Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06597-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06597-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06597-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
12 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06597-01
Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06597-01
Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Contrato realidad. Defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 20 de noviembre de 2025, dictada por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, que resolvió:
PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá.
SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Jairo Díaz Cifuentes, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de octubre de 2025, por intermedio de apoderado, el señor Jairo Díaz Cifuentes
interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia
y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
[…]
2. Solicito, Honorables Magistrados, se revoque la sentencia de segunda instancia de
fecha 26 de junio de 2025, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D” bajo el radicado
11001333502920230004301 de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos y en consecuencia se le paguen las prestaciones sociales a mi apoderado el
señor JAIRO DIAZ CIFUENTES.
3. Que se ordene al Tribunal accionado emitir una nueva sentencia respetando los
principios constitucionales y los derechos fundamentales invocados, corrigiendo las
vulneraciones advertidas en la presente acción.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Jairo Díaz Cifuentes estuvo vinculado con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), como instructor de mercadeo, entre el 10 de febrero de 2009 y el 31 de agosto
de 2019, mediante contratos de prestación de servicios.
El 24 de agosto de 2022, el actor solicitó al SENA que reconociera que existió un
contrato realidad, el pago de acreencias laborales y la entrega de copia de varios
documentos. La entidad, mediante oficio 11-2-2022-060177 22 de septiembre de
2022: (i) remitió copia de los contratos de prestación de servicios y adiciones entre el
2009 y 2019; (ii) advirtió que tratándose de un contratista no diligenciaba planillas de
horarios ni llamados de atención y no se le entregaban elementos y (iii) remitió
certificación de actividades programadas en las vigencias 2009 a 2019.
El señor Díaz Cifuentes promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el anterior oficio con el fin de que se declarara la nulidad y la
existencia de un contrato realidad. Como restablecimiento del derecho, pidió el pago
de todos los salarios y demás emolumentos dejados de percibir durante su
vinculación, así como de las sanciones e indemnizaciones causadas.
Por reparto correspondió conocer del proceso al Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral de Bogotá, con radicado 11001-33-35-029-2023-00043-
001,que, en sentencia de 9 de diciembre de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. El fallador de primera instancia evidenció la prestación
personal del servicio, subordinación y remuneración.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia
porque no se acreditaron los elementos constitutivos de una relación laboral y que se
configuró la prescripción para reclamar derechos laborales entre el contrato de 10 de
febrero de 2009 y el de 25 de enero de 2018.
Por sentencia de 26 de junio de 2025, la Sección Segunda, Subsección D del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la providencia apelada y, en su
lugar, declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda presentada
por el señor Díaz Cifuentes contra el SENA y dio por terminado el proceso. El juzgador
de segunda instancia advirtió que el oficio demandado es un acto de trámite porque
no definió la situación del demandante respecto al reconocimiento de la relación
laboral encubierta y pago de acreencias laborales. Ese oficio solo se pronunció
respecto a la solicitud de documentos.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad, tales
como la inmediatez, relevancia constitucional, inexistencia de otros mecanismos de
defensa, identificación clara y concreta de los hechos que fundamentan la presente
acción y que la providencia atacada no es de tutela.
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Este proceso puede consultarse en la plataforma de Samai del Juzgado 29 Administrativo de Bogotá.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06597-01
Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
La sentencia acusada incurrió en defectos fáctico, procedimental, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso del demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, rad. 11001-33-35-029-2023-00043-01.
Frente al defecto fáctico el actor sostuvo que el Tribunal omitió analizar las pruebas
documentales, testimoniales y alegatos de conclusión que demostraban la prestación
personal del servicio, la subordinación o dependencia, la permanencia, la
remuneración y la esencialidad de las funciones que desempeñó en el SENA, durante
diez años, seis meses y 21 días. En ese periodo no gozó de sus prestaciones sociales
ni parafiscales, a pesar de que su vinculación tuvo características propias de una
relación laboral real, tal como lo encontró probado el juez en primera instancia.
Al no valorar adecuadamente las pruebas, el fallador de segunda instancia ignoró el
contexto real de la relación laboral y se centró solo en los aspectos formales y en una
revisión de validez.
Asimismo, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al declarar
de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, a pesar de que: (i) el oficio demandado
fue el acto que negó la existencia de una relación laboral y (ii) la naturaleza de ese
acto no fue sometido a debate ni alegado por el SENA en alguna etapa procesal.
En efecto, el SENA tuvo múltiples oportunidades procesales para cuestionar la
naturaleza del acto administrativo acusado y nunca lo hizo, lo que saneó cualquier
eventual irregularidad procesal. En ese entendido, era improcedente que el Tribunal
reabriera de oficio un debate clausurado, máxime en segunda instancia.
La actuación del tribunal quebrantó el principio de congruencia procesal y desconoció
la cosa juzgada formal respecto de las decisiones previas que validaron la admisión
de la demanda y el normal desarrollo del proceso. También, contrarió los principios de
seguridad jurídica y economía procesal y privilegia formalismos sobre el estudio de
fondo del caso, lo que desembocó en una denegación de justicia.
Además, que incurrió en defecto sustantivo porque el Tribunal desconoció la
aplicación de normas constitucionales y legales y, en particular los principios de
primacía de la realidad sobre las formas y la protección del trabajo en condiciones
dignas y justas. El actor advirtió que en su caso se aplicó una norma de manera
abiertamente irregular y se realizó una interpretación que desbordó los criterios de
juridicidad y razonabilidad, con lo que cerró arbitrariamente el debate de fondo.
