Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06589-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06589-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06589-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: EFRAÍN VILLAREAL GALVIS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial de incidente de liquidación de perjuicios
dentro de proceso de reparación directa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, Efraín Villareal Galvis presentó acción de tutela
contra la providencia de 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar en la que resolvió en segunda instancia del incidente de fijación de
perjuicios, como resultado de la sentencia en la que se condenó a la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los daños causados al tutelante, en
hechos relacionados con el conflicto armado.
2. El tutelante inició demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional por falla en el servicio, debido a su posición de garante,
puntualmente por los hechos ocurridos en la finca Buenos Aires, ubicada en el
corregimiento de Casacará, municipio de Agustin Codazzi. Indicaron que el 30 de
noviembre de 2011, los demandantes se reunieron con un coronel del Ejército
Nacional con el fin de informar que estaban siendo víctima de extorsiones. El
Ejército desplegó un miembro de la institución para hacer trabajo encubierto, no
obstante, ello no impidió que el 10 de diciembre de 2011, la parte demandante
sufriera un atentado que impactó sus propiedades por una incursión de un grupo
guerrillero.
3. En el proceso de reparación directa, en sede de segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Cesar, en sentencia de 9 de septiembre de 2021, condenó en
abstracto a la entidad accionada al pago de los perjuicios materiales que se
causaron a Efraín Villareal Galvis.
4. El 14 de enero de 2022, el apoderado de la parte tutelante promovió incidente de
regulación de perjuicios ante el juzgado segundo administrativo del circuito de
Valledupar. Después de practicar peritaje, en providencia de 19 de diciembre de
2022, la autoridad judicial fijó los perjuicios en $ 864.626.475. La Nación-Ejército
Nacional apeló la providencia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
5. En decisión de 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar revocó
la decisión de primer grado y en su lugar ordenó una condena por $71.936.960. El
Tribunal concluyó que en el plenario reposaban facturas por insumos y enseres
adquiridos por el tutelante durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2010, en cuyo contenido se observaban bienes por un valor de 51.833
098, además se aportaron facturas por reparaciones de un tractor por 10.627.680.
El Tribunal Administrativo le restó credibilidad al peritaje pues en su criterio, el
mismo solo tuvo como fundamento una factura del 17 de marzo de 2011, es decir,
9 meses antes de la incursión guerrillera.
6. Adicionalmente, el Tribunal concluyó que la decisión que resolvió sobre la fijación
de los perjuicios excedió el valor de los mismos, originalmente presentados en la
demanda de reparación directa.
Fundamento del escrito de amparo
7. Se recordó que el tutelante es un sujeto de especial protección constitucional por
su condición de víctima de conflicto armado, y la petición del amparo busca la
protección del derecho a la reparación integral. Indicó que el principio de
congruencia no puede ser concebido en términos absolutos y no obliga al juez a
una simetría entre las pretensiones y las excepciones.
8. Arguyó que el tribunal Administrativo de Cesar desconoció el alcance de los
tratados internacionales relacionados con el derecho a la reparación integral de las
víctimas del conflicto armado, los cuales están por encima del principio de
congruencia utilizado por el tribunal para revocar la sentencia del juzgado segundo
administrativo. Recordó el contenido de la resolución de la asamblea de naciones
unidas sobre el derecho a la reparación integral del año 2005, la jurisprudencia de
la corte constitucional sobre el contenido del derecho a la reparación integral, e
insistió en que el demandante es víctima del conflicto armado motivo por el cual, no
debió revocarse la decisión que ordenó la indemnización de perjuicios en cerca de
800 millones de pesos.
9. Solicitó que se declare que la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar
vulneró el derecho a la reparación integral del tutelante, así como también
transgredió el artículo 9, inciso segundo del artículo 93 y 90 de la Constitución.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al tribunal sentencia de
reemplazo en la que se pondere el derecho a la reparación integral.
Trámite de tutela
10. La Sección Cuarta de la Corporación admitió la tutela y vinculó como partes al
Tribunal Administrativo del Cesar, al Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar, a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
11. El Tribunal se limitó a remitir la copia digital del expediente de liquidación de
perjuicios.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
12. El Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar indicó que la providencia
cuestionada se fundamentó en un análisis cuidadoso de los medios de prueba.
13. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional solicitó que se declare
improcedente la petición de amparo, pues la solicitud no satisface los requisitos de
procedencia formal. Además, indicó que la parte actora utiliza el medio de amparo
como una instancia adicional contra una decisión que le fue adversa.
Sentencia de primera instancia
14. En sentencia de 10 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado, pues estimó que la providencia había realizado
una adecuada valoración probatoria y no incurrió en la violación en el derecho a la
reparación integral. Encontró que la sentencia atacada se rigió por el principio de
congruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia. Recordó que el principio
de congruencia constituye una garantía del debido proceso para ambas partes, y
que la aplicación del mismo no implica una violación al derecho al debido proceso
de la parte tutelante.
