Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06653-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06653-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06653-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00
Accionante: Fundación para el Estado de Derecho – FEDE COLOMBIA-
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de acción de cumplimiento / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de
cumplimiento de requisito de relevancia constitucional. Se pretende emplear la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y no se demuestra
la afectación constitucional alegada.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 22 de octubre de 2025 el señor Andrés Caro Borrero, actuando como
representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE COLOMBIA),
promovió acción de tutela2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con la
pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 28 de agosto del año en
curso, emitida dentro de la acción de cumplimiento3 que incoó contra los Ministerios
de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener el pago de
los subsidios de energía eléctrica y gas, conforme a los artículos 3 (letra g y
parágrafo) y 47 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.1.2 del Decreto 1073
de 2015.
2.
Mediante la providencia acusada, se revocó la decisión adoptada el 13 de junio
de 2025 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió de manera parcial a las pretensiones, para, en su lugar,
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a participar en
el control del poder político.
3 Expediente 25000-23-41-000-2025-00465-01.
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declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, al no superar el presupuesto
de subsidiariedad. Se determinó que la obligación demandada no es pura y simple,
sino que se encuentra supeditada a la observancia de una serie de condiciones, las
cuales, desde el punto de vista probatorio, no se encuentran totalmente acreditadas.
Además, se pretende el reconocimiento de un derecho subjetivo en cabeza de las
entidades prestadoras de los servicios públicos y no el estricto acatamiento de una
obligación imperativa e inobjetable. Propósito para el que se puede acudir a otros
mecanismos judiciales, como el proceso ejecutivo. Asimismo, mediante este trámite
no es posible modificar el presupuesto general de la Nación, con el fin de asegurar
los recursos para el pago de subsidios de los sectores más vulnerables. En
conclusión, para obtener el acatamiento de los artículos invocados existe un
procedimiento especial y exclusivo, regulado en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, que no puede ser alterado por el juez constitucional.
3.
La parte actora sostuvo que se configuró defecto sustantivo porque se aplicaron
en forma errónea los principios de subsidiariedad y legalidad presupuestal,
reduciendo el deber legal de asegurar los recursos a un asunto patrimonial entre las
empresas y el Estado, con lo que se desconoció la finalidad, el trámite y el alcance
de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y
en la Ley 393 de 1997. Al indicar que las empresas podían acudir a procesos
ejecutivos individuales para exigir el pago de los títulos emitidos por el Ministerio, se
desconoció la naturaleza de la acción de cumplimiento, que no busca ejecutar
acreencias particulares, sino verificar un incumplimiento estructural y reiterado del
Gobierno frente a un deber legal permanente (disponibilidad de los recursos para el
pago de subsidios de energía y gas). Pretender que cada empresa litigue por
separado fragmenta un problema de interés nacional y desvirtúa el carácter
preventivo y correctivo del mecanismo judicial. Además, no tiene la condición de
empresa prestadora del servicio ni la titularidad de crédito alguno que la habilite a
promover un proceso ejecutivo.
4.
También se consideró que se pretendía ordenar el gasto público o interferir en el
Presupuesto General de la Nación, afirmación que desconoce los artículos 3 (letra g
y parágrafo) y 47 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y siguientes del Decreto 1073
de 2015, los cuales no versan sobre la creación de nuevos gastos, sino sobre el
deber legal del Estado de asegurar la disponibilidad de recursos ya apropiados para
garantizar el pago oportuno de los subsidios de energía y gas. Es decir, esos
recursos están incluidos en la Ley de Presupuesto, por lo que el problema radica es
en la falta de ejecución oportuna del gasto. Por tanto, negar la procedencia de la
acción de cumplimiento bajo el argumento de una supuesta interferencia
presupuestal implica desnaturalizar su finalidad constitucional y sustraer del control
judicial las omisiones administrativas en la ejecución de obligaciones legales, al
confundir la obligación de ejecutar oportunamente los recursos ya apropiados con la
facultad exclusiva del legislador de crear o modificar partidas presupuestales.
2
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5.
