RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06655-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06655-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06655-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso Darío Raymundo Maldonado Méndez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06655-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral C y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de
Barranquilla
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales Requisitos generales de procedencia.
Improcedencia por falta de Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo respecto del
requisito de subsidiariedad en relación con los defectos procedimental y fáctico
alegados, y lo negó frente a los demás cargos.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Darío Raymundo Maldonado Méndez, por intermedio de apoderado judicial1,
promovió acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
trabajo en condiciones dignas, así como el principio de confianza legítima y
seguridad jurídica2, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Atlántico-Sala de Decisión Oral C y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
de Barranquilla.

Señaló que la presunta afectación se originó en la sentencia proferida el 20 de junio
de 2025, mediante la cual esa Corporación confirmó el fallo dictado el 26 de

1
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
944A0926A1E4CBAC 14E7AEF3F8469E80 5DE7382FB43415E5 FE77B0DB947C883C .
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado

30EE649CCF848A12 B6894B0A03696841 4A2E73D0209CA232 042C8AB99A362016 .

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

noviembre de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de
Barranquilla, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 08001-33-33-015-2022-00033-00/01, providencia
en la que se declaró de oficio la caducidad de la acción.

2. Hechos

2.1. Mediante Decreto No. 0209 de 2021, el señor Darío Raymundo Maldonado
Méndez fue nombrado provisionalmente en el cargo de Técnico Operativo, Código
y Grado 314-01, de la planta global de la Alcaldía de Barranquilla, empleo del cual
tomó posesión el 8 de marzo de 2017.

2.2. El 11 de agosto de 2020, el actor remitió comunicación al Jefe de Gestión
Humana de la Alcaldía de Barranquilla con el fin de informar su condición de
prepensionado. Posteriormente, mediante Resolución No. 4189 del 27 de octubre
de 2020, la administración declaró insubsistente su nombramiento, decisión que le
fue notificada el 18 de enero de 2021.

2.3. Mediante Oficio radicado QUILLA-21-017347 del 29 de enero de 2021, la
Secretaría Distrital de Gestión Humana dio respuesta a la comunicación presentada
el 11 de agosto de 2020.

2.4. Por lo anterior, el convocante presentó acción de tutela contra el Distrito de
Barranquilla con el fin de proteger sus derechos fundamentales. El Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, mediante
sentencia del 10 de agosto de 2021, amparó sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, y en
consecuencia ordenó a dicha entidad a reintegrarlo al cargo que desempeñaba
hasta que completara las 1.150 semanas cotizadas al RAIS y lo conminó para que
dentro de los 4 meses contados a partir de la ejecutoria de esa decisión instaurara
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La anterior decisión
fue confirmada, el 14 de septiembre de 2021, por el Juzgado Sexto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

2.5. En cumplimiento de dicha orden, el 30 de septiembre de 2021 la Secretaría
Distrital de Gestión Humana comunicó al demandante su reintegro, y le informó
además que su asignación salarial correspondería a la suma de tres millones
sesenta y ocho mil ochocientos dieciocho pesos ($3.068.818).

2.6. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2021, el señor Maldonado Méndez, en
ejercicio del derecho de petición, solicitó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el
reintegro laboral definitivo, el pago de los salarios dejados de percibir y la
indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Dicha solicitud fue
negada mediante Oficio No. 2160 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por el
secretario Jurídico Distrital.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

2.7. El accionante manifestó que solicitó la revisión ante la Corte Constitucional, la
cual decidió no revisar la tutela el 15 de diciembre de 2021, mediante auto que fue
publicado en el Estado núm. 10 del 19 de enero de 2022.

