Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06657-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06657-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06657-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06657-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2025 por la Subsección C de la Sección de Tercera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 22 de octubre de 2025, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) presentó demanda de
tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera, los que considera vulnerados
por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Tercera de Decisión.
Hechos relevantes
2. En auto de 21 de noviembre de 2024, proferido en el proceso ejecutivo con
radicado 17001-33-33-002-2016-00447-002, el Juzgado Segundo Administrativo de
Manizales decretó el embargo de los dineros depositados, a cualquier título a
nombre de la UGPP, en las siguientes instituciones financieras: Banco BBVA, Banco
Agrario, Bancolombia, Banco Caja Social, Banco Davivienda, Banco AV Villas,
Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Scotiabank Colpatria. La
medida se limitó a la suma de $120.000.000. Para llegar a esa decisión, señaló que
el principio de inembargabilidad previsto en el artículo 594 del CGP no es absoluto,
1
Que ingresó al despacho para fallo el 29 de enero de 2026.
2
Iniciado por la Industria Licorera de Caldas contra la UGPP.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
según el amplio desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, que ha establecido la necesidad de valorar las particularidades de cada
asunto para determinar si se configura alguna de las excepciones contempladas por
la jurisprudencia, entre las que se cuentan las obligaciones derivadas de sentencias
o providencias judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa3, como en ese
caso.
3. En proveído de 31 de enero de 2025, el a-quo decidió no reponer el decreto de
la medida cautelar, por considerar que la regla de inembargabilidad no es absoluta,
pues se aceptan ciertas excepciones, como cuando se pretende el cobro de
sentencias judiciales. Agregó que la medida tampoco es desproporcionada, pues el
límite del embargo atendió los lineamientos del artículo 599 del CGP y se indicaron
las entidades bancarias destinatarias de la orden. Finalmente, adujo que el alegato
relacionado con la paralización del funcionamiento de la entidad no está
contemplado en el artículo 593 del CGP como un aspecto a considerar para la
procedibilidad de la medida.
4. El Tribunal Administrativo de Caldas, a su turno, en providencia de 23 de mayo
de 2025 modificó lo decidido, para puntualizar que si bien era procedente la medida
cautelar, era necesario excluir las partidas a las que no les aplica la excepción de
inembargabilidad: «(i) rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias,
conciliaciones de la entidad ejecutada y al Fondo de Contingencia previsto en el
artículo 194 del CPACA y regulado en el Decreto 1266 de 2020; (ii) las cuentas
corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente en favor de la Nación – Dirección
General del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en cualquier establecimiento de crédito; (iii) los recursos destinados para
financiar el régimen subsidiado en salud». Lo anterior, en atención a lo dispuesto en
los artículos 594 del CGP, 195, parágrafo 2º del CPACA, 2.8.1.6.1.110 del Decreto
1068 de 2015, y 275, parágrafo 2º de la Ley 1450 de 2011, en armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
5. Adicionalmente, reiteró que la jurisprudencia ha fijado unas excepciones a la
regla de inembargabilidad de los recursos públicos: (i) la necesidad de satisfacer
créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas, (ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar
la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas
providencias, y (iii) los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación
clara, expresa y exigible. Para el efecto, citó las sentencias C-345 de 1997 y C-1154
de 2008 de la Corte Constitucional, y los proveídos de 26 de marzo de 2025,
proferidos por el Consejo de Estado, en los radicados 68001-23-33-000-2013-
00062-02(72.284) y 15001-23-33-000-2023-00167-01(71.568).
Pretensiones
3
Citó, en este punto, la sentencia C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional y la sentencia de 2 de
abril de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso
con radicado 68001-23-33-000-2018-00458-01(63506).
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
6. La entidad accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
“PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por
la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS,
SALA TERCERA DE DECISIÓN dentro del proceso ejecutivo No.
17001333300220160044700.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 21 de noviembre de 2024 dictado
por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES confirmado mediante proveído del 23 de mayo de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA TERCERA DE DECISIÓN
que decretaron medida de embargo sobre todas las cuentas que la UGPP tiene
en el Banco Popular y del Banco Agrario sin importar su denominación o
naturaleza, dictados dentro del proceso ejecutivo rad.
