Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06642-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06642-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06642-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06642-01
Accionante: LUIS EDUARDO ORDUZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Caducidad de la acción. Relevancia
constitucional. Carga mínima argumentativa
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de
11 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de octubre de 20251, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la seguridad
social, que consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela.
SEGUNDO: PROTEGER mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso y el Acceso
a la Administración de Justicia por Justicia Tarda en conexidad con el Derecho al
Mínimo Vital.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de
Segunda Instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda-Subsección B de fecha 16 de mayo de 2025 y
notificada al Suscrito el 20 de octubre de 2025 (Radicado 5151-2024).
CUARTO: ORDENAR a la Corporación Accionada que, en el Término de Cuarenta y
Ocho (48) Horas siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
Sentencia en el Proceso Radicado 68001233300020150031501 (5151- 2024), en la
cual se abstenga de declarar la Caducidad y, en su lugar, se pronuncie sobre el
fondo del litigio (El Derecho Fundamental y Social a las Cesantías), esto es sobre el
reconocimiento de mis Cesantías”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI índice 2).”
2. Hechos
De la lectura de la acción de tutela y los documentos que reposan en el expediente
se observan los siguientes hechos relevantes:
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La impugnación se concedió el 5 de diciembre de 2025 y el proceso fue repartido a este despacho el 13 de
enero de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06642-01
Demandante: Luis Eduardo Orduz
El accionante afirmó que se desempeñó como gerente de la Unidad de Servicios
Públicos Domiciliarios del municipio de Guaca (Santander), de forma ininterrumpida
desde el 5 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2011, para un total
de 64 meses de trabajo.
Sostuvo que, en enero de 2012 le solicitó al Fondo Nacional de Ahorro el retiro de
sus cesantías, pero esa autoridad mediante respuesta del 16 de enero del mismo
año, le informó que solo había sido afiliado por 38 meses, de modo que le faltaba
por pagar y liquidar lo correspondiente al interregno comprendido entre septiembre
de 2006 y octubre de 2008, para un total de 26 meses. Ante tal situación, elevó
petición ante el municipio de Guaca con el fin de obtener el reconocimiento y pago
de sus cesantías.
Adujo que el municipio le informó que los dineros fueron consignados mediante
cheque núm. 0935 a una cuenta del Banco Agrario de Colombia por un valor de $
1.675.000, girado al Fondo Nacional del Ahorro y cobrado por ventanilla el día 24
de junio de 2009; cobro que aseguró, desconoció.
Indicó que, posteriormente, mediante Resolución 040 de 8 de marzo de 2014, el
ente territorial demandado reconoció y ordenó el pago de las cesantías solicitadas,
no obstante, al resolver un recurso de reposición revocó dicha decisión a través de
la Resolución 090 del 3 de mayo de 2014.
Manifestó que, por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el día 16 de diciembre de 2014 radicó demanda en la
que solicitó la nulidad de la Resolución no. 090 del 3 de mayo de 2014 y a título de
restablecimiento el reconocimiento y pago de los valores no consignados por
concepto de cesantías, intereses y sanción moratoria.
Refirió que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Santander2, autoridad que con sentencia anticipada proferida el 20 de junio de 2024,
declaró probada la excepción de caducidad, tras considerar que la Resolución núm.
090 del 3 de mayo de 2014 fue notificada el 13 de mayo de 2014, que la solicitud
de conciliación prejudicial se presentó el 10 de septiembre 2014 y que la constancia
de no conciliación se expidió el 4 de noviembre de 2014, de modo que el término de
caducidad estuvo suspendido durante dicho lapso. En consecuencia, el
demandante se encontraba habilitado para presentar la demanda hasta el 10 de
noviembre de 2014; sin embargo, al haberla radicado el 16 de diciembre de esa
anualidad, el término ya había caducado.