2.8. En consecuencia, el convocante sostuvo que, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al conocimiento del auto de no selección , esto es, entre el 19 de enero y
el 19 de mayo de 2022, específicamente el 4 de abril de 2022, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que dicha demanda tuvo por objeto que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 4189 del 27 de octubre de 2020, mediante la cual se declaró la
insubsistencia de su nombramiento en el empleo de carrera denominado Técnico
Operativo; así como la nulidad del Oficio No. 2160 del 6 de diciembre de 2021, a
través del cual el Secretario Jurídico Distrital de Barranquilla negó el pago de
salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y demás
emolumentos que, según afirmó, dejó de percibir con ocasión de su desvinculación,
la cual calificó como ilegal.

2.9. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante sentencia anticipada del
26 de noviembre de 2024, declaró probada de oficio la excepción de caducidad.
Inconforme con la anterior decisión, el demandante presento recurso de apelación.

2.10. El Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C, con sentencia
de 20 de junio de 2025 confirmó el fallo impugnado, bajo el argumento de que el
accionante no cumplió con el término de 4 meses otorgado por el fallo de tutela en
virtud del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo en condiciones dignas,
así como de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 25 de junio de 2025
por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C y, en su lugar,
ordenar a dicha Corporación que emita una nueva decisión en la que valore las
consideraciones que se expongan en el presente trámite constitucional.

Como sustento de sus pretensiones, afirmó que la providencia cuestionada incurrió
en los siguientes defectos:

(i) Defecto sustantivo, por una indebida interpretación del artículo 164 del CPACA,
al contabilizar el término de caducidad a partir de las sentencias de tutela y no desde
la notificación del auto de no selección para revisión proferido el 15 de diciembre de
2021.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

(ii) Desconocimiento del precedente judicial: concretamente de la sentencia de 28
de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera, Subsección
C dentro del proceso identificado con radicado núm. 25000-23-36-000-2017-02325-
01, en la cual, según indicó, se precisó la forma en que debe contabilizarse el
término de caducidad cuando media auto de no selección.

(iii) Desconocimiento del procedente constitucional: por omitir la aplicación de la
Sentencia SU-1219 de 2021, en la que se estableció que, en eventos como el
examinado, el término de caducidad debe contarse a partir de la notificación del
auto de no selección de la revisión eventual de tutela.

(iv) Defecto procedimental absoluto e inobservancia de la carga probatoria (defecto
fáctico), por desconocer el principio de congruencia, al no pronunciarse sobre la
solicitud de revisión constitucional, ni sobre el auto de no selección y su respectiva
notificación, pese a que tales actuaciones fueron expresamente invocadas y
aportadas con la demanda inicial.

(v) Violación directa de la Constitución, por desconocimiento de los artículos 29 y
229 de la Constitución Política, al impedir el ejercicio del control judicial del acto
administrativo demandado; así como de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, al restringir de manera irrazonable el acceso
a la administración de justicia mediante la aplicación mecánica y descontextualizada
de una excepción procesal que, a su juicio, no estaba llamada a prosperar.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 27 de octubre de 20253, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela en contra de la Sala de Decisión
Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quince Administrativo
del Circuito de Barranquilla; vinculó como tercero con interés al Distrito de
Barranquilla; solicitó a las autoridades judicial que remitieran el expediente objeto
de amparo; y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Surtidas las notificaciones de rigor, se allegaron al expediente las siguientes
intervenciones:

4.1. El Distrito de Barranquilla 4 al oponerse al amparo sostuvo que, al expedir el
acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia del accionante,
actuó en estricto cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, entidad que dispuso la apertura de un concurso público de méritos
en el cual fue incluido el cargo desempeñado por aquel.

3
Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado D1B8FB4C74A11FD3
84F6BC26A223FDF5 4E4FBD6AA29E8E4D DDF3758AE7A3CF59 .
4 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 783B96A9D9754625 FC77641D1A12A830

5DD087529517FAAE 1BECA3AE1EE94E11
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

Adicionalmente, afirmó que en el caso concreto no se configura ninguna de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por cuanto el trámite adelantado se surtió en las instancias
correspondientes con pleno respeto de las garantías procesales. Indicó que la
decisión cuestionada fue adoptada con fundamento en las pruebas legalmente
allegadas, se valoraron las manifestaciones efectuadas por la parte actora y el
proceso se desarrolló conforme a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico
aplicable.