17001333300220160044700 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de
la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto
General de la Nación destinados para el funcionamiento interno de la UGPP,
así como de aquellos que se recaudan por la UGPP por concepto de
contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que se administran en
todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Agrario y en el Banco
Popular.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al
Banco Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP.”
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La UGPP estima que la decisión de embargo sobre los recursos del
Presupuesto General de la Nación destinados para su funcionamiento interno, y los
que se recaudan por concepto de contribuciones parafiscales de la protección social,
administrados por el Banco Agrario y el Banco Popular, vulneró sus derechos
fundamentales, pues recayó sobre recursos de naturaleza inembargable y le impide
dar cumplimiento a las obligaciones que tiene con terceros y con sus empleados,
«derivando esto en una pluralidad de consecuencias negativas tales como
generación de intereses moratorios, requerimientos judiciales de pago,
incumplimiento de pagos, etc. Así, gran parte de la medida provisional acredita el
perjuicio irremediable soportado en la afectación al erario susceptible de
responsabilidad fiscal».
8. Para explicar su tesis, expuso lo siguiente:
• El embargo que recae sobre todos los dineros que administra la UGPP y que
se encuentran en las cuentas inscritas en el Banco Popular y el Banco Agrario,
pasando por alto que los valores allí consignados son recursos públicos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación destinados únicamente para
el funcionamiento de la UGPP y para el Sistema de la Protección Social por los
dineros recaudados por temas de índole parafiscal, lo que hace que estén
amparados bajo el principio de inembargabilidad, máxime cuando con ninguno
de estos recursos se asumen obligaciones pensionales en tanto la UGPP no
funge como entidad pagadora y menos para temas de pagos de cuotas partes
que es el objeto del proceso ejecutivo hoy discutido.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
• Los despachos judiciales aquí accionados, al permitir el embargo de dineros
de TODAS las cuentas de la UGPP, están generando un antecedente errado
que hoy está siendo replicado en otros procesos judiciales, afectando
gravemente la sostenibilidad financiera de la entidad y del sistema de la
protección social.
• La UGPP se encuentra identificada con la Sección Presupuestal 131401 por
lo que sus rentas y recursos, independiente de la denominación del rubro
presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, están incorporados
en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, para gastos de
funcionamiento de la Unidad como para temas de índole parafiscal derivado del
proceso de cobro coactivo, razón por la cual ellas gozan de la protección de
inembargabilidad en los términos del artículo 63 de la Constitución Política, el
artículo 6 de la ley 179 de 1994 “Por la cual se introducen algunas
modificaciones a la ley 38 de 1989 Orgánica de presupuesto” y del artículo 34
de la Ley 2008 de 27 de Diciembre 2019 “Por la cual se decreta el presupuesto
de Rentas y Recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1 enero al 31 de Diciembre de 2020”
En cuanto a la gravedad del perjuicio, se genera por la indisponibilidad de los
recursos a la hora de asumir las obligaciones de la UGPP, a saber:
• De las Cuentas Corrientes del Banco Popular autorizadas a nombre de la
UGPP denominadas Gastos Personal, Gastos Generales y Caja Menor, que
ahora se encuentran embargadas, son utilizadas de forma exclusiva para
depositar los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional asigna a la entidad
para el pago de los Impuestos Nacionales y Distritales que se generan por
deducciones practicadas a los proveedores y contratistas a título de retención
en la fuente, a título de retención de IVA y a título de retención de ICA. De igual
forma se trasladan a estas cuentas los recursos destinados al pago de la
Seguridad Social de los empleados de la UGPP y las deducciones que los
funcionarios ordenan efectuar de sus pagos de nómina con destino a cuenta
de Ahorro de Fomento a la Construcción AFC, Aportes voluntarios a Fondos de
Pensiones y descuentos de libranzas, lo cual pone en riesgo la continuidad del
pago de las prestaciones sociales de los empleados de la UGPP.
• Y la cuenta corriente del Banco Popular Número 110-026-001685 y la cuenta
corriente del Banco Agrario Numero 3-023-00-00446-2 Dirección Parafiscales
– Pagos de la Planilla U PILA, fueron creadas para la recepción exclusiva de
los recursos embargados a los aportantes como consecuencia de los procesos
de cobro coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL y, por ende, son recursos de terceros que
corresponden al Sistema de Protección Social y deben ser dispersados a través
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA y, por tanto, también
son recursos inembargables sobre los cuales no cabe ninguna excepción, si se
tiene en cuenta que no hacen parte del patrimonio de esta entidad.
