Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06626-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06626-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06626-00
Accionante: Óscar Eduardo García Garzón
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el señor Óscar Eduardo García Garzón, actuando
a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de
Decisión, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y
al trabajo digno, con ocasión de su providencia del 3 de junio de 20252 que revocó
la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho seguido bajo el radicado 41001-33-33-004-2015-00231-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el accionante laboraba en
el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)3. Con ocasión de la
disolución de la entidad referida, varios de sus funcionarios fueron incorporados a
otras entidades. En el caso del señor García Garzón, dicha incorporación se realizó
en forma provisional4 en la planta transitoria de la Contraloría General de la
República (en adelante CGR), como Auxiliar de Operación Grado 03.
3. Posteriormente, en el año 2014, la Corte Constitucional5 declaró inexequible
1
Acción de tutela presentada el 21 de octubre de 2025.
2
Índice 28 del aplicativo SAMAI, exp. 41001-33-33-004-2015-00231-01
3
Que fue suprimido por el Decreto-Ley 4057 del 31 de octubre de 2011, reglamentado por el Decreto 1303 de 2014.
4
A través de la Resolución núm. 3279 del 23 de diciembre de 2013 expedida por la CGR, junto con otros 81
servidores.
5
Mediante sentencia C-386 de 2014, MP Andrés Mutis Vanegas.
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Accionante: Óscar Eduardo García Garzón
el artículo 15 de la Ley 16406 de 2013. La CGR, sin que se hubiere surtido la
notificación de la providencia referida, basada en el comunicado de la corporación
mencionada, expidió la Resolución ORD-81117-001081-20147 que derogó varias de
sus resoluciones ordinarias, entre ellas, la que incorporó al actor8.
4. En consideración a lo anterior, el actor instauró una demanda9, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue de
conocimiento en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, el
cual, mediante providencia del 22 de agosto de 201910 declaró la nulidad parcial
del acto administrativo demandado en lo relacionado con los efectos que provocó
frente al señor Oscar Eduardo García Garzón, quien se encontraba incorporado en
el cargo de Auxiliar de Operación Grado 3, así como no probadas las excepciones
de mérito11 presentadas por las entidades demandadas.
5. Asimismo, en los ordinales tercero y cuarto de la providencia dispuso lo que se
trascribe a continuación12:
«“(…)” TERCERO. - ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Nación -
Contraloría General de la República y a la Nación Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, a reconocer a favor del señor OSCAR EDUARDO GARCÍA
GARZÓN, lo siguiente:
3.1.- REINTEGRAR al actor al cargo de auxiliar de operación grado 3, o a otro empleo
igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior dentro de alguna
de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, además deberán tener en
cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional, esto es: “...siempre que al momento
de cumplir esta orden no exista lista de elegibles, y hasta que este sea proveído por el
sistema de concurso de méritos”.
3.2.- RECONOCER el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir y sin
solución de continuidad desde el 10 de julio de 2014, fecha en que se profirió el acto
acusado hasta que se le reintegre, para lo cual la entidad tiene el término de un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria de esta decisión, suma a la que deberá descontarse el
valor reconocido al actor por concepto del reconocimiento económico para la
rehabilitación profesional y técnica prevista en la Ley 790 de 2002, consistente en la suma
de dinero equivalente a un porcentaje no inferior al 50% de la asignación básica
correspondiente al cargo suprimido que ostentaba el señor García Garzón en el extinto
DAS.
3.3.- En caso de imposibilidad física y jurídica para el reintegro del actor deberá pagar la
6
“Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”.
El artículo declarado inexequible establecía lo siguiente: "ARTÍCULO 15. De conformidad con lo establecido en el
artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Gobierno Nacional de precisas facultades
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para
modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República, incorporar a la Planta de Personal
de la Contraloría General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta de Regalías con la Planta
Ordinaria. Los costos de las modificaciones no superan las apropiaciones aprobadas con excepción de la incorporación
de la Planta del DAS en Liquidación, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público situará los recursos
correspondientes que se encuentran presupuestados en la Entidad en Liquidación."