Además, los artículos 104 del CPACA y 422 del CGP (relativos al proceso
ejecutivo y a los títulos que sirven de sustento a aquel), en los que se fundamentó la
decisión acusada, no resultaban aplicables por cuanto la acción de cumplimiento no
tenía como finalidad ejecutar un título ejecutivo, sino exigir el cumplimiento del deber
legal de planeación, financiación y provisión de recursos para los subsidios de
energía y gas. Por tanto, la aplicación de estas normas excede el margen de
interpretación razonable, al trasladar la lógica de la ejecución coactiva de
obligaciones dinerarias a un proceso constitucional de cumplimiento para lograr la
eficacia de deberes estatales de particular trascendencia.
6.
Asimismo, se incurrió en defecto fáctico, en tanto se omitió la valoración de
pruebas que demostraban el incumplimiento sistemático y reiterado de las
transferencias trimestrales. En el expediente reposan certificaciones del Ministerio
de Minas y Energía, comunicaciones de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) y reportes de las empresas comercializadoras que evidencian atrasos
acumulados y cuantías impagas de magnitud creciente, lo que torna inviable esperar
que cada empresa promueva procesos ejecutivos que tardarían años, agravando la
crisis financiera del sistema energético y poniendo en riesgo la cobertura y
continuidad del servicio público de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3.
7.
También se acreditó, a través de documentos emanados de la Procuraduría
General de la Nación y de los entes demandados, el procedimiento para el pago de
los subsidios de energía y gas, el cual contenía unas condiciones que se
encontraban satisfechas, entre estas, la conciliación de cifras entre el Ministerio de
Minas y Energía y las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.
Circunstancia que desvirtúa la aserción de la autoridad judicial accionada de que el
procedimiento administrativo previo no se encontraba comprobado, pues solo restan
actuaciones por parte de los Ministerios demandados.
8.
Además, con la acción de cumplimiento no pretendía acreditar una deuda exacta,
sino constatar un incumplimiento periódico y estructural de un mandato legal expreso
(asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos correspondientes a los
subsidios). Por tanto, no tenía como propósito obtener el beneficio de las empresas
prestadoras, sino la protección del modelo de solidaridad y redistribución que
garantiza el acceso universal a servicios públicos esenciales. En la medida en que
aún existe incumplimiento de la disponibilidad de los recursos para el pago de los
subsidios de energía y gas a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 de las vigencias
2024 y 2025.
9.
De igual modo, se incurrió en defecto procedimental absoluto, pues la Sección
Quinta resolvió una nulidad procesal que correspondía decidir al magistrado
ponente, lo que contradice el artículo 125 (numeral 3) del CPACA y, con ello, las
formas propias del juicio y la garantía del juez natural. Dicha irregularidad
comprometió la validez de la sentencia, al ser adoptada por una autoridad judicial
incompetente para pronunciarse sobre la nulidad.
3
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10.
Adicionalmente, la providencia objeto de censura carece de la motivación
suficiente que permita revocar la decisión del juez de primera instancia. Se limitó a
afirmar que la acción de cumplimiento era improcedente, porque no podía utilizarse
para hacer exigibles actos administrativos con efectos de título ejecutivo, sin exponer
fundamentos normativos ni fácticos suficientes que justificaran esa conclusión.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.
Mediante auto de 4 de noviembre de 20254, se aceptó el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Pardo Flórez y, como consecuencia, se le separó del
conocimiento del presente asunto; se admitió la acción de tutela; se requirió a la parte
accionante para que allegara copia vigente del certificado de existencia y
representación legal de la Fundación para el Estado de Derecho (el cual se aportó a
las presentes diligencias); se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó
a los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público y al Presidente de
la República, en condición de terceros con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
(i) Ministerio de Minas y Energía
12.
Indicó que se pretende reabrir un debate legal ya dirimido por la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo que implica que el asunto carezca de relevancia
constitucional, por tanto, se debe declarar la improcedencia de la acción.
13.
En todo caso, anotó que en la decisión judicial de primera instancia se incurrió en
un error, al considerar que la letra g del artículo 3 de la Ley 143 de 1994 establecía
un mandato claro, expreso y exigible a cargo del Estado, consistente en “asegurar la
disponibilidad” de los subsidios para determinados sectores de la población a fin de
garantizar la prestación del servicio público de electricidad, el cual solo se satisface
al superar la situación actual de “desfase en los tiempos de abono de los subsidios”
por parte de los Ministerios accionados a las empresas comercializadoras de
energía.