• Su señoría como se puede evidenciar, ninguno de los recursos que se
depositan en dichas cuentas bancarias hoy embargadas por orden judicial
hacen parte del Sistema General de Pensiones, entre otras cosas, porque la
UGPP no administra dichos recursos por no ser la entidad pagadora de las
prestaciones que reconozcan y menos dichas cuentas contienen recursos para
pagos de cuotas partes como se busca dentro del proceso ejecutivo objeto de
tutela.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
9. Señaló, así, que las providencias demandadas están incursas en defecto
sustantivo, «por la errada orden de embargo sobre los dineros que reposan en las
cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el Banco Popular y del Banco Agrario,
sin importar su denominación o naturaleza». Aclaró que los recursos de las cuentas
de gastos personales, gastos generales y caja menor están destinados al
funcionamiento de la entidad, no al pago de acreencias laborales y menos de «cuotas
partes pensionales», y afirmó que esa entidad «no tiene funciones de pagaduría»,
dado que las mesadas pensionales las paga el FOPEP; además, en el caso
analizado no se está buscando el pago de una obligación de origen laboral, sino el
pago de «unas cuotas partes».
10. Agregó que también se configura un defecto fáctico, por cuanto se
desconocieron las pruebas que acreditan que lo perseguido no es el pago de
obligaciones laborales y son diferentes a las sumas discutidas por la vía ejecutiva;
además, las cuentas corrientes en los Bancos Popular y Agrario ostentan la calidad
de inembargables.
11. En su criterio, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial sobre la figura de la inembargabilidad, sentado en las sentencias de
la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-308 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de
1997, C-793 de 2002, y ratificadas en la sentencia T-172 de 2022.
12. Con base en lo anterior, solicitó decretar una medida provisional de
suspensión de la medida cautelar sobre todas las cuentas de la UGPP, en particular
las que posee en el Banco Popular y en el Banco Agrario, hasta que se decida la
acción de tutela.
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto de 27 de octubre de 20254 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales accionadas y, como tercero
con interés, a la Industria Licorera de Caldas; además, dispuso comunicar a las
partes que tenían tres días para presentar informes sobre los hechos que sustentan
la tutela. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la
demanda, se suspendieron los términos de la acción hasta que se cumplieran las
órdenes impartidas, se pidió en préstamo el expediente digital del proceso ejecutivo
y se negó la medida cautelar5 solicitada en la demanda.
Intervenciones
14. La Industria Licorera de Caldas6 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela o, en su defecto, negarla. Consideró que la obligación en cuestión sí es laboral
4
Índice 5 de Samai.
5
Para el efecto, se indicó que la petición no cumplía con la carga de argumentación requerida para
advertir el grado de afectación a los derechos fundamentales supuestamente vulnerados, lo que
desvirtuaba la existencia de un riesgo real y actual que justificara la adopción de la medida.
6
Índice 11 de Samai.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
y fue impuesta en sentencia judicial, la que no ha sido satisfecha, por lo que, si bien
los recursos de destinación específica de la seguridad social, en principio, son
inembargables, hay excepciones a esa regla, como señaló la Corte Constitucional
en sentencia C-543 de 2013. Agregó que la UGPP no demostró el origen de los
recursos depositados en las cuentas bancarias que identificó en la tutela, de modo
que no podía presumirse que el embargo afectó recursos inembargables.
15. El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo
de Caldas no se pronunciaron frente a las pretensiones de la demanda7.
Sentencia de primera instancia
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió fallo
de primera instancia el 28 de noviembre de 2025, en el que declaró improcedente la
acción de tutela, por falta de relevancia constitucional y por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
17. Explicó que el proceso ejecutivo está en curso, de modo que no se ha resuelto
de fondo el asunto, por lo que no se reúne el presupuesto de subsidiariedad; además,
no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita una
flexibilización de ese requisito.
