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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06624-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06624-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, que negó la solicitud de tutela. 11 Expediente: 11001-03-15-000-2025-06624-01 Solicitante: Ana Aidé Vera Torres Acción de tutela – Segunda instancia SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Ana Aidé Vera Torres contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, por los motivos expuestos. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06624-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06624-01

Accionante: ANA AIDÉ VERA TORRES

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A, que negó la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 21 de octubre de 2025, Ana Aidé Vera Torres, en nombre propio, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con el principio
de reparación integral y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Alegó vulnerados estos derechos por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al proferir sentencias del 23 de junio
de 2023 y 2 de mayo de 2025, que declararon la caducidad del medio de control de

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Solicitante: Ana Aidé Vera Torres
Acción de tutela – Segunda instancia

reparación directa1 que, junto con su grupo familiar, promovió contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

En virtud de la acción de tutela, solicitó que se ordene dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia y que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander expida
un nuevo fallo, en el que «declare no prosperada la excepción de caducidad y se
profiera una nueva decisión».

2. Hechos relevantes

El 19 de enero de 2018, la accionante y su grupo familiar instauraron demanda de
reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el
fin de reclamar los perjuicios causados por el homicidio de Nelson Contreras Jaimes.
Este hecho, ocurrido el 14 de diciembre de 2006, presuntamente fue provocado por
el Batallón de Infantería No. 13 del Ejército Nacional con el fin de presentarlo como
baja en combate.

El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo de
Cúcuta, que en sentencia del 23 de junio de 2023 declaró la caducidad de la acción.
La parte demandante apeló la decisión. El asunto correspondió en segunda instancia
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en sentencia del 2 de mayo
de 2025 resolvió confirmar lo resuelto por el a quo.

3. Fundamentos de la solicitud

La accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración
de justicia, junto con el principio de reparación integral y las garantías de verdad,
justicia, reparación y no repetición, ya que sus decisiones incurrieron en
desconocimiento del precedente y en defectos fáctico y sustantivo.

Expresó que las providencias valoraron erróneamente los medios de prueba
–defecto fáctico–, en tanto estos demostraban la imposibilidad de conocer la
participación del Estado en el hecho dañoso antes del 7 de noviembre de 2017

1 Identificado con número de radicado: 54001-33-33-005-2018-00024-00/01.

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Solicitante: Ana Aidé Vera Torres
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–fecha en la que la Fiscalía emitió resolución de acusación–. El fallo del Tribunal tuvo
en cuenta la demanda de parte civil en el proceso penal, presentada en septiembre
de 2015, pero la parte actora refirió que el proceso estaba en fase de indagación y
no habían actuaciones que permitieran imputar responsabilidad al Estado.

Además, manifestó que las decisiones no tuvieron en cuenta el deber de valorar la
complejidad del asunto y las limitaciones en el acceso a la información, además de
la demora institucional y demás obstáculos para acceder a la justicia.

Por otra parte, alegó que el defecto sustantivo se motiva en la aplicación rígida y
desproporcionada del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo –CPACA-, ignorando la imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad prevista en el derecho internacional público. Ello
involucra la infracción de los artículos 12, 13, 29, 90, 228 y 229 de la Constitución,
así como de los artículos 1.1, 2, 5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Carta Americana sobre
Derechos Humanos (CADH), que integran el bloque de constitucionalidad.

En cuanto al desconocimiento del precedente, la parte actora señaló que las
decisiones desatendieron el criterio jurisprudencial contenido en sentencias SU-167
de 2023 y T-202 de 2025, según el cual las normas procesales se deben interpretar
con un enfoque favorable a la víctima. Añadió que la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, rad. 61033, se aplicó de manera restringida y sin atender a las
particularidades del caso –ejecución extrajudicial–.

4. Trámite de primera instancia

El 27 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional –tercero con interés–. No obstante, en memorial del 30 de octubre
siguiente la parte actora advirtió un error involuntario en los anexos de la demanda
de tutela, de modo que en auto del mismo día se dispuso notificar al Juzgado Quinto

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Administrativo de Cúcuta y a los otros demandantes en sede de reparación directa2.
A su turno, se solicitó copia digital del proceso ordinario.

En el escrito de contestación, el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta adujo
haber actuado en el margen de su competencia y motivado su decisión en forma
adecuada. En su criterio, la actuación procesal no involucró la trasgresión de los
derechos fundamentales invocados. Por otra parte, la autoridad judicial aportó el
enlace de acceso al expediente ordinario.