14.
Lo anterior, por cuanto las disposiciones normativas que se estiman desatendidas
no contienen un deber perentorio de girar inmediata y directamente la totalidad del
monto de los subsidios de energía y gas combustible, como lo entendió el Tribunal,
sino el de apropiar los recursos para garantizar su pago conforme a la ley, lo que se
materializa con la inclusión en el presupuesto y la estructuración del flujo fiscal.
15.
Citó dos sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las que se
declararon improcedentes las acciones de cumplimiento promovidas por las
4 Notificado el 10 de noviembre de 2025.
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empresas Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.5 y Celsia Colombia S.A.
E.S.P.6, por el presunto incumplimiento de las mismas disposiciones invocadas por
la tutelante.
16.
Precisó que la diferencia estructural entre los recursos solicitados y los apropiados
anualmente en el Presupuesto General de la Nación ha generado, en algunos casos,
un desfase temporal en los pagos realizados a las empresas, conforme a la
distribución de recursos y a las resoluciones de reconocimiento expedidas por el
Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, ello no representa acumulación de
deuda, dado que es cubierto durante la vigencia fiscal siguiente, de acuerdo con la
autorización contenida en la Ley Anual de Presupuesto, que permite la ejecución de
pagos de vigencias anteriores. Frente al caso concreto se evidencia que no existen
cuentas por pagar asociadas a tales subsidios para la vigencia 2024.
17.
Respecto de la vigencia de 2025, se presentó la acción de cumplimiento el 27 de
marzo de la presente anualidad, es decir, antes de finalizar el primer semestre del
año en curso. Por tanto, no le asiste razón a la tutelante cuando alega el aludido
incumplimiento de las normas invocadas, pues para ordenar el pago de los subsidios,
las empresas deben presentar sus cifras trimestre vencido en un plazo de un mes,
las cuales serán validadas por el Ministerio de Minas y Energía antes de ordenar los
respectivos giros, procedimiento que no puede omitirse por la interposición de una
acción de cumplimiento que fuerce a la administración a ejecutar un gasto sin el
agotamiento previo de las correspondientes gestiones presupuestales.
(ii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público
18.
Advirtió que la parte demandante pretende reabrir un debate estrictamente legal
que ya fue analizado, discutido y resuelto por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en ejercicio pleno de sus competencias constitucionales. Mientras
que en la tutela se intenta reconstruir el litigio como si se tratara de una discusión
abstracta sobre la garantía estructural de los subsidios energéticos y la disponibilidad
periódica de recursos a cargo del Gobierno Nacional, el expediente demuestra que
las pretensiones formuladas por la tutelante se orientaron a la obtención del pago
inmediato de montos determinados, previamente cuantificados y asociados a
trimestres específicos. Ello incluyó la orden de giro de subsidios ya causados y la
revisión de saldos supuestamente adeudados a distintas empresas
comercializadoras y prestadoras de servicios públicos. Aspectos para los cuales no
fue instituida la acción de cumplimiento, pues no se diseñó para dirimir controversias
patrimoniales ni para ejecutar obligaciones dinerarias derivadas de actos
administrativos de contenido particular.
5 Sentencia de 12 de junio de 2025, expediente 76001-23-33-010-2025-00329-00, M. P. Óscar Alonso Valero
Nisimblat.
6 Sentencia de 16 de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00328-00, M. P. Luz Elena Sierra
Valencia.
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19.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada actuó dentro de los parámetros
constitucionales y legales al concluir que la acción de cumplimiento era improcedente
para el propósito que perseguía la demandante, toda vez que existían mecanismos
judiciales idóneos y suficientes (proceso ejecutivo, entre otros) para la exigibilidad de
obligaciones derivadas de resoluciones de giro que tienen la connotación de títulos
ejecutivos. Por tanto, las pretensiones no estaban orientadas a un control legal del
Estado respecto de sus deberes permanentes en materia de subsidios, sino al cobro
judicial indirecto de acreencias individualizadas.
20.
La tutelante intentó construir en la acción de cumplimiento una ecuación artificial
según la cual la existencia de una apropiación equivaldría a un deber legal inmediato,
absoluto y exigible. En esa medida, la naturaleza periódica y sujeta a disponibilidad
de los subsidios implica necesariamente un flujo de recursos que no puede ser
interpretado como una obligación de ejecución instantánea.
