RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06638-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06638-00

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06638-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones de ordenar a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional garantizar el seguimiento de las denuncias por amenazas y a «las entidades accionadas» responder las solicitudes en materia de seguridad y protección, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias T-107 de 2025 de la Corte 16 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528) Accionante: CAT Accionados: Ministerio del Interior y otros Constitucional (expediente 11001-03-15-000-2024-02878-00) y 27 de agosto de 2025 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja (expediente 2025-00132- 00), sin perjuicio de lo que pueda decidir la Corte Constitucional de llegar a seleccionar este último trámite en sede de revisión, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General, a la Oficina de Sistemas y a la relatoría del Consejo de Estado garantizar la protección a la identidad del actor en los archivos magnéticos y las copias que se entreguen de esta providencia para acceso al público. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06638-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT1
Accionados: Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección (UNP),
Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la
Paz, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Fiscalía
General de la Nación, Procuraduría General de la Nación,
Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz,
Agencia para la Reincorporación y la Normalización y Partido
Comunes

Tema: tutela por vulneración de los derechos al debido proceso, a la vida, a la
integridad personal, a la dignidad humana, a la libre locomoción y a la seguridad
personal y familiar. Subtema 1: cosa juzgada. Subtema 2: actuación temeraria

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor CAT en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal, a la dignidad
humana, a la libre locomoción y a la seguridad personal y familiar, que consideró
vulnerados por cuanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha realizado una
evaluación urgente del nivel de riesgo en el que se encuentra, que conlleve adoptar

1 En atención a que el escrito de tutela refiere a la seguridad personal del demandante, quien afirma ser víctima de

amenazas por grupos armados al margen de la ley, y de acuerdo con la reserva advertida por la UNP en su informe,
con el fin de proteger el derecho a la intimidad del actor, en armonía con los artículos 21 de la Ley 1712 de 2014,
24 (numeral 3) de la Ley 1755 de 2015 y 2.4.1.2.2. (numeral 13) del Decreto 1066 de 2015, se suprimen los datos
que conlleven su identificación.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

medidas efectivas de protección de emergencia o implementar un esquema de
seguridad. Adicionalmente, pide sea resuelto el recurso de reposición interpuesto ante
la UNP contra la resolución del 6 de junio de 2025 que valoró su nivel de riesgo como
ordinario.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. Del escrito de tutela2 y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El actor es integrante de una asociación3, como exmilitante de las FARC–EP y
firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera. En condición de presidente de tal asociación ha recibido amenazas
directas e indirectas contra su vida e integridad personal y familiar por ser firmante del
acuerdo de paz, las cuales puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación4,
la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección ( UNP).
De esta última entidad solicitó la adopción de medidas de seguridad urgentes,
conforme al Decreto 299 de 2017, sin que se haya accedido a esa petición.

3. El accionante afirmó que su domicilio se encuentra en zona rural del municipio
de Sabana de Torres (Santander), aproximadamente a 1 hora de distancia de la
cabecera municipal, y aunque las autoridades municipales afirman que en esa entidad
territorial no hay presencia de grupos armados organizados de manera permanente,
no niegan la posibilidad de que se encuentren transitoriamente en la zona, pese a que
han habido capturas de comandantes de los paramilitares que operan en la región y
asesinatos selectivos en el municipio o casco urbano en lo que va corrido del año 2025.

4. Adujo que desde el 2019 hasta el 2025 ha recibido amenazas directas de quienes
se identifican como miembros de grupos armados organizados de la zona y con
ocasión de su desempeño como presidente nacional y representante legal de la
asociación. La última amenaza de muerte que recibió fue por vía telefónica, donde una
persona se identificó como el comandante del grupo ELN del Magdalena Medio, pero a
la fecha no ha recibido la protección debida por parte de la UNP, la Policía o el Ejército
Nacional, toda vez que afirman que el riesgo es de carácter ordinario.

5. Expresó que ha sido defensor de los derechos humanos, del medio ambiente y
de la población privada de la libertad por delitos políticos en diferentes cárceles de
Colombia y actualmente es precandidato al Senado de la República por la coalición
unitarios.

2
Samai, índice 2.
3 En adelante se hará referencia a esta como la asociación, para la protección de datos atrás indicada.
4 Anexa oficio del 25 de enero de 2024 de la fiscalía 211 seccional, grupo nacional de trabajo de amenazas, dirigido

a la UNP, en la que informa acerca de la denuncia presentada por el demandante, como presidente de la asociación,
por el delito de amenazas en su contra.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

6. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-107 del 25 de marzo de 2025
(aportada con el escrito de amparo)5, revisó el fallo del 18 de julio de 2024, proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela promovida
por el aquí demandante, en condición de presidente de la asociación, y la secretaria
de esta, porque la UNP calificó su riesgo como ordinario, pese a las múltiples amenazas
que habían recibido por parte de grupos armados. La Corte decidió lo siguiente:

Primero. -REVOCAR la sentencia del 18 de julio de 2024 proferida por el juzgado
mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Josué y
Joanna, actuando como presidente y secretaria general de la Asociación Rosaria. En su
lugar, AMPARAR los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal y al
debido proceso de los actores y del colectivo mencionados.