La Nación-Ministerio de Defensa expresó que la parte actora pretende reiterar una
discusión probatoria agotada y resuelta en el proceso de reparación directa, además
de formular pretensiones de índole económica, sin que ello devenga en un yerro de
relevancia constitucional. Sumado a ello, las decisiones se ajustaron al ordenamiento
jurídico y al criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como
lo previsto por la Corte Constitucional en sentencias SU-312 de 2020 y SU-167 de
2023. Por demás, la parte demandante en el proceso ordinario no acreditó razón
alguna que le impidiera ejercer la acción en tiempo.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander guardó silencio.

Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A negó la acción de tutela. Al contraer su estudio a la decisión
de segunda instancia, determinó que la sentencia controvertida no incurrió en los
defectos alegados, por cuanto valoró integralmente el acervo probatorio y aplicó de
manera razonable el artículo 164 del CPACA, en armonía con el criterio contenido
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, así como las sentencias SU-
312 de 2020 y SU-167 de 2023. Añadió que la argumentación de la parte actora no
se orientó a demostrar la pertinencia de las providencias citadas o su alcance
respecto del litigio ordinario.

La parte actora impugnó. Esgrimió que la decisión erró en la comprensión del
defecto fáctico, al estimar que el estándar probatorio se ve flexibilizado en

2 Ana Deisy Contreras Vera, Yafar Alexander Contreras Vera, Yasser Starky Contreras Vera, Anyela Bianey

Contreras Vera, Maria Virginia Jaimes de Contreras, Andelfo Contreras Jaimes, Isbelia Contreras Jaimes, Luz
Marina Contreras Jaimes, Carmen Cecilia Contreras Jaimes, Pedro Felipe Contreras Jaimes, Fanny Yolanda
Contreras Jaimes, Oscar Fabian Contreras Jaimes.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06624-01
Solicitante: Ana Aidé Vera Torres
Acción de tutela – Segunda instancia

ejecuciones extrajudiciales y debe atender «las barreras estructurales de acceso a
la información, el ocultamiento institucional y la asimetría entre las víctimas y el
Estado». En su criterio, antes de la resolución de acusación, las actuaciones penales
y disciplinarias mantenían la versión oficial de que los agentes del Estado obraron
bajo el principio de legalidad. Tal elemento es una característica típica de los «falsos
positivos», enmarcados en la simulación de legalidad y el encubrimiento institucional.
La decisión debió atender que, en la resolución de acusación del 9 de octubre de
2017, se desvirtuó la existencia de un combate, se acreditó la indefensión de la
víctima, se calificó el hecho como un homicidio en persona protegida (ejecución
extrajudicial) y se atribuyó su coautoría a agentes del Ejército.

Añadió que el fallo impugnado validó la aplicación formalista y descontextualizada
del artículo 164 del CPACA, en contravía de la jurisprudencia constitucional. Refirió
que, aunque se citaron las sentencias invocadas, estas se dejaron de aplicar
materialmente. Insistió en la infracción de los artículos 8 y 25 de la CADH, en
conjunción con el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El 21 de enero de 2026 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 4 de
diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, que negó el amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación

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Solicitante: Ana Aidé Vera Torres
Acción de tutela – Segunda instancia

manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La accionante considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de las sentencias del 23 de junio de 2023 y 2 de mayo
de 2025, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa por el
homicidio de Nelson Contreras Jaimes. Sostuvo que la decisión incurrió en
desconocimiento del precedente y en defectos fáctico y sustantivo, al contabilizar el
término de caducidad de la acción desde un punto de partida equívoco y desatender
la posibilidad real de las víctimas de atribuir responsabilidad al Estado.

En la sentencia del 2 de mayo de 2025, que resolvió definitivamente la controversia,
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estudió el régimen de caducidad
aplicable al asunto. Determinó que la regla de caducidad prevista en el artículo 164
del CPACA es aplicable, inclusive, a aquellos asuntos que involucren crímenes de
lesa humanidad o graves infracciones a los derechos humanos, con arreglo a la
sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29
de enero de 2020 (rad. 61033), así como las sentencias SU-312 de 2020 y SU-167
de 2023.

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Según el criterio jurisprudencial referido, la caducidad no debe computarse a partir
de la acción u omisión causante del daño, sino desde el momento en que el
interesado pudo advertir o conocer la participación de la autoridad pública en el
hecho dañino. Agregó que esta regla no es exigible cuando se configuren
circunstancias o supuestos objetivos que obstaculicen materialmente el ejercicio del
derecho de acción.

Luego de revisar las pruebas obrantes en el plenario, el Tribunal determinó que los
hechos alegados constituían un crimen de lesa humanidad, sin que ello obste para
verificar la presentación oportuna de la demanda. El estudio del caso se contrajo a
determinar el momento en el que la parte demandante tuvo certeza de la
participación del Estado en la muerte de la víctima, así como la presencia de
circunstancias objetivas que le impidiera ejercer su derecho de acción.