Finalmente, señaló que la solicitud de amparo no satisface las exigencias
argumentativas requeridas cuando se pretende controvertir una providencia judicial,
en la medida en que no se acreditaron los defectos alegados, pues, a su juicio, los
supuestos fácticos y las pretensiones analizadas en los precedentes invocados
como desconocidos no guardan identidad ni similitud relevante con el caso objeto
de estudio.

4.2. El Tribunal Administrativo de Atlántico5 remitió el expediente digital
correspondiente al proceso objeto de cuestionamiento constitucional y, en su
intervención, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente, en tanto no se
configuraba ninguno de los defectos alegados por la parte actora.

4.3. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, a pesar de
haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de noviembre de 20256, La Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de subsidiariedad respecto de los defectos procedimental
absoluto y fáctico, y negó el amparo respecto de los demás cargos.

Consideró que la parte actora contaba con un mecanismo judicial idóneo y eficaz
para cuestionar los presuntos defectos procedimental y fáctico, esto es, el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
concretamente en su causal quinta, relativa a la nulidad originada en la sentencia.
Señaló que, a través de dicho medio de impugnación, era posible alegar la
vulneración del principio de congruencia y la omisión en el análisis del material
probatorio.

De otra parte, el a quo advirtió que la decisión judicial cuestionada se sustentó tanto
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en la del Consejo de Estado,
así como en el término especial previsto por el legislador en el artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, aplicable cuando el amparo constitucional es concedido con carácter

5
Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 99322D19CD455A9B
6F59E2C5A382CE33 CA1043ADC28BBDC7 D485A424BA518FE4 .
6 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 3FAA6C670FF6C528
568E7A8E6AD80F3D 1442E3375B9FDB58 78A31AC03771229D .
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

transitorio.

En ese contexto, concluyó que no se configuraba el defecto sustantivo alegado,
pues el artículo 164 del CPACA no regula el término de caducidad cuando media
una orden de tutela con efectos transitorios, ni dispone que, en tales eventos, el
cómputo deba realizarse a partir de la notificación del auto de no selección para
revisión por parte de la Corte Constitucional.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que los
pronunciamientos invocados por el actor no versaban sobre supuestos fácticos y
jurídicos análogos al caso objeto de estudio, por lo que no podía predicarse una
vulneración del deber de coherencia jurisprudencial.

Respecto del alegado desconocimiento del precedente constitucional, fundado en
la Sentencia SU-1219 de 2021, precisó que dicha providencia examinó un supuesto
en el que se produjo una desmejora laboral derivada de la suscripción de un nuevo
contrato, circunstancia que no guardaba identidad material con el asunto bajo
examen. En consecuencia, descartó también la configuración de este defecto.

Finalmente, señaló que no se acreditó una violación directa de la Constitución, en
tanto la ausencia de control judicial sobre el acto administrativo demandado
obedeció a la conducta procesal del propio actor, quien no promovió la demanda
dentro del término legalmente previsto, circunstancia que impedía atribuir a la
autoridad judicial accionada la transgresión de los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política.

6. Impugnación7

El accionante presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela.

En relación con la declaratoria de improcedencia por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad frente a los defectos procedimental absoluto y fáctico, sostuvo
que el recurso extraordinario de revisión no constituía un mecanismo idóneo ni
eficaz para la protección inmediata de derechos fundamentales presuntamente
vulnerados. Afirmó, además, que la causal quinta del artículo 250 del CPACA -
nulidad originada en la sentencia- no comprende errores de interpretación normativa
ni el desconocimiento del precedente judicial o constitucional.

Insistió en que en la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Consejo de
Estado, dentro del radicado No. 25000-23-36-000-2017-02325-01, se estableció
una regla jurisprudencial clara y vinculante respecto del momento a partir del cual
debe iniciarse el cómputo del término de caducidad cuando ha existido trámite de
eventual revisión ante la Corte Constitucional.

