Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06619-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA L.T.D.A., EN
REORGANIZACIÓN
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS
Tema: Solicitud ante la Fiscalía General de la Nación - Modifica ordinal
segundo del fallo impugnado – Se declara la carencia actual de objeto por
hecho superado y se niega en lo demás.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra el ordinal
segundo de la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A., en reorganización
solicitó, a través del representante legal1, el amparo de sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, acceso de la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación, a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por la presunta
mora en el trámite de la denuncia y queja disciplinaria presentadas el 6 y 7 de
octubre de 2025, respectivamente, con ocasión a las presuntas irregularidades
dentro del proceso ejecutivo núm. 11001-31-03-047-2021-00547-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
1
Carlos Andrés Porras Pérez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
2.1. Informó que el 6 de octubre de 2025 presentó la denuncia penal ante la Fiscalía
General de la Nación mediante radicado núm. 20256170503462 en los siguientes
términos:
“[…] día 1 de octubre de 2025, siendo las 21:52, en la ciudad de Bogotá D.C., dentro
del proceso ejecutivo No. 11001310304720210054700 que se adelanta ante el
Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, se han presentado hechos constitutivos de
presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La Jueza
Aura Claret Escobar Castellano y la Secretaria Judicial Paula Victoria Muñoz
Gartner habrían proferido y certificado actuaciones contrarias a la realidad procesal,
en coordinación con la Magistrada Martha Isabel García Serrano del Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Civil.
Según la sentencia STL532-2023 de la Corte Suprema de Justicia, el mandamiento
de pago del proceso mencionado quedó ejecutoriado el 23 de febrero de 2022, y el
término legal de traslado para contestar la demanda precluyó el 9 de marzo del
mismo año, sin que el Banco de Bogotá hubiera presentado contestación ni
excepciones. A pesar de ello, el 2 de mayo de 2023 se dictó una sentencia
anticipada sin litis trabada, contrariando el artículo 440 del Código General del
Proceso. Posteriormente, la funcionaria secretaria omitió reiteradamente certificar
estos hechos, pese a las solicitudes y derechos de petición presentados por la parte
demandante, limitándose a remitir al expediente sin emitir certificaciones claras ni
veraces, con lo cual alteró la fe pública judicial.
Tales omisiones y actuaciones habrían permitido mantener la apariencia de
legalidad de una sentencia inválida, ocasionando graves perjuicios procesales y
materiales a la sociedad ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. – En
Reorganización. Se solicita investigar penalmente por los delitos de prevaricato por
acción, falsedad ideológica en documento público, abuso de autoridad y fraude
procesal, conforme a los artículos 413, 414, 416 y 442 del Código Penal […]”
2.2. Manifestóque, a la fecha de la presentación2 de la presente acción, no ha
recibido respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación en la que se le
indique: i) número de noticia criminal, ii) nombre del fiscal delegado a su caso y, iii)
estado actual de la denuncia y actuaciones realizadas.
2.3. Señaló que el 7 de octubre de 2025 presentó ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, quejas
disciplinarias contra las autoridades judiciales que conocieron del proceso ejecutivo
núm. 11001-31-03-047-2021-00547-00/02, sin que a la fecha de presentación de la
presente acción se haya dado respuesta.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso a la justicia vulnerados por las entidades accionadas.
2. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación:
o Asignar número de noticia criminal a la denuncia ya registrada.
2
21 de octubre de 2025.
3
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Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
o Designar fiscal competente e iniciar la investigación correspondiente,
notificando al denunciante dentro de los diez (10) días siguientes.
o Informar de manera verificable el estado actual y las actuaciones realizadas.
3. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Seccional
Bogotá:
o Expedir los autos de apertura, inadmisión o archivo de las denuncias
disciplinarias radicadas.
o Notificar la decisión adoptada dentro del mismo término.
4. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá:
o Pronunciarse expresamente sobre las denuncias disciplinarias radicadas ante
esa corporación.
o Expedir constancia secretarial del estado actual de cada actuación y
comunicarla al accionante.