Segundo. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los quince días
(15) siguientes a la notificación de esta providencia, realice un nuevo estudio del nivel
de riesgo de Josué, atendiendo las indicaciones señaladas en esta providencia. En
concreto, deberá tener en cuenta la incidencia de lo advertido por la Defensoría del
Pueblo en la Alerta Temprana 3 en el Municipio de Bosquepinto, las numerosas
amenazas que ha recibido Josué a lo largo de los años y por las cuales ya ha contado
con un esquema de protección, la amenaza recibida el 30 de mayo de 2024 en contra
de la junta directiva de la Asociación Rosaria, su condición de firmante del Acuerdo Final
de Paz, y, por lo tanto, la presunción de riesgo extraordinario que se predica en su favor,
y lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-020 de 2022 y en los
Autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a esta providencia, especialmente,
los patrones de falla que aquella Sala de Seguimiento ha encontrado en la obligación de
proteger la vida e integridad física de las personas signatarias del Acuerdo Final de Paz.
Adicionalmente, deberá comunicarle al solicitante su porcentaje de nivel de riesgo.
[…]

Cuarto. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta providencia, realice un nuevo estudio de nivel de
riesgo en favor de la Asociación Rosaria, atendiendo las indicaciones descritas en esta
providencia. En particular, deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en la
Sentencia SU-020 de 2022 y los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a
este fallo, y no supeditar la identificación de un riesgo extraordinario a la consumación
del daño que la asociación busca evitar. Además, deberá comunicarle a la Asociación
Rosaria el porcentaje de su nivel de riesgo.

Quinto. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que se abstenga de retirar
esquemas de protección por el único hecho de que el solicitante ya no haga parte del
Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección. Por el contrario,
deberá verificar si la persona está sometida a un riesgo extraordinario, con
independencia de que pertenezca o no al Programa, para retirar, modificar o mantener

5 En este fallo se reservaron los datos, al estimar: «El presente caso se relaciona con la seguridad personal de

individuos que manifiestan estar siendo perseguidas por grupos armados al margen de la ley. Para proteger su
derecho a la intimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta Corporación
y en los artículos 62 del Acuerdo 02 de 2015 y 21 de la Ley 1712 de 2014, la Sala ordenará suprimir de esta
providencia y de su publicación los nombres, los datos y la información que permita la identificación de los actores.
Por ese motivo, habrá dos ejemplares de esta providencia. En el ejemplar que se publique, se utilizarán nombres y
datos ficticios que aparecerán en letra cursiva».

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

el esquema de protección, según sea el caso . [subraya la Sala]

7. En dicha providencia la Corte advirtió acerca del deber de protección del Estado
frente a la vida y seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de
amenaza, así como del estado de cosas inconstitucional, por el bajo nivel de
cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor
de la población signataria del acuerdo final de paz en el proceso de reincorporación a
la vida civil, declarado en la sentencia SU-020 de 2022, en particular en lo atinente al
debido proceso en los trámites de adopción de medidas de protección y calificación de
riesgo realizados por la UNP.

8. Así mismo, precisó que, en el caso concreto, se constató que la UNP incurrió en
varias omisiones, al calificar el nivel de riesgo de los accionantes integrantes de la
asociación, toda vez que (i) no comunicó a los solicitantes el porcentaje de nivel de
riesgo; (ii) no tuvo en cuenta el contexto territorial y violento de los municipios en los
que se encuentran; (iii) no valoró adecuadamente los factores de riesgo que pueden
comprometer la seguridad de los miembros de la asociación, dada la presunción de
riesgo extraordinario de que trata el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 299 de 2017; y (iv)
no analizó las circunstancias relevantes dentro del marco establecido en la sentencia
SU-020 de 2022, que dio cuenta de la vulneración masiva y sistemática de los
derechos de los signatarios del acuerdo final de paz.

9. En atención a la precitada sentencia, la UNP, mediante resoluciones6 del 6 de
junio de 2025, en cumplimiento del aludido fallo de la Corte Constitucional, determinó
que el nivel de riesgo del accionante y del colectivo de la asociación era ordinario, por
lo que se abstuvo de recomendar medidas de protección por no ser beneficiarios del
programa de protección especializada de seguridad y protección. Actos administrativos
contra los cuales se indicó que procedía el recurso de reposición.

10. La Defensoría del Pueblo, por medio de oficio del 2 de octubre de 2025, con
referencia «Información adicional - Solicitud de medidas cautelares MC-1076-25, en
favor de la Asociación […]», dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, además de hacer referencia a las anteriores actuaciones judiciales y
administrativas, asevera que el 5 de mayo de 2025 el aquí accionante, en su calidad
de presidente de la asociación, promovió ante la Sección Quinta del Consejo de
Estado, encargada del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-107 de 2025, un
incidente de desacato contra la UNP, dado que, en atención a las precitadas
resoluciones, no se atendió lo ordenado por la Corte Constitucional.

11. De igual modo, relató que la Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto del
26 de junio de 2025, declaró en desacato al director de la UNP y a la subdirectora
especializada de seguridad y protección de esa unidad y los exhortó a que cumplan
las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-107 de 2025; lo
que evidencia la falta de garantías a la seguridad en la que se encuentra el colectivo

6 En atención a la reserva de la información, no se hará referencia a los números de identificación de estas
resoluciones.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

de la asociación, puesto que, pese a la providencia judicial, la UNP no les aplica la
presunción de riesgo extraordinario, por su condición de firmantes del acuerdo final de
paz.

