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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06599-01

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06599-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06599-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06599-01
Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Accionado: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Especial de Decisión No. 25
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión presentado por ella, contra la sentencia que revocó la decisión de primera
instancia, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de (i) el acto administrativo mediante el
cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de esa autoridad y (ii) el oficio
en el que se suprimió el empleo de la actora y se le comunicó su retiro, y en su lugar,
negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 21 de octubre de 2025, Oher Hadith Hernández Roa presentó, por medio de
apoderado judicial, una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Según la accionante, esas garantías constitucionales fueron
vulneradas por la sentencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25 en el
recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-000593-00.

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho /

Supresión de cargo / Auto que declara infundado recurso extraordinario de revisión / Se confirma la decisión de primera
instancia.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-01
Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Se confirma la decisión de primera instancia

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Amparar los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 30 de abril de 2025 proferida dentro en el
proceso de radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00 y, en consecuencia, ordenar
a la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado que profiera una decisión
de reemplazo, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos expuestos en la
presente acción2.

B. Hechos

3. La señora Oher Hadith Hernández Roa se desempeñó como Fiscal Delegado ante
Tribunal de Distrito, en la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía
General de la Nación.

4. Mediante Resolución del 29 de junio de 2017, la Fiscalía General de la Nación
restructuró los cargos de la nueva planta de personal y, mediante oficio del 30 de junio
de 2017, dicha autoridad le informó a la actora la terminación de la relación laboral, con
ocasión de la supresión de su cargo.

5. La accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos mencionados y, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó (i) su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro
de igual o superior categoría; (ii) el pago de los emolumentos y prestaciones dejados de
percibir desde la fecha de retiro hasta su reincorporación, y (iii) la indexación de los
valores adeudados.

5.1. En la demanda, señaló que el 7 de junio de 2017 informó a la Fiscalía General de
la Nación su condición de madre de cabeza de familia sin alternativa económica y solicitó
su inclusión en el “retén social”. Además, indicó que es “prepensionada”, pues cuenta
con el tiempo de cotización en actividades de alto riesgo y las 500 semanas exigidas.

6. Mediante sentencia del 9 de marzo de 2020, la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda
y señaló que a la autoridad demandada le asistía el deber de estudiar cuáles servidores
eran sujetos de especial protección constitucional, con el fin de adoptar las medidas
necesarias y garantizar su estabilidad laboral.

6.1. El Tribunal afirmó que, aunque la señora Hernández Roa advirtió a la demandada
sobre su condición de madre cabeza de familia responsable de manera permanente de

2 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

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Se confirma la decisión de primera instancia

su hijo, la Fiscalía guardó silencio al respecto y decidió suprimir su empleo y, además, de
acuerdo con los testimonios, era posible concluir que esa condición era un hecho notorio
al interior de esa entidad.

7. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de primera instancia3 y, en
sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado revocó esa providencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Afirmó que, aunque la señora Hernández Roa acreditó la calidad de madre cabeza de
familia para la época de los hechos, no aportó elemento probatorio alguno que
demostrara que tenía un mejor derecho respecto de las personas que fueron designadas
al empleo de Fiscal Delegado en la nueva planta de personal de la Fiscalía.

7.1. Frente a la condición de “prepensionada” afirmó que aquello no fue objeto de
discusión en sede administrativa y, en todo caso, no aportó las pruebas correspondientes
para acreditarla. Concluyó que los actos administrativos demandados no estaban
viciados de irregularidad alguna, pues la reestructuración de la planta de personal de la
Fiscalía estuvo justificada en los respectivos estudios técnicos y se fundó en las
necesidades del servicio.

8. La accionante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19
de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con fundamento en la causal establecida en el numeral 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011 –nulidad originada en la sentencia–. Expuso que la sentencia de
segunda instancia vulneró su derecho al debido proceso, por desconocimiento del
principio de congruencia y exceso ritual manifiesto, debido a que no se ejercieron las
facultades oficiosas para obtener las pruebas que permitieran concluir que ella tenía un
mejor derecho respecto de quienes fueron designados al empleo de Fiscal Delegado en
la nueva planta de personal.

9. Mediante providencia del 30 de abril de 2025, la Sala Especial de Decisión No. 25 del
Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. Frente al
desconocimiento del principio de congruencia, señaló que, aunque en la sentencia de
primera instancia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se indicó que era suficiente con que la actora acreditara la condición de madre
cabeza de familia para acceder a las súplicas de la demanda, ello no implicaba que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no pudiese estudiar los
demás aspectos relacionados con la pretensión de reintegro formulada por la
demandante.

