Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06618-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06618-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06618-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06618-00
Demandante: Rafael Ricardo Rincón Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06618-00
Demandante: RAFAEL RICARDO RINCÓN GÓMEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – No procede estudio de fondo porque no se cumple el
presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa / LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA – No se cumple el presupuesto procesal de legitimación en la
causa de la parte actora, puesto que el abogado carece de poder para solicitar la
protección de los derechos fundamentales de la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Ricardo Rincón Gómez
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 21 de octubre de la presente anualidad, el señor Rafael Ricardo Rincón Gómez
interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión
de la supuesta mora judicial que se presenta en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 25000-23-41-000-2023-00567-00. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual, con posibles errores incluidos):
Sírvase tutelar el derecho al debido proceso del suscrito accionante.
Ordénese al TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN PRIMERA -
SUB SECCIÓN B, se provea el proceso 25000-23-41-000-2023-00567-00, abriendo
la etapa de pruebas descrita en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 y se decrete lo
necesario y solicitado por la parte demandante, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del derecho o controversia del precio indemnizatorio.
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Se advierte que el 5 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Rafael Ricardo Rincón Gómez
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El 28 de abril de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la señora Gloria Esperanza Rodríguez Bernal, a través de apoderado
judicial, demandó a la sociedad Metro de Bogotá S.A., con el fin de que se ejerciera
control de legalidad de la Resolución de Expropiación 931 del 22 de noviembre de 2022,
a través de la cual se fijó el precio indemnizatorio de su apartamento, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 50C-1293487.
4. En la contestación de la demanda, la sociedad demandada llamó en garantía a la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).
5. Mediante auto del 27 de junio de 2025, la autoridad judicial accionada admitió el
llamamiento en garantía solicitado por la demandada y ordenó notificar a la UAECD,
corriéndole traslado para que contestara la demanda, por un término de quince días.
Proveído que se notificó el 10 de julio de 2025.
6. Vencido ese plazo, mediante memorial del 1° de octubre de 2025, el señor Rafael
Ricardo Rincón Gómez, en calidad de apoderado de la demandante, presentó solicitud
de impulso procesal, a fin de que se diera apertura a la etapa probatoria prevista en el
numeral 4 del artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
7. En criterio del accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión
de la mora judicial injustificada que se presenta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho antes identificado, pues han transcurrido más de tres
meses desde que se surtió la última actuación y aún no se ha dado inicio a la etapa
probatoria.
B. Trámite impartido e intervenciones
8. Mediante auto del 24 de octubre de 20252, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el magistrado César Giovanny Chaparro Rincón y
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
9. El magistrado Chaparro Rincón3, integrante de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-41-000-2023-00567-00, pidió que se negara el amparo, por
considerar que, tras la notificación del auto del 27 de junio de 2025, el proceso ingresó
al despacho, el 5 de agosto siguiente, es decir, han pasado poco más de dos meses
desde entonces. De ahí que, en su criterio, no ha transcurrido un lapso irrazonable para
considerar que se configuró la mora judicial alegada en la demanda.
10. Asimismo, explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y a la luz del
artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, existe una clara diferencia entre la mora judicial
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SAMAI, índice 4.
3 SAMAI. Índice 8.
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injustificada y el sistema legal de turnos para la tramitación y resolución de los procesos
judiciales. Sostuvo que la referida disposición normativa amplió el ámbito de aplicación
del sistema de turnos, al establecer que este no se limita al momento de dictar la
providencia, sino que debe respetarse a lo largo del proceso. En consecuencia, cada
actuación procesal, incluidas las solicitudes de impulso, deben atender al orden
cronológico de ingreso del expediente al despacho.
11. En ese sentido, indicó que la inactividad judicial prolongada e injustificada constituye
una forma de denegación del derecho de acceso a la administración de justicia; no
obstante, en este caso, el proceso se ha adelantado de conformidad con el sistema de
turnos previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y no ha transcurrido
un plazo irrazonable desde que ingresó al despacho por última vez para proveer. Por el
contrario, el trámite se ha adelantado en plazos razonables y adecuados, atendiendo,
además, a las condiciones de personal y volumen de trabajo de la Corporación.
12. Por último, señaló que, dada la especificidad y especialidad de los procesos que se
tramitan en la Sección a la que pertenece, los cuales, por mandato expreso de la ley
tienen prelación, el despacho tramitará el proceso de la referencia y resolverá las
excepciones previas, respetando el sistema de turnos.
13. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que fue
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
15. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de procedencia de la acción de tutela, en particular, la
legitimación en la causa por activa. Solo en el evento de superar tal requisito, la Sala
descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró o no los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Rafael Ricardo Rincón
Gómez.