Aunado a lo anterior, al no realizarse un estudio de fondo sobre los elementos de la
relación laboral probada en el proceso, sino limitarse a declarar la ineptitud sustantiva
de la demanda, el Tribunal desconoció abiertamente el precedente jurisprudencial
en materia de contratos de prestación de servicios que encubren verdaderas
relaciones laborales.
Al momento de fallar no se tuvo en cuenta, entre otros, el precedente del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A (CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
sentencia de 19 de enero de 2015, Rad. 47001-23-33-000-2012-00016-01) que
estableció que, frente a la figura del contrato de prestación de servicios, debe
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prevalecer la sustancia del vínculo laboral sobre la forma contractual, cuando la
realidad probada evidencia una relación laboral de facto.
Al no valorar ni aplicar este precedente vinculante, el Tribunal adoptó una decisión
que restringió sustancialmente los derechos laborales y de seguridad social
reconocidos en primera instancia, ignorando la realidad probada del vínculo laboral.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 23 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a la Sección Segunda,
Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de
demandada. En la misma providencia ordenó vincular al Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral de Bogotá y al SENA, como tercero interesado.
5. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
acudió a las consideraciones contenidas en la sentencia de 26 de junio de 2025,
dictada en segunda instancia en el proceso promovido por la actora.
En relación con la solicitud de tutela, se advirtió que es improcedente porque no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional. De los argumentos de la
demanda se evidencia el propósito de reabrir la discusión legal y probatoria resuelta
por el juez natural de la causa.
De todas formas, el Tribunal demandado sostuvo que en el proceso ordinario no se
observa una actuación arbitraria o ilegítima por las autoridades judiciales que cause
una afectación de los derechos fundamentales del actor.
Tampoco se configuró defecto alguno, dado que la sentencia de segunda instancia la
dictaron funcionarios competentes, conforme con el procedimiento establecido para
esta clase de actuaciones y con fundamento en el supuesto legal aplicable, así como
con las pruebas allegadas al expediente y con una motivación razonable. La decisión
no presentó contradicción entre los fundamentos y la parte resolutiva ni existió un error
inducido y no se desconoció el precedente constitucional.
En efecto, el Tribunal demandado explicó que en la sentencia objeto de tutela el
demandante controvirtió la legalidad de un acto de trámite, no susceptible de control
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que en este no se hace un
pronunciamiento vinculante ni obligatorio, pues solo se pronuncia respecto a la
documental solicitada. Es decir, que no se cumplieron los presupuestos mínimos de
la demanda en forma y, por tanto, se configuró la ineptitud de esta. Ante la
configuración de la referida excepción, el fallador quedó relevado de analizar el fondo
del asunto, es decir si estaba acreditada o no una relación laboral encubierta.
Y advirtió que al interesado le correspondía demandar el acto administrativo ficto
negativo derivado de la petición presentada el 24 de agosto de 2022.
En consecuencia, la falta de demanda del acto que correspondía en esta jurisdicción
(el ficto), llevó a la declaratoria de la ineptitud sustantiva de la demanda, sin que a
través de este mecanismo constitucional el demandante pueda subsanar dicha
omisión al momento de individualizar los actos susceptibles de ser demandados ante
esta jurisdicción.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Bogotá indicó que después de
realizar el análisis fáctico, probatorio y normativo correspondiente en el proceso
ordinario promovido por el señor Jairo Díaz Cifuentes, profirió sentencia de primera
instancia de 9 de diciembre de 2024, por medio de la cual declaró no probadas las
excepciones presentadas por la parte demandada y como consecuencia de ello,
accedió a las pretensiones de la demanda, como consta en el correspondiente
expediente electrónico.
La anterior decisión fue apelada y en sentencia de 26 de junio de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la revocó y negó las pretensiones de la demanda.
Así que las pretensiones de la acción de tutela no se dirigen contra ese juzgado, pues
lo que busca el actor es invalidar el fallo de segunda instancia, para que así, prosperen
las pretensiones de la demanda.
En este caso, no se observa vulneración alguna de los derechos fundamentales del
actor causada por ese despacho judicial, razón por la que solicitó su desvinculación
del trámite de la presente acción de tutela.
El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela porque el asunto
sometido a estudio por vía de tutela no es de relevancia constitucional, en el entendido
de que lo que realmente busca el accionante es abrir el debate, como si se tratara de
una tercera instancia.
De otro lado, la decisión adoptada se dio en el marco del ordenamiento jurídico
colombiano, luego de realizar procesos interpretativos que respetaron los precedentes
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para los temas analizados.
La providencia atacada no se enmarca en ninguno de los defectos o causales
específicas de procedibilidad.
Además, el actor no se encuentra ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que
implique la adopción de medidas urgentes para su supresión.
7. Sentencia de primera instancia
El 20 de noviembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia, en la cual negó el amparo solicitado,
por las siguientes razones:
Como cuestión previa se pronunció frente a la solicitud de desvinculación del Juzgado
29 Administrativo de Bogotá y la negó porque actuó como juez de primera instancia
en el proceso ordinario.
En relación con la demanda de tutela, se advirtió que superó las causales generales
de procedibilidad, por lo que procedió con el estudio de los defectos invocados.
