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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06613-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06613-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 13 de noviembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06613-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Andrés Guillermo Parra López
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06613-01
Asunto: Acción de tutela contra fallo de tutela. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con los requisitos
excepcionales de procedencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
13 de noviembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Andrés Guillermo Parra López presentó acción de tutela
contra la Contraloría General de la República y la Procuraduría General
de la Nación, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital y al debido proceso, con ocasión de la
inhabilidad de 5 años impuesta mediante fallo de responsabilidad fiscal
proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la
Contraloría General de la República, la cual se prorrogó por 5 años más.

1.2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 30
de julio de 2025, negó el amparo de los derechos fundamentales al
hábeas data y al debido proceso, igualmente, declaró la improcedencia

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06613-01

frente a las demás pretensiones, al considerar i) que la prórroga de la
inhabilidad por 5 años más estuvo ajustada a derecho, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 42, parágrafo 1° de la Ley 1952 de 2019 debido
a que el señor Andrés Guillermo Parra López no efectuó el pago del
monto impuesto en el fallo de responsabilidad fiscal y, ii) porque no se
cumplió con el requisito de la subsidiariedad exigido para la procedencia
de la acción de tutela, por cuanto la parte accionante contaba con medios
de defensa judicial ordinarios, eficaces e idóneos para debatir lo
pretendido.

1.3. Mediante auto de 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo
de Santander concedió la impugnación interpuesta por el accionante.

1.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia de
4 de septiembre de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia,
porque “[…] la acción de tutela se torna improcedente para debatir la
decisión de responsabilidad fiscal, ya que debía ser zanjado por el juez
natural, sin que se adviertan razones válidas para habilitar la procedencia
de este mecanismo constitucional de naturaleza residual y subsidiaria,
pues ello implicaría desconocer que el ordenamiento jurídico prevé
medios de defensa judicial idóneos para ventilar controversias de
naturaleza legal […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto fáctico al omitir valorar la prueba decisiva sobre la ineficacia real del
recurso ordinario toda vez que existe un proceso de nulidad idéntico
interpuesto por uno de los declarados responsables en el mismo fallo de
responsabilidad fiscal, el cual lleva más de 5 años sin haberse proferido
decisión de fondo “[…] (caso del Ing. Juan Pablo Hernández Quintero; Rad.
68001233300020200062800) contra el mismo Fallo Fiscal No. 023/2019, que
lleva más de cinco años sin resolución en el despacho de la misma Magistrada
accionada (Luisa Fernanda Flórez Reyes) […]”.

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Afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en defecto
sustantivo “[…] al anticipar su fallo, lo que viola el estándar de rigor de la
Sentencia SU-501 de 2024 sobre la motivación y probidad judicial. Esto se
evidencia en la cita textual: "La Sala anticipa que confirmará la decisión
impugnada por considerar que, el debate propuesto sobre la legalidad de la
decisión de responsabilidad fiscal podía ser objeto de controversia a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho". […]”.

Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental porque
el análisis de la subsidiariedad no es un ejercicio formal de verificación de
existencia legal de las acciones judiciales, sino un examen sustancial de
eficacia real que debería considerar “[…] a) El tiempo que tomaría el medio
ordinario en producir efectos; b) La gravedad e inminencia del perjuicio; c) La
condición de vulnerabilidad del accionante y, d) Evidencia concreta de
ineficacia del medio (precedentes de demora), lo cual no ocurrió en el proceso
de nulidad con número de radicado 68001-23-33-000-2020-00628-00
interpuesto por el señor Juan Pablo Hernández Quintero […]”.

Aseguró que las autoridades accionadas incurrieron en desconocimiento del
precedente de la sentencia C-091/2022 que declaró la inexequibilidad de los
artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021 que regulaban el control automático
e integral de los fallos fiscales.

Afirmó que la Procuraduría General de la Nación al ampliar su inhabilidad a 10
años lo hizo basándose en un mecanismo declarado inconstitucional, por lo
que “[…] dicha ampliación es NULA DE PLENO DERECHO […]”.

Asimismo, señaló que conforme a la sentencia C-091/2022 la Contraloría
General de la República debe notificarle el fallo nuevamente bajo el régimen
anterior a la Ley 2080/2021, garantizándole su derecho de acción con plenas
garantías procesales.

Finalmente afirmó que al no aplicar las autoridades accionadas la sentencia
C-091/2022 validaron un acto administrativo regido por normas

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inconstitucionales configurando el desconocimiento del precedente vinculante.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PETICIÓN PRINCIPAL

CONCEDER el amparo constitucional por configurarse vías de hecho
judiciales y administrativas concatenadas que vulneran sistemáticamente
mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, igualdad, mínimo vital, y los derechos de mi
núcleo familiar en condición de vulnerabilidad.