1.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora presentó escrito de tutela, el 22 de octubre de 2025, en el que
solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Tutelar los DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, A
LA DIGNIDAD HUMANA, AL DERECHO DE LIBRE LOCOMOCIÓN, EL DERECHO A LA PAZ, DERECHO
A LA SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR DE [CAT] en condición de ex- militante de las FARC–
EP, firmante del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, Y PRESIDENTE NACIONAL de la ASOCIACIÓN […], que se
tutele de manera inmediata mis derechos fundamentales a la vida, seguridad personal,
paz, libre locomoción y debido proceso, que se ordene a la Unidad Nacional de
Protección (UNP) realizar una evaluación urgente del nivel de riesgo y adoptar medidas
efectivas de protección urgentes de emergencia, que se ordene a la Fiscalía General de
la Nación y a la Policía Nacional garantizar el seguimiento de las denuncias y la
investigación de las amenazas recibidas en el tiempo, que se disponga el
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo durante el trámite y ejecución de las
medidas solicitadas, que se ordene a las entidades accionadas responder formalmente
todas las solicitudes presentadas en materia de seguridad y protección ordenando la
implementación de un esquema de seguridad y protección mientras se define de fondo
esta acción constitucional de acuerdo al decreto 299 de 2017.

SEGUNDA: Ordenar a UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ADSCRITA AL MINISTERIO DEL
INTERIOR que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el fallo, profiera
decisión respecto del RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO el 18/06/2025, teniendo en
cuenta las alertas tempranas de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, las numerosas amenazas
que ha recibidas por el accionado y su familia, tener en cuenta las ultimas amenazas
recibidas el día de octubre de 2025 por parte del E.L.N. contra miembros de anfap y su
presidente nacional, otra denuncia telefónicamente el día 7 de agosto de 2025 a las
4.P.M. del movimiento guerrillero del ELN quien lo amenazaron que lo iban asesinar en
los próximos días seria asesinado […]

TERCERA: Ordenar a UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ADSCRITA AL MINISTERIO DEL
INTERIOR que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el fallo, tome las
medidas de seguridad necesarias, suficientes y oportunas para la PROTEGER, PREVENIR
Y SALVAGUARDAR la VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, EL DEBIDO PROCESO, LA DIGNIDAD
HUMANA, DERECHO A LA PAZ, A LA LIBRE LOCOMOCIÓN Y LA SEGURIDAD PERSONAL Y
FAMILIAR del señor [CAT] que se ordene la Implementación de urgencia de un esquema
de seguridad y protección que consiste en un vehículo blindado y una vehículo de apoyo,
la Implementación de 4 escoltas con su respectiva dotación, chaleco, medio de
Comunicación para el accionante de Carácter urgente para salvaguardar su vida y su
integridad de acuerdo al decreto 299 de 2017, aplicar la presunción de riesgo
extraordinario para los firmantes de paz e implementar de carácter urgente el esquema
de seguridad. [sic para toda la cita]

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante citó las sentencias SU-
020 de 2022 y T-107-2025 de la Corte Constitucional, acerca del bajo nivel de
cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor
de la población signataria del acuerdo final de paz en proceso de reincorporación a la
vida civil y de sus familias; y del deber de protección del Estado en relación con la vida
y seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de amenaza, en
especial, aquellas pertenecientes a la población firmante del acuerdo de paz.

1.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 27 de octubre de 20257, admitió la
solicitud de tutela y ordenó las notificaciones de rigor y vincular, como terceros con
interés, a la Defensoría del Pueblo, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

15. La Defensoría del Pueblo8 informó acerca de los trámites de tutela que se han
interpuesto por el aquí demandante y que han cursado en esta corporación, como el
que se encuentra en trámite incidental por desacato a las órdenes impartidas por la
Corte Constitucional, en la sentencia T-107 de 2025, «que guardan relación directa
con las solicitudes del accionante, con el fin de evitar duplicidad de actuaciones y
fortalecer la articulación interinstitucional en la protección de sus derechos» y, en todo
caso, advirtió su falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. La Policía Nacional manifestó9 que no tiene injerencia en el presente asunto, ya
que el accionante, como integrante de la asociación, exmilitante de las FARC–EP y
firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, no es población objeto del programa de prevención y protección a
cargo de esa entidad, pues ello es competencia exclusiva de la UNP.

17. El Partido Comunes10 pidió su desvinculación y advierte su calidad de víctima
«por la públicamente conocida recurrencia de hechos de violencia contra sus militantes
y contra la población reincorporada, análogos a los narrados dentro del trámite de la
acción de tutela incoada por el ciudadano […] en su escrito de tutela».

18. La Agencia para la Reincorporación y Normalización ( ARN) solicitó que sea
desvinculada, dado que en el marco de sus competencias legales y reglamentarias no
existe función relacionada con la adopción de medidas de protección y seguridad de
las personas que hacen parte del proceso de reincorporación. De igual modo, indicó
que el accionante presentó otra tutela en nombre propio contra la UNP por los mismos
hechos e iguales pretensiones a los planteados en este trámite, de la cual conoció el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, que dictó fallo el 27 de agosto
de 202511.