7 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado CD7A4B91FB91E366
2B6C961827C81CB9 2C9899F068B9DAF8 4D5C23DD1C087E57.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

Finalmente, el magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto del 19 de diciembre de 20258, concedió la
impugnación interpuesta por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el señor Darío Raymundo Maldonado Méndez es el titular de las garantías
constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante
dentro del medio de control con radicado número 08001-33-33-015-2022-00033-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el
Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C fue la autoridad que
profirió la sentencia del 20 de junio de 2025, que según el tutelante vulneró sus
derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 20
de junio de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de
Decisión Oral C, por cuanto fue la providencia que puso fin al proceso.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
por no superar el requisito general de subsidiariedad en relación con los defectos
procedimental absoluto y fáctico, y negó el amparo respecto de los demás cargos
formulados.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la

8 Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado D994983A1FF7B279
72CE301B38DF0DA0 B0BBCF5BDD320B41 194EDB4317E5C011 .
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los

13
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto14.

5. Caso concreto

La Sala anticipa que modificará la decisión de primera instancia, por cuanto la
presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional
respecto de la totalidad de los defectos alegados, de conformidad con las razones
que se exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestiona en esencia que la decisión
proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de
Decisión Oral C, incurrió en los defectos (i) sustantivo, por una indebida
interpretación del artículo 164 del CPACA, al contabilizar el término de caducidad
desde las sentencias de tutela, mas no desde la notificación del auto de no selección
del 15 de diciembre de 2021; (ii) desconocimiento del precedente judicial contenido
en la sentencia del 28 de marzo de 2019 emitida por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección C, al interior de proceso con radicado número 25000-23-36-
000-2017-02325-01, en la que se pronunció sobre la manera de contabilizar la
caducidad, en relación con el auto de no selección; (iii) desconocimiento del
procedente constitucional porque omitió aplicar la SU-1219 de 2021, según la cual
los términos de caducidad en estos casos se cuentan desde la notificación del auto
de no selección de revisión de tutela; (iv) procedimental absoluto y fáctico, por
desconocer el principio de congruencia, al no pronunciarse sobre la solicitud de
revisión constitucional, el auto de no selección y la notificación de este, pese a que
fueron señalados y aportados con la demanda inicial; y (v) violación directa de la
Constitución, por la transgresión de los artículos 29 y 229 de la Constitución, al
impedirse un control de legalidad del acto administrativo; en una transgresión de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Human os, al negarle
irrazonablemente el acceso a la administración de justicia por una aplicación
mecánica y restrictiva de una excepción procesal que no estaba llamada a operar.

5.2. Pues bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo
del Atlántico-Sala de Decisión C se advierte que, en la sentencia del 20 de junio de
2025, se arribó a las siguientes conclusiones:

“En el sub lite, la parte actora pretende la nulidad de la Resolución 4189 del 27
de octubre de 2020, expedida por la Secretaría Distrital de Gestión Humana de
la Alcaldía Distrital de Barranquilla, mediante la cual se declaró insubsistente su
nombramiento en el cargo de Técnico Operativo. Así mismo, solicitó la nulidad
del Oficio No. 2160 del 6 de diciembre de 2021, a través del cual el Secretario
Jurídico Distrital negó el pago de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir.

El juez de primera instancia estudió de oficio la excepción de caducidad del
medio de control y la declaró probada porque la demanda se presentó fuera del
plazo legal establecido. Para esto, aplicó la regla especial del artículo 8° del

14
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

Decreto 2591 de 1991, tomando como punto inicial el día siguiente a la
notificación de la sentencia de tutela del 10 de agosto de 2021. En el escenario
más favorable para el demandante, consideró que el término comenzó a
contarse desde el cumplimiento del fallo de tutela, es decir, el 30 de septiembre
de 2021, cuando se ordenó su reintegro al cargo. Sin embargo, la demanda se
interpuso después del plazo otorgado por el juez de tutela que protegió
temporalmente sus derechos fundamentales.