18. Agregó que el cargo de desconocimiento del precedente no cuenta con la
carga argumentativa mínima, pues se limitó a enunciar las sentencias que se
consideran contrariadas. Adicionalmente, expuso que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa frente al entendimiento de las autoridades
enjuiciadas, para extender el debate del proceso ejecutivo, sin demostrar realmente
la vulneración de los derechos fundamentales que pidió proteger.
Impugnación
19. La UGPP alegó que se cumple el requisito de subsidiariedad ya que la acción
de tutela es el único mecanismo que tiene para lograr la protección de sus derechos
fundamentales; esto por cuanto agotó todos los medios disponibles para dejar sin
efecto la orden de embargo que se decretó sobre «todas» las cuentas que tiene en
ciertas instituciones financieras.
20. Adujo que el asunto sí reviste relevancia constitucional, pues se desconoció
la regla de inembargabilidad a las cuentas de índole parafiscal creadas para recaudar
dineros provenientes de procesos coactivos8, además, lo que se busca con la tutela
es poner fin a un grave perjuicio, toda vez que los dineros que reposan en las cuentas
7
Por error, en el auto admisorio se ordenó remitir copia digital de otro proceso ejecutivo (rad. 17001-
33-33-002-2018-00267-00), a lo cual dieron cumplimiento las autoridades judiciales accionadas,
según se observa en los índices 10 y 12 de Samai.
8
Reiteró que se desconocieron los artículos 63 de la Constitución Política, 594 del CGP y 19 del
Decreto Ley 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), reglamentado por el Decreto 1101
de 2007.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
embargadas se usan para cubrir gastos de funcionamiento de la entidad, así como
para pagar las prestaciones sociales de sus empleados, deducciones de nómina,
pago de los aportes a terceros a la seguridad social y pago de impuestos distritales
y nacionales originados por descuentos hechos a proveedores.
21. Afirmó que no se analizó la finalidad del proceso ejecutivo para determinar si
se cumplía alguna de las excepciones señaladas por la Corte Constitucional, en aras
de inaplicar el principio de inembargabilidad. Al respecto, insistió en que la Industria
Licorera de Caldas perseguía el pago de «cuotas partes» y no una obligación de
origen laboral. Precisó que el embargo solo podía recaer sobre los bienes del
ejecutado; sin embargo, los dineros depositados en las cuentas corrientes de índole
parafiscal no le pertenecen, sino que hacen parte del Sistema de la Protección Social
en beneficio de terceros que no son parte del proceso ejecutivo.
22. Por lo demás, reiteró los argumentos de la demanda acerca de la vulneración
de sus derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Legitimación en la causa
24. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
25. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
26. En el caso concreto, la UGPP se encuentra legitimada en la causa por activa
toda vez que es titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su
condición de accionada en el proceso ejecutivo en el que se profirieron los autos
cuestionados.
27. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias a las que se
les atribuye la vulneración de derechos fundamentales.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Problema Jurídico y metodología de la decisión
28. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal, en especial, el de relevancia constitucional. En caso de
encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se analizará si las
autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante,
como se afirmó en la demanda.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 12 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
31. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que se haya presentado en un plazo
9
Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de ser en
la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente los
derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales13.
32. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, la Corte resaltó que, aunque
la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido 14, debe
interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se desnaturalice su carácter de
medio urgente y excepcional de protección constitucional.
33. En el caso que se analiza, el auto que confirmó el decreto de la medida
cautelar fue proferido el 23 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mientras que la demanda de tutela se radicó el 22 de octubre de 2025. Ese
plazo se considera razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
34. A diferencia del a-quo, esta Sala estima que el requisito de subsidiariedad se
encuentra satisfecho, puesto que la decisión que se cuestiona es la medida cautelar
de embargo ordenada en el proceso ejecutivo con radicado 17001-33-33-002-2016-
00447-00, contra la cual la UGPP interpuso recurso de apelación, que fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el auto de 23 de mayo de 2025. En vista
de lo anterior, es claro que lo decidido frente a la medida cautelar no es susceptible
de más recursos ordinarios y tampoco puede ser discutido a través de los recursos
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, que tienen causales
específicas en las que no encuadra el asunto sometido al conocimiento de esta Sala.