7
Samai, índice 4.
8 Samai, índice 8.
9 Samai, índice 9.
10 Samai, índice 11.
11 Aporta el fallo de tutela que decidió ese trámite.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

19. Verificada la providencia anexada, se observa que en esta se señaló que por
resolución del 15 de agosto de 2025 se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución del 6 de junio de 2025 (a la que se refiere la pretensión segunda
de este escrito de tutela), que le fue comunicada al correo electrónico de la asociación
el mismo 15 de agosto de 2025; y también se decidió acerca de la adopción de
medidas de seguridad, en los siguientes términos:

Por lo anterior se demuestra que la pretensión invocada por el accionante ya se cumplió,
al haber resuelto la unidad accionada el recurso de reposición que presentó el 18 de
junio de 2025, contra la Resolución […] de 6 de junio de 2025, por medio del cual se
resolvió el estudio del nivel del riesgo de la Asociación […], librando la comunicación
externa […] de 15 de agosto de 2025, que remitió al correo de la colectividad, […] la
solicitud de notificación personal del acto administrativo […] de 15 de agosto de 2025,
por medio del cual se resolvió el mentado recurso, sustentado para el efecto la respectiva
trazabilidad de notificación al citado correo electrónico.

En cuanto a la pretensión invocada por el accionante que, se tome las medidas de
seguridad necesarias, suficientes y oportunas para proteger, prevenir y salvaguardar la
vida, integridad personal, el debido proceso, la dignidad humana y la seguridad personal
del accionante, en su condición de ex- militante de las FARC–EP, firmante del acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y
presidente nacional de la ASOCIACIÓN […], y que se ordene la implementación de un
esquema de seguridad y protección que consiste en un vehículo blindado y una vehículo
de apoyo, la implementación de 4 escoltas con su respectiva dotación, chaleco, medio
de comunicación para el accionante, no es procedente que el Juez Constitucional aborde
el estudio de estas pretensiones, por cuanto sería tanto como invadir la órbita de la
autoridad que tiene la competencia para definir estos aspectos.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela; se ordenará notificar a
las partes y remitir este expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
si no fuere impugnada la decisión

20. La Procuraduría General de la Nación respondió12 que ha atendido cada una de
las peticiones formuladas por el accionante en el año 2025, acerca del cumplimiento
de la sentencia T-107 de 2025 de la Corte Constitucional y de la posibilidad de iniciar
las correspondientes investigaciones disciplinarias, frente a lo cual ha ejercido
acciones de seguimiento y verificación. Igualmente, advirtió que el accionante en
varias oportunidades ha interpuesto acción de tutela en procura de que se protejan sus
derechos fundamentales.

21. La UNP presentó informe13 en el que adujo que el accionante de manera anterior
interpuso acción constitucional con los mismos hechos, pretensiones e identidad de
partes, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, que profirió fallo
el 27 de agosto de 2025, «haciendo un degaste al aparato judicial y sobre todo a la
recta y leal administración de justicia», por lo que pide declarar temeridad. Por otra

12 Samai, índice 13.
13 Samai, índice 14.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

parte, expresó que mediante resolución del 15 de agosto de 2025 decidió el recurso
de reposición contra la resolución del 6 de junio del 2025, y pese a que se le envió
citación para notificación personal, no se hizo presente para esa diligencia, por lo que
se procedió con la notificación por aviso.

22. Por otro lado, precisó que, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1755 de
2015, en armonía con los artículos 2.4.1.2.2., numeral 13, y 2.4.1.2.47, numeral 3, del
Decreto 1066 de 2015, la información contenida en el presente escrito goza de reserva
legal.

23. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República14 solicitó sea
desvinculado, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no puede
ordenar la asignación de los esquemas de seguridad que requiere el accionante y no
se evidencia petición alguna al respecto.

24. El Ministerio del Interior15 pidió se declare probada la excepción de falta de
legitimación material en la causa y la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales respecto de esa entidad, por cuanto no implementa medidas de
protección, ni de protección individual, tampoco realiza actualización o revaluación del
nivel del riesgo de acuerdo con el procedimiento establecido por el programa de
protección y no adopta medidas de emergencia, pues quien hace la valoración inicial
del riesgo es estrictamente de la competencia y responsabilidad directa de la UNP.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo16.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa del señor CAT se encuentra acreditada, por
cuanto fue respecto de quien la UNP calificó el nivel de riesgo ordinario en la resolución
del 6 de junio de 2025, para determinar la procedencia de las medidas de protección
a las cuales se contrae la solicitud de amparo; decisión contra la cual interpuso recurso
de reposición, el cual, afirmó, no ha sido resuelto. Por ende, es el titular de los derechos
fundamentales invocados en el escrito de tutela, incluido el de petición.