7
Expedida por el Contralor General de la República, por medio de la cual fueron derogadas las Resoluciones 3279 del
23 de diciembre de 2013, 390 del 13 de febrero de 2014, 398 del 17 de febrero de 2014 y ORD-81117-00829-2014
del 8 de junio de 2014, que dispusieron la reincorporación en los empleos de planta de la Contraloría General de la
República de los empleados que desempeñaban los empleos suprimidos de la planta de personal del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS en supresión y retiró del servicio a estos servidores públicos.
8
En consecuencia, el señor García Garzón fue desvinculado de su cargo desde el 10 de julio de 2014
9
El accionante solicitó la nulidad de la Resolución núm. DRD-81117-001081-2014 de la Contraloría, el reintegro sin
solución de continuidad a un cargo igual o superior, y el pago de salarios y prestaciones desde el 10 de julio de 2014
hasta su reincorporación. También solicitó una indemnización por daños morales y la prevista en el artículo 44 de la
Ley 909 de 2004, debidamente actualizada conforme al artículo 187 del CPACA. Índice 13 del aplicativo SAMAI,
16_110010315000202506626002MemorialWeb20251030225538, - respuesta Juzgado-vínculo de acceso al
expediente, one drive, Expediente digitalizado 002Contrato Digitalización. pdf.
10
Ibidem, Expediente digitalizado, 008/009Contrato Digitalización. pdf.
11
Denominadas: i) inexistencia del derecho reclamado, ¡i) inexistencia de causal de nulidad y iii) legalidad de la
generalidad de actuaciones y/o actos surtidos y/o emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, iv) ausencia de
nexo causal y v) ausencia de daño, propuestas por las demandadas.
12
Y en lo demás, negó las pretensiones de la demanda.
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indemnización correspondiente a los salarios y emolumentos dejados de percibir desde
el momento en que se ordenó su retiro hasta la fecha en que se profiera un acto
administrativo indicando la imposibilidad de reintegro. En el mismo sentido, las entidades
demandadas deberán llevar a cabo las compensaciones y/o descuentos, debidamente
indexados, a que haya lugar al momento de pagar las sumas ordenadas, por concepto
de salarios y prestaciones que el demandante deba hacer por ley; asimismo las sumas
reconocidas que resulten a favor del demandante serán debidamente indexadas por la
demandada en los términos del artículo 187 del CPACA dando aplicación a la siguiente
formula: R= Rh índice final índice inicial.
CUARTO. - EXONERAR de responsabilidad a las entidades accionadas Departamento
Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
(…). » Negrillas y subrayas de la Sala. SIC en toda la cita.
6. La decisión fue apelada13 y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta
de Decisión mediante providencia del 3 de junio de 202514 resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: Modificar los resolutivos 3º y 4º de la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Neiva el 22 de agosto de 2019; los cuales, quedarán de la
siguiente manera:
TERCERO: Ordenar a la Contraloría General de la República pagarle al señor Oscar
Eduardo García Garzón los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los 24
meses siguientes a su retiro; previo descuento de las sumas que por concepto de
salarios y prestaciones sociales hubiera percibido en relaciones de trabajo en el sector
público (incluidos los pagos recibidos con base en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002).
Las sumas resultantes a favor del demandante deberán ser indexadas en los términos
del artículo 187 del Cpaca, aplicándose la siguiente fórmula: R= Rh índice final índice
inicial
CUARTO: Exonerar de responsabilidad al Departamento Administrativo de la Función
Pública, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
SEGUNDO: En lo demás, confirmar la providencia impugnada. (…). ». SIC en toda la
cita. Negrillas y subrayas de la Sala.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
configuró un defecto sustantivo porque en su sentir la autoridad judicial accionada
interpretó erróneamente la figura del decaimiento del acto administrativo15, cuando,
desde su perspectiva, lo que correspondía era la revocatoria directa16 al tratarse de
un acto administrativo particular que había generado una situación jurídica
consolidada. Alegó que, conforme al CPACA, la revocatoria de actos particulares
requiere el consentimiento expreso del afectado, lo cual no ocurrió en su caso.