35. Si bien el proceso ejecutivo se encuentra en curso, lo cierto es que la discusión
acerca de la procedibilidad de la medida cautelar de embargo ya fue dirimida, y es
esa la razón por la que se considera satisfecho el requisito de subsidiariedad.
Relevancia constitucional
36. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.
37. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
13
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
14
En sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente15 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
39. Pues bien, el asunto que se debate en esta acción de tutela versa sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, por el
supuesto desconocimiento de la regla de inembargabilidad de los recursos públicos,
en un caso que no se subsume en las excepciones contempladas por la
jurisprudencia.
40. La Sala observa que el fundamento de la tutela no reviste relevancia
constitucional, porque la UGPP persigue la misma finalidad que buscó con el recurso
de apelación que formuló contra el auto de 21 de noviembre de 2024, mediante el
cual el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales decretó la medida cautelar, a
manera de una tercera instancia.
41. En efecto, es claro que el Tribunal Administrativo de Caldas se pronunció
sobre los puntos de inconformidad que en su momento planteó la UGPP para impedir
el decreto de la medida de embargo y, puntualmente, se refirió tanto a la regla de
inembargabilidad de los recursos públicos establecida en el artículo 594 del CGP,
como a las excepciones a esa regla, con base en pronunciamientos de la Corte
Constitucional y en jurisprudencia reciente de esta Corporación.
42. Puntualmente, el Tribunal hizo mención a las sentencias C-345 de 1997 y C-
1154 de 2008 de la Corte Constitucional, y a los proveídos de 26 de marzo de 2025,
proferidos por el Consejo de Estado, en los radicados 68001-23-33-000-2013-00062-
02(72.284) y 15001-23-33-000-2023-00167-01(71.568), que se pronunciaron frente
a las siguientes excepciones a la regla de inembargabilidad de los recursos públicos:
(i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a
efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, (ii) el pago de
sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los
derechos reconocidos en dichas providencias, y (iii) los títulos emanados del Estado
que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.
15 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
43. Adicionalmente, señaló que era necesario excluir las partidas a las que no les
aplica la excepción de inembargabilidad: «(i) rubros del presupuesto destinados al
pago de sentencias, conciliaciones de la entidad ejecutada y al Fondo de
Contingencia previsto en el artículo 194 del CPACA y regulado en el Decreto 1266
de 2020; (ii) las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente en favor de
la Nación – Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en cualquier establecimiento de crédito; (iii) los
recursos destinados para financiar el régimen subsidiado en salud». Lo anterior, en
atención a lo dispuesto en los artículos 594 del CGP, 195, parágrafo 2º del CPACA,
2.8.1.6.1.110 del Decreto 1068 de 2015, y 275, parágrafo 2º de la Ley 1450 de 2011,
en armonía con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
44. Como se observa, el razonamiento del Tribunal se fundó en la postura
jurisprudencial actual que ha moderado la visión sobre la regla de inembargabilidad
de los recursos públicos. Las sentencias citadas en la decisión cuestionada, además
de ser, en su mayoría, más recientes que las señaladas por la accionante, reiteraron
que existen excepciones que permiten el embargo de recursos del Sistema General
de la Seguridad Social en Salud, que provienen del Presupuesto General de la
Nación, entre otros, para el pago de sentencias judiciales, con el fin de garantizar la
seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias,
como ocurrió en el caso analizado. Esas excepciones quedaron igualmente
consignadas en la Sentencia T-172 de 2022 que la demandante considera
desconocida.
45. Ahora bien, el alegato de la accionante sobre el supuesto embargo de «todos
los dineros que administra la UGPP y que se encuentran en las cuentas inscritas
en el Banco Popular y el Banco Agrario», incluidas aquellas que tienen como fuente
contribuciones parafiscales, no obedece a la realidad. En verdad, el Tribunal modificó
la decisión de primera instancia, precisamente, para excluir los rubros que ostentan
naturaleza inembargable, de modo que la orden quedó en el siguiente sentido:
PRIMERO. SE DECRETA el EMBARGO de los dineros que a cualquier título
tenga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP, identificada con el NIT 900373913-4 6 en las siguientes instituciones:
Banco BBVA, BANCO AGRARIO, BANCOLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL,
BANCO DAVIVIENDA, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO
DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, SCOTIABANK COLPATRIA.
