Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06626-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06626-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06626-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
28 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06626-011
Accionante : Óscar Eduardo García Garzón
Accionado : Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, al Departamento Administrativo de la Función
Vinculados :
Pública, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
Acción : Tutela (impugnación)
Tutela contra providencia, reintegro laboral a la Contraloría
Tema :
General de la República.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala, a decidir la impugnación formulada por el actor, contra el fallo de 20 de
noviembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2,
que negó las pretensiones de la acción constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
parte accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
El señor Óscar Eduardo García Garzón, actuando en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y al trabajo
digno, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de
Decisión.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-01
Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el numeral primero del fallo del 3 de junio de
2025, mediante el cual, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión3
revocó los numerales tercero y cuarto de la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva4. En su lugar, pidió que se
profiera una nueva decisión en la que se disponga su reintegro al cargo que venía
desempeñando, de Auxiliar de operación grado 3 o, a su equivalente en la planta vigente
o, a otro de igual o superior categoría, con el reconocimiento de salarios y prestaciones
dejadas de percibir, hasta la materialización de la orden.
1.3 Hechos5
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la parte
accionante, se puede destacar que, el señor Óscar Eduardo García Garzón, laboró para
el hoy disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Tras la extinción de
esta entidad, varios de sus empleados fueron vinculados a diversas instituciones
públicas. En particular, el señor García Garzón, fue incorporado de manera provisional a
la planta transitoria de la Contraloría General de la República (CGR)6, en el cargo de
Auxiliar de Operación Grado 03.
En el año 2014, la Corte Constitucional, declaró inexequible el artículo 15 de la Ley 1640
de 20137. La CGR, sin haber recibido notificación formal de dicha sentencia y apoyándose
3
M.P. Ramiro Aponte Pino.
4
«TERCERO.- ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Nación - Contraloría General de la República y a la Nación
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a reconocer a favor del señor OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN
identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.242.989 expedida en Tello- H, lo siguiente: 3.1. - REINTEGRAR al actor al cargo de
auxiliar de operación grado 3, o a otro empleo igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior dentro de alguna
de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, además deberán tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional,
esto es: “...siempre que al momento de cumplir esta orden no exista lista de elegibles, y hasta que este sea proveído por el sistema
de concurso de méritos. 3.2. - RECONOCER el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir y sin solución de continuidad
desde el 10 de julio de 2014, fecha en que se profirió el acto acusado hasta que se le reintegre, para lo cual la entidad tiene el término
de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión, suma a la que deberá descontarse el valor reconocido al actor por
concepto del reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica prevista en la Ley 790 de 2002, consistente en la
suma de dinero equivalente a un porcentaje no inferior al 50% de la asignación básica correspondiente al cargo suprimido que
ostentaba el señor García Garzón en el extinto DAS. 3.3.- En caso de imposibilidad física y jurídica para el reintegro del actor deberá
pagar la indemnización correspondiente a los salarios y emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se ordenó su
retiro hasta la fecha en que se profiera un acto administrativo indicando la imposibilidad de reintegro. En el mismo sentido, las
entidades demandadas deberán llevar a cabo las compensaciones y/o descuentos, debidamente indexados, a que haya lugar al
momento de pagar las sumas ordenadas, por concepto de salarios y prestaciones que el demandante deba hacer por ley; asimismo
las sumas reconocidas que resulten a favor del demandante serán debidamente indexadas por la demandada en los términos del
artículo 187 del CPACA dando aplicación a la siguiente formula: […] CUARTO.- EXONERAR de responsabilidad a las entidades
accionadas Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil.»
5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
6
En adelante, CGR
7
ARTÍCULO 15. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Gobierno
Nacional de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
presente ley, para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República, incorporar a la Planta de
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Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
únicamente en un comunicado de la Corte, profirió la Resolución ORD-81117-001081-
2014, mediante la cual, dejó sin efectos varias de sus resoluciones previas, incluyendo
aquella que había dispuesto la incorporación del ahora tutelante.
