RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06648-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06648-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06648-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06648-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: JUDY PAULÍN LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

Temas: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Retiro del servicio de policía por disminución de su
capacidad psicofísica. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito
general de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 11
de diciembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Judy Paulín López pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 19
de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que revocó
la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-018-2019-
00180-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad y
a la Estabilidad Laboral Reforzada de la Patrullera Judy Paulín López.

SEGUNDO: Dejar SIN VALOR NI EFECTO JURÍDICO la Sentencia nro. 143 del 19 de junio de 2024,
proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Radicación: 76001-33-33-018-
2019-00180-01).

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en un término no mayor a
diez (10) días hábiles, profiera una providencia de reemplazo en la que:

A. Aplique su Precedente Horizontal (Sentencia Exp. 76001-33-33-015-2017-00154-02), declarando la
nulidad del acto de retiro.
B. CONFIRME la Sentencia de primera instancia (nro. 010 del 17 de marzo de 2023) del Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali.
C. Como consecuencia, ordene a la Nación - Policía Nacional el reintegro de la Patrullera Judy Paulín
López a un cargo administrativo, de docencia o instrucción acorde a su capacidad residual
demostrada, con el respectivo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

Manifestó la tutelante que se desempeñó como patrullera de la Policía Nacional desde el
13 de octubre de 2009 hasta el 19 de abril de 2019.

El 28 de abril de 2017, la Junta Médico Laboral Seccional Sanidad Valle de la Policía
Nacional, a través del acta 3666, calificó a la señora López con disminución de su
capacidad psicofísica en un 12%, como consecuencia de un trastorno ansioso depresivo
y de personalidad, y la declaró no apta para el servicio.

Decisión que fue confirmada mediante Acta M19-444 MDNSG-TML-41.1 del 31 de enero
de 2019, proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

A través de la Resolución 01155 del 29 de marzo de 2019, se retiró a la demandante del
servicio activo por disminución de su capacidad psicofísica.

3.2 Actuación judicial

La señora Judy Paulina López promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se
declarara la nulidad de la Resolución 01155 del 29 de marzo de 2019. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro al cargo que
desempeñaba o a otro de superior categoría y el pago de perjuicios materiales por lucro
cesante por los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como el pago de perjuicios
morales.

La demanda se adelantó bajo el radicado 76001-33-33-018-2019-00180-00 y
correspondió al Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali que, por sentencia del 17 de
marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la parte actora, al estimar que la entidad
demandada no valoró la posibilidad de reubicación de la señora López, lo que, a su juicio,
indicaba que el acto demandado no se sustentaba en razones de orden técnico y
científico sobre el diagnóstico integral del estado de salud de la demandante, lo que
constituía una actuación discriminatoria hacía una persona con disminución en su
capacidad psicofísica.

Inconforme, la entidad demandada apeló y manifestó que el acto demandado se
encontraba sustentado en las valoraciones de los profesionales de la salud que
expidieron las actas de calificación médico laboral, por lo que no existía falsa motivación.

Que la demandante no había mostrado mejorías y, por el contrario, se advertía una mala
evolución de su diagnóstico. Que su patología podía agravarse al permanecer en la
institución por exigencias propias del servicio.

Que la decisión de reintegro era problemática, que las valoraciones médicas indicaron
que presentaba dificultades adaptativas a las condiciones laborales y que en cualquiera
de las dependencias de la entidad iba a tener exigencias, lo que podía agravar su
condición médica. Que el acto demandado había sido dictado en cumplimiento de las
formalidades establecidas en la ley.

Por sentencia del 19 de junio de 202412, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda,
al considerar que no hubo trato discriminatorio a la demandante, porque la entidad la

2 comunicada por correo electrónico del 24 de junio de 2024

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

reubicó mientras la autoridad médica determinaba si estaba apta para continuar
prestando el servicio en la institución.

Que no se podían ignorar los conceptos de los especialistas que indicaron mala evolución
de la paciente en el medio policial. Que la estabilidad laboral reforzada no era un derecho
absoluto y admitía excepciones cuando se podía ver comprometido el bienestar de la
persona, de los miembros de la institución y la función pública que desempeñan, tal como,
según dijo, ocurría en el asunto.