21.
Además, la improcedencia de la acción de cumplimiento se refuerza en el hecho
de que los supuestos fácticos invocados por la accionante no subsistían al momento
de proferirse la sentencia de primera instancia, pues las circunstancias omisivas ya
habían sido superadas por la ejecución presupuestal.
22.
Adujo que la providencia acusada no incurrió en ninguno de los vicios alegados.
Por el contrario, aplicó con rigor las reglas de procedencia de la acción de
cumplimiento, interpretó adecuadamente el ordenamiento presupuestal y ejerció su
función de control conforme a la Constitución y a la ley.
23.
En ese sentido, señaló que (i) se interpretó de manera armónica el artículo 87 de
la Constitución Política, la Ley 393 de 1997, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y
la normativa sectorial aplicable al régimen de subsidios; (ii) se examinaron los
documentos aportados por la tutelante, las respuestas técnicas de las entidades
demandadas, la prueba sobreviniente allegada durante el proceso y las normas que
regulan la ejecución de los subsidios; (iii) el análisis de las nulidades incidentales y
de la vocación de procedencia del medio de control fue realizado dentro de la función
natural del órgano judicial, sin alterar el reparto ni vulnerar la garantía del juez natural;
(iv) no existe precedente constitucional que obligara al juez a considerar la acción de
cumplimiento como un instrumento apto para ordenar gastos derivados de
apropiaciones presupuestales o resoluciones de giro; y (v) la sentencia acusada está
ampliamente motivada, estructura sus argumentos de manera clara y explícita,
identifica el problema jurídico real y expone por qué la acción de cumplimiento no
podía prosperar. En conclusión, la decisión judicial acusada analiza hechos, normas,
pruebas, jurisprudencia y el marco constitucional del presupuesto y no se configura
una ausencia de motivación ni arbitrariedad alguna.
(iii) Presidencia de la República
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24.
Sostuvo que carece de legitimación en la causa por activa. No fue parte dentro del
proceso en el que se dictó la providencia reprochada ni tiene competencia para
revocar o contradecir las decisiones judiciales debido a la estructura y administración
de la Rama Ejecutiva del poder público. Por tanto, tiene la responsabilidad de
administrar y ejecutar las leyes y políticas públicas, pero no tiene la autoridad para
interferir en el funcionamiento de la Rama Judicial. En ese sentido, solicitó se le
desvincule de las presentes diligencias.
25.
En todo caso, se evidencia que no se le endilga una acción u omisión que pudiese
generar alguna vulneración de derechos fundamentales, por lo que se debe declarar
la improcedencia de esta acción, o negar el amparo reclamado respecto de la
Presidencia, dado que no puede interferir en las decisiones adoptadas por la
autoridad judicial accionada ni realizar gestión alguna frente a la providencia
acusada.
(iv) Memorial de la parte accionante
26.
La tutelante presentó escrito en el que enunció unos hechos que califica como
sobrevinientes y notorios, los cuales -a su juicio- descartan la existencia de hecho
superado y ratifican la importancia de la presente acción de tutela, pues permitirán
que se realice un examen de fondo sobre la acción de cumplimiento. A saber: (i) no
se perseguía obtener la orden de pago de los subsidios adeudados en la vigencia
2024, sino que se ordenara al Gobierno nacional cumplir el deber legal de garantizar
la disponibilidad presupuestal para el pago de subsidios en forma periódica y
oportuna, es decir, el cumplimiento de un deber legal continuo y periódico que se
materializa cada trimestre conforme al procedimiento preestablecido y no la
determinación de una suma fija y cerrada; (ii) el 28 de octubre de 2025 la Contraloría
General de la Nación emitió una comunicación de seguimiento sobre los riesgos para
la seguridad energética en Colombia, entre los que se destaca la preocupante
situación por falta de pago de los subsidios de energía y gas que, a la fecha, asciende
a $2.88 billones de pesos; (iii) el 5 de noviembre del año en curso las agremiaciones
de energía y gas presentaron ante el Ministerio de Minas y Energía un escrito en el
que alertaron sobre la deuda en materia de subsidios por la anterior suma a corte de
septiembre de 2025; y (iv) el incumplimiento en el pago de dichos subsidios pone en
riesgo la efectividad del principio de solidaridad y la protección de los derechos
fundamentales que dependen del acceso a los servicios públicos domiciliarios de
energía y gas.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
27. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la
República. Al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el
contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada a la acción de
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cumplimiento en la que se emitió la providencia acusada, mediante auto de 11 de
julio de 2025, era indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera
con interés.