Indicó que, ante tal situación, interpuso una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue tramitada en primera instancia por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 22 de agosto de 2019,
decretó la nulidad parcial del acto administrativo demandado, en lo concerniente a sus
efectos sobre el actor —quien ocupaba el cargo de Auxiliar de Operación Grado 3— y, a
título de restablecimiento, ordenó en favor de aquel, el reintegro a la entidad y el
reconocimiento y pago, sin solución de continuidad, de los salarios y emolumentos no
percibidos.
La anterior decisión fue impugnada por la entidad demandada y conocida en segunda
instancia por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila que, en
proveído del 3 de junio de 2025, dispuso: «PRIMERO: Modificar los resolutivos 3º y 4º de la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 22 de agosto de 2019» , para en su
lugar, «[o]rdenar a la Contraloría General de la República pagarle al señor Oscar Eduardo García Garzón
los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los 24 meses siguientes a su retiro[…]».
Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de censura
desconoce: «[su] derecho fundamental a la igualdad, al dar un trato diferente a situaciones idénticas, sin
una justificación racionable ni proporcionada. […]». Además, considera que es «[…] contraria a
precedentes judiciales en casos idénticos, en los que a otros compañeros vinculados en provisionalidad,
en el mismo cargo y bajo la misma modalidad transitoria, sí se le ordenó reintegro al cargo o a uno
equivalente, reconociéndoles así el derecho a la igualdad.» y añade que, el cargo que
desempeñaba, no ha sido suprimido ni provisto mediante concurso de méritos, lo cual,
desvirtúa la razón del Tribunal para negar el reintegro y, le genera un perjuicio
irremediable, al impedirle la reincorporación laboral.
Personal de la Contraloría General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta de Regalías con la Planta
Ordinaria.
Los costos de las modificaciones no superan las apropiaciones aprobadas con excepción de la incorporación de la Planta del DAS en
Liquidación, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público situará los recursos correspondientes que se encuentran
presupuestados en la Entidad en Liquidación.
3
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Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
1.4 Contestaciones de la acción
1.4.1 El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva8 destacó algunas
actuaciones relevantes del trámite ordinario y, precisó que, la acción de tutela de la
referencia cuestiona la decisión emitida por el Tribunal Administrativo del Huila, del 3 de
junio de 2025, sin que presentara reproche en contra del fallo de primera instancia. En el
escrito de contestación, remitió link de acceso al expediente No.
41001333300420150023100.
1.4.2 La Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC9 señalo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, respecto de las acciones de tutela relacionadas con
el concurso de la Contraloría General de la República 2025-2024, por lo tanto, no es
competente, ni responsable respecto del proceso que originó el presunto quebranto de
los derechos fundamentales del actor, por lo que solicitó la desvinculación de la entidad,
de la presente acción.
1.4.3 El Departamento Administrativo de la Función Pública10 rechazó integralmente
las pretensiones del accionante de tutela, al no constatarse afectación de derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Huila. Argumentó que el recurso
de amparo no procede para revisar decisiones judiciales, ya que ello menoscabaría los
principios de independencia judicial y seguridad jurídica. Precisó que no se materializó
una vía de hecho, ni se demostraron los vicios procesales imputados, pues la autoridad
judicial demandada cumplió cabalmente con las garantías procesales aplicables.
Por ende, solicitó negar la tutela o, declararla improcedente por ausencia de los
presupuestos de procedibilidad. Agregó que tampoco se configuró un perjuicio
irremediable que habilitara la tutela como medida provisional, dado que no se acreditó en
el caso concreto un daño inminente, grave e irreversible.
1.4.4 El Tribunal Administrativo del Huila, no se pronunció frente al trámite
constitucional.
8
Índice 0006 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 0014 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 0015 ibídem.
