÁ en proferir oportunamente la sentencia, pese al tiempo transcurrido
desde la admisión del recurso de apelación el 04 de febrero de 2025.

TERCERA: Que se exhorte al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA
MIXTA - ORAL - BOGOTÁ a cumplir de manera estricta y oportuna sus deberes
funcionales en observancia de los principios de legalidad, eficacia y celeridad procesal,
a fin de evitar futuras vulneraciones a los derechos fundamentales de los usuarios del
sistema judicial.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-06583-00
Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho

CUARTA: Que, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA
MIXTA - ORAL - BOGOTÁ adoptar las medidas administrativas internas que estime
pertinentes para garantizar que, en adelante, los procesos sometidos a su conocimiento
sean tramitados y decididos oportunamente, conforme al principio de eficacia judicial y
en cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes procesales”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que reposan en el
expediente se destacan los siguientes:

El accionante ingresó el 27 de julio de 1996 al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante concurso de méritos, en el empleo de profesional 14. En el año
1998 fue ascendido en propiedad al cargo de jefe de División 2040-25.

Desde 1999, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le reconoció y pagó la
prima técnica por evaluación del desempeño (equivalente al 40% del sueldo básico
mensual), y mediante Resolución n.º 91 de 2007 le otorgó un incremento del 10%,
reajustándola al 50%.

Posteriormente, mediante Resolución n.º 181 del 31 de enero de 2007 se sustituyó
el cargo de jefe de División 2040-25 por el de profesional de gestión institucional
2165-21. Más adelante, por medio de Resolución no. 1538 del 30 de mayo de 2018,
la entidad demandada le impuso sanción disciplinaria de suspensión de funciones,
lo que ocasionó la pérdida temporal de la prima técnica.

Cumplido el término de dos años contados desde la ejecutoria de la sanción
disciplinaria, el actor solicitó la reasignación de la prima técnica los días 21 de julio
y 28 de septiembre de 2020. Dicha solicitud fue negada mediante Resolución n.º
2143 del 11 de noviembre de 2020.

El 27 de noviembre de 2020 interpuso recurso de reposición contra dicho acto
administrativo, que fue resuelto por medio de la Resolución n.º 0290 del 8 de febrero
de 2021, que confirmó la decisión inicial.

En consecuencia, el 24 de junio de 2021 promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones n.º
2143 de 11 de noviembre de 2020 y n.º 0290 de 8 de febrero de 2021, por medio
de las cuales se negó la reasignación de la prima técnica por evaluación del
desempeño, afectada por la sanción disciplinaria de suspensión. A título de
restablecimiento del derecho pidió la reliquidación de la remuneración mensual y
de las prestaciones sociales correspondientes, desde la fecha en que venció el
término de la sanción disciplinaria.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que mediante sentencia del 18 de noviembre de 2024 accedió
a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, condenó a la entidad
demandada a reconocer, liquidar y pagar a favor del actor la prima técnica por
evaluación del desempeño dejada de cancelar entre el 13 de mayo de 2020 y el 31
de enero de 2021, así como a reliquidar las prestaciones sociales en las que dicha
prima constituye factor salarial.

La anterior decisión fue apelada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
recurso en el que sostuvo que la negativa de reasignación de la prima técnica se

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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho

fundamenta en las normas aplicables y en la condición expresa prevista en el
artículo 11 literal del Decreto 2164 de 1991.

El recurso de apelación fue asignado por reparto el 22 de enero de 2025 al
despacho del magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez, de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante
auto del 4 de febrero del presente año, lo admitió.

Finalmente, el 21 de febrero de 2025 el asunto ingresó al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora invocó los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política y señaló
que la acción constitucional se promueve como instrumento transitorio para la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por
la autoridad judicial accionada debido a la tardanza en proferir la sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Asimismo, citó las sentencias T-183 de 2024, C-037 de 1996, C-318 de 1998 y T-
268 de 1996 de la Corte Constitucional, relacionadas con la mora judicial
injustificada, y manifestó que el asunto fue asignado hace más de seis meses sin
que se haya emitido una decisión de fondo.

4. Trámite procesal

Por auto de 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A-. Asimismo, se
dispuso la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Juzgado
Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, en calidad de terceros con interés.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones n.° 163402 a
163406 de 4 de noviembre de 2025, con el fin de poner en conocimiento de las
partes y terceros el contenido de la providencia.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El apoderado judicial de la entidad rindió informe en el que solicitó negar la acción
de tutela, por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados ni perjuicio irremediable, dado que el actor ha contado con mecanismos
ordinarios idóneos y acceso pleno al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Indicó que la negativa de reasignación de la prima técnica se ajusta a la normativa
vigente, en especial al artículo 11 del Decreto 2164 de 1991 y al Decreto 1336 de
2003, toda vez que el cargo actual no es susceptible de dicho beneficio. Asimismo,
reiteró que la vía constitucional no puede emplearse para acelerar decisiones
judiciales ni sustituir los procedimientos ordinarios, máxime cuando el demandante
dispone de la vigilancia judicial.
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho

5.2. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá
remitieron el enlace del expediente digital, sin embargo, no rindieron informe sobre
los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró al demandante los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, con la supuesta tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.º 11001-
33-35-027-2021-00183-01.