Analizados los argumentos expuestos en la sentencia de 26 de junio de 2025, la
encontró ajustada a la ley, puesto que, con base en los artículos 169 y 187 del CPACA,
la autoridad judicial declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda. Esa declaratoria obedeció a la verificación de que el Oficio 11-2-2022-
060177 del 22 de septiembre de 2022 no puso fin a la actuación administrativa porque
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el SENA no se pronunció sobre el reconocimiento o no de la relación laboral encubierta
alegada por el actor, ni sobre las prestaciones sociales reclamadas; razón por la cual
no era susceptible de ser demandado.
En relación con la supuesta falta de valoración de las pruebas que, a juicio del actor
demostraban la existencia de una relación laboral encubierta, el juzgador
constitucional de primer grado señaló que tal omisión fue una consecuencia directa
de la declaratoria de la excepción de ineptitud sustancial de la demanda adoptada por
el Tribunal. Una vez la autoridad judicial encontró acreditada dicha causal, se tornó
improcedente cualquier análisis de fondo, por lo que resultaba lógico que no se
efectuara una valoración probatoria ni un estudio material del caso. En consecuencia,
el defecto señalado no vulnera los derechos fundamentales del actor.
En lo atinente a la presunta vulneración del precedente judicial, se observó que las
sentencias citadas por el actor no guardan correspondencia con el caso objeto de
estudio, pues abordan asuntos relacionados con el pago de prestaciones sociales, la
estabilidad laboral reforzada o la existencia de una relación laboral encubierta;
mientras que, en el presente asunto, el Tribunal declaró de oficio la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda. En ese sentido, los pronunciamientos invocados
no se refieren a la facultad del juez para declarar de oficio dicha excepción, como sí
ocurrió en la decisión adoptada por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, no se advierte vulneración del
precedente judicial.
Concluyó que la decisión de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en los defectos planteados por el actor.
Por el contrario, la autoridad judicial actuó dentro del marco de sus competencias y
declaró de oficio la ineptitud sustancial de la demanda conforme a la normatividad
aplicable.
8. Impugnación
El señor Jairo Díaz Cifuentes como argumentos de inconformidad, expuso los
siguientes:
En primer lugar, alegó que lo resuelto en el fallo cuestionado desconoció la realidad
fáctica del asunto, al insistir que el SENA «guardó silencio» frente al reconocimiento
de la relación laboral y las prestaciones reclamadas. Si bien, el acto administrativo del
22 de septiembre de 2022 no respondió de forma integral los 35 puntos del derecho
de petición presentado el 24 de agosto de 2022, ello no significaba que la entidad
omitió pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral.
En efecto, el contenido del acto administrativo y las actuaciones posteriores del SENA
demuestran una posición clara, uniforme y reiterada de negar la existencia de un
vínculo laboral.
Manifestó que, en la respuesta adicional de 30 de septiembre de 2022, el SENA reiteró
su posición y reafirmó que la comunicación del 22 de septiembre constituía la
respuesta válida al derecho de petición. Señaló que en esa ocasión el Sena expresó
que reiteraba las consideraciones de la primera petición relacionadas con « el
reconocimiento a los derechos laborales adquiridos por el señor JAIRO DIAZ CIFUENTES,
mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 79.807.868 de Bogotá»
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Además, que, en esa respuesta, el SENA reafirmó expresamente que su
entendimiento era que el señor Díaz Cifuentes actuó siempre bajo contratos de
prestación de servicios, sin que se configurara un contrato realidad.
Como refuerzo, el impugnante acudió al análisis realizado por el Comité de Defensa
Judicial del SENA, previo a la audiencia de conciliación extrajudicial, con el que se
demuestra de manera clara y explícita la voluntad de la entidad de negar la relación
laboral, pues dicho Comité concluyó que no existía subordinación, que las actividades
correspondían a una coordinación contractual y que la figura de contrato realidad no
era procedente. En su análisis, el Comité no solo rechazó la existencia del vínculo
laboral, sino que además adelantó argumentos sobre prescripción, solución de
continuidad y naturaleza del vínculo, lo cual constituye un pronunciamiento sustantivo
sobre el fondo del conflicto.
En segundo lugar, afirmó que la conclusión de que el acto administrativo del 22 de
septiembre de 2022 era un «acto de trámite» es contraria al contenido mismo del
documento y a la realidad procesal.
Al respecto, explicó que un acto que niega documentos sustentados en la calidad de
contratista, que rechaza la existencia de subordinación y que sirve como fundamento
para que la entidad adopte una posición jurídica en sede de conciliación extrajudicial,
no puede ser considerado instrumental o de simple trámite. De modo que, esa decisión
administrativa tiene efectos jurídicos y constituye un pronunciamiento sustantivo
susceptible de control judicial.
Insistió en la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en los términos precisados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-061 de
2018 y T-367 de 2018. Ello porque, aun cuando dichas sentencias establecen que el
apego estricto a formalidades procesales no puede sacrificar la verdad material ni los
derechos fundamentales, la decisión acusada se basó exclusivamente en un
formalismo al calificar el acto como de trámite e ignorar que el SENA sí expresó de
manera clara y reiterada su negativa a reconocer la relación laboral.
Finalmente, concluyó que al aplicar rigurosamente una exigencia procesal que no
correspondía al caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección D desconoció los hechos probados, renunció a la verdad
jurídica objetiva y terminó obstaculizando el análisis de fondo, exactamente en los
términos que esas sentencias advierten como constitutivos del exceso ritual
manifiesto. Por esa razón, el fallo de tutela de primera instancia debe ser revocado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D vulneró los derechos fundamentales invocados al revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda.
En concreto, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser así, si se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia porque en este caso se
configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado como se pasa
a explicar.