4
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Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
1.5 Providencia impugnada11
Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, al
considerar que no se acreditaron los defectos alegados, así: «[…] 3.5.1 Análisis de la
presunta configuración del defecto sustantivo (…)no encuentra acreditado (…) toda vez que el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión verificó el marco normativo vigente, valorando en su
integridad los hechos, la jurisprudencia constitucional y el régimen aplicable a los servidores públicos
vinculados en provisionalidad. (…) y (ii) […] del desconocimiento de precedente (…) contrario a lo
planteado por el actor, cabe citar que en el asunto objeto de estudio, el Tribunal accionado acogió lo
dispuesto en la sentencia SU-556 de 2014, que establece que el reintegro de servidores en provisionalidad
solo procede si el cargo no ha sido suprimido ni provisto por concurso (…) el actor no acreditó que el ad
quem hubiera incurrido en la vulneración a su derecho fundamental a la igualdad, pues la negativa al
reintegro se basó en la inexistencia del cargo y en la imposibilidad jurídica de reubicarlo en condiciones
similares, aunado a que no demostró en manera alguna, que los casos que invocó tuvieran características
idénticas al suyo.»
1.6 La impugnación12
Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
En virtud de los artículos 3213 del Decreto ley 2591 de 199114 y 2515 del Acuerdo 80 del
12 de marzo de 201916 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
11
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índice 00073 del expediente de Samai de primera instancia.
13
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
14
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
15
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
16
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-01
Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
2.3 Falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado que, «[…]
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
La Comisión Nacional del Servicio Civil, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la
autoridad que profirió la providencia cuestionada.
Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, por ser una entidad demandada dentro del proceso contencioso en
cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que,
se negará su solicitud.
2.4 Problema Jurídico
Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 3 de junio de
2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
modificó parcialmente la providencia de 22 de agosto de 2019, en la que, el Juzgado
Cuarto (4°) Administrativo de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones formuladas
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Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el señor Óscar
Eduardo García Garzón, contra la Contraloría General de la República [expediente No.
41001-33-33-004-2015-00231-01]; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y al
trabajo digno.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-01
Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente
cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
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Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales17, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201218, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos19.
17
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
18
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
19
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-01
Demandante: Óscar Eduardo García Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
2.6 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y
al trabajo digno; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que,
la providencia atacada fue proferida en segunda instancia el 3 de junio de 2025 y la
solicitud de amparo se presentó el 21 de octubre siguiente, es decir, dentro de los 6
meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo por indebida aplicación
normativa y desconocimiento del precedente, comoquiera que, pese a que la parte actora
alegó también el defecto factico por omisión en la valoración probatoria y violación directa
de la constitución, se advierte que carece de carga argumentativa. Por lo tanto, en virtud
del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera
extensiva el escrito inicial20, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida
causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
2.6.1 Defecto sustantivo
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces
se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
20
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos
que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
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judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la
materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional21 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional
caracterizó «este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada
en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento
del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad
de los derechos constitucionales»22.
En el asunto sub examine el demandante, aduce que, la providencia cuestionada incurrió
en defecto sustantivo, por «indebida interpretación de la revocatoria del acto administrativo»,
argumentando que el tribunal, «(…) aplicó la figura del decaimiento del acto administrativo, pese a
que: El acto que reconoció la incorporación del actor a la CGR, nunca fue recovado correctamente, pues
se trataba de un acto particular y concreto (…)».
Así las cosas, se tiene que, el accionante reprocha la existencia del defecto sustantivo
por cuanto considera que, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión,
aplicó la figura del decaimiento del acto administrativo, siendo necesario para que esto
ocurriera, la revocatoria del acto particular y concreto, de conformidad a lo previsto en el
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
No obstante, la providencia censurada, analiza y concluye que, la interpretación del
juzgador de primera instancia sobre la derogatoria por decaimiento con ocasión a la
Sentencia C-386 de 201423, no es indebida, pues se ajusta a la expectativa legítima de
21
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
22
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia del 25 de junio de 2014. M.P. Dr. Andrés Mutis Vanegas. Referencia: expediente
D-9896.