Recurso de impugnación
15. El apoderado presentó recurso de impugnación en los siguientes términos: “En
mi calidad de apoderado de la parte accionante me permito presentar impugnación
al fallo que denegó las pretensiones de la acción de tutela, con el fin que la decisión
negatoria de las pretensiones sea revisada en sede de impugnación”1.
CONSIDERACIONES
Competencia
16. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
17. En el asunto de la referencia, de manera preliminar, la Sala debe establecer si
la acción de tutela es formalmente procedente, puesto que se trata de una acción
constitucional ejercida contra una providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cesar que en segunda instancia dentro de un incidente de
liquidación de perjuicios, modificó la decisión de primera instancia y bajó los
perjuicios materiales de más de ochocientos millones a setenta millones de pesos,
argumentando que, el auto de liquidación de perjuicios excedió el valor de las
pretensiones de la demanda de reparación directa. En caso de responder
afirmativamente el anterior interrogante se formulará un problema jurídico de fondo.
1
Índice samai 23.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
18. Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto se reiterará el precedente
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular la relevancia constitucional. Acto seguido, se estudiará el
caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
19. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20052,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
20. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional5 o el Consejo de Estado6, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-7; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable8 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
2
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
3
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
6
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Del requisito de relevancia constitucional
21. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
22. La Corte Constitucional indicó9 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
23. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate10: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
24. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia11.
Caso concreto.
25. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.
26. En el sublite, la Subsección encuentra que no se satisfacen los requisitos de
procedencia general de la acción de tutela, concretamente el requisito de relevancia
constitucional.
27. La Sala concluye que el caso carece de relevancia constitucional pues se utiliza
el medio constitucional de amparo para reabrir un debate procesal que tuvo dos
instancias en cabeza del juez natural. Adicional a lo anterior, la petición de amparo
de la parte tutelante se relaciona únicamente con la protección del derecho a la
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
indemnización, desconociendo que el derecho a la reparación integral abarca otras
dimensiones como las garantías de satisfacción, la rehabilitación, y otras medidas
simbólicas. El tutelante sostiene que su petición de amparo constitucional satisface
el requisito de relevancia toda vez que, solicita la protección del derecho a la
reparación integral.
28. No obstante, la petición de amparo, si bien invoca el derecho a la protección del
mencionado derecho humanos y fundamental, tiene una pretensión exclusivamente
indemnizatoria, en la que se cuestiona la modificación de la condena en perjuicios
de más de 800 millones de pesos, a cerca de 70 millones. En este punto, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que las peticiones de amparo que tiene
como única finalidad, la protección de dimensiones económicas, las mismas
carecen de relevancia constitucional.
29. Adicional a ello, el tutelante presentó argumentos relacionados con su
disconformidad con el fallo del tribunal administrativo y de simple legalidad, pues
hacen referencia a la aplicación del principio de congruencia entre la demanda y la
sentencia. Este principio es de orden legal y su invocación no permite desarrollar
algún contenido constitucional concreto. Quiere decir esto que, a juicio de esta Sala,
el argumento del tutelante es de mera legalidad y de aquellos que utilizan la acción
de amparo como una instancia adicional al proceso judicial ordinario.
30. A su vez, esta sala observa que la decisión atacada explicó adecuadamente las
razones que la llevaron a modificar la providencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar en cuanto a la liquidación de los perjuicios. Se valoró
razonablemente el informe pericial, la sentencia contencioso-administrativa que
resolvió la condena en abstracto y finalmente la demanda de reparación directa.
31. Finalmente, se concluye que la acción de tutela no cuestiona ninguna dimensión
esencial del derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el accionante no
alegó que se le hubiese negado el acceso al juez natural, ni que se le hubiese
impedido ejercer su derecho de defensa, aportar pruebas, controvertir las existentes
o participar en el trámite judicial. Por el contrario, el proceso de reparación directa y
el incidente de liquidación de perjuicios se surtieron en dos instancias, con
decisiones motivadas y con valoración de las pruebas, especialmente del peritaje y
de los documentos aportados. La inconformidad del actor se limita al monto de la
indemnización reconocida, lo cual corresponde a un desacuerdo con el resultado
del proceso y no a una vulneración del debido proceso en sentido constitucional.
32. De igual manera, la tutela no alega una afectación al derecho de acceso a la
administración de justicia en dimensión fundamental. El accionante tuvo un acceso
real y efectivo a la jurisdicción contencioso-administrativa, obtuvo una sentencia de
condena a su favor y contó con un trámite judicial para la liquidación de los
perjuicios. El hecho de que el Tribunal Administrativo del Cesar haya reducido el
valor reconocido, con base en el principio de congruencia y en la valoración
razonada de las pruebas, no implica una negación de justicia. En este sentido, la
tutela no denuncia barreras, bloqueos o negación del acceso judicial, sino que busca
modificar una decisión judicial desfavorable, lo cual excede la finalidad del amparo
constitucional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06589-01
Accionante: Efraín Villareal Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 10 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo, para en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE por las razones explicadas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto12
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
12
Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-15-000-
202400057-01, respecto a la falta de sustentación de la impugnación, a pesar de que se trata de una tutela
contra providencia judicial.
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