14 Samai, índice 15.
15 Samai, índice 17.
16 En el auto admisorio de la acción de tutela se advirtió que, de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto

1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025, que regula las reglas de reparto en trámites de tutela, las
acciones interpuestas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, incluso el
presidente de la República, corresponderán decidirlas a los jueces de circuito. Sin embargo, en aras de garantizar
el principio de celeridad que caracteriza este mecanismo de defensa judicial, en virtud de los artículos 86 superior
y 37 del Decreto 2591 de 1991, y en atención a que el derecho invocado como vulnerado es la vida, se procedió a
la admisión de la solicitud de amparo.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la UNP, por cuanto
las pretensiones de la solicitud de amparo se encuentran orientadas a que esta adopte,
en el marco de sus competencias, las medidas de protección o seguridad necesarias
para preservar su integridad personal, que aquella le ha negado al calificar su nivel de
riesgo como ordinario, por medio de la resolución del 6 de junio de 2025; además, es
la llamada a resolver el recurso de reposición interpuesto contra esta decisión, frente
al cual, aseguró, no ha obtenido respuesta.

28. De igual modo, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva las demás
autoridades vinculadas como demandadas17, como quiera que dentro de la primera
pretensión el accionante solicitó que se ordene (i) a la Fiscalía General de la Nación y
a la Policía Nacional18 garantizar el seguimiento de las denuncias por amenazas, (ii) el
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo19 durante el trámite y ejecución de las
medidas reclamadas y (iii) «a las entidades accionadas responder formalmente todas
las solicitudes presentadas en materia de seguridad y protección ordenando la
implementación de un esquema de seguridad y protección mientras se define de fondo
esta acción constitucional de acuerdo al decreto 299 de 2017».

3.3. Procedencia de la acción de tutela

29. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez20.

30. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable21; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»22.

31. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha precisado que, previo a la
comprobación de los anteriores requisitos, el juez constitucional debe determinar la
existencia de una conducta activa u omisiva de la autoridad estatal demandada, que
pueda generar un efecto de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita, toda vez que «para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u

17 Ministerio del Interior, Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Unidad de
Implementación del Acuerdo de Paz, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación,
Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Agencia para la Reincorporación y la Normalización
y Partido Comunes.
18
Vinculada a este trámite constitucional como tercero con interés.
19 Vinculada a este trámite constitucional como tercero con interés.
20 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan y por ende
no se encuentren en el campo de las meras especulaciones o hipótesis.23»24.

32. Por lo tanto, ante la ausencia de una conducta atribuible a la autoridad
accionada, de la cual pueda derivarse la amenaza o violación de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita, el juez constitucional debe declarar
improcedente la acción de tutela, puesto que «asumir el conocimiento de este tipo de
acciones, construidas “sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas
o hipotéticas”25, supondría una vulneración del derecho al debido proceso de los
sujetos pasivos de la tutela, del principio de seguridad jurídica26 y de la vigencia de un
orden justo27»28.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a
la integridad personal, a la dignidad humana, a la libre locomoción y a la seguridad
personal y familiar, por las medidas de seguridad o protección que solicita sean
adoptadas por la UNP, así como por la falta de respuesta al recurso de reposición
aducido en el memorial de amparo.

34. Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en razón a que
la parte accionante argumentó que no ha podido obtener las medidas de seguridad a
las que se refiere en sus pretensiones y el recurso de reposición que interpuso contra
la decisión de la UNP aún no ha sido resuelto, circunstancias que, en principio, son
continuas en el tiempo29.

35. En lo atinente a las pretensiones dirigidas a que la Fiscalía General de la Nación
y la Policía Nacional garanticen el seguimiento de las denuncias por amenazas, y «las
entidades accionadas [respondan] formalmente todas las solicitudes presentadas en
materia de seguridad y protección ordenando la implementación de un esquema de
seguridad y protección mientras se define de fondo esta acción constitucional de
acuerdo al decreto 299 de 2017», se advierte que en los hechos y en los fundamentos
de la solicitud de amparo no se concretan las denuncias presentadas ante la Fiscalía
o la Policía ni las aludidas peticiones (diferentes al mencionado recurso de reposición
ante la UNP), ni obran en los anexos del escrito de tutela.

23 Sobre este punto, puede consultarse la sentencia T-013 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
24 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 2008.
25 Ibíd.
26 Sentencia T-013 de 2007.
27 Sentencia T-066 de 2002.
28 Sentencia T-097 de 2018.
29
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015:
La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho
es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es
exigible de manera estricta.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

36. Por consiguiente, frente a estas últimas pretensiones no se colma el presupuesto
lógico-jurídico de procedibilidad de la tutela concerniente a la existencia de la acción u
omisión que presuntamente vulnera o amenaza los derechos fundamentales
invocados. En tal sentido, la Sala analizará las súplicas relativas a las medidas de
seguridad o protección que solicita sean adoptadas por la UNP y a la falta de respuesta
al referido recurso de reposición.

3.4. Problema jurídico

37. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el problema jurídico a resolver es
el siguiente:

38. ¿La presente solicitud de amparo incoada por el demandante, en torno a la
adopción de medidas de seguridad o protección por la UNP y a la falta de respuesta a
un recurso de reposición, guarda identidad de partes, hechos y pretensiones respecto
de las acciones de tutelas decididas mediante las sentencias T-107 de 2025 de la Corte
Constitucional — cuyo conocimiento en primera instancia correspondió a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que en la actualidad adelanta un segundo incidente de
desacato — y del 27 de agosto de 2025 del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Barrancabermeja?