No se estudiarán los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
alegados en la demanda de tutela porque los argumentos de impugnación se
dirigieron únicamente a insistir en el referido defecto procedimental.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,
a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso;
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
sustenta con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta
esos derechos y no se trata de un asunto de mera legalidad o económico.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia del proceso ordinario accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y fue con ocasión de la providencia
de segunda instancia, acá cuestionada, que se revocó la decisión inicial y, en su lugar,
como se indicó, declaró probada una excepción, cuya consecuencia fue la terminación
del proceso.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra la providencia judicial cuestionada, impactaría directamente los derechos
invocados, en la medida en que quedaría sin efecto y abriría la posibilidad de retomar
el estudio de fondo, esto es la existencia de una relación laboral entre las partes.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface. El
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
atacada fue proferida el 26 de junio de 2025, notificada el 2 de julio siguiente, y el
ejercicio de acción de tutela se dio el 21 de octubre del mismo año.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v)
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se
cuestionan sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto alegado.
(ii) Del defecto procedimental5 en el caso concreto
El señor Jairo Díaz Cifuentes alega que la providencia objeto de tutela vulneró, entre
otros, los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido
proceso al advertir que el oficio de 22 de septiembre de 2022, cuya nulidad se pidió
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra el SENA,
es un acto de trámite no susceptible de ser demandado ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Y bajo ese supuesto declaró probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda y dio por terminado el proceso.
Es precisamente la anterior decisión la que, a juicio del actor, constituye un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que el acto demandado sí contiene
5
El defecto procedimental ocurre cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido, al respecto,
en la sentencia T-310 de 2009 la Corte Constitucional señaló que se trata de un defecto de naturaleza cualificada, que implica
que el trámite judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial” . Además, la
desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los derechos fundamentales de las partes, en especial el
derecho al debido proceso.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i)
sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un
impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
una respuesta frente a la petición de que se reconociera la existencia de una
verdadera vinculación laboral.
Para resolver la controversia sometida a estudio en sede de impugnación,
corresponde al juez de tutela referirse a la demanda, a las actuaciones y a las
decisiones de primera y segunda instancia adoptadas en el referido proceso ordinario.
Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
En febrero de 2023, el señor Díaz Cifuentes, por intermedio de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el SENA en la que, como
pretensiones, entre otras, se resaltan las siguientes:
1. Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo implícito 11-2-2022-060177, del 22
de septiembre de 2022, con Número de Radicación 11- 2-2022-060177, expedido por el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL D.C.
2. Que se declare la existencia de un contrato realidad entre el señor JAIRO DIAZ
CIFUENTES y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA desde el 10 de febrero de
2009 hasta el 31 de agosto de 2019.
3. Que declare y se condene al SENA, a que realice el pago de las acreencias laborales
no canceladas desde el día 10 de febrero de 2009 hasta el día 31 de agosto del año
2019, […]
Con la demanda se aportó el oficio demandado, el oficio que le dio alcance a este, los
contratos de prestación de servicios, entre otros.
Del proceso correspondió conocer al Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de
Bogotá que, por auto de 20 de abril de 2023, admitió la demanda.
El SENA dio respuesta a la demanda. En ese escrito se pronunció frente a cada uno
de los hechos, se opuso a las pretensiones y expuso argumentos fácticos y jurídicos
para desvirtuar los elementos del contrato realidad y afirmar que el demandante
siempre estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios y no por
contrato de trabajo. No formuló excepciones previas.
La siguiente etapa procesal fue la audiencia inicial en la que, entre otros asuntos, se
fijó el litigio en los siguientes términos:
[…] establecer si entre el demandante señor Jairo Díaz Cifuentes y el SENA, existió una
relación de carácter laboral, comúnmente conocida como contrato realidad, entre el 10 de
febrero de 2009 y el 31 de agosto de 2019, y como consecuencia de ello, se ordene a la entidad
demandada pagar las acreencias laborales dejadas de cancelar, se pague la indemnización
por despido sin justa causa, la sanción por no pago de la liquidación, la sanción moratoria,
reembolso de los pagos de los aportes a seguridad social, indemnización y reparación en el
detrimento patrimonial, auxilio convencional de transporte, dotación, bonificaciones, primas y
demás emolumentos plasmados en las pretensiones de la demanda.
En la referida diligencia, también se abrió la oportunidad para conciliar, pero se declaró
fallida. Precisamente, con el fin de que fuera tenida en cuenta, el apoderado de la
demandada (SENA) aportó certificación del Comité Nacional de Defensa Judicial y
Conciliación de esa entidad, expedida el 8 de noviembre de 2023, en la que consta lo
siguiente:
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
Que en el caso de la conciliación judicial de que trata el artículo 180 del CPACA, proceso
con radicado núm. 11001333502920230004300, cuyo demandante es el señor JAIRO
DÍAZ CIFUENTES, quien pretende la nulidad del acto administrativo núm. 11-2-2022-
060177 del 22 de septiembre de 2022, emitido por el Servicio Nacional de Aprendizaje –
Regional Distrito Capital, por medio del cual, negó la existencia de una relación laboral
entre las partes, comprendida entre el 10 de febrero de 2009 al 31 de agosto de 2019;
que como consecuencia de la anterior declaratoria, reconozca la existencia de una
relación laboral entre las partes, y pague las acreencias laborales a que tiene derecho.