5. Requerir a las tres entidades para que informen al Consejo de Estado, dentro
del término de cumplimiento, las medidas adoptadas. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 24 de octubre de 2025, el Magistrado de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de
tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado
del proceso a “[…] las doctoras Aura Claret Escobar Castellano (juez Cuarenta y
Siete Civil del Circuito de Bogotá), Paula Victoria Muñoz Gartner (secretaria de dicho
despacho) y Martha Isabel García Serrano (magistrada del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil), funcionarias contra las cuales se
interpusieron las denuncias penales y disciplinarias relacionadas en el escrito de
tutela […]”.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que la denuncia
disciplinaria presentada por la accionante el 7 de octubre de 2025 contra la titular
del Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá y la secretaria del mismo despacho, fue
remitida por competencia mediante oficio DP25-HYPC-7023 del 8 de octubre de
2025 ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, decisión que le
fue notificada al actor mediante comunicación DP25-HYPC-7024 de la misma
fecha.
5.2. Señaló que, frente a la denuncia disciplinaria presentada contra la Dra. Martha
Isabel García Serrano, Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
le fue asignado el número de radicación 11001-08-02-000-2025-00609-00,
despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros.
4
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Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
5.3. La Magistrada Magda Victoria Acosta Walteros de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, rindió informe en el que precisó que en la actuación
disciplinaria 11001-08-02-000-2025-00609-00 se profirió decisión el 20 de
noviembre de 2025, la cual fue notificada a la parte actora mediante oficio S.J.
46405 LPCG del 28 de noviembre del mismo año.
5.4. Puso
en conocimiento que el 12 de noviembre de 2025, por solicitud de la
accionante le fue enviado el link del expediente disciplinario al correo electrónico
“[…] apoperez@hotmail.com […]”.
5.5. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, por cuanto la queja disciplinaria presentada por
la parte actora no puede ser tratada como una petición en los términos regulados
desde el artículo 13 en adelante del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, además señaló que la queja fue sometida a reparto
en los términos normales, garantizándose el acceso a la administración de justicia.
5.6. Indicó que la queja disciplinaria fue recibida por reparto el 4 de noviembre de
2025 y se asignó al despacho núm. 10 de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá con radicado núm. 11001-25-02-000-2025-05117-00 y que el 10
de noviembre de 2025 el expediente ingresó al despacho con el fin de “[…] tomar
[una] decisión de indagación previa, investigación disciplinaria o auto inhibitorio en
los términos previstos por los artículos 208, 209 y 211 de la Ley 1952 de 2019 […]”.
5.7. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil a través de
la magistrada Martha Isabel García Serrano, luego de realizar un resumen de las
actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo 11001310304720210054702
solicitó la terminación del “[…] proceso disciplinario iniciado en mi contra […]” por
cuanto no existe soporte “[…] expedencial […]” ni legal que le dé la razón al
quejoso.
5.8. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá informó que la petición
radicada por la parte actora el 7 de octubre de 2025, fue estudiada en sesión de
Sala ordinaria de 29 de octubre de 2025, a través de la cual se ordenó decidió
requerir al peticionario a fin de que complementara el escrito; actuación que se
surtió mediante oficio CSJBTO25-5277, y la cual fue contestada por el actor el 11
de noviembre de 2025.
5.9. Precisó que mediante sala ordinaria de 20 de noviembre de 2025 se ordenó
poner en conocimiento a las autoridades competentes, esto es a la titular y a la
secretaria del Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá y a la Dra.
Martha Isabel García Serrano, magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., mediante los oficios CSJBTOP25-1865, CSJBTOP25-1866 y
CSJBTOP25- 1867, con el fin de que se pronunciaran sobre los aspectos expuestos
por el peticionario. Por lo anterior solicitó negar las pretensiones y ordenar su
desvinculación.
5
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Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
5.10. La Fiscalía General de la Nación puso en conocimiento que de acuerdo con
el artículo 1° de la Resolución No. 01194 del 11 de noviembre de 2020 3, a la
Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones - DAUITA
le corresponde dar trámite a las solicitudes de vinculación a procesos penales,
presentadas por particulares o sus representantes y no a la fiscal General de la
Nación, razón por la cual solicitó su desvinculación.
5.11. El Fiscal Treinta y Dos Delegado ante el Tribunal Dirección Especializada
contra la Corrupción manifestó que a ese despacho le correspondió el
conocimiento de la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Andrés Porras
Pérez, a la cual se le asignó el número de noticia criminal
110016000049202587830. Indicó que dicha noticia fue creada el 5 de noviembre
de 2025 y fue remitida por reparto a su despacho el pasado 15 de noviembre de
2025.