Con exclusión de: (i) los rubros del presupuesto destinados al pago de
sentencias, conciliaciones de la entidad ejecutada y al Fondo de Contingencia
previsto en el artículo 194 del CPACA y regulado en el Decreto 1266 de 2020;
(ii) las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente en favor de la
Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en cualquier establecimiento de crédito; (iii) los
recursos destinados para financiar el régimen subsidiado en salud.
46. En esa medida, no es cierto que se hubieran embargado todas las cuentas a
nombre de la UGPP y, en todo caso, si la accionante consideraba que los dineros en
cuestión, de los Bancos Agrario y Popular, no quedaban comprendidos en las
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
excepciones que se indicaron, por contener recursos parafiscales, debió solicitar la
aclaración del auto demandado y acreditar la fuente de los recursos depositados en
dichos instrumentos financieros, para que el Tribunal decidiera si tenían o no
naturaleza inembargable.
47. Adicionalmente, es necesario precisar que la orden de embargo se sustentó
en la segunda excepción, relacionada con el pago de sentencias judiciales, no en la
primera excepción que hace alusión a la satisfacción de créditos u obligaciones de
origen laboral, de modo que la crítica de la demandante sobre la connotación no
laboral de la obligación a ejecutar y el presunto defecto fáctico por ese hecho, no
tiene cabida, pues pretende tergiversar las razones que llevaron a decretar la
cautela.
48. De momento, se advierte que la medida cautelar, en la forma en que fue
decretada, no desconoció el entendimiento fijado por la Corte Constitucional respecto
a las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, pues
tuvo por finalidad lograr el pago de una sentencia judicial que le impuso una carga
económica a la demandante, tal como se indicó en las providencias cuestionadas y
se reafirmó en la demanda; además, se exceptuaron aquellos rubros con carácter
inembargable.
49. En adición a lo expuesto, no se evidencia un cambio jurisprudencial que
hubiera modificado las excepciones que se han contemplado para inaplicar la regla
de inembargabilidad de los recursos provenientes del Presupuesto General de la
Nación. Antes bien, se observa que las sentencias C-793 de 2002 y T-172 de 2022,
a las que hizo mención la demandante, reconocieron esas exclusiones e, inclusive,
el Consejo de Estado en providencia reciente de 1º de diciembre de 202516 las
corroboró, al identificar el avance jurisprudencial sobre la materia, con especial
énfasis en la sentencia C-1154 de 2008, a través de la cual la Corte Constitucional
delimitó las tres excepciones al principio de inembargabilidad en esos casos.
50. En realidad, la controversia que plantea la UGPP muestra su desavenencia
con la decisión que se adoptó en el proceso ejecutivo, pero no presenta un
argumento serio que permita, al menos inferir, la posible existencia de un error capaz
de vulnerar los derechos que se pide proteger, en especial, porque no se probó que
las cuentas a nombre de la accionante en los Bancos Agrario y Popular, a las que
hizo mención en la demanda, tengan dineros provenientes de las fuentes señaladas
en el numeral 1º del artículo 594 del CGP y no estén cobijadas por las excepciones
de inembargabilidad fijadas por la jurisprudencia, por ejemplo, por tratarse de
recursos del Sistema General de Regalías17 o de rentas que financian el sistema de
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, rad. 20001-23-39-000-2015-00440-
02(73.344).
17
La Corte Constitucional ha señalado que existen excepciones a la regla de inembargabilidad de
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, las que ha enlistado, en los términos
señalados en esta providencia. Ha aclarado también, que aquellos recursos del Sistema General de
Regalías son absolutamente inembargables y no admiten excepciones, según lo dispuesto en el art.
133 de la Ley 2056 de 2020. Al respecto, consultar, por ejemplo, sentencia T-396 de 2025.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
seguridad social, o que se trate de recursos parafiscales. De hecho, no se demostró
que esas cuentas hubieran sido realmente embargadas.