Que, en sesión del 30 de octubre de 2023, este Comité por decisión unánime deliberó
no conciliar, teniendo en cuenta los argumentos relacionados en el ítem “análisis del
caso” y “conclusiones” de la ficha técnica presentada al Comité, en la que se indicó:
“Para establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos para que se declare
una relación laboral bajo la figura de contrato realidad, es importante establecer que es
un hecho irrefutable de que al demandante le asistió cumpliendo (sic) de varios contratos
de prestación de servicios, pues el SENA no contaba con el personal suficiente para
desarrollar la actividad en comento y ello no es óbice para desestimar, ni las razones, ni
el objeto contractual pactado y sus principios generales, los cuales radican en el hecho
de que los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no
sólo a lo que en ello se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, que para el caso marras encaja perfectamente en la simetría
del contrato de prestación de servicios.
El cumplimiento de las obligaciones, la entrega de informes y las programaciones
asignados, son el resultado del cumplimiento del objeto contractual sin que para ello se
le deba dar una denominación distinta a la que se plasmó en los diferentes contratos de
prestación que suscribieron las partes.
La dependencia y subordinación, no se da de manera automática, porque las labores se
deben ejecutar en un horario determinado y contrario sensu, el hecho de que el SENA
como Entidad detente un horario establecido por ley para sus empleados, hace que los
contratos de prestación de servicios en su gran mayoría se presten dentro de los mismos
y dentro de sus instalaciones, pues el SENA como contratante, presta y brinda todos los
elementos que estén a su alcance para el cumplimiento del objetivo contractual […]”
Posteriormente, en la audiencia de pruebas se practicaron varios testimonios dirigidos
a determinar las condiciones en las que el demandante prestó sus servicios al SENA.
Agotadas las demás etapas, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Bogotá
profirió sentencia de 9 de diciembre de 2024 en la que, entre otras disposiciones: (i)
declaró la nulidad del oficio demandado; (ii) declaró la existencia del contrato realidad
entre el señor Díaz Cifuentes y el SENA, entre el 10 de febrero de 2009 y el 31 de
agosto de 2019; salvo interrupciones; (iii) declaró probada parcialmente la excepción
de prescripción extintiva del 10 de febrero de 2009 al 30 de noviembre de 2015; (iv) a
título de restablecimiento del derecho, ordenó al SENA reconocer y pagar en favor del
demandante la totalidad de prestaciones sociales y demás acreencias laborales.
El SENA interpuso recurso de apelación para advertir que de las pruebas decretadas
y practicadas no se acreditan los elementos constitutivos de una relación laboral, dado
que no está demostrada la subordinación alegada, ni la vocación de permanencia del
demandante con la entidad. Por el contrario, está demostrado los elementos
característicos de una relación contractual de carácter estatal, a través de contrato de
prestación de servicios.
En segunda instancia, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 26 de junio de 2025, revocó la
providencia apelada y, en su lugar, declaró de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y dio por terminado el proceso.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
La anterior decisión obedeció a que el fallador de segundo grado, previo a abordar el
estudio de fondo de la controversia planteada por las partes en primera instancia,
advirtió necesario pronunciarse sobre la naturaleza del acto demandado para
determinar si era susceptible de control jurisdiccional.
En concreto, el Tribunal sostuvo que en los oficios 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022) y 11-2-2022-062500 de 30 de septiembre de 2022 «la
administración no se pronunció en relación con el reconocimiento de la relación laboral
encubierta, y del pago de acreencias labores presuntamente derivadas de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la entidad demandada y el señor Díaz Cifuentes, pese
a que en la petición que dio origen a su expedición se solicitó se reconozca que existió un
contrato realidad […] y el consecuente reconocimiento de acreencias laborales y prestaciones
sociales».
Y que, contrastada la petición con la respuesta suministrada, la entidad demandada
se limitó a responder sobre los 4 primeros aspectos pretendidos y guardó silencio
frente a las demás peticiones dirigidas al reconocimiento de una relación laboral
encubierta, y del pago de acreencias labores presuntamente derivadas de los
contratos de prestación de servicios suscritos con el SENA.
En esos términos, el Tribunal sostuvo que el oficio 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022 es de trámite no susceptible de ser demandado. Y que, lo que
correspondía al señor Díaz Cifuentes era demandar la nulidad del acto administrativo
ficto negativo producto del silencio de la administración.
Sobre el particular, la sentencia cuestionada, consideró lo siguiente:
[…]
En consecuencia, comoquiera que en el oficio No. 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022 no se resolvió de fondo sobre lo pedido, debió enjuiciarse a través
del presente medio de control el acto administrativo ficto negativo, siendo entonces, ese
acto el que resultaba pasible de ser demandado, así las cosas, el oficio cuya nulidad se
reclama en el asunto sub examine, corresponde a un acto de trámite, ya que como se
indicó párrafos atrás, no definió la situación de la parte actora respecto al reconocimiento
de la relación laboral encubierta y pago de acreencias laborares, toda vez que
únicamente se pronunció respecto a los 4 primeros aspectos contenidos en la petición
que tenían que ver con solicitudes documentales, pero guardó silencio respecto a los
subsiguientes (aspectos o puntos) que precisamente versaban sobre el reconocimiento
de una relación laboral.