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estabilidad relativa del demandante, quien estuvo vinculado en provisionalidad.
Adicionalmente, explicó que, no podía desarrollarse como revocatoria directa,
comoquiera que, esta figura requiere la subsistencia del fundamento legal del acto, lo
cual no era el caso del actor.
El fallo atacado explicó que, durante la vigencia del artículo 15 de la Ley 1640 de 2013
(inexequible por vicios de trámite legislativo), se generaron situaciones jurídicas
concretas protegidas por la Ley 1444 de 2011 (art. 18 par. 3°) y el Decreto 4057 de 2011;
no obstante, la Corte Constitucional en T-324 de 2015 aclaró que no ordenó retiros ni
negó obligaciones estatales, limitándose a principios de racionalidad en la motivación
administrativa.
Por otra parte, aplicó razonablemente precedentes como la sentencia SU-556 de 2014
(indemnización limitada para provisionalidad), y no extrapoló indebidamente la carrera
administrativa plena, evitando una hermenéutica extensiva contraria al régimen temporal
de la planta transitoria.
Con todo, debe precisarse que, la discusión en cuanto a la figura del decaimiento del acto
administrativo en contraste a la revocatoria directa del mismo, no fue objeto de
pronunciamiento en los recursos de apelación que, en su momento, fueron presentados
solo por las entidades demandadas y no por el señor García Garzón, de allí a que no
obedeciera a un debate a resolver con profundidad en segunda instancia.
De conformidad con lo expuesto, se concluye que, la providencia atacada no incurre en
el defecto señalado por el demandante.
2.6.2 Desconocimiento del precedente constitucional
El desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de
procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente
constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente
judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
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de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia24, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal
o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de
un defecto sustantivo25 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe26.
En el caso sub examine, el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en
desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que, «ignoró precedentes de la Corte
Constitucional sobre: La estabilidad laboral relativa de los provisionales, especialmente en los procesos de
restructuración según lo establece las sentencias C-123 de 2014 – T-588 de 2018 y SU 195 de 2012».
Al respecto, advierte la Sala que, la autoridad judicial demandada basó su providencia en
la jurisprudencia constitucional imperante, sin desviarse de forma arbitraria o infundada
de los precedentes obligatorios fijados por la Corte Constitucional.
En este sentido, al contrario de lo sostenido por el accionante, corresponde destacar que,
en el caso bajo examen, el Tribunal accionado incorporó lo resuelto en la sentencia SU-
556 de 2014, la cual dispone que, el reintegro de servidores en provisionalidad
únicamente es viable cuando el cargo no haya sido suprimido ni cubierto mediante
concurso de méritos. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional invocada posee
carácter vinculante y fue aplicada de manera motivada, tras verificar que el cargo del
actor formaba parte de una planta transitoria extinguida.
En ese orden de ideas, para la Sala, en el fallo objeto de censura se realizó un estudio
detallado de la normativa aplicable al caso particular del señor Oscar Eduardo García
Garzón, además, soportado en el precedente jurisprudencial aplicable a la materia.
24
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la
ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado
es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
25
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
26
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Dicho esto, se concluye que, la sentencia censurada no deviene de una indebida
aplicación normativa, ni desconocimiento del precedente judicial, toda vez que sus
afirmaciones estuvieron debidamente motivadas, situación de la que se colige que no
incurre en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa el
juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la sociedad accionante.
III. DECISIÓN
La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la providencia
cuestionada haya incurrido en la causal especial de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial invocada, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado,
que negó el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y al
trabajo digno, invocados por el señor Óscar Eduardo García Garzón, por las razones
consignadas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Segunda, Subsección A, de
esta Corporación y remitir copia.
QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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