E. Análisis de la Sala
Presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela
16. Legitimación en la causa. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo
1° establece que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
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o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
17. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe ser
una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer
esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales,
sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo dispone el artículo 10
del Decreto 2591 de 19914.
18. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas condiciones
mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la legitimación en
la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho
cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de
otra persona5. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 6 , destacando a la vez que su adecuada integración
persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos
que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela (…) (se destaca)7.
19. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales,
es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o
que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se relacionen con la dignidad humana
y sean traducibles a un derecho subjetivo» 8 . Así, debe decirse que un derecho es
4 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
5 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
6
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)».
7 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
8 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del carácter
autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando no estuvieran
expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación
inmediata8 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 8. Entre estos dos extremos se
han presentado varias posturas teóricas:
…
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subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que
sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un titular, un obligado
y una prestación o contenido9.
20. El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su protección.
21. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa, «es,
entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”10»11.
22. En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico12. De no cumplirse, la tutela se torna
improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
F. Análisis de la legitimación en la causa en el caso en concreto
23. En el caso en concreto, el abogado Rafael Ricardo Rincón Gómez presentó acción
de tutela, a fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, vulnerados por la supuesta mora judicial en
que incurre la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para dar trámite al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-41-000-2023-00567-00. En su criterio, el trámite del proceso ha
tardado excesivamente, pues simplemente se han realizado actos de «mero trámite»
que no superan tres providencias, en alrededor de dos años, desde que se interpuso la
demanda.
24. El accionante informó que, mediante memorial del 1° de octubre de 2025, presentó
solicitud de impulso procesal, toda vez que habían transcurrido tres meses desde que
se venció el traslado de la demanda efectuado a la Unidad Administrativa Especial de
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto
de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que valor central del
sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a
lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte
necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en
sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística,
sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la
naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho
subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica).
9 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P.
José Gregorio Hernández.
11 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
12 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para interponer
la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo
e indefensión.
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Catastro Distrital (UAECD), sin que se hubiera dado inicio a la etapa probatoria
correspondiente.
25. De entrada, la Sala advierte que en el presente caso no se encuentra acreditado el
presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa, pues, verificado el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho antes identificado, se observa que
el señor Rincón Gómez actúa en el referido trámite en calidad de apoderado judicial de
la señora Gloria Esperanza Rodríguez Bernal, demandante en el aludido proceso.
26. Lo anterior quiere decir que, siendo la señora Rodríguez Bernal la demandante en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en estricto sentido, la usuaria de
la Administración de Justicia, en principio, todas las acciones u omisiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afectarían, eventualmente, sus derechos
fundamentales y no los de su apoderado judicial. Es decir, el referido abogado
simplemente representa los intereses de la parte demandante en aquellas diligencias,
por lo que en modo alguno puede afirmarse que un escenario de tardanza injustificada
como el que describe, constituye una violación o amenaza de sus propias garantías al
debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
27. En sentencia C-542 de 201913, la Corte Constitucional señaló que el derecho de
defensa técnica es una prerrogativa iusfundamental que debe ser garantizada por el
Estado en cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de tal forma que se
permita a las personas hacer valer sus derechos sustanciales y hacer cumplir las
formalidades propias de cada juicio. Lo anterior, se materializa mediante la asistencia
de un abogado que, en el trámite del proceso, ejerza su defensa y procure la declaratoria
de sus pretensiones o excepciones, mediante actos de contradicción, notificación,
impugnación, solicitud probatoria, alegación entre otros.
28. De modo que el abogado que ejerce la representación de una persona en un proceso
judicial no es considerado parte o sujeto procesal, sino que simplemente interviene
técnicamente para adelantar todos los trámites tendientes a representarla, pero de
ninguna manera puede entenderse que la posible afectación de los derechos de la
persona representada —usuario directo de la Administración de Justicia— se extiende
también a su apoderado.
29. Valga recordar que la acción de tutela persigue la protección de derechos subjetivos.
Ello significa que quien alega la afectación debe ser su titular o que otra persona los
defienda en su nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la jurisprudencia.
30. Ahora bien, aun cuando se admitiera que lo que pretendía el abogado accionante
era acudir en procura de los derechos de la parte que representa en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que para ello debió haber aportado
el poder correspondiente; no obstante, en el expediente no obra prueba de que la señora
Gloria Esperanza Rodríguez Bernal se lo hubiera conferido.
13 Corte Constitucional, sentencia C- 542 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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31. Todo lo anterior, conduce a la Sala a concluir que el abogado Rafael Ricardo Rincón
Gómez carece de legitimación en la causa para promover la presente acción de tutela
y, en consecuencia, se declarará su improcedencia.
32. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Rafael Ricardo Rincón Gómez, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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