Por su parte, el demandante en el recurso de apelación sostiene que la
jurisprudencia establece que el término de caducidad comienza a contarse
desde la ejecutoria de la decisión de no revisión por parte de la Corte
Constitucional.

(…)

En ese orden de ideas, se tiene que de las pruebas aportadas al plenario se
encuentra acreditado que el actor fue nombrado en provisionalidad en el cargo
de Técnico Operativo, Código 314 Grado 01, adscrito a la planta global del
Distrito de Barranquilla y posteriormente, mediante Resolución 4189 del 27 de
octubre de 2020 fue declarado insubsistente del mencionado cargo, pese a que
en fecha anterior le había comunicado a la administración distrital su condición
de prepensionado.

Que en vista de lo anterior, presentó acción de tutela contra el Distrito de
Barranquilla, la cual fue fallada el 10 de agosto de 2021, por el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, a través de la cual se
ordenó como mecanismo transitorio su reintegro al cargo ocupado hasta cuando
cotizara 1.150 semanas al RAIS, y ordenó al hoy demandante que “(…) dentro
de los cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
presente demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. So pena de
que la presente orden tutelar pierda sus efectos jurídicos, una vez se surta el
vencimiento de dicho término.” La anterior decisión fue confirmada el 14 de
septiembre de esa misma anualidad por el Juzgado Sexto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento.

También está probado que, en cumplimiento a la orden de tutela, el Distrito de
Barranquilla expidió el Decreto 0209 del 30 de septiembre de 2021, mediante el
cual dispuso el reintegro del actor al cargo de Técnico Operativo, Código 314
Grado 01, nombrado en provisionalidad” 15.

Con base en lo anterior, la autoridad judicial accionada puso de presente que el
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 16 establecía lo siguiente:

“La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de
otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia
que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad
judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por
el afectado.

15
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
944A0926A1E4CBAC 14E7AEF3F8469E80 5DE7382FB43415E5 FE77B0DB947C883C .
16
“Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no se instaura,
cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable,
la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de
nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar
que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta
cuya protección se solicita, mientras dure el proceso” (negritas fuera de texto).

A partir de esto, la autoridad concluyó que el amparo transitorio referido en la norma
transcrita se abre paso en aquellos eventos en los que, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa, las condiciones que rodean el asunto hacían imperiosa e
impostergable la intervención del juez constitucional en aras de impedir
oportunamente la violación de derechos fundamentales y evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

Al respecto, el tribunal accionado indicó:

“Y, es precisamente por la naturaleza de los derechos que se persigue proteger
que el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 habilitó al juez constitucional, para
que, en situaciones excepcionales como la señalada, impartiera una medida de
protección con efectos temporales, mientras el juez natural decide de manera
definitiva el asunto.

Circunstancia que solo puede ocurrir, si al momento de instaurar el medio de
control pertinente el actor cumple con los presupuestos procesales exigidos por
el ordenamiento jurídico para su ejercicio -ejemplo la caducidad-, por ser éstos
los que condicionan la admisibilidad de la demanda o impiden un
pronunciamiento de fondo por parte del operador jurídico” 17.

Ahora bien, en cuanto a los precedentes aplicables al caso, indicó que en lo relativo
al medio de control, cuando prospera la acción de tutela como mecanismo
transitorio, el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

“... En ocasiones anteriores se ha considerado que el ejercicio de la acción de
tutela como mecanismo transitorio no afecta el término de caducidad de la
acción principal, sin embargo, atendiendo que aquella tiene como finalidad la
protección de derechos fundamentales para evitar un perjuicio irremediable, la
Sala cree necesario hacer un replanteamiento de la Jurisprudencia en esta
materia.