D. Análisis del caso concreto
28. La acción de tutela no supera el requisito general de procedencia atinente a la
relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja su tesis referente a
la procedencia de la acción de cumplimiento que promovió. Para este efecto, se
limita a presentar inconformidad con la providencia judicial atacada en cuanto a la
normativa aplicable y la valoración probatoria efectuada, para revivir el debate
jurídico que fue definido por el juez natural, con el fin de obtener una decisión que le
resulte favorable a sus intereses. Además, expone una irregularidad procesal
contenida en la sentencia acusada, sin que se despliegue una suficiente carga
argumentativa tendiente a demostrar la afectación de sus derechos fundamentales.
29. La Fundación accionante alega defecto sustantivo, porque se desconoció la
finalidad, trámite y alcance de la acción de cumplimiento (artículo 87 Superior y Ley
393 de 1997), al exigir que se acudiera a un proceso ejecutivo (conforme a los
artículos 104 del CPACA y 422 del CGP), para perseguir el pago de acreencias
derivadas de los subsidios de energía y gas. A su juicio, ello desconoce que se
pretendía era que se acatara la obligación legal de asegurar la disponibilidad de los
recursos para sufragarlos (contenida en los artículos 3 -letra g y parágrafo- y 47 de
la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015), mas no la
creación nuevos gastos, pues los recursos para sufragar dichos beneficios fueron
incluidos en la Ley de Presupuesto, por ende, se pretendía era garantizar su
cancelación oportuna. Además, no se tuvo en cuenta que no podría acudir a ese
mecanismo judicial, dado que no es empresa prestadora del servicio y no tiene la
titularidad de crédito alguno.
30. La tutelante pretende que se acoja su tesis referente a la procedencia de la acción
de cumplimiento para obtener el pago de los aludidos subsidios, sin considerar la
argumentación que sobre el particular expuso la autoridad judicial. Es decir, su
objeto está encaminado a que el juez de tutela le imponga al juez natural de la causa
el modo como debe interpretar la obligación legal presuntamente desatendida, esto
es, “Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios
otorgados a los usuarios de los estratos I,II y III y los de menores ingresos del área
rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad”7, sin demostrar que la
manera como lo hizo la accionada comporte algún tipo de arbitrariedad.
31. En la providencia acusada se determinó que la acción de cumplimiento tenía dos
finalidades, a saber: (i) obtener el pago de los valores adeudados por el Ministerio
de Minas y Energía por concepto de los aludidos subsidios y (ii) asegurar los
recursos para ese propósito por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7 Letra g del artículo 3 de la Ley 143 de 1994.
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32. En ese sentido, se realizó el estudio del asunto de manera separada, por un lado,
frente a los valores ya adeudados, y por el otro, en cuanto a garantizar la asignación
de presupuesto para cubrir dichos subsidios. Es decir, contrario a lo afirmado por la
tutelante, la autoridad accionada tuvo en cuenta que no solo perseguía el pago de
los subsidios ya reconocidos, sino también que se asegurara a futuro la
disponibilidad de los recursos.
33. En cuanto a los montos adeudados, la autoridad judicial accionada sostuvo que
para obtener su pago se debía acudir al procedimiento establecido en el artículo
2.2.3.2.6.1.4 del Decreto 1073 de 2015 y, en todo caso, si se tuviera por agotado
ese trámite, la acción de cumplimiento no fue instituida para ejecutar actos
administrativos que tienen la condición de títulos ejecutivos, conforme a los artículos
104 del CPACA y 422 del CGP. Además, porque se trata de una disputa sobre un
derecho subjetivo particular en cabeza de un tercero diferente a la parte actora, por
lo que es al juez de la acción ejecutiva al que le corresponde definir la controversia
planteada en esta sede.