Afirmó que presentó recurso de apelación en el que indició que los cuatro (4) meses
para presentar la acción se debían contar a partir del 13 de mayo de 2014 – fecha
en la cual se hizo efectiva la notificación de la Resolución no. 090 de 2014–, por lo
que el término para demandar finalizaba el 13 de septiembre siguiente, sin embargo,
dado que presentó solicitud de conciliación extrajudicial, los términos se
suspendieron por tres (3) meses que se extendieron hasta el 31 de diciembre de
2014, de manera que, al haber presentado la demanda el 16 de diciembre del mismo
año, esta fue oportuna.
Aseguró que el proceso ordinario se extendió por once años y que, por medio de
providencia del 16 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la decisión por las mismas razones del a quo.
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Radicada bajo el núm. 68001-23-000-2015-00315-00/01
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Demandante: Luis Eduardo Orduz
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante manifestó que en el caso bajo examen se superan los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que
la decisión impugnada incurrió en violación directa de los artículos 29, 228 y 229
de la Constitución, por cuanto confirmó una caducidad después de más de 10 años
y 10 meses de trámite judicial, violando tanto el debido proceso como el principio de
justicia efectiva, así como la prevalencia del derecho sustancial pues en este último
caso la declarar la caducidad impidió que se estudiara un derecho social de rango
superior como son las cesantías.
Señaló la configuración de un defecto sustantivo por aplicación irracional de la
caducidad, desconociendo la naturaleza de las prestaciones sociales y que la
jurisprudencia dispone flexibilizar las formar procesar cuando se trate de estudiar
derechos fundamentales y sociales.
Y finalmente, indicó que la acción de tutela es procedente para proteger derechos
prestacionales, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en sentencias SU-
332 de 2019, SU-081 de 2020 y C-543 de 1992.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
El titular del despacho judicial solicitó que la acción de tutela se declarara
improcedente, al considerar que no se configuró mora judicial injustificada ni se
afectó el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que la duración
del proceso no tiene incidencia en la verificación del término de caducidad y la
decisión fue adoptada dentro de un plazo razonable. Asimismo, afirmó que la
sentencia cuestionada estuvo debidamente motivada y realizó una interpretación
razonable de la normativa aplicable, al concluir que las cesantías reclamadas
perdieron su carácter periódico una vez finalizado el vínculo laboral, por lo que
resultaba aplicable el término de caducidad de cuatro meses previsto en la ley.
Sostuvo que la providencia cuestionada no vulneró los artículos 29, 228 y 229 de la
Constitución, pues se adoptó con observancia del debido proceso y de los principios
de seguridad jurídica, al aplicar el término de caducidad previsto en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Señaló que dicha decisión no implicó
arbitrariedad ni desconocimiento de precedentes, y que el juez no estaba habilitado
para inaplicar ese término bajo el argumento de la prevalencia del derecho
sustancial, dado que la caducidad constituye una garantía de orden y certeza
jurídica. Asimismo, indicó que no se configuró el defecto sustantivo alegado.
4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander
El magistrado ponente sostuvo que la tutela contra providencias judiciales solo
procede cuando existen graves defectos constitucionales, lo cual no ocurrió en el
caso, ya que la controversia planteada por el actor correspondía únicamente a una
inconformidad con la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 164 del
CPACA. Indicó que no se configuró el defecto sustantivo ni violación directa de la
Constitución, por el contrario, precisó que el actor pretendía convertir la tutela en
una tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto en las dos instancias del
proceso contencioso. Por ello, solicitó que la acción de tutela fuera declarada
improcedente.
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Demandante: Luis Eduardo Orduz
4.3. Respuesta del municipio de Guaca, Santander
La autoridad vinculada guardó silencio sobre la acción impetrada, pese a ser
debidamente notificada.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado en sentencia de 11 de
noviembre de 2025, resolvió:
“1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional en lo relacionado con los defectos sustantivo y por violación
directa de la Constitución, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Niégase el amparo en relación con los argumentos sobre la mora judicial, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”.
Para el efecto, consideró que la acción de tutela interpuesta contra la providencia
judicial carecía de la carga argumentativa mínima exigida, razón por la cual no
trascendía al plano de la relevancia constitucional. En ese sentido, advirtió que lo
pretendido por el accionante era reabrir la discusión sobre un asunto estrictamente
legal, relacionado con la inconformidad frente a la aplicación del término de
caducidad.