8. Reprochó que el Tribunal haya validado la derogatoria unilateral del acto de
13
Por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la CGR.
14
Índice 17 del aplicativo SAMAI, 24_110010315000202506626004MemorialWeb20251110132919 E3R
15
Ley 1437 de 2011. Artículo 91: Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2.
Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme,
la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición
resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia.
16
Ibidem. Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud
de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la
ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause
agravio injustificado a una persona.
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incorporación, sin exigir el procedimiento citado, lo que consideró vulneró el principio
de legalidad, el debido proceso y sus derechos laborales.
9. Además, afirmó que el Tribunal otorgó efectos retroactivos al decaimiento, lo
cual contradecía el principio de efectos ex nunc y excedía lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-386 de 201417 pues esta última solo tenía efectos
desde su expedición.
10. Adicionalmente, también censuró que se presentó el defecto citado, toda vez
que el Tribunal presuntamente omitió aplicar el régimen jurídico que regula la carrera
administrativa, específicamente18 lo dispuesto en la Ley 909 de 200419 y el Decreto
1227 de 200520.
11. Adujo que, al ignorar este marco normativo, la autoridad judicial avaló la
desvinculación del accionante sin verificar si se cumplían las condiciones exigidas
para cesar un nombramiento provisional. Consideró que esta supuesta omisión del
ad quem implicó una aplicación errónea del derecho, pues desconoció que la
provisionalidad, aunque no otorgaba estabilidad plena, sí estaba sujeta a reglas
específicas que protegían al servidor público frente a decisiones arbitrarias.
12. Finalmente, alegó que el Tribunal Administrativo del Huila interpretó de forma
restrictiva la naturaleza del cargo de “Auxiliar de Operación Grado 3”, sin considerar
que este, de acuerdo con sus afirmaciones, pero sin presentar prueba alguna de
ellas, aún existiría en la planta de personal, por lo que debía reintegrársele a este. El
accionante sostuvo que dicho cargo no había sido provisto por concurso, y que las
normas precitadas establecían un marco legal que garantizaba estabilidad relativa
en provisionalidad.
13. Por otro lado, el accionante reprochó la existencia de un defecto por
desconocimiento del precedente, porque en su sentir, el Tribunal Administrativo
del Huila se apartó injustificadamente de decisiones previas de la Corte
Constitucional, respecto a la aplicación obligatoria de los precedentes21, así como de
otras providencias22 que el señor García Garzón consideró con circunstancias
17
Corte Constitucional, Sentencia C-386 de 2014, MP Andrés Mutis Vanegas. - Esta providencia declaró inexequible
el artículo 15 de la Ley 1640 de 2013 por violar principios constitucionales en su trámite legislativo. La normativa
referida otorgaba facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la planta de personal de la
Contraloría General y del DAS en liquidación. La Corte encontró trasgredido el principio de consecutividad toda vez que
fue introducido en la plenaria del Senado sin haber sido discutido previamente en las comisiones económicas conjuntas,
lo que rompió la secuencia legislativa exigida por la Constitución. Asimismo, encontró vulnerado el principio de identidad
flexible, pues el contenido del artículo no guardaba relación directa con el objeto del proyecto de ley original, que era
exclusivamente presupuestal. Adicionalmente, indicó que no cumplió con el principio de unidad de materia pues la
norma introducía temas administrativos y de organización institucional que no correspondían al ámbito presupuestal de
la ley, lo que desbordaba el objeto del proyecto-.
18
El actor expuso con relación a las normas citadas, que estas establecían que la provisionalidad es una figura
excepcional para proveer empleos de carrera cuando no hay listas de elegibles disponibles, y que incluso en estos
casos deben respetarse garantías mínimas como la motivación del retiro y el cumplimiento de requisitos legales.