34. Para la Sección Quinta, el hecho de que la tutelante persiguiera el pago de los
subsidios adeudados implicaba que les reconociera un derecho subjetivo a las
empresas prestadoras de los servicios públicos y no la observancia de una
disposición legal imperativa e inobjetable, aspecto que debía ser planteado a través
de otro mecanismo, bien sea en sede administrativa, con el agotamiento del
correspondiente procedimiento, o en sede judicial, mediante la acción ejecutiva.
35. Por lo anterior, no se observa que se le haya impuesto a la accionante acudir al
proceso ejecutivo para obtener el pago de los subsidios reclamados, en razón a que
precisamente la autoridad judicial aclaró que ello les correspondía a los titulares del
derecho, en este caso, a las empresas prestadoras de los servicios públicos,
condición de la que, en efecto, carece la accionante. Evento que tenía lugar solo si
se había agotado el procedimiento administrativo para su obtención y se contaba
con un acto administrativo que cumpliera los requisitos de un título ejecutivo.
36. En cuanto al aseguramiento de los recursos para sufragar los subsidios, la
autoridad judicial indicó que ello implicaba una modificación al Presupuesto General
de la Nación, lo cual no era procedente a través de la acción de cumplimiento, pues
para tal propósito está consagrado un procedimiento especial y exclusivo, al que
concurren el legislativo y el ejecutivo.
37. En esa medida, no le asiste razón a la accionante al afirmar que no se pretendía
una modificación del Presupuesto General de la Nación, pues aunque pretendía
obtener el pago de los subsidios adeudados, frente a lo cual se declaró la
improcedencia de la acción, también perseguía asegurar la disponibilidad de los
recursos para esa finalidad para vigencias futuras, lo cual, como lo explicó la
autoridad judicial, está sujeto al cumplimiento de un procedimiento especial para la
respectiva asignación presupuestal.
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38. Conforme al anterior panorama, para la Sala no se evidencia la configuración de
defecto sustantivo alguno, sino la pretensión de que imponga la tesis defendida por
la parte actora sobre la interpretación de la finalidad de la acción de cumplimiento
que promovió, sin tener en cuenta las razones que brindó la Sección Quinta del
Consejo de Estado para fundamentar su improcedencia.
39. Bajosimilares argumentos, la Sala advierte que no se acredita la relevancia
constitucional del alegado defecto fáctico, en tanto este se sustentó en que no se
tuvo en cuenta el incumplimiento sistemático y reiterado frente al pago de los
subsidios de energía eléctrica y gas, lo cual no corresponde a la realidad, pues en
la sentencia censurada se consideró esa presunta omisión. Diferente es que se haya
determinado que para superarla no era dable acudir a la acción de cumplimiento,
dado que existía una vía administrativa y una judicial para su satisfacción.
40. Para acreditar la indebida valoración probatoria, no basta con exponer
inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa o que
no se consideraron algunas particularidades que demostraban las pruebas
allegadas; sino que es indispensable probar la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las
situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera
directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó
en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado
arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de
convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
41. Con base en lo anterior, se tiene que no corresponde a la realidad la afirmación
de que la autoridad judicial le haya restado mérito o haya omitido analizar los
elementos de convicción que demostraban el incumplimiento o tardanza en el pago
de los subsidios de energía eléctrica y gas. Distinto es que se concluyera que ello
no resultaba suficiente para que se tornara procedente la acción de cumplimiento,
pues tenía a su disposición otras vías para obtener dicho pago.
42. Por consiguiente, para esta Sala el hecho de que no se hayan valorado los medios
de convicción como lo pregona la parte actora ni se les diera el alcance para la
procedencia de la acción de cumplimiento defendido por aquella, lejos de comportar
defecto fáctico, materializa la autonomía judicial de la que están revestidas las
autoridades judiciales para decidir las controversias puestas en su conocimiento.
43. En ese sentido, la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota
un simple desacuerdo con lo concluido al respecto, por ende, no es aceptable que
la tutelante pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su
juicio, se les debió otorgar a los medios de convicción obrantes en el plenario.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
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instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para arribar
a una conclusión que defina la controversia.