Expuso que el actor no precisó de qué manera la declaratoria de caducidad
desconoció los artículos 29, 48, 53 y 229 de la Constitución, ni en qué consistió el
error de cómputo en el término de la caducidad, ni acreditó la existencia de una
circunstancia excepcional que hubiese justificado la precitada flexibilización del
plazo de los cuatro meses.
Por otro lado, respecto a la mora judicial estableció que no existió vulneración al
plazo razonable toda vez que de las pruebas aportadas se evidenció que el recurso
de apelación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
68001233300020150031501 objeto de estudio, se tramitó dentro de los rangos
prudenciales en atención a la naturaleza y la carga procesal de los despachos
judiciales, puesto que se recibió en el Consejo de Estado el 12 de septiembre de
2024, se admitió el 28 de octubre de 2024 y se resolvió el 16 de mayo de 2025.
Finalmente, dejó en claro que, si lo pretendido era controvertir la tardanza en emitir
decisión por parte de la primera instancia, debió demandar a la respectiva autoridad
judicial, y que no obstante tal discusión, carecería de actualidad.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, con el fin
de que se conceda el amparo solicitado.
Mencionó que el asunto sí superaba el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que se cuestionaba que la decisión judicial que declaró la caducidad
incurrió en un error al valorar la procedencia de la acción de tutela, al desconocer la
existencia de dicho presupuesto y desestimar el argumento relativo a la mora judicial
o justicia tardía. En ese sentido, sostuvo que la controversia fue indebidamente
reducida a un simple debate de legalidad sobre el cómputo del término de
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caducidad, sin analizar las implicaciones que dicha situación podía tener respecto
de los derechos fundamentales invocados.
Expresó que “la sentencia de tutela impugnada califica erróneamente el caso como
una “inconformidad subjetiva” y un intento de “tercera instancia”. la verdad es que
la providencia atacada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y en una violación directa de la constitución, al hacer prevalecer una
forma procesal (la caducidad) sobre el derecho sustancial (las Cesantías y el
mínimo Vital) en un contexto de dilación judicial.”
Asimismo, alegó que la dilación de más de una década constituye una vulneración
autónoma de la noción de plazo razonable, pues el Estado no puede trasladar al
ciudadano las consecuencias de la congestión judicial para finalmente negarle el
estudio de fondo mediante una decisión inhibitoria por caducidad.
Igualmente indicó que la Corte Constitucional ha desarrollado la jurisprudencia
sobre el “plazo razonable” como parte del derecho al debido proceso en varias
sentencias clave, entre ellas la Sentencia T-747 de 2009 y la Sentencia T-355 de
2021, mismas que “destacan que la dilación injustificada en los procesos judiciales
puede equivaler a una negación del derecho sustancial, especialmente cuando
existe desproporción entre la complejidad del caso y el tiempo de duración y también
señala que la congestión judicial no puede ser una justificación válida para
desconocer este derecho. En el caso puntual una duración de 11 años para resolver
un tema de derechos sociales y mínimo vital como lo es las Cesantías para terminar
en un fallo por Caducidad, sobrepasa el tenor y la aplicación de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y vulnera directamente el derecho fundamental del sujeto
que acudió al derecho de Administración de la Justicia.”
Finalmente, manifestó que la Sentencia T-206 de 2024 continúa la línea
jurisprudencial sobre la noción de plazo razonable y reitera que la dilación
injustificada puede equivaler a una denegación de justicia y vulnerar el acceso
efectivo a la administración de la misma, y en el caso puntual que se estudia, vulnera
completamente los derechos de cesantías del accionante y por ello se debe actuar
conforme al derecho sustancial y de protección.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 11 de noviembre de 2025 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, acceder al amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital y a la seguridad social.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
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el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
5
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia
de 11 de noviembre de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, bajo el argumento de que la parte actora no cumplió con el requisito de la
relevancia constitucional relativo a la carga mínima argumentativa, por no indicar de
manera precisa la razón por la cual la decisión de caducidad desconoce sus
derechos fundamentales y por otro lado, negó el amparo en relación con los
argumentos sobre la mora judicial al no encontrarla acreditada y carecer de
actualidad.