(…) el legislador extraordinario en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991,
consagró un término especial de caducidad cuando la acción de tutela se utiliza
como mecanismo transitorio dentro del término de caducidad de la acción
principal. A contrario sensu, caducado el término de ésta acción, no existe otro
medio de defensa judicial y por lo mismo tampoco hay lugar a término especial
alguno, pues como se advirtió no procede, en tal caso, solicitud de tutela…

Dado que la finalidad de la tutela como mecanismo transitorio no es sustituir los
procesos ordinarios o especiales y tampoco a las autoridades competentes para

17 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
944A0926A1E4CBAC 14E7AEF3F8469E80 5DE7382FB43415E5 FE77B0DB947C883C.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

fallar en el fondo, resultaba imperioso, en aras de garantizar la certeza de los
derechos y la seguridad jurídica, que el legislador precaviera la posibilidad de
que el fallo y el derecho fundamental tutelado, no quedaran burlados o
resultaran ineficaces a pesar de haberse intentado la acción de tutela dentro del
término de caducidad de la acción principal. En este orden de ideas, la
caducidad especial corresponde a un término concedido al afectado para
garantizar su efectivo acceso a la justicia y de esta manera impedir dejar en
suspenso el derecho pretendido, sólo cautelar y transitoriamente protegido
mediante la acción de tutela.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-203, de mayo 26 de 1993
señaló:

“El carácter precario de la medida y la incompetencia del juez de tutela para
penetrar en el terreno reservado a otra jurisdicción (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-543, octubre 1 de 1992), lo cual es aplicable del
principio constitucional sobre autonomía de los jueces (artículos 228 y 230
C.N.), están claramente subrayados en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991
• destinado específicamente al tema del amparo transitorio - cuando obliga al
juez de tutela a expresar en la sentencia que su orden permanecerá vigente
sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir
de fondo la acción instaurada por el afectado. Este, en todo caso deberá ejercer
la acción correspondiente en un término máximo de cuatro meses a partir del
fallo de tutela, cuyos efectos cesarán si así no lo hacen” (Subrayas del
Despacho)

intentarse la acción ordinaria “en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela”, so pena de que cesen sus efectos. Así las cosas, a partir del
fallo de tutela el beneficiado tendrá siempre un plazo de cuatro meses contado
a partir de éste para intentar el medio de defensa judicial que corresponda;
ahora, si la acción principal tiene un término de caducidad mayor - aún
producido el decaimiento de la protección tutelar -, se podrá hacer uso del resto
del término otorgado por la ley para iniciarla”18.

Igualmente, el tribunal indicó que la Corte Constitucional en Sentencia T-010 de
1998 sostuvo que “… si para lograr los fines que persigue el accionante existe un
medio judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no
tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el
fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia
definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso - pues en todo caso,
ante el deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de
tutela temporal -, sino que se brinda una protección urgente encaminada
exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible de los
derechos fundamentales materia de proceso”. La misma posición doctrinaria se
reiteró en la Sentencia T - 032 de 1998”.

Adicionalmente, la autoridad judicial accionada indicó que, en atención al recurso
de apelación, era necesario determinar a cuál fallo de tutela debía entenderse
referido el precepto especial, para lo cual consideró:

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto IJ-006 del 10/05/1999, C.P. Dr. Flavio
Augusto Rodríguez Arce. Reiterado en la Sección Segunda- Subsección A, sentencia de tutela del 29/04/2004,
radicado 76001 23-31-000-2003-04132-01(AC), ponente Alberto Arango Mantilla.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

“(…) Para la Sala, el punto de partida del respectivo cómputo ha de serlo desde
el día siguiente a la notificación de la sentencia que otorgó el amparo, pues ella
será la que surtirá efectos condicionados (al ejercicio del medio ordinario que
corresponda) y transitorios (mientras decide el juez natural). Esa siempre será
fecha cierta, determinada o determinable.