44. Por tanto, el hecho de que el juez natural de la causa no haya zanjado el litigio
como lo pretendía la parte tutelante, no involucra la afectación constitucional alegada
ni la habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis sobre
la procedencia de la acción de cumplimiento que instauró, máxime cuando no se
evidencia arbitrariedad alguna en la providencia acusada.
45. Por último, en lo relativo al defecto procedimental absoluto invocado, se tiene que
la argumentación en la que se sustenta, consistente en el desconocimiento del
artículo 125 (numeral 3) del CPACA, al decidir una nulidad en la sentencia acusada,
cuando está debió resolverse por el magistrado ponente, carece de carga
argumentativa.
46. Elreproche se circunscribe a advertir sobre el acaecimiento de la aludida
irregularidad procesal, sin desplegar ejercicio argumentativo alguno tendiente a
explicar de qué modo aquella generó algún tipo de afectación a sus derechos
fundamentales. Para revestir de relevancia constitucional dicha causal específica de
procedibilidad, tal falencia procedimental debe impactar en las garantías superiores
de quienes acuden a este mecanismo judicial para su defensa.
47. En el sub lite, de aceptarse la tesis de la parte accionante, la presunta
irregularidad de decidir una solicitud de nulidad procesal por parte de la Sección
Quinta de esta Corporación, cuando debía zanjarse únicamente por el magistrado
ponente en los términos del artículo 125 (numeral 3) del CPACA, generaría una
afectación para el sujeto que la presentó, en este caso, para la Presidencia de la
República, la cual no instauró esta acción ni se pronunció en su intervención sobre
el particular.
48. La solicitud de nulidad tuvo como fundamento la falta de notificación del auto
admisorio a dicha entidad, lo que generaba vulneración al debido proceso. Sin
embargo, ello fue negado, dado que no era la persona obligada en la relación jurídica
objeto del litigio y, en todo caso, conoció de los hechos a partir de la vinculación en
segunda instancia, mediante auto de 11 de julio de 2025, y pudo ejercer su derecho
de defensa sin que ello implique afectación a su debido proceso.
49. En ese sentido, el sujeto habilitado para acudir a este mecanismo constitucional
para debatir lo referente al trámite impartido a su solicitud de nulidad es la
Presidencia de la República, y no la tutelante, máxime cuando esta interpuso recurso
de reposición contra el mencionado proveído de 11 de julio de 2025, al estimar que
no era procedente la vinculación de la presidencia, toda vez que no existía obligación
legal atribuible a esta frente al pago de los subsidios reclamados, ya que esta recaía
únicamente en los Ministerios accionados. Recurso rechazado por improcedente,
por conducto de auto de 6 de agosto del año en curso.
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50. Lo expuesto evidencia que la parte demandante estuvo de desacuerdo con la
decisión de poner en conocimiento del presidente de la República la acción de
cumplimiento, es decir, no compartía la determinación de que fuera llamado a las
diligencias de cumplimiento. Por tanto, no es dable que ahora alegue que se debía
atender la nulidad promovida por aquel de manera previa a la sentencia, en razón a
que involucra una incoherencia frente a su postura respecto de aquella vinculación
y, se reitera, la alegada falencia procedimental tendría la potencialidad únicamente
de repercutir de manera negativa en los derechos fundamentales de la presidencia,
pues no se advierte de qué modo ello socavaría las garantías superiores de la
accionante, cuando la nulidad solicitada no la involucra.
51. Por tanto, lo planteado en este trámite bajo la causal de defecto procedimental
absoluto carece de la suficiente carga argumentativa, para que trascienda la
discusión al ámbito constitucional. La parte actora se limita a advertir una
irregularidad procesal acaecida en la sentencia acusada, sin destinar argumentación
alguna tendiente a acreditar la afectación de sus derechos fundamentales.
52. Loanterior conlleva a descartar igualmente el alegato relativo a la falta de
motivación de la decisión, pues se confunde la discrepancia de criterios con la
ausencia de argumentación.
53. Asílas cosas, las inconformidades de la parte accionantes no demuestran
afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que
acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida
por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la
configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta
con la Carta política. En tal sentido, se declarará la improcedencia de la acción, al
no superar el requisito de relevancia constitucional.
54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la
Presidencia de la República, por las razones expuestas en la motivación de esta
providencia
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
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CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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