El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto goza
de relevancia constitucional, en tanto la providencia cuestionada incurrió en un error
al valorar la procedencia de la acción de tutela y desestimar el argumento
relacionado con la mora judicial o justicia tardía, reduciendo la controversia a un
simple debate de legalidad sobre el cómputo del término de caducidad. Sostuvo que
la decisión incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en
violación directa de la Constitución al privilegiar una forma procesal (la caducidad)
sobre el derecho sustancial, particularmente frente al reconocimiento de cesantías
y la protección del mínimo vital. Asimismo, alegó que la duración del proceso por
más de una década configuró una dilación injustificada que vulneró el derecho al
plazo razonable y al acceso efectivo a la administración de justicia, criterio
desarrollado por la Corte Constitucional en las sentencias T-747 de 2009, T-355 de
2021 y T-206 de 2024, según las cuales la demora excesiva en la resolución de los
procesos puede equivaler a una denegación de justicia y no puede justificarse en la
congestión judicial.
Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, en
razón a que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional y el argumento sobre la mora judicial no tiene incidencia actual sobre
la decisión adoptada por el juez ordinario.
Así, revisados los fundamentos de la acción, se advierte que la parte actora no
cumple con la carga argumentativa exigida para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, toda vez que no explica por qué su solicitud de
amparo trasciende el ámbito de una simple inconformidad frente a la decisión
adoptada por los jueces ordinarios de declarar la caducidad del medio de control.
Por el contrario, su planteamiento se limita a cuestionar el resultado del proceso,
sin aportar razones suficientes que permitan evidenciar que la providencia judicial
cuestionada incurre en un defecto de relevancia constitucional capaz de
comprometer de manera grave sus derechos fundamentales.
En particular, la Sala observa que el actor no desarrolla una argumentación
orientada a demostrar que la decisión de declarar la caducidad configure algún
defecto específico de procedencia de tutela contra providencia judicial. Al contrario,
su reproche se fundamenta en la supuesta mora judicial en el trámite del proceso.
Sin embargo, dicho argumento carece de incidencia en la decisión adoptada, toda
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vez que la caducidad constituye un presupuesto procesal de orden público, cuya
verificación depende del cumplimiento del término legal fijado por el legislador y no
puede flexibilizarse por las condiciones de congestión judicial ni por el tiempo que
haya tomado el trámite del proceso como lo pretende el actor.
En ese sentido, la Sala precisa que verificar o determinar si existió o no mora judicial
en el trámite del proceso no resulta relevante en el caso concreto, pues aún en el
evento de que se concluyera que dicha mora existió, ello no tendría la virtualidad
de modificar la decisión de declarar la caducidad del medio de control. La
oportunidad para acudir a la jurisdicción se rige por los términos previstos en la ley
y su inobservancia produce las consecuencias procesales correspondientes,
independientemente del tiempo que haya tomado el trámite del proceso o de
eventuales situaciones de congestión judicial.
Adicionalmente, la Sala no desconoce que la inconformidad radica en la decisión
definitiva adoptada por el Consejo de Estado, de manera que la exigencia de la
carga mínima argumentativa se torna aún más estricta. Sobre el particular, la Corte
Constitucional en sentencia SU-573 de 20197 señaló “Por tanto, en el evento en que
se cuestione una sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia
constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás
eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”.
Todo lo expuesto, es suficiente para concluir, como lo hizo el a quo que la parte
actora acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la
administración de justicia, sin cumplir con la carga mínima argumentativa necesaria
para que el debate trascienda al escenario constitucional.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 11 de noviembre de
2025, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el
entendido que frente a los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución
no se supera el requisito de relevancia constitucional por falta de carga mínima
argumentativa y sobre la supuesta mora judicial, la misma no tiene la virtualidad
actual de afectar derechos fundamentales, porque en todo caso, dentro del proceso
ordinario ya se adoptó una decisión definitiva.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
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M.P. Carlos Bernal Pulido
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Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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