Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06613-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06613-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06613-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06613-00
Accionante: Andrés Guillermo Parra López
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del trámite de una
acción de tutela
Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela contra sentencia de
tutela por no cumplir los requisitos de la sentencia de unificación SU -
627 de 2015
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Andrés Guillermo Parra López, quien actúa en
nombre propio en contra del Tribunal Administrativo de Santander, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y mínimo vital, ocurrida con
ocasión de las providencias proferidas el 30 de julio de 2025 y el 4 de septiembre
de la misma anualidad, al interior de la acción de tutela con radicado
680012333000-2025-00408-00 (01).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Andrés Guillermo Parra López promovió una acción de tutela contra la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para
que se le ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo
vital, presuntamente vulnerados con ocasión de la decisión adoptada en un proceso
de responsabilidad fiscal.
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, autoridad
judicial que, mediante providencia de 30 de julio de 2025 resolvió declarar
improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión dirigida contra la
decisión de responsabilidad fiscal por no superar el requisito de subsidiariedad,
1
La acción de tutela fue presentada el 21 de octubre de 2025
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Accionante: Andrés Guillermo Parra López
pues podía ser objeto de controversia a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Así como también negó el amparo de los derechos
fundamentales al habeas data y al debido proceso.
4. En el trámite de la impugnación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado a través
de la sentencia del 4 de septiembre de 2025 resolvió confirmar la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante señaló que la decisión cuestionada adolece de un defecto
fáctico porque «omitió deliberadamente valorar la prueba decisiva sobre la
ineficacia real del recurso ordinario, a pesar de haberla reconocido en los
antecedentes». Así como también, alegó un desconocimiento de precedente
contenido en las sentencias C-091 de 2022 y SU-501 de 2024 proferidas por la
Corte Constitucional.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
CONCEDER el amparo constitucional por configurarse vías de hecho judiciales y
administrativas concatenadas que vulneran sistemáticamente mis derechos
fundamentales
al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, mínimo
vital, y
los derechos de mi núcleo familiar en condición de vulnerabilidad.
EN CONSECUENCIA, ORDENAR:
1. Respecto de las Sentencias de Tutela Accionadas
DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS:
• Sentencia del 30 de julio de 2025 (Tribunal Administrativo de Santander)
• Sentencia del 4 de septiembre de 2025 (Consejo de Estado)
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en término perentorio de
cuarenta
y ocho (48) horas, profiera nueva sentencia de fondo en la tutela original, en la cual:
a) Aplique el test de subsidiariedad "en concreto" conforme a Sentencia T-375/18
b) Valore expresamente la prueba de la parálisis decisoria del caso conexo (Exp.
68001-
23-33-000-2020-00628-00)
c) Considere la condición de vulnerabilidad del núcleo familiar y el perjuicio
irremediable.
d) Aplique la Sentencia C-091/22 respecto de la nulidad de la ampliación de inhabilidad
2. Respecto del Fallo Fiscal y la Inhabilidad
ORDENAR a la Contraloría General de la República:
a) DECLARAR la nulidad del Fallo Fiscal No. 023/2019 por prescripción consumada y
defectos fácticos y procedimentales
b) En subsidio, SUSPENDER los efectos del fallo y ordenar nuevo proceso con plenas
garantías
c) LEVANTAR el embargo sobre la matrícula inmobiliaria No. 300-377841
ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación:
a) ANULAR el Certificado No. 259129155 que amplió la inhabilidad a 10 años
b) CORREGIR los registros de inhabilidad, y aplicar lo dispuesto en la sentencia C-
091/22
c) NOTIFICARME nuevamente el fallo conforme al régimen anterior a la Ley 2080/2021,
garantizando mi derecho de acción con plenas garantías del debido proceso.
(…)» (Sic a toda la cita)
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2.4. Intervenciones
7. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 22 de octubre
de 2025 por medio del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Santander, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a la Contraloría General de
la República y a la Procuraduría General de la Nación como accionados.
8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad, en tanto aún no se
ha surtido el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional donde puede
presentar solicitud de selección en los términos del artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 52 del Reglamento
Interno Acuerdo 01 de 2025.