(…)
Ahora bien, correspondía al A quo inadmitir y eventualmente rechazar la demanda en
virtud de lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 169 del CPACA. Sin embargo, se
evidencia que, al momento de analizar y proveer sobre la admisibilidad del presente
medio de control, el juzgado de instancia no examinó el contenido del oficio enjuiciado
con el fin de aplicar la consecuencia previamente referida, o inadmitir la demanda para
su subsanación modificándola para demandar el acto ficto y de no subsanarse disponer
su rechazo […]
De acuerdo con lo anterior, el acto administrativo ficto negativo derivado de la petición
presentada el 24 de agosto de 2022 era el único pasible de control judicial ante la falta
de un pronunciamiento expreso y concreto de la administración de reconocer o no la
existencia de una relación laboral encubierta y el pago de acreencias laborales a favor
de la demandante. De manera que el oficio cuya nulidad se pretende al ser solamente
de trámite, no es susceptible de control judicial ante esta jurisdicción, motivo por el cual
resulta procedente el rechazo de la demanda con fundamento en el numeral 3º del
artículo 169 del CPACA.
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Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
Así entonces, lo que corresponde en el caso sub judice, es aplicar la consecuencia
jurisprudencial prevista en casos, en los cuales, se ha proseguido con el trámite pese al
enjuiciamiento de actos de trámite, evento en el cual el Consejo de Estado ha confirmado
la decisión de declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda y, en consecuencia, la terminación del proceso. […]
(…) Así las cosas, analizado dicho oficio, la Sala reitera que no se trata de un acto
administrativo definitivo, toda vez que en su contenido no se advierte que el SENA haya
tomado una decisión que cree, modifique o extinga una situación jurídica particular. Por
esta razón, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará oficiosamente
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, y declarará la terminación del
proceso.
Entonces, corresponde resolver si, tal como lo consideró el Tribunal, el oficio 11-2-
2022-060177 del 22 de septiembre de 2022 no es susceptible de ser demandado y
procedía declarar probada la excepción de inepta demanda o, si, tal como lo alega el
tutelante, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Para ese efecto es necesario acudir al contenido de la petición formulada por el señor
Díaz Cifuentes y la respuesta dada por el SENA. De la revisión del expediente judicial
en el proceso ordinario se encuentra lo siguiente:
• El señor Jairo Díaz Cifuentes presentó petición dirigida al director general del
SENA. Como hechos, en síntesis, indicó que prestó sus servicios en esa
entidad como instructor de mercadeo desde el 10 de febrero de 2009 hasta el
31 de agosto de 2019 y que durante su vinculación realizó sus labores de
manera personal, subordinada y remunerada. En ese escrito incluyó 35
peticiones, de las que se transcriben las relevantes en este caso, así:
PETICIONES
PRIMERA: Solicito se me remita junto con la respuesta al presente derecho de petición
copia autentica de todos los contratos de prestación realizados y sus adicionales
suscritos por el SENA y señor JAIRO DIAZ CIFUENTES, desde el 10 de febrero de 2009
hasta el 31 de agosto de 2019.
SEGUNDA: Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta copia
autentica de los llamados de atención que se le hayan realizado al señor JAIRO DIAZ
CIFUENTES, desde el 10 de febrero de 2009 hasta el 31 de agosto de 2009.
TERCERA: Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta al
presente derecho de petición copia autentica de las planillas en las cuales se evidencia
hora de entrada y salida del señor JAIRO DIAZ CIFUENTES, de las instituciones que
tienen convenio con el SENA.
CUARTA: Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta al presente
derecho de petición copia autentica de las planillas donde se evidencia las actas de
entrega de elementos que se le hacían al señor JAIRO DIAZ CIFUENTES para realizar
a satisfacción su labor como INSTRUCTOR DE MERCADEO.
QUINTA: Solicito que se reconozca que existió un contrato realidad entre el señor JAIRO
DIAZ CIFUENTES, y el SENA, desde el día 10 de febrero de 2009 hasta el 31 de agosto
del año 2019.
SEXTA: Solicito que se reconozca que existió un vínculo laboral sucesivo entre el señor
JAIRO DIAZ CIFUENTES, y el SENA, a través de varios contratos que se denominaron
“prestación de servicios” y realizaron prorrogas a los mismos desde febrero de 2009
hasta agosto de 2019.
SÉPTIMA: Solicito que se realice el pago de todas las prestaciones sociales del señor
JAIRO DIAZ CIFUENTES, desde febrero de 2009 hasta agosto de 2019 las cuales son:
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➢ Salario
➢ Subsidio de alimentación
➢ Bonificación por servicios prestados
➢ Prima semestral
➢ Prima quinquenal
➢ Prima de navidad
➢ Vacaciones
[…]
Las peticiones 8ª a la 35ª en esencia se refieren al pago de las diferentes
acreencias laborales a las que el actor consideró tener derecho, durante la
vinculación laboral.
• El SENA en oficio 11-2-2022-060177 de 22 de septiembre de 2022 dio la
siguiente respuesta:
11-9303-101
MINISTERIO DEL TRABAJO
No:11-2-2022-060177
22/09/2022 1:15:40 p. m.
Señor
Henry Humberto Martínez Sánchez
[…]
Asunto: Respuesta comunicación electrónica del 24 de agosto del 2022.
Estimado Señor Martínez Sánchez: […]
Para dar respuesta a su petición relacionada con “ref. art. 23 constitución nacional, art
13 código administrativo y de lo contencioso administrativo (cpaca), ley 1755 de 2015,
art 5 de [la] ley 2213 de 2022 requerimiento respetuoso dirigido a la entidad servicio
nacional de aprendizaje SENA – REGIONAL D. C, con el fin de que se realice el
reconocimiento a los derechos laborales adquiridos por el señor JAIRO DÍAZ
CIFUENTES, […], de manera atenta remitimos:
1. Solicito se me remita junto con la respuesta al presente derecho de petición copia
autenticada de todos los contratos de prestación realizados y sus adicionales suscritos
por el SENA y señor JAIRO DÍAZ CIFUENTES, desde el 10 de febrero de 2009 a 31 de
agosto de 2019.