El 2 de julio de 2024, la demandante presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, lo rechazó por improcedente.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En concreto, sobre el requisito de inmediatez, manifestó que << La Sentencia
fue proferida el 19 de junio de 2024. Esta acción se interpone dentro del término razonable y
oportuno, luego de agotar todos los recursos, según lo exigido por la jurisprudencia constitucional
aplicable>>.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo por inaplicación de la sentencia C-381 de 2005 proferida por la Corte
Constitucional, en la que, a juicio de la accionante, se condicionó el retiro del servicio por
disminución psicofísica al cumplimiento de tres requisitos, a saber: i) concepto de no
reubicación desfavorable, ii) imposibilidad probada de aprovechar las capacidades del
policía en actividades administrativas, docentes o de instrucción y, iii) autorización del
Ministerio del Trabajo.

En este punto la Sala debe precisar que, si bien la parte actora también señaló la
configuración de otro defecto sustantivo, lo cierto es que esos argumentos están
relacionados con un desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 23 de
noviembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
expediente 76001-33-33-015-2017-00154-02, en la que, según la demandante, se revocó
el retiro del servicio de un policía que había sido ordenado en razón a patologías
psiquiátricas similares y en la que se ordenó el reintegro del uniformado a la institución.

Dijo que el tribunal demandado se limitó a validar un riesgo potencial e ignoró que la
causal de retiro prevista en el artículo 55 del Decreto 1791 del 2000 no operaba
automáticamente y que la institución tenía el deber de reubicarla, de acuerdo con las
sentencias T-373 de 2024 y T-081 de 2011 proferidas por la Corte Constitucional.

Que la autoridad judicial demandada equiparó una patología de bajo índice con la
imposibilidad absoluta de cumplir cualquier función administrativa, con lo que se incurrió
en una discriminación basada en un riesgo hipotético y no en la imposibilidad objetiva de
reubicación.

Defecto fáctico por valoración incompleta y sesgada de las pruebas aportadas al
expediente ordinario. Señaló que el tribunal demandado <<ignoró la prueba crucial de la
capacidad residual de la patrullera López>>, porque había quedado demostrado que tras la
calificación inicial había ejercido funciones residuales por cerca de dos años con buen
desempeño, lo que, según dijo, podía ser comprobado con el testimonio rendido por el
intendente Chávez Chávez. Que lo anterior refutaba la premisa de imposibilidad de
reubicación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

Por otro lado, adujo que la autoridad judicial demandada se conformó con el concepto
médico genérico de potencial riesgo, sin exigir un estudio de fondo que demostrara la
imposibilidad total de aprovechamiento. Que el tribunal demandado había avalado un
criterio sobre la realidad probada y validó el acto de retiro que la castigaba por su
condición médica, lo que configuraba un trato discriminatorio, contrario al principio de
dignidad humana.

Desconocimiento del precedente fijado en las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional, relacionadas con la protección constitucional reforzada de personas en
condición de discapacidad o debilidad manifiesta3:

Sentencia Principio constitucional Fragmento relevante
reforzado
T-081 de Deber de reubicación y no "...la desvinculación del demandante de la fuerza castrense lo deja
2011 discriminación desprovisto de un trabajo que le permita desarrollarse... [La
desvinculación] desconoce los preceptos trazados por la
Organización Internacional del Trabajo..."
T-729 de Protección contra el trato "Una disminución de la capacidad psicofísica inferior al porcentaje
2016 discriminatorio mínimo... resultó suficiente en sí misma para que ese comité
considere al afectado como una persona incompetente para
desempeñar cualquier tipo de funciones... lo cual en principio atenta
contra su dignidad y configura un trato discriminatorio..."
T-373 de Principio de progresividad Reitera la aplicación preferente del principio de estabilidad laboral
2024 y reincorporación reforzada y la necesidad de buscar la reincorporación del personal
con capacidad residual, incluso si ha sufrido merma en su
capacidad.

Manifestó que el tribunal demandado validó su retiro del servicio con base en una
motivación genérica de un supuesto riesgo potencial, lo que era contrario a la prueba de
capacidad residual.