19
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan
otras disposiciones».
20
Decreto 1227 de 2005 derogado por el Decreto 1083 de 2015, «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998».
21
Al respecto, el actor invocó desconocidas las sentencias SU-360/99, MP Alejandro Martínez Caballero, SU- T-
292/06, MP Manuel José Cepeda Espinosa y SU-053/15, MO Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
La parte actora reprochó que existían decisiones favorables de otros compañeros, de los que indicó que
desempeñaban el mismo cargo en la misma planta transitoria y fueron desvinculados en fechas similares, siendo
ordenado su reintegro y el pago de salarios y prestaciones, pues las autoridades judiciales en esos casos reconocieron
la existencia del cargo y su falta de provisión por concurso, lo que justificó el reintegro, pero más allá de presentar un
cuadro comparativo no profundizó al respecto. Adujo que, en contraste, en su caso, con condiciones laborales que
consideró idénticas, fue tratado de forma distinta. Sostuvo que, aunque la primera instancia también ordenó su reintegro,
el Tribunal negó esta medida y limitó el restablecimiento a 24 meses de salarios y prestaciones bajo el argumento que
su cargo pertenecía a una planta transitoria inexistente. Alegó que esta diferencia de trato vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad y al trabajo digno, al no existir una justificación objetiva para el cambio de criterio, por lo
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análogas a las de su asunto, en las que se ordenó el reintegro de los funcionarios.
14. En ese entendido, adujo que, con la supuesta omisión de los precedentes
citados, se trasgredió el principio de igualdad, la seguridad jurídica y su derecho a
un trabajo digno y estable. Así las cosas, se colige que, bajo el mismo sustento, ya
que no profundizó al respecto y se limitó a nombrarlo, alegó que se incurrió también
en un defecto por violación directa de la Constitución pues la negativa al reintegro
del demandante implicaba una afectación directa a estos derechos fundamentales,
sin una justificación constitucional válida.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad (art. 13
C.P.), al debido proceso en su dimensión de respeto al precedente judicial, (art.
29 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), y al mínimo vital y trabajo en condiciones
dignas, (arts. 25 y 53 C.P.), del señor OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila - Sala Cuarta de Decisión, en su numeral primero, en
lo relativo a la negativa del reintegro.
TERCERO: Ordenar que se profiera nueva decisión en la que, atendiendo el
precedente judicial y la igualdad de trato, se disponga el reintegro del señor
Oscar Eduardo García Garzón al cargo que venía desempeñando el cargo de
Auxiliar de Operación grado 3 o a su equivalente en la planta vigente o a otro
de igual o superior categoría, con el reconocimiento de salarios y prestaciones
dejados de percibir, hasta que se materialice dicho reintegro. (…). ». (SIC en
toda la cita. Negrillas y subrayas de la Sala).
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 23 de
octubre de 202523 a través del cual se ordenó notificar como accionado al Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión y como interesados en el resultado
del proceso se vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Comisión
Nacional del Servicio Civil y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia.
2.4.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva,24 a través de su
titular, indicó que la acción fue presentada contra la providencia del ad quem que
modificó su decisión del 22 de agosto de 2019, por lo que sostuvo que la tutela no
cuestionaba su actuación. Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al
expediente.
2.4.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)25 indicó que es la entidad
encargada de administrar y vigilar los sistemas de carrera administrativa general y
que consideró la motivación del ad quem insuficiente e injusta. – El actor alegó desconocidos el radicado 47-001-3333-
007-2015-00139-00/01/02/03 correspondiente al señor Óscar Enrique Alban Matta seguido ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el radicado 110013335013-2015-00216-00/01/02/03/04/05 cuyo demandante fue el
señor Néstor Javier Calvo Chaves que cursó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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específicos de origen legal, pero no tiene competencia sobre las carreras especiales
de origen constitucional, como la de la Contraloría General de la República, toda vez
que esta cuenta con un régimen especial de carrera administrativa establecido en el
artículo 268 de la Constitución y regulado por el Decreto Ley 268 de 2000, por lo que
sus concursos deben ser organizados directamente por dicha entidad, sin
intervención de la CNSC.