5.12. Informó que el 5 de noviembre de 2025, desde el sistema SPOA se le envío al
accionante un mensaje al correo electrónico capoperez@hotmail.com, cuyo
contenido fue el siguiente:
“[…] Apreciado Ciudadano: La Fiscalía General de la Nación le informa los
datos básicos relacionados con la denuncia que usted ha presentado:
Número Único del Caso (NUC): 110016000049202587830
Despacho que atenderá el caso: DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA
LA CORRUPCIÓN - UNIDAD ESPECIALIZADA DECC - REGIÓN CUATRO
• FISCALIA 32 ANTE EL TRIBUNAL TRIBUNAL
Dirección del despacho: BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. -
Teléfono del despacho:
Fecha de Asignación: 05/11/2025
Por favor, tenga en cuenta que este correo es únicamente de carácter
informativo y no requiere una respuesta […]”
5.13. Comentó que desde la Página web: www.fiscalia.gov.co, se puede verificar la
información de la noticia criminal y el despacho que actualmente la tiene asignada,
con el número de noticia criminal 110016000049202587830.
5.14. Solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional, toda vez que de
acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, la
Fiscalía General de la Nación tendrá un término máximo de dos años contados a
partir de la recepción de la noticia criminal para formular imputación u ordenar
motivadamente el archivo de la indagación. Solicitó su desvinculación.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 22 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por “[…] la fiscal
3
“[…] Artículo 1°. Creación del grupo. Crear el grupo de trabajo para tramitar las peticiones de información presentadas por
particulares, o sus representantes, sobre su vinculación a procesos penales, así como por entidades públicas en ejercicio de
sus funciones, el cual estará adscrito a la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (DAUlTA).
Este grupo tendrá a su cargo la recepción, clasificación, verificación, respuesta y remisión de este tipo de solicitudes […]”.
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General de la Nación, el fiscal Treinta y Dos Delegado ante el Tribunal Dirección
Especializada contra la Corrupción y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá […]” y negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que las
autoridades accionadas dieron trámite a las solicitudes presentadas.
7. El juez de primera instancia concluyó que la Fiscalía General de la Nación “[…] le
asignó un número de noticia criminal a la denuncia penal realizada por el
demandante y además le informó al correo electrónico suministrado
capoperez@hotmail.com que desde el 5 de noviembre, se había creado la noticia
criminal y se le informó el número único del Caso (NUC), por lo que la Sala negará
el amparo solicitado […]”.
8. Asimismo, frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ésta “[…] le dio
trámite a las quejas presentadas por el demandante y específicamente contra la
magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, se
han realizado las actuaciones dentro de la investigación disciplinaria adelantada,
además de responder las solicitudes adicionales requeridas por la parte actora […]”.
9. Respecto de las denuncias disciplinarias presentadas contra la Juez Cuarenta y
Siete Civil del Circuito de Bogotá y la secretaria de dicho Juzgado concluyó que “[…]
la parte actora tiene conocimiento que este despacho está tramitando la queja
contra la juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá y que ya se abrió la
investigación respectiva […]” y “[…] actualmente la queja contra la empleada judicial
Paula Victoria Muñoz Gartner en su calidad de secretaria del Juzgado 47 Civil del
Circuito de Bogotá, se encuentra al despacho para estudio, por lo que se le ha dado
trámite a la queja disciplinaria […]”.
10. Finalmente, respecto de la queja presentada ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, consideró que “[…] esta seccional de la judicatura dio
respuesta a la solicitud presentada por el (sic) accionante el 7 de octubre de 2025,
en el ámbito de sus competencias […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. La accionante impugnó el fallo de primera instancia “[…] exclusivamente
respecto de la Fiscalía General de la Nación […]”, toda vez que la decisión tuvo por
“[…] íntegramente satisfecha la pretensión relacionada con la Fiscalía […]” y no se
acreditó que en el número único de caso incluya “[…] la totalidad de las personas
denunciadas […] manteniéndose así una vulneración actual del derecho
fundamental de petición y del acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
12. Manifestó que “[…] El NUC 110016000049202587830, según la información
suministrada por la Fiscalía 32 Delegada ante el Tribunal – Dirección Especializada
contra la Corrupción, corresponde —por competencia material— a la investigación
relacionada con la funcionaria sin fuero especial, esto es, la secretaria del Juzgado
47 Civil del Circuito de Bogotá […]”, sin embargo, no se acreditó “[…] si las
denuncias penales contra la jueza y la magistrada se les asignó un NUC
independiente […] si fueron acumuladas al NUC existente […] o si fueron remitidas
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a otra autoridad penal por razón de competencia o fuero, con indicación del radicado
receptor y del estado actual del trámite […]”.