Violación directa de la Constitución por transgresión de sus garantías fundamentales
reclamadas, al validar que su retiro del servicio se diera por una causal inconstitucional
de riesgo hipotético, con lo que se validó un trato discriminatorio al equiparar una
patología psiquiátrica de bajo índice con la imposibilidad absoluta de cumplir cualquier
función administrativa.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la sentencia
acusada, argumentó que la vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora
no ocurrió, debido a que analizó el expediente y las pruebas aportadas para concluir que
no tenía derecho al reintegro pretendido.

Que no desconoció ningún precedente aplicable al caso concreto y, por el contrario, tuvo
en cuenta que la patología padecida por la demandante la llevó a situaciones que
pudieron comprometer su integridad física y la de sus superiores. Que en varias actas se
podía advertir que la tutelante y su esposo informaron a los especialistas sobre un intento
de suicidio de la señora López con su propia arma de dotación oficial y sobre un
inconveniente con un superior al que le desenfundó su arma.

Que las pruebas aportadas al expediente permitían concluir que el acto demandado se
atemperó a la normativa y la jurisprudencia aplicable. Que la demandante pretendía
reabrir un debate procesal que ya había sido resuelto en el proceso ordinario y que, en
todo caso, no se cumplía con el requisito de inmediatez, porque transcurrió más de un
año entre la sentencia acusada y la radicación de la acción de tutela.

La Policía Nacional pidió que se denegaran las súplicas de la parte actora, ante la
improcedencia de la acción de tutela, por inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales.

3 Cuadro trascrito de la demanda de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

Dijo que la acción de tutela incumplía el requisito de inmediatez, porque había sido
presentada 15 meses y 27 días después de haber sido notificada la sentencia
cuestionada. Que el tribunal demandado no vulneró los derechos fundamentales
reclamados y que no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciera procedente la
solicitud de amparo.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y los señores Jaime Hernán Trochez
Villanueva, Myrian López Caguazango, Armando Santacruz López, Jenny Lizeth
Casamachín López, Samuel Moran Casamachín, Emmanuel Morán Casamachín,
Anna Sofia Morán Casamachín y Herney López Caguasango no se pronunciaron,
pese a que fueron debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela, por
incumplir el requisito de inmediatez, porque la notificación de la sentencia acusada se
había presentado el 26 de junio de 2024 y la acción de tutela había sido radicada el 22
de octubre de 2025, cuando se había superado el plazo de 6 meses establecido como
razonable.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Argumentó que la decisión impugnada había realizado una indebida aplicación del
requisito de inmediatez, al << castigar a la accionante por el tiempo empleado en agotar un
recurso extraordinario ante el mismo Consejo de Estado>>.Que la decisión de primera
instancia había errado al tomar como punto de partida la firmeza de la sentencia del 19
de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lugar de
la ejecutoria de la decisión que clausuró definitivamente la controversias, es decir, el auto
que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Que la jurisprudencia constitucional ordenaba que la inmediatez solo era exigida una vez
que se agotaran todos los medios de defensa judicial, con la inclusión del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, de acuerdo con las sentencias SU-354 de
2017 y T-083 de 2012.

Que entre la firmeza del auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y la presentación de la acción de tutela no había transcurrido un mes, lo
que constituía un plazo razonable y oportuno.

Que no se le podía endilgar la dilación judicial del Consejo de Estado en resolver el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo que, según dijo, prolongó el
tiempo que debía esperar para presentar la acción de tutela. Que la inmediatez no podía
volverse un pretexto para convalidar la mora o negligencia judicial ni para castigar al
ciudadano diligente, de acuerdo con las sentencias T-158 de 2011 y T-233 de 2017
proferidas por la Corte Constitucional.

Que el requisito de subsidiariedad era habilitante para comparecer a la acción de tutela,
por lo que, a su juicio, desconocer el tiempo empleado en el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia era anular el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

Que la inmediatez debía computarse desde la ejecutoria de la decisión que ponía fin al
debate judicial, lo que incluía el agotamiento del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

Que el requisito de inmediatez debía flexibilizarse porque era un sujeto de especial
protección constitucional, al ser retirada del servicio por disminución de su capacidad
psicofísica, lo que tenía que ver con su estabilidad laboral reforzada por su condición de
debilidad manifiesta.