Para la Sala basta aplicar la regla especial, clara y simple, cuando el amparo se
haya otorgado en primera instancia, así después se revoque; o desde la
notificación de la sentencia de segundo grado, si aquella fue desestimatoria y
el ad-quem lo concede. Y si lo ha sido en revisión eventual, ha de estarse a lo
que provea la Corte Constitucional en su propio fallo acerca de los efectos en
el espectro de la caducidad de los medios ordinarios.

En efecto, es desde la fecha en que el actor conoce del amparo constitucional,
cuyas órdenes que se libran son de cumplimiento inmediato, sin consideración
al trámite de impugnación o revisión que sigan, que surge su deber de debida
diligencia procesal y ha de contarse el término especial para acudir
oportunamente ante el juez natural y cuestionar así legalidad de los actos que
a su juicio son arbitrarios.

En el sub examine el interesado en principio tenía desde el 19 de enero de 2021
(fecha en que fue notificado de la Resolución 4189 del 27 de octubre de 2020)
hasta el 20 de mayo de 2021 para cuestionar la legalidad del acto de
declaratoria de insubsistencia; sin embargo, ha de considerarse que el 31 de
mayo de 2021 instauró acción de tutela y el 17 de junio de 2021, en primera
instancia se ampararon los derechos del actor de manera transitoria; decisión
que en segunda instancia fue confirmada el 15 de septiembre de 2021.

Ahora bien, para el cómputo del término de caducidad ha de aplicarse lo previsto
en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, -disposición legal, que no se presta
a interpretaciones distintas de aquella que surge de su tenor-, esto es, desde el
día siguiente de cuando el interesado fue notificado del fallo de tutela proferido
el 10 de agosto de 2021, por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías, no obstante, revisado el expediente no obra constancia
de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del amparo constitucional,
por lo que, tal y como lo señaló el Juez a quo, en aras de abordar el escenario
más favorable, el término de caducidad se contará desde cuando se dio
cumplimiento a las órdenes de tutela, esto es, desde cuando se dispuso su
reintegro en virtud del Decreto 0209 del 30 de septiembre de 2021, el cual le
fue notificado en la misma fecha.

En consecuencia, los cuatro (4) meses como término máximo para demandar
que prevé el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, corrieron desde el 1° de
octubre de 2021, hasta el 1° de febrero de 2022, luego para cuando se radicó
la demanda, esto es, el 4 de abril de 2022, ya había operado el fenómeno de
caducidad del medio de control ejercido, tal como lo hizo el a-quo” 19.

Finalmente, el Tribunal puso de presente que la parte actora, al sustentar el recurso
de apelación dentro del proceso ordinario, insistió en que había presentado, de
manera facultativa, solicitud de revisión del fallo de tutela ante la Corte
Constitucional, la cual no fue seleccionada mediante auto de 15 de diciembre de
2021. Con fundamento en ello, sostuvo que el término de cuatro (4) meses para
promover oportunamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del

19 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
944A0926A1E4CBAC 14E7AEF3F8469E80 5DE7382FB43415E5 FE77B0DB947C883C.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

derecho debía contabilizarse a partir de la notificación por estado de dicha
providencia, surtida el 19 de enero de 2022.

No obstante, el juez natural precisó que los fallos de tutela son de cumplimiento
inmediato y que el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional tiene
carácter potestativo, en tanto dicha Corporación no está obligada a revisar todas las
decisiones adoptadas en sede de tutela, sino que ejerce una facultad discrecional
para seleccionar aquellos asuntos que revistan especial relevancia constitucional.
En ese orden, concluyó que el fallo de tutela debía acatarse desde su expedición,
con independencia de la eventual solicitud de revisión.