13. Señaló que “[…] Aun aceptando que la Fiscalía se encuentre “en término” para
adelantar la indagación penal, subsiste una vulneración actual del derecho de
petición, pues el (sic) accionante carece de información mínima, clara y verificable
sobre el destino y estado de una parte sustancial de su denuncia penal […] [f]rente
a la jueza y la magistrada denunciadas, lo único acreditado es una remisión genérica
por competencia […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.
VIII.2. Problemas jurídicos
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos
fundamentales de la accionante por la presunta mora judicial en el trámite de
asignación de número de radicación y respuesta a la denuncia presentada el
6 de octubre de 2025.
VIII.3. El caso concreto
16. La sociedad Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A., en reorganización
solicitó, a través del representante legal, el amparo de sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, acceso de la administración de justicia y a la tutela
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
judicial efectiva cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación, a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por la
presunta mora en el trámite de la denuncia y queja disciplinaria presentadas el 6 y
7 de octubre de 2025, respectivamente, con ocasión a las irregularidades en que
incurrieron las autoridades judiciales dentro del proceso ejecutivo núm. 11001-31-
03-047-2021-00547-00/02.
17. Teniendo en cuenta que el escrito de impugnación presentado por la parte actora
únicamente cuestionó el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia,
correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, la Sala se limitará a estudiar
dicho aspecto.
VIII.3.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia
18. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 202011, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional12,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante13, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor […]”14.
19. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la
doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en el evento
que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su
eficacia y razón de ser15.
20. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo16, sino que en esos casos le corresponde
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que de realizar
lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la
superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”17.
11
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado Ponente: Carlos
Bernal Pulido.
12
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358 de
2014.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de
las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
14
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
16
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
21. La parte actora informó que el 6 de octubre de 2025 presentó la denuncia penal
ante la Fiscalía General de la Nación mediante radicado núm. 20256170503462 en
los siguientes términos:
“[…] día 1 de octubre de 2025, siendo las 21:52, en la ciudad de Bogotá D.C.,
dentro del proceso ejecutivo No. 11001310304720210054700 que se adelanta
ante el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, se han presentado hechos
constitutivos de presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento
público. La Jueza Aura Claret Escobar Castellano y la Secretaria Judicial Paula
Victoria Muñoz Gartner habrían proferido y certificado actuaciones contrarias a
la realidad procesal, en coordinación con la Magistrada Martha Isabel García
Serrano del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil.
Según la sentencia STL532-2023 de la Corte Suprema de Justicia, el
mandamiento de pago del proceso mencionado quedó ejecutoriado el 23 de
febrero de 2022, y el término legal de traslado para contestar la demanda
precluyó el 9 de marzo del mismo año, sin que el Banco de Bogotá hubiera
presentado contestación ni excepciones. A pesar de ello, el 2 de mayo de 2023
se dictó una sentencia anticipada sin litis trabada, contrariando el artículo 440
del Código General del Proceso. Posteriormente, la funcionaria secretaria omitió
reiteradamente certificar estos hechos, pese a las solicitudes y derechos de
petición presentados por la parte demandante, limitándose a remitir al expediente
sin emitir certificaciones claras ni veraces, con lo cual alteró la fe pública judicial.
Tales omisiones y actuaciones habrían permitido mantener la apariencia de
legalidad de una sentencia inválida, ocasionando graves perjuicios procesales y
materiales a la sociedad ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. –
En Reorganización. Se solicita investigar penalmente por los delitos de
prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, abuso de
autoridad y fraude procesal, conforme a los artículos 413, 414, 416 y 442 del
Código Penal […]”
22. Señaló que, a la fecha de la presentación de la presente acción 18, no ha recibido
respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación en la que se le indique: i)
número de noticia criminal, ii) nombre del fiscal delegado a su caso y, iii) estado
actual de la denuncia y actuaciones realizadas.