Es así que, al revisar el objeto de la demanda de constitución de parte civil en el
proceso penal No. 8720 –presentada por Ana Aidé Vera Torres el 11 de septiembre
de 2015–, el Tribunal citó textualmente el objeto de la misma, consistente en:

«PRIMERO: Obtener la VERDAD, la JUSTICIA e IMPULSO PROCESAL dentro
del sumario que se adelanta por la muerte sufrida por el civil NELSON
CONTRERAS JAIMES y no una indemnización de perjuicios ya que los mismos
se solicitarán directamente a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO,
por la vía contencioso administrativo, lo anterior conforme lo manifestó la
Honorable Corte constitucional en sentencia del 7 de junio de 2006, Sentencia C-
454-06, expediente D-5978, Magistrado Ponente Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO,
que en uno de sus apartes dice:

(...)

SEGUNDO: Adicionalmente solicito respetuosamente, se me expida COPIA
ÍNTEGRA, AUTÉNTICA Y LEGIBLE del expediente de la referencia, para conocer
las circunstancias del hecho, y además con el fin de solicitar una audiencia de
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL con la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, por los perjuicios que se le causaron a la
familia con su muerte y si es del caso posterior ejercer el medio de control judicial
de REPARACIÓN DIRECTA, contra los mismos (…)» (negrillas del texto original).

La providencia refirió que los familiares de la víctima podrían haber tenido
conocimiento de la posible participación de miembros del Ejército Nacional, cuanto
menos, desde el año 2011. Ello conforme a la declaración rendida por la madre de

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la víctima el 6 de mayo de 2011, en el marco de la indagación preliminar seguida
contra agentes del Ejército.

Sin embargo, «incluso aplicando un criterio garantista a favor de los demandantes»,
el Tribunal estimó aplicable la fecha en la que se presentó la demanda de
constitución de parte civil. Esa actuación se adelantó el 11 de septiembre de 2015,
por lo cual el término de caducidad habría corrido hasta el 11 de septiembre de 2017.
Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó hasta el 17 de
noviembre de 2017, y la demanda se sometió a reparto el 19 de enero de 2018, por
fuera del término de ley.

Visto lo anterior, y en atención a que los demandantes no probaron circunstancia
alguna que les impidiera acudir en forma oportuna a la jurisdicción, el Tribunal
confirmó la decisión de primera instancia en lo atinente a declarar la caducidad del
medio de control de reparación directa6.

La Sala advierte que los argumentos presentados por la accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de conformidad
con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el acervo probatorio
aportado, consideró que la parte actora tuvo conocimiento de la participación del
Estado en la muerte de Nelson Contreras Jaimes a partir de la demanda para su
constitución en parte civil dentro del proceso penal por los hechos referidos.

Es así que, atendiendo los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala
estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al
expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto. Además,
se advierte que las razones esgrimidas en la acción de tutela son concordantes con
el salvamento de voto a la decisión mayoritaria del Tribunal. Ello demuestra que el

6 En salvamento de voto, la magistrada María Josefina Ibarra Rodríguez planteó que la decisión no tuvo en cuenta

la estrategia de encubrimiento del crimen. No se cuestionaba la autoría por parte de agentes del Ejército, sino el
presunto enfrentamiento con la autoridad. Expresó que, sin perjuicio de las declaraciones rendidas y la solicitud
de constitución de parte civil efectuadas por la parte demandante, dichas actuaciones serían desvirtuadas por
los documentos y testimonios aportados por los militares. Por ende, solo hasta la resolución de acusación del 9
de octubre de 2017 se tendría certeza de que el daño no obedecía a la baja en combate de un presunto
delincuente, sino a una actuación irregular del Estado (ejecución extrajudicial).

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cuerpo colegiado judicial deliberó las alternativas de solución del caso concreto. Al
juez constitucional le está vedado determinar cuál de estas opciones habría sido
«preferible», o «más adecuada», por cuanto su rol frente a las providencias judiciales
accionadas corresponde a un juicio de validez y no de corrección.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de las autoridades
judiciales accionadas, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y negó la acción de
tutela, la Sala considera que la tutela es improcedente, pues no satisface el requisito
de relevancia constitucional. Aunque ambas decisiones desestiman las pretensiones
de la acción de tutela, son incompatibles en fundamento, ya que la falta de alguno
de los requisitos generales de procedibilidad conlleva a la improcedencia de la tutela
e impide al operador judicial estudiar el asunto de fondo.

Así las cosas, la Sala habrá de modificar la sentencia del 4 de diciembre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, que negó el
amparo, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, que negó la solicitud de tutela.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06624-01
Solicitante: Ana Aidé Vera Torres
Acción de tutela – Segunda instancia

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Ana Aidé Vera Torres
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta, por los motivos expuestos.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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