9.1. Añadió que, según la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los casos en que
se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales
se suprimen cargos públicos con ocasión de procesos de reestructuración de la
Administración, a la parte demandante le corresponde demostrar que (i) era titular de

3 Expuso que la accionante no probó que era madre de cabeza de familia, lo cual tampoco se advirtió de la
documentación que obraba en su historia laboral, situación que debió demostrarse antes de la expedición del decreto
que definió la distribución de la nueva planta de personal y afirmó que la actora no manifestó la existencia de “alternativa
económica”.

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derechos de carrera o estaba en alguna condición de vulnerabilidad que le permitía gozar
de fueros de estabilidad laboral y (ii) tenía un mejor derecho para permanecer en el
servicio público. Por lo anterior, señaló que el hecho de que en la sentencia de segunda
instancia se considerara que la accionante no probó tener un mejor derecho frente a las
personas designadas en la nueva planta de personal de la Fiscalía, no constituía
desconocimiento al principio de congruencia.

9.2. Agregó que, aunque la accionante expuso que en segunda instancia fue
“sorprendida” porque las pruebas con las que pretendía demostrar que tenía un mejor
derecho fueron negadas en primera instancia, lo cierto es que, si consideraba que la
petición probatoria era necesaria, lo que le correspondía era agotar todos los recursos
ordinarios que estaban a su disposición, particularmente, el recurso de queja contra el
auto que rechazó por improcedente la apelación formulada contra la providencia que
negó el decreto de esos elementos de prueba.

9.3. De otro lado, respecto del exceso ritual manifiesto, señaló que a la Fiscalía General
de la Nación le correspondía demostrar plenamente que existían razones objetivas del
servicio que justificaban la expedición de la resolución por medio de la cual se suprimió
el cargo que desempeñaba la actora, pero ello no la relevaba de probar que, frente a esa
decisión, se configuró alguna de las causales de nulidad previstas en la ley.

9.4. Por lo anterior, sostuvo que le correspondía a la accionante acreditar que la
Administración no cumplió con la carga argumentativa y que no justificó plenamente la
existencia de razones objetivas para retirarla del servicio público. Finalmente, señaló que,
si bien el juez posee facultades oficiosas para decretar pruebas, solo puede ejercer esas
facultades para esclarecer aspectos que ofrezcan duda en el litigo y le está vedado suplir
la carga probatoria que le corresponde a las partes, por lo que no se incurrió en un exceso
ritual manifiesto al no decretar pruebas de oficio.
C. Fundamentos de la vulneración

10. La parte actora expone que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.

11. Frente al defecto sustantivo, afirma que se interpretó indebidamente el artículo 167
del Código General del Proceso4, respecto de la carga dinámica de la prueba, toda vez
que la autoridad judicial accionada no reconoció la desigualdad procesal entre las partes,

4ARTÍCULO 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran

el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al
decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término
necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en
este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

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por lo cual era procedente distribuir la carga de la prueba, para que le correspondiera a
la Fiscalía General de la Nación acreditar que actuó diligentemente al realizar la
restructuración de la planta de personal, pues dicha autoridad tenía acceso a la
información del resto de compañeros que continuaron desempeñando su cargo y que se
encontraba probado que la actora era madre cabeza de familia.

11.1. Señala que fue diligente al desplegar la actividad probatoria, por lo que, el argumento
según el cual las pruebas de oficio no eran procedentes porque rompería el equilibrio
procesal, no resultaba razonable. Indica que, “era apenas justo distribuir la carga de la
prueba respecto de la suficiencia de motivación e inexistencia de un mejor derecho, para
que fuera la Fiscalía quien probara ello”.

12. Respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, expone que la
autoridad judicial accionada “estableció un estándar irrazonablemente exigente frente a
la configuración de la violación al debido proceso alegada en el curso de la demanda de
revisión”. Añade que se incurrió en este defecto, al exigir la interposición del recurso de
queja contra el auto que rechazó la apelación, pese a que, antes de la vigencia de la Ley
2080 de 2021, el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 daba a entender que la decisión de
negar el decreto o práctica de pruebas no era susceptible de recurso de apelación.

D. Trámite procesal

13. Mediante auto del 27 de octubre de 20255 la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y notificó a la autoridad judicial accionada 6 y a los terceros
con interés7.

E. Oposiciones e intervenciones

14. El Consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, en condición de ponente de
la providencia cuestionada8 (accionado) indicó que la demanda de tutela no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, y en todo caso, no se transgredieron los
derechos fundamentales de la accionante, pues dicha decisión se fundamentó en que la
parte recurrente no acreditó la configuración de la causal invocada.

15. La Fiscalía General de la Nación9 (tercero con interés) solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa de esa autoridad, por cuanto no existe relación de
causalidad entre las actuaciones de esta y la vulneración de los derechos fundamentales
de la actora.

16. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (tercero
con interés) guardaron silencio.

5 Índice 5 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
6 Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión.
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección B; Fiscalía General de la Nación y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8 Índice 13 del expediente digital de la primera instancia en SAMAI.
9 Índice 15 del expediente digital de la primera instancia en SAMAI.

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F. Sentencia impugnada

17. Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2025 la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la
señora Oher Hadith Hernández Roa.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la
Nación.

17.1. Frente a la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, afirmó
que dicha autoridad no fue vinculada al proceso de tutela en calidad de autoridad
accionada, sino como tercero con interés, por lo que no procedía su desvinculación.

17.2. Señaló que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues la parte
actora planteó una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad
judicial accionada, sin que se evidenciara una transgresión a sus garantías
constitucionales.

17.3. Frente al defecto sustantivo, indicó que la actora pretendió convertir el trámite
constitucional en una tercera instancia, por cuanto reiteró los argumentos presentados
en el recurso extraordinario de revisión.

17.4. De otro lado, respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sostuvo
que la accionante “pretende imponer su tesis sobre lo decidido por la Sala 25 Especial
de Decisión del Consejo de Estado”, pues aunque la autoridad judicial accionada le indicó
que, en el recurso extraordinario de revisión buscó reabrir el debate jurídico zanjado en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, estudió los cargos
propuestos en el recurso y motivó por qué debía declararse infundado.

G. Impugnación

18. La accionante impugna la decisión del 13 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y afirma que la demanda de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues (i) la controversia involucra la protección
laboral de las madres cabeza de familia y (ii) se argumentó debidamente la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, con fundamento en que la carga probatoria
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe “valorarse en
perspectiva constitucional”.

18.1. Indica que (i) no se trata de un asunto exclusivamente legal o económico; (ii) se
presentaron argumentos relacionados con el deber de decretar pruebas de oficio en un
proceso “en el cual existe una evidente asimetría de información entre las partes”; (iii)
con la demanda de tutela no se reemplazaron los recursos ordinarios o se buscó abrir
una tercera instancia, sino que se alega la vulneración al debido proceso en la que se
incurrió con la decisión cuestionada.

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18.2. Afirma que, “si presentan argumentos constitucionales en procesos de otras
jurisdicciones, pero aquellos son indebidamente desestimados en las instancias
ordinarias, luego les estaría vedado acudir a la jurisdicción constitucional; pero si, en
cambio, se guardan esas razones para el proceso de tutela, se estarían arriesgando a
una declaratoria de improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”.

18.3. Solicita que se resuelvan de fondo los defectos invocados en el escrito de tutela y
reitera la configuración de aquellos.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia
19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de
la demanda de tutela por no encontrar acreditado el requisito de relevancia constitucional.
En ese sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia10.

J. El requisito de relevancia constitucional

21. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales11. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

10 Como requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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22. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones13.

23. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

24. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

13 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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25. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional15”.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

26. En el caso objeto de estudio la actora presentó una demanda en ejercicio de la acción
de tutela contra la providencia mediante la cual la Sala Especial de Decisión No. 25
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por ella contra la
sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

27. En su concepto, esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, pues a su juicio incurrió en los defectos sustantivo
y procedimental. Por lo anterior, la Sala procederá a realizar la identificación de los
defectos alegados:
(i) Defecto sustantivo: la Corte Constitucional dispuso que “si un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo
procedente la demanda de acción de tutela para que se corrija el error judicial16”.

Señaló que “este se configura cuando el juez en ejercicio de su autonomía e
independencia desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los
principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por
la errónea interpretación o aplicación de la norma17” y expuso que el error judicial
“debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos
constitucionales y legales pertinentes”, pues el juez constitucional no puede
inmiscuirse ni “definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir”.

(ii) Defecto procedimental: la Corte Constitucional18 estableció que se manifiesta
como (i) defecto procedimental absoluto, cuando el operador judicial desconoce o
se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso ritual
manifiesto, que se presenta cuando “el goce efectivo de los derechos de los
individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de normas
procesales”.

Además, expuso que la demanda de acción de tutela en los casos en los cuales
se alega la configuración de un defecto procedimental se sujeta a la concurrencia
de los siguientes elementos:

15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto
y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades
del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y
finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración
a los derechos fundamentales.