3. De la mora judicial y la noción de plazo razonable

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y
carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo
para el acceso a la administración de justicia1.

En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20132 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de promoción
de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la resolución de
conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la obtención de una
respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y efectivos; y (vi) que
los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y
en observancia del debido proceso.

Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del plazo
y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan
sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer
que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado
agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo3.

1
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
2 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho

Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20164 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables5. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación
y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial6.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

En sentencia T-441 de 20207, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se
agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales,
pues también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las
controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma
que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en
caso de verificar la existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución del
asunto en un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia de
darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la conducta
de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora judicial,
ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Luis Alfonso Díaz Amorocho, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con la supuesta tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
n.º 11001-33-35-027-2021-00183-00/01.

Conforme con las actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial
• SAMAI, la Sala evidencia que en el referido proceso se han proferido, entre otras,
las siguientes actuaciones:

4
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
6
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
7 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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• El 24 de junio de 2021, el actor promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con la pretensión de que se anularan las Resoluciones n.º 2143 de 11 de
noviembre de 2020 y n.º 0290 de 8 de febrero de 2021, por medio de las cuales se negó
la reasignación de la prima técnica.

• El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la
demanda. Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en el que alegó que la negativa de reasignación de la prima
técnica se fundamentó en las normas aplicables y en la condición expresa prevista en
el artículo 11 literal del Decreto 2164 de 1991.

• Por auto de 10 de diciembre de 2024 se concedió el recurso de alzada y, en
consecuencia, el asunto se remitió el 15 de enero de 2025 a la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

• El 22 de enero de 2025 se asignó el asunto por reparto al despacho del magistrado
Carlos Leonel Buitrago Chávez, de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

• Por auto de 4 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación y el 21 siguiente
el asunto ingresó al despacho para proferir sentencia de segunda instancia.

• A través de memoriales presentados los días 5 de mayo, 1º de julio y 18 de
septiembre de 2025, el apoderado judicial del accionante presentó impulsos procesales
con el fin de que se profiera la sentencia de segunda instancia.

Según se logra extraer de las anteriores actuaciones, el proceso ordinario respecto
del cual se alega la presunta mora judicial fue enviado el 15 de enero de 2025 a la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de
primera instancia. El 4 de febrero de 2025, se profirió auto por medio del cual se
admitió el recurso de alzada y el 21 siguiente ingresó al despacho para dictar
sentencia.

Así las cosas, para el momento de presentarse la acción de tutela (20 de octubre
de 2025), habían transcurrido un poco más de siete meses, término que si bien
supera el previsto en el artículo 247-7 de la Ley 1437 de 2011 para dictar sentencia
de segunda instancia, no permite concluir que se haya incurrido en mora judicial ni
que se ha desconocido la noción de plazo razonable, en atención a la reconocida
congestión judicial.

Adicionalmente, se debe destacar que el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 modificó
el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, que establece que las autoridades judiciales
deben tramitar y fallar los procesos conforme al orden cronológico de turnos. Sin
embargo, se prevén excepciones para casos relacionados con seguridad nacional,
prevención de afectación grave al patrimonio nacional, graves violaciones de
derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, procesos de especial
trascendencia económica o social, hechos de corrupción de servidores públicos y
decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los despachos
podrán fijar un orden temático para el estudio preferente de decisiones de fondo y
dar prelación a procesos en los que deba aplicarse precedente vinculante. La
solicitud de prelación podrá ser presentada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o por la Procuraduría General de la Nación.

6
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Por su parte, la Corte Constitucional8 ha considerado la posibilidad de alteración del
turno, de manera excepcional, cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, cuando se supera el plazo razonable y ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable, para lo cual ha sostenido que “(...) aunque el
incumplimiento de los términos judiciales derive de causas ajenas a la actuación diligente
del funcionario judicial, la jurisprudencia constitucional, en atención a las circunstancias
particulares de la persona que solicita el amparo, ha considerado posible que se adopten
dos tipos de remedios constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la
alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto
de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos
razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos casos en que se está ante la
posible materialización de un [perjuicio irremediable], se puede ordenar un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la
autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”. (Negrillas por fuera del texto original).

En ese orden de ideas, en el expediente no se encuentra acreditado que en el
trámite del proceso judicial se haya solicitado la alteración del turno o que se trata
de un asunto en el que debe aplicarse la prelación del turno, más allá de presentar
sendos memoriales encaminados a impulsar el proceso, por lo que la acción de
tutela no es el mecanismo dispuesto para tal efecto, esto sumado a que no se
demuestra una situación particular que amerite el estudio, por la falta de elementos
probatorios que conduzcan a establecer una posible materialización de un perjuicio
irremediable.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la autoridad judicial accionada no
vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor con la tardanza en
proferir la decisión de segunda instancia, pues el lapso transcurrido desde que
conoció del asunto -21 de febrero de 2025-, hasta la promoción del mecanismo
constitucional no resulta desproporcionado. Además, en caso de considerarlo
pertinente el accionante puede solicitar la alteración del turno para dictar sentencia.

Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales alegados.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Luis Alfonso Díaz Amorocho, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las
razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
8
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Radicación: 11001-03-15000-2025-06583-00
Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

8
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