EN CONSECUENCIA, ORDENAR:

1. Respecto de las Sentencias de Tutela Accionadas

DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS:

· Sentencia del 30 de julio de 2025 (Tribunal Administrativo de Santander)
· Sentencia del 4 de septiembre de 2025 (Consejo de Estado)

ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, profiera nueva sentencia de
fondo en la tutela original, en la cual:

a) Aplique el test de subsidiariedad "en concreto" conforme a Sentencia
T-375/18
b) Valore expresamente la prueba de la parálisis decisoria del caso
conexo (Exp. 68001-
23-33-000-2020-00628-00)
c) Considere la condición de vulnerabilidad del núcleo familiar y el
perjuicio irremediable
d) Aplique la Sentencia C-091/22 respecto de la nulidad de la ampliación
de inhabilidad

2. Respecto del Fallo Fiscal y la Inhabilidad

ORDENAR a la Contraloría General de la República:

a) DECLARAR la nulidad del Fallo Fiscal No. 023/2019 por prescripción
consumada y defectos fácticos y procedimentales
b) En subsidio, SUSPENDER los efectos del fallo y ordenar nuevo
proceso con plenas garantías
c) LEVANTAR el embargo sobre la matrícula inmobiliaria No. 300-
377841

ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación:
a) ANULAR el Certificado No. 259129155 que amplió la inhabilidad a 10
años

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b) CORREGIR los registros de inhabilidad, y aplicar lo dispuesto en la
sentencia C-091/22
c) NOTIFICARME nuevamente el fallo conforme al régimen anterior a la
Ley 2080/2021, garantizando mi derecho de acción con plenas garantías
del debido proceso

3. Medidas Complementarias

COMPULSAR COPIAS a:

· Consejo Superior de la Judicatura: Por posible falta disciplinaria si no
se toman las correcciones pertinentes.

4. Orden de Seguimiento

ORDENAR seguimiento del cumplimiento de esta sentencia mediante
informes periódicos de las entidades accionadas […]”. [Negrillas del texto
original]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 22 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de la Contraloría General de la República y de la
Procuraduría General de la Nación.

2. El 13 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la acción de tutela de la referencia.

3. Por auto de 4 de diciembre de 2025, se concedió la impugnación presentada
por el actor contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia
de la presente acción de tutela al considerar que no se ha surtido el trámite de
eventual revisión ante la Corte Constitucional donde puede presentar solicitud
de selección en los términos del artículo 86 de la Constitución Política.

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2. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó se nieguen las pretensiones
de la presente acción de tutela porque no se configura ninguno de los vicios o
defectos alegados por la parte accionante, ni se evidencian irregularidades en
relación con la providencia de segunda instancia.

3. La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de
la presente acción de tutela al considerar que la misma va encaminada a
controvertir decisiones judiciales de tutela en las que “[…] NO EXISTIÓ
FRAUDE, que como ya se vio resulta a todas luces improcedente cuestionar
mediante esta otra acción de tutela y en la que tampoco ha existido de parte
de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION vulneración alguna a los
derechos fundamentales del accionante. […]”.

Asimismo, solicitó no se tutele a dicha entidad toda vez que los hechos que
motivaron la presente acción de tutela carecen de fondo.

4. La Contraloría General de la República señaló que no vulneró ningún
derecho fundamental, razón por la cual solicita se nieguen las pretensiones de
la presente acción constitucional.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 13 de noviembre de 2025, declaró la improcedencia de la acción
de tutela.

Al respecto, el a quo señaló que del análisis del escrito de tutela y en
concordancia con los requisitos establecidos en la sentencia T-218 de 2012 se
observó que el único argumento planteado por la parte accionante deviene de
su inconformidad con la decisión judicial adoptada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

Agregó que el señor Andrés Guillermo Parra López no expuso circunstancia
de fraude o cosa juzgada fraudulenta que pudieran evidenciar la vulneración

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de los derechos fundamentales invocados.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela y por las siguientes razones:

Manifestó que la sentencia impugnada incurrió en i) confusión de causales
jurídicas, ii) en la omisión de responder al problema jurídico planteado, iii) al
omitir una prueba determinante como era que en el proceso del señor Juan
Pablo Hernández Quintero con número de radicación 68001-23-33-000-2020-
00628-00 el cual fue interpuesto el 16 de julio de 2020 a la fecha no se ha
proferido fallo, quedando demostrado que el medio ordinario no funciona en la
práctica, iv) indebida interpretación de la SU-627/2015 al indicarse que la
acción de tutela solo procedía por fraude y, v) al declarar la improcedencia de
la acción de tutela sin estudiarla de fondo y sin valorar las pruebas.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra fallo de
tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

De acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, la
acción de tutela procede excepcionalmente contra fallos judiciales dictados en
el curso de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:

“[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada.

3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una decisión de
fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
(Fraus Omnia corrumpit),

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual […]5.

De lo anterior, esta Sala de Decisión destaca que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra fallos de tutela siempre y cuando se logre acreditar
que los mismos fueron proferidos fraudulentamente y, en consecuencia, se
encuentran revestidos de “cosa juzgada fraudulenta”.

En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la
parte actora asociados con que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al declarar la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad omitiendo
valorar la prueba decisiva sobre la eficacia real del mecanismo ordinario, no
están orientados a demostrar que el fallo de tutela objeto de censura por esta
vía constitucional fue proferido fraudulentamente.

Por tanto, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito excepcional de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de una
acción de misma naturaleza, toda vez que la parte actora no demostró que la
sentencia cuestionada fue adoptada a partir de una situación fraudulenta.

Cabe destacar que la cosa juzgada fraudulenta “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medio procesales,
que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”6.

Así las cosas, se considera que no concurren los presupuestos de procedencia
de la acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal
posibilidad resulta excepcional y su propósito es “[…] revertir o detener

5
Sentencia SU-627 de 2015.
6
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

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situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo […]”, motivo por el cual confirmará
el fallo de primera instancia proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 13 de noviembre de 2025
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06613-01

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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