Que si hubiere presentado la acción de tutela una vez notificada la sentencia del 19 de
junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se habría
declarado improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, al no agotar el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Que no podía haber inmediatez
exigible mientras la subsidiariedad estaba en trámite.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto es cierto que
la acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda6,
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 Sentencia T- 123 de 2007.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»7.

4. Análisis del caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 19 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra la Policía Nacional.

Ahora bien, consultado el expediente con radicado 76001-33-33-018-2019-00180-00/01
en el aplicativo Sistema Para la Gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia
del 19 de junio de 2024 fue comunicada a las partes por correo electrónico del 24 de junio
siguiente, de modo que fue efectivamente notificada el 26 de junio de ese mismo mes y
año, de acuerdo con el artículo 2058 del CPACA.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 22 de octubre de 2025, esto es
luego de un año, tres meses y veintiséis días de haberse notificado la providencia objeto
de tutela, término que supera el plazo razonable previsto por la Sala Plena de esta
Corporación.

Si la parte demandante estimaba que la sentencia del 19 de junio de 2024 vulneró sus
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fuera notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

La Sala no desconoce que la demandante presentó un recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia; sin embargo, ese recurso no constituye una unidad procesal
con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente acción de
tutela, al respecto la Corte Constitucional ha señalado9:

El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no conforma una unidad con el proceso judicial
de origen. En consecuencia, su trámite se debe entender como una nueva actuación y ha de estar
reglada por la ley vigente al tiempo de su interposición (…)
En suma, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es una herramienta que refleja la
importancia y el carácter vinculante del precedente judicial vertical. Este recurso extraordinario no
conforma una unidad procesal con el proceso primigenio (…).

Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 261 del CPACA, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia no impide la ejecución de la sentencia y,
en todo caso, en la solicitud de amparo no se presentaron cargos respecto del auto que
rechazó por improcedente el mencionado recurso extraordinario elevado por la parte
actora, puesto que los argumentos relacionados con la tardanza en que incurrió el

7 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la

providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
9 Sentencia T-308 del 11 de agosto de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el trámite del señalado recurso
extraordinario no fueron expuestos en el escrito de tutela y la Sala no está habilitada para
pronunciarse al respecto, porque de hacerlo se trasgredirían el derecho de defensa y
contradicción de la parte demandada.

En consecuencia, el trámite impartido al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia promovido por la demandante no tiene la virtualidad de modificar el conteo
del plazo razonable previsto para interponer acciones de tutela contra providencias
judiciales.

Finalmente, la Sala no desconoce que la señora Judy Paulín López fue calificada con
disminución de su capacidad psicofísica en un 12%; sin embargo, pese a esa situación,
la demandante indicó de qué forma le imposibilitó el acceso a la administración de justicia.

La Corte Constitucional ha identificado en su jurisprudencia diferentes criterios para
estudiar el requisito de inmediatez, a saber:

En primer lugar, ha considerado como relevantes, los siguientes 10: (i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo trascurrió entre la
expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y la
presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de
la acción de tutela y la interposición de esta última; o (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de
esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse”11.

En segundo lugar, para los mismos fines, también ha considerado como relevantes, estos otros: “(i) si
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre
el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”12.

En tercer lugar, ha considerado, también, como relevantes, estos: “i) la pertenencia del actor a un grupo
vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma
inmediata ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la vulnerabilidad
económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor; v) la eventual vulneración
de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad
de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica” 13.

En cuarto lugar, ha considerado como relevantes, igualmente, los siguientes criterios: “(i) que se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por
primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual [;] y (ii) que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros” 14.

En este caso, se insiste, pese a que la demandante acreditó una disminución de la
capacidad psicofísica, no explicó la existencia de un nexo causal entre el ejercicio tardío
de la acción de tutela y su condición médica o la configuración de cualquier otro de los
criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el asunto.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

10 Sentencia SU-499 de 2016
11 Sentencia SU-407 de 2013.
12 Cfr. sentencias T-172 de 2013; T-743 de 2008; T-814 de 2004; SU-961 de 1999; T-043 de 2016; T-759 de 2015; y

T-243 de 2008, entre otras.
13 Sentencia T-069 de 2015
14 Sentencia SU-499 de 2016

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06648-01
Demandante: Judy Paulín López

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.