17. En consideración a lo anterior manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva frente a las acciones de tutela relacionadas con el concurso CGR
2025-2026, por lo que no tiene responsabilidad ni competencia sobre el proceso que
originó la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
2.4.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública26 se opuso a todas
las pretensiones del tutelante, al no evidenciarse vulneración de derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Huila. Señaló que la tutela
no podía utilizarse para reexaminar decisiones judiciales de fondo, pues ello
desconocía los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
18. Indicó que no se configuró una vía de hecho ni se acreditaron los defectos
endilgados. Afirmó que la autoridad judicial accionada respetó las garantías
procesales, por lo que la acción debía ser negada o declarada improcedente por no
cumplir los requisitos de procedencia.
19. Adujo que tampoco se acreditó un perjuicio irremediable que justifique la tutela
como mecanismo transitorio, pues no se probó en el caso concreto la existencia de
un daño inminente, grave o urgente.
2.4.4. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, guardó
silencio.
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
21. En consideración a que el accionante señaló el desconocimiento de
precedentes como causa de afectación a sus derechos fundamentales a la igualdad,
seguridad jurídica y trabajo digno, y bajo ese mismo fundamento reprochó una
violación directa de la Constitución sin mayor desarrollo argumentativo, se abordará
solamente el análisis del desconocimiento del precedente, en caso de superarse los
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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
22. Por otro lado, prima facie podría inferirse que le asiste razón a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) frente a su alegada falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que esta no organiza los concursos de la Contraloría
General de la República y no tiene competencia respecto a la decisión reprochada
en consideración a que no la profirió. No obstante, no puede perderse de vista, que
fue vinculada a esta acción como tercero en el resultado del proceso al ser una de
las entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que se mantendrá su vinculación en aras de garantizar su derecho
de defensa.
3.3. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Cuarta de Decisión, al proferir la sentencia del 3 de junio de 202527 que modificó
la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho seguido bajo el radicado 41001-33-33-004-2015-00231-00/01, vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo digno del accionante, al incurrir en
los defectos sustantivo y por desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
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26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia judicial atacada, lo cual ocurrió el 3 de
junio de 2025 y la interposición de la acción de tutela se realizó el 21 de octubre de
la presente anualidad.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental a la igualdad, al trabajo
digno, al debido proceso y al mínimo vital como consecuencia de los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.
28. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
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3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
29. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»28.
30. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
28
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre
Lynett.
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se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»29.
31. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto
32. La Sala advierte que no encuentra acreditado el defecto sustantivo alegado
por el accionante, toda vez que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de
Decisión verificó el marco normativo vigente, valorando en su integridad los hechos,
la jurisprudencia constitucional y el régimen aplicable a los servidores públicos
vinculados en provisionalidad.
33. En ese entendido, analizó que la figura del decaimiento del acto administrativo
fue aplicada conforme al artículo 91 del CPACA, toda vez que la inexequibilidad del
artículo 15 de la Ley 1640 de 2013 eliminó el fundamento legal que sustentaba los
actos de incorporación. Por tanto, el Tribunal no ignoró la situación jurídica del actor,
sino que evaluó su validez a la luz de la pérdida de fuerza normativa, reconociendo
los efectos producidos durante la vigencia del acto y adoptando medidas de
reparación proporcional.
34. Así las cosas, el ad quem concluyó que no se trató de una revocatoria directa,
como lo planteó el accionante, pues esta exige la subsistencia del fundamento legal
del acto, lo cual no ocurrió. En consecuencia, la inexequibilidad operó como causal
objetiva del decaimiento, sin que fuera necesario el consentimiento del afectado,
por tratarse de una consecuencia legal automática.30
35. Adicionalmente, el Tribunal no otorgó efectos retroactivos a la inexequibilidad,
sino que reconoció que los actos produjeron efectos válidos durante su vigencia.