R/: Remitimos ciento dieciséis (116) copias de contratos y adiciones del señor Jairo Díaz
Cifuentes para los años comprendidos entre 2009 al 2019.
2. Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta copia autentica de
los llamados de atención que se le hayan realizado al señor JAIRO DÍAZ CIFUENTES,
desde el 10 de febrero de 2009 hasta el 31 de agosto de 2009.
R/: En relación con este punto informamos que, tratándose de un contratista, cumplían
con actividades contractuales programadas y no se diligenciaba planillas ni llamados de
atención.
3. Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta al presente
derecho de petición copia autentica de las planillas en las cuales se evidencia hora de
entrada y salida del señor JAIRO DÍAZ CIFUENTES, de las instituciones que tienen
convenio con el SENA.
R/: Remitimos certificación de actividades programadas del Señor Jairo Díaz Cifuentes
para las vigencias de 2009 a 2019.
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4. Solicito muy respetuosamente se me remita junto con la respuesta al presente
derecho de petición copia autentica de las planillas donde se evidencia las actas de
entrega de elementos que se le hacían al señor JAIRO DÍAZ CIFUENTES para realizar
a satisfacción su labor como INSTRUCTOR DE MERCADEO.
R/: En relación con este punto informamos que, tratándose de un contratista, cumplían
con actividades contractuales programadas y no se tramita entrega de elementos.
• Posteriormente, el SENA envía oficio de 30 de septiembre de 2022 con el que
da alcance a la respuesta del 22 de septiembre de 2022, en los siguientes
términos: «Para dar respuesta a su petición relacionada con “ref. art. 23 constitución
nacional, art 13 código administrativo y de lo contencioso administrativo (cpaca), ley
1755 de 2015, art 5 de [la] ley 2213 de 2022 requerimiento respetuoso dirigido a la
entidad servicio nacional de aprendizaje SENA – REGIONAL D.C, con el fin de que se
realice el reconocimiento a los derechos laborales adquiridos por el señor JAIRO DÍAZ
CIFUENTES […].” Atentamente informamos que fue emitida respuesta el pasado 22
de septiembre de 2022 bajo el No. de radicado 11-2-2022-060177 con los respectivos
documentos contractuales, por lo anterior se adjunta nuevamente la respuesta en
mención.»
De lo anterior se observa que, si bien la petición contenía solicitudes documentales
(copias de contratos, planillas, llamados de atención, actas de entrega de elementos)
y, además, peticiones materiales dirigidas al reconocimiento del contrato realidad,
también se pidió el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, sanciones
moratorias y demás acreencias laborales derivadas de una supuesta relación laboral
encubierta entre el 10 de febrero de 2009 y el 31 de agosto de 2019.
El SENA respondió parcialmente algunos puntos y dejó implícita su negativa frente a
la solicitud de fondo al desconocer cualquier tipo de subordinación o vínculo laboral y
sostener que el actor era «un contratista» y que la entidad no generaba llamados de
atención ni planillas de control de horario respecto de él.
Es decir, en ese acto se indicó la condición de contratista del peticionario con lo que
se infiere la clara intención de la entidad demandada de desvirtuar la existencia de un
vínculo laboral distinto al creado a través de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre el SENA y el señor Díaz Cifuentes.
Y, en el oficio 11-2-2022-062500 de 30 de septiembre de 2022, el SENA informó que
por oficio 11-2-2022-060177 de 22 de septiembre de 2022 dio respuesta a la petición
del señor Díaz Cifuentes presentada «con el fin de que se realice el reconocimiento a los
derechos laborales adquiridos».
Significa lo anterior que en el oficio demandado hay una negación indirecta de las
peticiones dirigidas al reconocimiento de un contrato realidad y el pago de derechos
laborales que ello causa.
Tal negación se confirma con la postura que adoptó el SENA frente a la convocatoria
para conciliar previo a que el actor promoviera demanda, pues del expediente se
observa el acta de conciliación levantada por la Procuraduría General de la Nación
que se declaró fallida y una ficha elaborada por el SENA en la que se lee que el acto
a demandar es el oficio 11-2-2022-060177 de 22 de septiembre de 2022, « por medio
del cual se da respuesta a la reclamación de solicitud de reconocimiento y pago de
prestaciones sociales». Y que esa reclamación se radicó el 24 de agosto de 2022, pero
que se negó.
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A su turno, es importante resaltar que la negación indirecta fue anunciada por el actor
al promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en la primera
pretensión, previo a identificar el acto demandado con número y fecha, lo nominó
como «implícito», de la siguiente manera:
1. Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo implícito 11-2-2022-060177, del 22
de septiembre de 2022, con Número de Radicación 11- 2-2022-060177, expedido por el
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL D.C. [subraya la Sala]
Aunado a lo anterior, en la respuesta a la demanda, el SENA no refutó la naturaleza
del acto atacado y toda la argumentación de defensa la dirigió a demostrar que en el
caso del señor Díaz Cifuentes no existió un contrato realidad porque no se reunió el
elemento de subordinación o dependencia.
Esa actitud refuerza la consideración de que el oficio 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022 contiene una negativa indirecta de la existencia de una relación
laboral que hubiera creado derechos laborales a favor del demandante.