9. De otra parte, señaló que la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015
unificó su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias emitidas en el marco de otra acción de tutela. En dicha sentencia se
explicó la necesidad de distinguir entre dos supuestos (i) cuando la tutela se
interpone contra una sentencia de tutela y (ii) cuando se interpone contra una
actuación anterior o posterior a dicha providencia.
10. El Tribunal Administrativo de Santander requirió se declare la improcedencia
de la acción de tutela contra decisiones adoptadas a través de acción de tutela,
toda vez que los posibles errores en los que incurran los jueces de instancia pueden
ser corregidos a través del mecanismo de revisión dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.
11. Asimismo, requirió que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la
acción de tutela, por cuanto no se configura ninguno de los defectos alegados por
la accionante en el escrito de demanda, ni se evidencian irregularidades en relación
con la providencia de segunda instancia contra la cual se dirige la presente acción.
12. LaProcuraduría General de la Nación solicitó declarar improcedente el
mecanismo constitucional por inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales.
13. La Contraloría General de la República solicitó desestimar las pretensiones de
la demanda de tutela porque no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados en protección.
14. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
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3.2. Problema jurídico
16. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del
4 de septiembre de 20252, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y mínimo vital, por la
configuración de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial del defecto fáctico y un desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
2 Es de advertir que, si bien la parte actora también reprocha la sentencia del del 30 de julio de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, lo cierto es que la Sala abordará el estudio de la providencia del 4
de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que fue la que puso fin al proceso.
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que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
21. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período en
el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia de
tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 627 de 2015, estableció el
carácter excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se
pudiera constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia
señaló:
«4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales está el de que no se trate de una sentencia de tutela. En la
Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un caso en el cual se cuestiona que la
acción de tutela fallada por un juez era improcedente, este tribunal planteó el
siguiente problema jurídico: “¿Puede interponerse una acción de tutela contra una
sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de hecho?”. La
respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder de vista las
particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al unificar su jurisprudencia
sobre la materia, en los siguientes términos:
(…)
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la Sentencia SU-
1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela, que se funda en la consideración de que es importante evitar
que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la
resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así,
pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como instituir un recurso adicional
ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela
ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias
en la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que tiene un trato diferente respecto
de la cosa juzgada no constitucional (…)
4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la
tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de
cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión
del juez.
En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos
partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria
para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión, “el principio
de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad
que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho que puede ser
complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”.
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En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos
los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad”.
Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el
juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude
en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se
materialice, este tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo
que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer que
esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la
prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus
omnia corrumpit”.
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues
la decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de
revisión de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de
selección para revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009).
En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete
(2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil
diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que
la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por
lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta
medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea
excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les
asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia
sobre una causa específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el
precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.
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4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional»3.
22. Realizado el análisis del escrito de tutela, en concordancia con los requisitos
previamente establecidos, se observa que el único argumento planteado por la
parte accionante deriva de su inconformidad con la decisión judicial adoptada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
23. Además, el señor Andrés Guillermo Parra López no expuso circunstancias de
fraude o cosa juzgada fraudulenta que puedan evidenciar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Situación que tampoco es advertida por esta
Sala de decisión.
24. En consecuencia, se recuerda al accionante que la improcedencia de la acción
de tutela frente a una providencia de la misma naturaleza se deriva del criterio
jurisprudencial consolidado, que ha reiterado la imposibilidad de impugnar,
mediante la acción constitucional, una sentencia dictada en el marco de una acción
de tutela previa.
25. Lo anterior, dado que aceptar una postura contraria implicaría que la resolución
del conflicto se extendiera de manera indefinida, en detrimento tanto de la
seguridad jurídica como del efectivo goce de los derechos fundamentales,
principios fundamentales orientados a garantizar una protección clara, estable y
oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados
o amenazados.
26. En virtud de lo anterior, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos
previamente señalados, esta Sala de Subsección procederá a declarar la
improcedencia de la acción de tutela, en atención a las consideraciones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
3 Corte Constitucional, sentencia SU 627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Andrés Guillermo Parra López
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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