Precisamente por ello, ordenó el pago de salarios y prestaciones por 24 meses, como
medida de reparación proporcional, sin extender la nulidad más allá de lo
jurídicamente admisible. En palabras del fallo:
«“(…)” la sola aplicación del decaimiento de los actos administrativos es
insuficiente frente a las garantías laborales y la protección constitucional y legal
de los servidores provenientes del desaparecido DAS».
29
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
30
Conforme al artículo 91 del CPACA, el decaimiento del acto administrativo opera como una consecuencia legal
automática cuando desaparece el fundamento normativo que le da sustento. En el presente caso, la inexequibilidad del
artículo 15 de la Ley 1640 de 2013 privó de validez jurídica los actos de incorporación, sin que fuera necesario iniciar
un procedimiento de revocatoria ni obtener el consentimiento del afectado. La revocatoria directa, prevista en el artículo
93 ibídem, exige que el acto subsista jurídicamente y que se cuente con la aceptación expresa del titular del derecho.
Esta figura no resulta aplicable cuando el acto pierde fuerza ejecutoria por mandato constitucional, como ocurrió con la
sentencia C-386 de 2014, que eliminó el soporte legal de las resoluciones de incorporación. El Tribunal Administrativo
del Huila no desconoció esta distinción. Por el contrario, reconoció que “la sola aplicación del decaimiento de los actos
administrativos es insuficiente frente a las garantías laborales”, y por ello ordenó una reparación proporcional, sin
extender efectos retroactivos ni declarar la nulidad del acto, lo cual habría sido jurídicamente improcedente. En
consecuencia, esta Sala concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió en error de interpretación ni vulneró el
debido proceso. La aplicación del decaimiento fue correcta jurídicamente, ajustada al precedente constitucional y
respetuosa de los derechos del accionante, por lo que en definitiva se descarta la configuración del defecto sustantivo
alegado al respecto.
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36. Lo anterior, evidencia que se valoró la afectación concreta y se adoptó una
solución equilibrada frente al asunto.
37. Por otro lado, contrario a lo expuesto por el actor, el régimen de carrera
administrativa no fue desconocido. El Tribunal reconoció que el actor estaba
vinculado en provisionalidad, lo cual implica una estabilidad relativa, pero no
absoluta. En consecuencia, descartó el reintegro por tratarse de un cargo transitorio
suprimido, conforme a la jurisprudencia SU-556 de 2014. Al respecto, el Tribunal fue
claro al señalar lo siguiente:
«“(…)” La sala considera, que en razón a que el accionante desempeñaba el empleo en
provisionalidad (auxiliar de operación grado 3), y que el mismo ya no existe porque hacía
parte de una planta transitoria, no se puede ordenar su reintegro. Siendo del caso
recordar, que la H. Corte Constitucional31 precisó que, en caso de retiro de
empleados vinculados en provisionalidad en cargos de carrera, el reintegro procede
“…siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no
haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya
llegado a la edad de retiro forzoso”.». Negrillas y subrayas de la Sala.
38. Aunado a lo expuesto la Sala también observa que el actor no acreditó que el
cargo de Auxiliar de Operación Grado 3 subsista en la planta de personal ni que no
haya sido provisto por concurso, por lo que sus afirmaciones sin respaldo probatorio
no pueden desvirtuar la valoración judicial ni mucho menos configurar un defecto
sustantivo.
39. Así las cosas, se evidencia que el análisis realizado en la decisión cuestionada
obedece a un estudio lógico de las disposiciones normativas aplicables al caso
concreto. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
40. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189632, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
41. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
42. Respecto del precedente vertical33, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-556 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
32
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
33
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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43. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso34.
44. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación35.
45. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente
46. Esta Sala considera que no se configuró el defecto por desconocimiento del
precedente alegado por el accionante, toda vez que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en la jurisprudencia constitucional vigente, sin apartarse de
manera arbitraria o injustificada de los precedentes vinculantes establecidos por la
Corte Constitucional.
47. En ese entendido, contrario a lo planteado por el actor, cabe citar que en el
asunto objeto de estudio, el Tribunal accionado acogió lo dispuesto en la sentencia
SU-556 de 2014, que establece que el reintegro de servidores en provisionalidad
solo procede si el cargo no ha sido suprimido ni provisto por concurso.
48. Así las cosas, la regla prevista en la jurisprudencia constitucional citada sí
tiene el carácter vinculante y fue aplicada de forma razonada, al constatar que el
cargo del actor pertenecía a una planta transitoria extinguida.
49. Por el contrario, en cuanto a las decisiones de otros tribunales administrativos
citadas por el actor, estas no tienen fuerza vinculante para el Tribunal Administrativo
del Huila, y su referencia aislada, sin un análisis contextual ni una acreditación de
identidad fáctica y jurídica, no permite inferir una vulneración al principio de igualdad
ni una ruptura injustificada del precedente.
50. Ahora bien, conforme al artículo 23036 de la Constitución, los jueces están
sometidos al imperio de la ley, y si bien deben respetar los precedentes, ello no
implica una obligación de reproducir automáticamente decisiones previas sin atender
34
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
35
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
36
Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial. Negrillas y subrayas de la Sala.
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a las particularidades del caso concreto. El Tribunal Administrativo del Huila valoró
los hechos, la naturaleza jurídica del cargo y la planta transitoria, concluyendo que
no procedía el reintegro, lo cual constituye una interpretación razonada y legítima.
51. Adicionalmente, la sentencia T-324 de 2015, invocada por el actor, estableció
medidas de protección para servidores del DAS, pero no ordenó su reintegro
automático ni impuso una fórmula única de reparación. La Corte Constitucional
reconoció la necesidad de diálogo interinstitucional y reubicación razonable, pero
dejó a las autoridades administrativas y judiciales la facultad de valorar la
viabilidad del reintegro en cada caso. Por tanto, en este caso no existió un
desconocimiento del precedente, sino una aplicación diferenciada del mismo.
52. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el
precedente debe aplicarse cuando exista identidad fáctica y jurídica sustancial. En
este caso, el actor no demostró que los fallos citados correspondieran a situaciones
idénticas, ni que los cargos estuvieran disponibles o que no existiera lista de
elegibles, por lo que la simple referencia a decisiones aisladas no basta para
configurar el defecto por desconocimiento del precedente, máxime cuando no
se acreditó su aplicabilidad directa.
53. Por lo expuesto, el actor no acreditó que el ad quem hubiera incurrido en la
vulneración a su derecho fundamental a la igualdad, pues la negativa al reintegro se
basó en la inexistencia del cargo y en la imposibilidad jurídica de reubicarlo en
condiciones similares, aunado a que no demostró en manera alguna, que los casos
que invocó tuvieran características idénticas al suyo.
54. En ese entendido, la motivación del fallo fue clara, congruente y fundada en
derecho, lo que excluye el defecto alegado y demuestra que no existió arbitrariedad
ni desconocimiento de derechos fundamentales.
55. En suma, el Tribunal no desconoció precedentes vinculantes ni incurrió en
defecto alguno. Su decisión se sustentó en la normativa vigente, en la jurisprudencia
constitucional y en los hechos probados. La diferencia de trato frente a otros casos
responde a la diversidad de circunstancias, y la reparación ordenada garantiza
proporcionalidad y respeto por el mínimo vital. Por todo lo expuesto, el defecto
alegado por la parte actora carece de sustento jurídico.
56. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius
fundamental, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Óscar Eduardo García Garzón, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Cuarta de Decisión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
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Accionante: Óscar Eduardo García Garzón
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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