De igual manera, como quedó relacionado en párrafos precedentes, el día en que se
celebró audiencia inicial, el apoderado del SENA aportó certificación del Comité
Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de 8 de noviembre de 2023 en la que
consta la decisión de ese comité de no conciliar y se observa que al inicio incluye los
datos generales del proceso ordinario, como radicado, demandante y al hacer
referencia al acto acusado se lee «acto administrativo núm. 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022, emitido por el Servicio Nacional de Aprendizaje- Regional Distrito Capital,
por medio del cual, negó la existencia de una relación laboral entre las partes, comprendida
entre el 10 de febrero de 2009 al 31 de agosto de 2019; […]». Esa certificación también
contiene las razones por las que el referido comité consideró que no se cumplieron
los requisitos que configuraban una relación laboral.
Para la Sala queda demostrado que con el oficio 11-2-2022-060177 del 22 de
septiembre de 2022, el SENA negó indirectamente las peticiones formuladas el 24 de
agosto de 2022 por el señor Díaz Cifuentes que buscaban el reconocimiento de un
contrato realidad, un vínculo sucesivo y del pago de acreencias laborales.
Así que, si bien es cierto que el SENA no indicó de manera expresa que negaba las
referidas peticiones, la forma como dio respuesta a las otras peticiones sobre copias
documentales lleva inmersa una decisión negativa indirecta, que la entidad reconoce
en las intervenciones realizadas antes (conciliación prejudicial) y durante el proceso
judicial (contestación, etapa de conciliación, pruebas aportadas y solicitadas, recurso
de apelación).
En ese orden, el oficio demandado contiene una decisión negativa indirecta, por lo
que debe considerarse como un acto definitivo en los términos del artículo 43 del
CPACA, según el cual: «Son actos definitivos los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar con la actuación»6.
Se tiene que el citado oficio contiene una manifestación de la voluntad unilateral del
SENA capaz de surtir efectos frente a la situación jurídica del señor Díaz Cifuentes,
6
Frente a la definición de actos definitivos puede consultarse, entre otras, la sentencia de 12 de agosto de 2021, rad. 44001-23-
31-000-2012-00077-01, CP Stella Jeanette Carvajal Basto; el auto de 29 de julio de 2021, rad. 19001-23-31-000-2010-00114-01,
CP Cesar Palomino Cortes; sentencia de 27 de mayo de 2021, rad. 76001-23-33-000-2014-00359-01, CP Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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quien en sede administrativa pretendió que la entidad declarara que existió un contrato
realidad en el periodo que prestó sus servicios como instructor.
Entonces, para la Sala el oficio demandado en nulidad y restablecimiento del derecho
reúne las características de un verdadero acto administrativo susceptible de ser
sometido a control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
judicial, para que se estudie si se cumplen los elementos del contrato realidad y el
consecuente reconocimiento de derechos laborales.
De lo expuesto queda desvirtuada la consideración de que el oficio 11-2-2022-060177
del 22 de septiembre de 2022 no contiene una respuesta frente a la existencia de un
contrato realidad y, por esa razón es un acto de trámite; a pesar de que con este no
se estaba dando impulso a una actuación administrativa posterior ni puede tenerse
como de mera información u orientación.
En este caso, la verificación que efectuó el Tribunal de los requisitos de procedibilidad
del medio de control promovido (arts. 162 a 163 CPACA), resultó excesiva y apegada
a la formalidad. Aunado a que se interpretó en forma restrictiva el artículo 43 del
CPACA, norma que, como quedó dicho, contempla tres supuestos para considerar un
acto definitivo (el que decide en forma directa, el que decide indirectamente o a aquel
que impide la continuación de la actuación).
Tal exceso de ritualidad obstaculizó la eficacia del derecho sustancial, puesto que el
fallador se relevó de su deber de dictar una decisión de fondo con la que quedara
resuelta la discusión planteada en la demanda.
Ahora, en cuanto a la consideración de que lo que correspondía era que el señor Díaz
Cifuentes demandara el acto ficto o presunto ante el silencio negativo del SENA, se
insiste en que si existió respuesta indirecta a la petición y no es procedente que el
fallador le imponga al usuario una carga adicional al tener que iniciar un segundo
proceso, a pesar de la validez del adelantado contra el oficio 11-2-2022-060177 del
22 de septiembre de 2022, que para la entidad empleadora constituye el acto que
negó el reconocimiento del contrato realidad.
Tampoco puede atribuírsele al actor la deficiencia en la respuesta contenida en el
referido oficio y que sea él quien resulte afectado al negársele el estudio de su
situación jurídica.
En este contexto, queda acreditado que el Tribunal demandado incurrió en defecto
procedimental al dar prelación a la formalidad sobre los derechos sustanciales, lo que
concluyó con la declaratoria de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Esa actuación compromete directamente los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, puesto que cerró la posibilidad de que
el demandante obtuviera una decisión de fondo en su caso.
En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó la
solicitud de tutela y, en su lugar, amparará los derechos de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso del señor Jairo Díaz Cifuentes. Por ello, dejará sin
efecto la sentencia de 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho rad. 11001-33-35-029-2023-00043-01, y ordenará que,
dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión
de remplazo en la que resuelva de fondo la controversia sometida a su conocimiento
en segunda instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06597-01
Demandante: Jairo Díaz Cifuentes
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de 20 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar,
2. Amparar los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso
del señor Jairo Díaz Cifuentes. En consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia de 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho rad. 11001-33-35-029-2023-00043-01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo
dispuesto en la parte motiva.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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