L. El caso concreto

28. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

29. En primer lugar, la Sala coincide con lo expuesto por el a quo, frente a la reiteración
de argumentos respecto del defecto sustantivo, debido a que, a juicio de la accionante,
se aplicaron indebidamente los artículos 167 y 213 del Código General del Proceso y de
la Ley 1437 de 2011, respectivamente. En la demanda de tutela, la actora indicó que la
autoridad judicial accionada debió “distribuir la carga de la prueba” y que a la Fiscalía
General de la Nación le correspondía probar la suficiencia de la motivación del acto
administrativo que terminó su relación laboral y “la inexistencia de un mejor derecho”.
Tales argumentos fueron alegados ante la autoridad judicial competente en el recurso
extraordinario de revisión.

30. Particularmente, en el referido recurso, la accionante señaló que la carga de la
prueba, frente a la existencia del mejor derecho que tenía la demandante para ocupar el
cargo en provisionalidad, correspondía a la Fiscalía General de la Nación, pues aquella
debía demostrar esa situación y debía probar que había agotado las posibilidades de
reintegro en otro cargo para la actora.

31. Añadió que, el juez de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho debió decretar las pruebas de oficio y habría “evitado
sorprender a la demandante al momento del fallo, cuando no había oportunidad alguna
para discutir la incidencia de esa prueba en el proceso”.

32. Como lo indicó el a quo, los anteriores planteamientos fueron resueltos por el Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
25, en la sentencia del 30 de abril de 2025, en la cual esa autoridad judicial indicó que,
según la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de esta Corporación19,
cuando se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de
los cuales se suprimen cargos públicos debido a procesos de reestructuración, es a la
parte demandante a quien le corresponde probar que (i) era titular de derechos de carrera

19 Citó las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado 2017-01023-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y sentencia del 11 de
agosto de 2022, radicado 2018-00150-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-01
Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Se confirma la decisión de primera instancia

o estaba en alguna condición de vulnerabilidad que le permitiera gozar de fueros de
estabilidad laboral y (ii) tenía un mejor derecho para permanecer en el servicio público
activo.

33. La autoridad judicial accionada afirmó que, el hecho de que, en la sentencia de
segunda instancia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado considerara que
la actora no probó tener un mejor derecho respecto de las personas que fueron
designadas en la nueva planta de personal de la Fiscalía, no constituía el
desconocimiento al principio de congruencia alegado en el recurso extraordinario de
revisión. Además, reiteró que en casos como el de la demandante, no era suficiente que
la parte actora acreditara alguna situación especial de protección, sino que se requería
que demostrara que tenía un mejor derecho.

34. De otro lado, en la demanda de tutela la accionante afirmó que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues en su
concepto “estableció un estándar irrazonablemente exigente frente a la configuración de
la violación al debido proceso alegada en el curso de la demanda de revisión” y “avaló
una exigencia probatoria irrazonable” al indicar que debía agotar todos los recursos
ordinarios que estaban a su disposición, con el fin de insistir en el decreto de las pruebas
tendientes a demostrar el mejor derecho.

35. Como se indicó en la sentencia de primera instancia, la Sala evidencia que la actora
pretende utilizar el proceso de tutela como un mecanismo para reabrir el debate zanjado
en el proceso ordinario. La autoridad judicial accionada indicó que, en la primera instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las solicitudes probatorias formuladas por la demandante,
decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación,
e insistió en que se decretara como prueba los documentos necesarios para “establecer
un mejor derecho de la demandante para ser vinculada a la entidad”.

36. La Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado afirmó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y
rechazó el recurso de apelación, por cuanto el auto que niega el decreto de pruebas no
es apelable, por lo cual concluyó que si la accionante consideraba que la solicitud
probatoria era necesaria, debía agotar los recursos ordinarios a su disposición;
particularmente, hizo referencia al recurso de queja contra el auto que rechazó por
improcedente la apelación.

37. La autoridad judicial accionada concluyó que en el recurso de revisión no podían
subsanarse las falencias procesales en las que se incurrió en el proceso declarativo, con
el fin de corregir las omisiones frente a la interposición de recursos, por lo que no
resultaba admisible alegar la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, por violación al debido proceso.

38. La Sala coincide con lo expuesto en la providencia de primera instancia, pues la parte
actora pretendió plantear un desacuerdo con la sentencia que declaró infundado el

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-01
Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Se confirma la decisión de primera instancia

recurso extraordinario de revisión, sin que se evidenciara una controversia respecto de
la transgresión de sus derechos fundamentales, sino que únicamente se observa una
inconformidad con lo decidido.

39. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por la parte actora fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que (i) a la
demandante le correspondía acreditar que la Fiscalía General de la Nación no justificó
plenamente la existencia de razones objetivas para retirarla del servicio y (ii) en el recurso
de revisión, la actora pretendió plantear inconformidades probatorias y jurídicas del juez
ordinario, lo que desconoce las razones de procedencia del referido recurso, por lo que
la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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