3.5. Caso concreto

39. En el asunto bajo estudio, el demandante solicitó se ordene a la UNP (i) adoptar
las medidas de protección o seguridad necesarias para preservar su integridad
personal y la de su familia, dadas las amenazas de las cuales ha sido víctima entre el
2019 y el 2025, toda vez que le fue calificado su nivel de riesgo como ordinario, con
desconocimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-107 de
2025; y (ii) resolver el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 6 de
junio de 2025, que determinó esa calificación.

40. Como se dejó anotado en el acápite de antecedentes, la Corte Constitucional, en
la referida sentencia T-107 de 2025 amparó los derechos constitucionales
fundamentales de los integrantes de la asociación y en particular del aquí demandante,
al ordenar a la UNP, entre otras actuaciones, que realizara nuevamente el nivel de
riesgo de este último, pero para ello debía tener en cuenta lo advertido por la
Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 3, las numerosas amenazas que ha
recibido a lo largo de los años, por las cuales ya ha contado con un esquema de
protección y, por lo tanto, la presunción de riesgo extraordinario que se predica en su
favor, así como lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-020 de
2022.

41. Ahora bien, en razón a que dicho trámite constitucional correspondió en primera
instancia a la Sección Quinta del Consejo de Estado, ha sido la habilitada para la
verificación del cumplimiento de la precitada providencia, tanto es así que, consultado

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

el correspondiente expediente, se evidencia que el pasado 31 de octubre de 2025,
decidió abrir un segundo incidente de desacato contra el director y la subdirectora
especializada de seguridad y protección (en calidad de secretaria técnica de la mesa
técnica de seguridad y protección), al estimar lo siguiente:

[E]s importante recordarle a la autoridad accionada que en los autos de 26 de junio y 11
de agosto de 2025, dictados respectivamente por la Sección Quinta y la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el trámite incidental 11001-03-15-000-
2024-02878-01/03, se dejaron claras las razones por las cuales las Resoluciones 43, 34
y 5730, a través de las cuales se estudió nuevamente las peticiones de los actores, no
cumplían con las órdenes dadas por la Corte Constitucional, sin que el porcentaje de
nivel del riesgo fuera la única razón por la cual la sala de decisión tuviera por incumplida
la sentencia T-107 de 2025.

Recuérdese que en esa oportunidad se explicó que la UNP omitió tener en cuenta el
contexto territorial al que está expuesto el tutelante, no presentó argumentos de peso
que lograran desvirtuar la presunción de riesgo extraordinario que recae sobre la
población signataria del Acuerdo Final de Paz, que desconoció evaluar las amenazas
aportadas por el accionante desde el contexto en el que se desempeña como presidente
de la Asociación Rosaria, que no tuvo por acreditado el nexo causal pese a que la Corte
Constitucional sí lo dio por sentado y que supeditó el nivel de riesgo a la consumación
del daño.
[…]

De igual manera, los documentos aportados por la entidad accionada no dan cuenta de
que haya realizado nuevamente el estudio del riesgo en cumplimiento de lo establecido
en los autos de 26 de junio y 11 de agosto de 2025, en los que, se reitera, quedó claro
que el porcentaje de nivel del riesgo no fue la única razón por la cual la Sección Quinta
y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado tuvieran por incumplida
la sentencia T-107 de 2025. Por esta razón, es necesario dar apertura al trámite
incidental de desacato de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

42. En efecto, examinados los autos que se mencionan del 26 de junio y 11 de agosto
de 2025, se advierte el análisis respecto de la resolución que ahora trae de presente
el demandante como fundamento de la tutela que ocupa la atención de la Sala, a partir
de su confrontación con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la aludida sentencia
T-107 de 2025, frente a la cual, en el primero de los proveídos, se concluyó que «no
encuentra que la incidentada haya tenido en cuenta el contexto territorial al que está
expuesto el tutelante» y «nuevamente desconoció evaluar las amenazas aportadas
por el accionante desde el contexto en el que se desempeña como presidente de la
Asociación Rosaria, así como la zozobra a la que ha estado sometido por motivos de
las amenazas, como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-107 de 2025».

43. Ante el anterior panorama, resulta pertinente examinar la configuración de la cosa
juzgada constitucional31, en el sentido de corroborar la identidad de partes, hechos y

30 Se cambió el número de los actos administrativos con el fin de mantener la reserva puesta de presente por la

entidad accionada.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-150 de 2021: La cosa juzgada se configura cuando se cumplen los siguientes

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

pretensiones entre la acción de tutela sometida a conocimiento de esta Subsección y
la decidida en sede de revisión por la Corte Constitucional:

Expediente 11001-03-15-000-2025- Expediente 11001-03-15-000-2024-
06638-00 02878-00 (sentencia T-107 de 2025)
Parte accionante Verificada la identidad de CAT con la del Sujeto de reserva, al que denominó
expediente decidido en revisión por la Josué, pero corresponde al de la
Corte Constitucional es coincidente presente tutela
Parte demandada UNP UNP
Hechos Advirtió de las amenazas de las cuales También adujo amenazas similares,
ha sido víctima desde el 2019 hasta el contra los integrantes de la asociación
2025, al haber sido firmante del y, en particular, en su condición de
acuerdo de paz y presidente de la directivo; pese a lo cual la UNP se negó
asociación; frente a las cuales no ha a brindar medidas de seguridad y
recibido esquema de seguridad por retiró los mecanismos de protección
parte de la UNP, pese a lo ordenado por previamente establecidos.
la Corte Constitucional en la sentencia
T-107 de 2025. Además de que esa
entidad insiste en la calificación de su
nivel de riesgo como ordinario.
Pretensiones Solicitó medidas de seguridad o Solicitó, junto con la secretaria de la
protección para preservar su integridad asociación, medidas de protección
personal, que incluyan un vehículo urgentes para todos sus integrantes y
blindado y uno de apoyo, la sus directivos, consistentes en
Implementación de 4 escoltas con su vehículos blindados, escoltas
respectiva dotación, chaleco y medio completos, chalecos y medios de
de comunicación. comunicación, para salvaguardar su
vida.
Adicionalmente, pidió resolver el
recurso de reposición interpuesto
contra la resolución del 6 de junio de
2025, que determinó el nivel del riesgo
del accionante como ordinario.

44. Así las cosas, en ambos trámites constitucionales se encuentra acreditada la
identidad de partes, causa y objeto, para dar por configurada la cosa juzgada
constitucional en lo que atañe a la pretensión de ordenar a la UNP medidas de
protección o esquema de seguridad por las amenazas de las cuales ha sido víctima,
máxime cuando los hechos que las motivaron se contraen a los hostigamientos
persistentes dada su condición de firmante del acuerdo de paz y excombatiente, lo que
compromete su seguridad personal.

45. Adicionalmente, la resolución que soporta la presente acción de tutela fue dictada
en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional impuesta en la sentencia T-107
de 2025, que fue objeto de análisis por la Sección Quinta del Consejo de Estado, frente
a la cual concluyó que existía desacato a lo dispuesto por esa alta corporación en torno

requisitos: «(i) identidad de partes, para lo cual “al proceso deben concurrir [los mismos sujetos] e intervinientes
que resultaron vinculad[os] y obligad[os] por la decisión que constituye cosa juzgada”; (ii) identidad de objeto, esto
es, que “sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente”».

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

a la situación particular estudiada respecto del accionante, y ante la persistencia en la
negativa de la UNP, se decidió iniciar un nuevo incidente de desacato el pasado 31 de
octubre de 2025.

46. Por lo tanto, al configurarse la cosa juzgada constitucional respecto del amparo
solicitado relacionado con las medidas de protección o seguridad que se exigen de la
UNP, la Sala decidirá estarse a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
T-107 de 2025, por lo que se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre esa misma
pretensión.

47. Por otra parte, obra en el expediente fallo del 27 de agosto de 2025 del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, allegado por la Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN) y la UNP, quienes afirmaron que también existe
identidad de partes, hechos y pretensiones con la que aquí se examina, la cual no fue
objeto de impugnación y fue remitida a la Corte Constitucional. Así mismo, se constató
en la plataforma de esa corporación que aún se encuentra en trámite de eventual
selección.

48. Por consiguiente, aunque como se advirtió existe cosa juzgada respecto de la
pretensión atinente a la adopción de medidas de seguridad o protección a favor del
accionante con la acción de tutela decidida en revisión por la Corte Constitucional en
la sentencia T-107 de 2025, resulta oportuno verificar la identidad que pueda haber
con la resuelta en el mencionado fallo del 27 de agosto de 2025, en particular con la
petición de respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la resolución que
valoró el nivel de riesgo del actor:

Expediente 11001-03-15-000-2025- Expediente 2025-00132-00
06638-00 (sentencia 27 de agosto de 2025)
Parte accionante Verificada la identidad de CAT con la del No se conservó la identidad del actor
expediente decidido por el Juzgado bajo reversa, pero corresponde al de
Primero Civil del Circuito de la presente tutela
Barrancabermeja es coincidente
Parte demandada UNP UNP
Hechos Advirtió de las amenazas de las cuales Sustentó su escrito de tutela a partir
ha sido víctima desde el 2019 hasta el de las amenazas en contra de su vida
2025, al haber sido firmante del e integridad personal entre el 2019 y
acuerdo de paz y presidente de la el 2025, por la calidad de presidente
asociación; frente a las cuales no ha de la asociación, pero la UNP no ha
recibido esquema de seguridad por brindado medidas de protección, al
parte de la UNP, pese a lo ordenado por evaluar su riesgo como ordinario.
la Corte Constitucional en la sentencia
T-107 de 2025. Además de que esa
entidad insiste en la calificación de su
nivel de riesgo como ordinario.
Pretensiones Solicitó medidas de seguridad o Pidió que se ordene a la UNP expedir
protección para preservar su integridad decisión respecto del recurso de
personal, que incluyan un vehículo reposición que interpuso el 18 de junio
blindado y uno de apoyo, la de 2025 contra la resolución que
Implementación de 4 escoltas con su resolvió calificar su riesgo como
respectiva dotación, chaleco y medio ordinario.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

de comunicación.
Además, solicitó se dispongan las
Adicionalmente, pidió resolver el medidas de seguridad necesarias,
recurso de reposición interpuesto suficientes y oportunas para
contra la resolución del 6 de junio de salvaguardar su vida e integridad
2025, que determinó el nivel del riesgo personal, con «la Implementación de
del accionante como ordinario. urgencia de un esquema de seguridad
y protección que consiste en un
vehículo blindado y una [sic] vehículo
de apoyo, la Implementación de 4
escoltas con su respectiva dotación,
chaleco, medio de Comunicación»