5.3. En consecuencia, la autoridad judicial accionada consideró que: (i) cuando
media una sentencia de tutela que concede el amparo como mecanismo transitorio,
el término de caducidad del medio de control correspondiente, dado su
cumplimiento inmediato, debe contarse desde la emisión del fallo de primera
instancia; y (ii) el auto de no selección para revisión por parte de la Corte
Constitucional no puede erigirse en punto de partida para el cómputo del término de
caducidad.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 20.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.4. Ahora bien, en lo que atañe al alegado defecto fáctico y procedimental, fundado
en una supuesta indebida valoración del acervo probatorio, la Sala advierte que la
parte actora sostuvo que no fueron valoradas la solicitud de revisión presentada
ante la Corte Constitucional, el auto de 15 de diciembre de 2021 mediante el cual

20
Sentencia SU-215 de 2022.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

no se seleccionó el asunto para revisión, ni la anotación en estado del 19 de enero
de 2022.

Sin embargo, del examen de la providencia cuestionada se desprende que la
autoridad judicial sí se pronunció expresamente sobre tales actuaciones procesales,
y explicó las razones por las cuales consideró que el auto de no selección no incidía
en el cómputo del término de caducidad. En ese contexto, lo que se evidencia es
que el accionante se limitó a reiterar los argumentos ya expuestos en sede ordinaria,
con el propósito de obtener un nuevo análisis del mismo material probatorio y una
conclusión distinta a la adoptada por el juez natural.

En tales condiciones, la censura no desarrolla de manera autónoma ni suficiente la
configuración de un defecto fáctico o procedimental absoluto, sino que se
circunscribe a manifestar su inconformidad con la valoración efectuada y con la
interpretación jurídica asumida en la decisión ordinaria. Ello resulta insuficiente para
habilitar la intervención del juez constitucional, quien no puede erigirse en una
instancia adicional destinada a reabrir el debate probatorio ya resuelto por la
jurisdicción competente.

Por esta razón, la Sala se releva de efectuar un análisis de fondo respecto de este
cargo, al no satisfacerse la carga argumentativa mínima exigida para estructurar un
defecto fáctico o procedimental en sede de tutela contra providencias judiciales.

5.5. En lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente, tanto judicial
como constitucional, la Sala observa, en primer término, que, si bien la parte actora
identificó las providencias que, a su juicio, no fueron aplicadas por la autoridad
judicial accionada, no precisó con claridad cuál era la regla jurisprudencial concreta
y vinculante que resultaba aplicable al caso y que habría sido desconocida en la
decisión cuestionada.

En segundo lugar, se advierte que el tribunal sustentó su providencia en
precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, cuya pertinencia y
alcance fueron explicados en la motivación del fallo. No obstante, el accionante no
formuló reparo específico alguno frente a la manera en que tales decisiones fueron
interpretadas o aplicadas, ni demostró la existencia de una contradicción directa,
clara y objetiva entre la ratio decidendi de los precedentes invocados y la solución
adoptada en el asunto sub examine.

Estas circunstancias conducen a concluir que el cargo carece de relevancia
constitucional, en la medida en que la deficiente estructuración argumentativa
impide adelantar un examen de fondo sobre la eventual configuración del defecto
alegado. En efecto, no corresponde al juez de tutela sustituir al juez natural en la
interpretación del derecho ni reabrir debates propios de la jurisdicción ordinaria,
pues ello supondría una injerencia indebida en la órbita de su autonomía funcional
y desnaturalizaría el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

5.6. A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos
fundamentales para los que pidió su protección.

Si bien, la parte actora, adujo que se configuraron varios defectos, lo cierto es que
sus argumentos se limitan a reparos de mera legalidad que no tiene la suficiente
entidad para permitir que el juez constitucional entre a revisar el asunto de fondo.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
por la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
de la acción de cumplimiento, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso aludido, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que, como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo
con el análisis probatorio realizado por la autoridad cuestionada no habilita para que
el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judicial,
en tanto no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de
carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario22.

En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para

21
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06655-01
Accionante: Darío Raymundo Maldonado Méndez

en su lugar declarar la improcedencia de todos los cargos por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso Darío Raymundo
Maldonado Méndez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral C y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, en atención
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

SABF

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.