23. El Fiscal Treinta y Dos Delegado ante el Tribunal - Dirección Especializada contra
la Corrupción, rindió informe de tutela, a través del cual puso en conocimiento que el
5 de noviembre de 2025 le fue asignada la denuncia presentada por el ciudadano
Carlos Andrés Porras Pérez, identificada con el número de notifica criminal SPOA
110016000049202587830 y que en la misma fecha le fue comunicado al correo
electrónico de la accionante “[…] capoperez@hotmail.com […]” la siguiente
información:
“[…] Apreciado Ciudadano: La Fiscalía General de la Nación le informa los
datos básicos relacionados con la denuncia que usted ha presentado:
Número Único del Caso (NUC): 110016000049202587830
Despacho que atenderá el caso: DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA
LA CORRUPCIÓN - UNIDAD ESPECIALIZADA DECC - REGIÓN CUATRO
• FISCALIA 32 ANTE EL TRIBUNAL TRIBUNAL
Dirección del despacho: BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. -
18
21 de octubre de 2025.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
Teléfono del despacho:
Fecha de Asignación: 05/11/2025
Por favor, tenga en cuenta que este correo es únicamente de carácter
informativo y no requiere una respuesta […]”
24. Así las cosas, y comoquiera que en el caso sub examine la pretensión de la parte
actora estaba encaminada a que se ordenara a la autoridad judicial accionada: “[…]
número de noticia criminal a la denuncia ya registrada. o Designar fiscal competente
e iniciar la investigación correspondiente, notificando al denunciante dentro de los diez
(10) días siguientes […]”, esta autoridad judicial estima que en el caso que ocupa la
atención de la Sala se ha satisfecho dos de las pretensiones solicitadas con la
presente acción de amparo, toda vez que mediante correo electrónico de 5 de
noviembre de 2025 le fue comunicado a la parte actora i) el número de la noticia
criminal y, ii) el nombre del fiscal que atenderá el caso. Por lo que, se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado, respecto al derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia.
25. En ese orden de ideas, se resalta que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor […]”3.
26. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la Fiscalía General de la Nación
vulneró los derechos de la accionante, respecto a la pretensión encaminada a que
“[…] Inform[e] de manera verificable el estado actual y las actuaciones realizadas […]”.
VIII.3.2. De la presunta vulneración por la Fiscalía General de la Nación
27. La parte accionante solicitó como pretensión de la acción de tutela, se ordene a la
Fiscalía General de la Nación, “[…] Informar de manera verificable el estado actual y
las actuaciones realizadas […]”, de la denuncia presentada el 6 de octubre de 2025.
28. En el caso objeto de estudio no se encuentra acreditado que la accionante
hubiera radicado alguna solicitud al respecto ante la Fiscalía General de la Nación,
por cuanto no reposa en el expediente de la presente acción constitucional y, la
accionante tampoco allegó documento que pruebe esa situación en la acción
constitucional.
29. En este sentido, considera la Sala que la interesada tenía la obligación de radicar
la solicitud ante la autoridad, por cuanto la administración no está obligada a tramitar
un asunto que no ha sido puesto bajo su conocimiento.
30. En ese orden de ideas, la Sala negará las pretensiones encaminadas a que la
Fiscalía General de la Nación informe el estado actual de la denuncia, en la medida
que no se acreditó la radicación de la referida solicitud, de ahí que no es posible
probar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
31. De otro lado, se pone de presente a la parte actora que, desde la Página web:
www.fiscalia.gov.co, puede verificar el estado actual y contenido de las actuaciones
realizadas en la noticia criminal núm. 110016000049202587830.
32. La accionante en su escrito de impugnación solicitó amparar el derecho
fundamental de petición y al acceso a la administración de justicia, en razón a que
la asignación del número de SPOA 110016000049202587830 no acredita que el
número del caso incluya “[…] la totalidad de las personas denunciadas […]
manteniéndose así una vulneración actual del derecho fundamental de petición y
del acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
33. Lo anterior no será estudiado por la Sala, en atención a que corresponde a un reparo
nuevo que no fue propuesto desde el escrito inicial de la solicitud de amparo, so pena
de desconocer el debido proceso de la parte accionada.
34. Por lo anterior, se modificará el ordinal segundo del fallo impugnado, que negó
la acción de tutela frente a la Fiscalía General de la Nación y en su lugar se
dispondrá: i) declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
solicitud relacionada con la información del número de noticia criminal y el nombre
del fiscal delegado, y ii) negar respecto de la solicitud relacionada con la información
del estado actual de la denuncia y las actuaciones realizadas por la Fiscalía General
de la Nación, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia de 22 de enero de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar se dispone:
“PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO frente a la solicitud relacionada con la información del número de
noticia criminal y el nombre del fiscal delegado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto de la solicitud relacionada con
la información del estado actual de la denuncia y las actuaciones realizadas por
la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia”.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06619-01
Accionante: Asesorías y Servicios de Ingeniería L.T.D.A.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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