49. En atención a lo anterior, además de que reiteró la pretensión acerca de la
adopción de medidas de protección o seguridad, solicitó que se ordenara dar
respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la resolución que decidió calificar
su nivel de riesgo como ordinario. En la aludida sentencia del 27 de agosto de 2025 el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja concluyó que esta última
pretensión se cumplió porque la UNP resolvió sobre ese recurso, formulado contra la
resolución del 6 de junio de 2025, para lo cual se libró comunicación dirigida al correo
electrónico de la asociación para realizar la notificación personal, y frente a la primera
petición coligió que no era procedente invadir la órbita de la autoridad administrativa
para definir aspectos atientes a la seguridad personal, por lo que decidió declarar
improcedente la acción de tutela.

50. Pese a que no se puede afirmar la existencia de la cosa juzgada constitucional,
como quiera que la anterior providencia aún no ha adquirido firmeza, dado que se halla
en trámite de selección eventual en la Corte Constitucional32, lo cierto es que lo
solicitado en lo concerniente a la orden de responder el mencionado recurso de
reposición por parte de la UNP, ya fue decidido por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Barrancabermeja, lo que impone estarse a lo resuelto en la sentencia del 27 de
agosto de 2025, en lo atinente a dicha pretensión, sin perjuicio de lo que pueda decidir
la Corte Constitucional de llegar a seleccionar ese trámite en sede de revisión.

51. No obstante, se aclara que a pesar de la identidad existente entre las tutelas aquí
analizadas y la presente, la Sala no advierte temeridad33, pues no se advierte mala fe
en la interposición de esta solicitud de amparo, dada la condición de vulnerabilidad en
la que se encuentra el demandante, al ser objeto de reiteradas amenazas, y que pese
al amparo concedido por la Corte Constitucional en el fallo T-107 de 2025, no ha
obtenido las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida e integridad
personal, tanto es así que invocó esa providencia en este trámite constitucional.

32
Corte Constitucional, sentencias SU-1219 de 2001 y T-322 de 2019. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que la cosa juzgada opera cuando «una sentencia de tutela no es objeto de selección por parte de la Corte
Constitucional».
33 Corte Constitucional, sentencia T-250 de 2021: «la existencia de cosa juzgada constitucional no necesariamente

se deriva la configuración de la temeridad».

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

4. CONCLUSIONES

52. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo,
en cuanto a las pretensiones dirigidas a que la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional garanticen el seguimiento de las denuncias por amenazas, y «las
entidades accionadas [respondan] formalmente todas las solicitudes presentadas en
materia de seguridad y protección ordenando la implementación de un esquema de
seguridad y protección mientras se define de fondo esta acción constitucional de
acuerdo al decreto 299 de 2017», al no satisfacer el presupuesto lógico-jurídico de
procedencia de este mecanismo constitucional de concretar la existencia de la acción
u omisión vulneradora de garantías constitucionales.

53. Por otra parte, al encontrarse configurada la cosa juzgada constitucional respecto
de lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia T-107 de 2025, cuyo
expediente se encuentra en trámite incidental por desacato en la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por las mismas circunstancias aducidas en esta solicitud de
amparo, en lo relativo a la adopción de medidas de seguridad o protección por la UNP,
se estará a lo resuelto en dicha providencia.

54. Así mismo, pese a que aún no se encuentra en configurada la cosa juzgada
constitucional en relación con la acción de tutela decidida por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Barrancabermeja, mediante fallo del 27 de agosto de 2025, en lo
atañedero a la petición de respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la
resolución del 6 de junio de 2025, se advierte identidad de partes, causa y objeto, por
lo que también se estará a lo resuelto en la mencionada providencia, sin perjuicio de
lo que pueda decidir la Corte Constitucional de llegar a seleccionar ese trámite en sede
de revisión.

55. Por último, en atención a la protección a la intimidad del accionante, se ordenará
a la Secretaría General, a la Oficina de Sistemas de la corporación y a la relatoría del
Consejo de Estado garantizar la protección de la identidad del actor.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones de
ordenar a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional garantizar el
seguimiento de las denuncias por amenazas y a «las entidades accionadas»
responder las solicitudes en materia de seguridad y protección, conforme a lo indicado
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias T-107 de 2025 de la Corte

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)
Accionante: CAT
Accionados: Ministerio del Interior y otros

Constitucional (expediente 11001-03-15-000-2024-02878-00) y 27 de agosto de 2025
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja (expediente 2025-00132-
00), sin perjuicio de lo que pueda decidir la Corte Constitucional de llegar a seleccionar
este último trámite en sede de revisión, de acuerdo con las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General, a la Oficina de Sistemas y a la
relatoría del Consejo de Estado garantizar la protección a la identidad del actor en los
archivos magnéticos y las copias que se entreguen de esta providencia para acceso
al público.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.