51. Llama la atención la mención que hizo la accionante sobre el supuesto
embargo de dineros empleados para «temas de índole parafiscal», los que, de
provenir de cotizaciones para el sistema de salud o de pensiones, tendrían
naturaleza parafiscal18 y, por ende, no podrían ser embargados. No obstante, al
respecto, lo que encuentra la Sala es que la misma accionante afirmó que no paga
pensiones; así mismo, que los rubros de las cuentas n.° 110-026-001685 y 3-023-
00-00446-2 del Banco Popular y el Banco Agrario provienen de los recursos que:
“la Dirección del Tesoro Nacional asigna a la entidad para el pago de los
Impuestos Nacionales y Distritales que se generan por deducciones
practicadas a los proveedores y contratistas a título de retención en la fuente,
a título de retención de IVA y a título de retención de ICA, (…) los recursos
destinados al pago de la Seguridad Social de los empleados de la UGPP y las
deducciones que los funcionarios ordenan efectuar de sus pagos de nómina
con destino a cuenta de Ahorro de Fomento a la Construcción AFC, Aportes
voluntarios a Fondos de Pensiones y descuentos de libranzas» y «los recursos
embargados a los aportantes como consecuencia de los procesos de cobro
coactivo efectuados por la UGPP”.
52. De lo anterior, podría colegirse que la UGPP ingresa rubros de diferentes
fuentes en una misma cuenta, y que parte de los recursos los emplea para pagar la
seguridad social de sus empleados. Ese hecho no demuestra, por sí mismo, que la
medida cautelar sea improcedente, toda vez que esta recayó sobre dineros, no sobre
cuentas bancarias y, en todo caso, se excluyeron aquellas partidas que no podían
ser objeto del embargo, entre estas, «los recursos destinados para financiar el
régimen subsidiado en salud».
53. La UGPP, de hecho, adujo que los recursos embargados los utiliza para su
funcionamiento interno y aportó un certificado expedido, el 24 de marzo de 2024, por
la subdirectora financiera de la UGPP, en el que hizo constar que la entidad no
asume el pago de pensiones y que sus recursos «no corresponden a los dineros del
Sistema de Seguridad Social».
54. La Sala entiende, así, que la intención de la accionante es extender una
discusión que ya fue zanjada en el proceso ejecutivo y que, valga resaltar, se
relaciona únicamente con un interés económico, lo cual, naturalmente, escapa a la
competencia del juez de tutela.
55. Como se mencionó anteriormente, el requisito de relevancia constitucional
exige una carga argumentativa mínima, lo cual supone que la tesis o premisas en
que se cimienta la solicitud de amparo sean suficientes, claras, coherentes y que
18
En la sentencia T-172 de 2022, la Corte Constitucional precisó que el contenido del principio de
inembargabilidad, así como el alcance de sus excepciones, depende de la fuente del recurso. Por
ello, se han diferenciado ente los recursos del SGSSS que provienen del Sistema General de
Participaciones y aquellos cuya fuente son las cotizaciones de los afiliados, pues de estos,
únicamente los primeros pueden ser objeto de embargo.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
tengan una relación inescindible y de conexidad con los fundamentos de la decisión
del juez natural que se somete al escrutinio constitucional.
56. En el caso analizado, los cargos de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente no aparecen debidamente sustentados, por cuanto, si bien hicieron
alusión a normas legales, a referencias jurisprudenciales y se insinuó que ciertos
recursos se usan para «temas de índole parafiscal», lo cierto es que omitieron
cuestionar la validez del razonamiento del Tribunal, que también tuvo en cuenta el
listado de bienes inembargables del artículo 594 del CGP y se fundó en
jurisprudencia, incluso más reciente, de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado. Ello refuerza la finalidad de la accionante de utilizar esta acción
constitucional como una instancia adicional del proceso ejecutivo, para insistir en su
estrategia de defensa, sin razones adicionales a las que planteó en aquel litigio.
57. No se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede sustituir
la labor del juez natural para decidir sobre temas deferidos a las diferentes
jurisdicciones. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una aprobación
a la postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario, este tipo de
tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un estudio
preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.
58. Se recalca en este punto que la tutela solo se justifica en aquellos eventos en
los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia
que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías
iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de
que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.
59. Así pues, la acción de tutela se torna improcedente porque no ofrece una
carga argumentativa mínima y porque su finalidad es provocar un nuevo
pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron resueltos por el juez competente, de
suerte que no se reúne el requisito de relevancia constitucional.
60. Por consiguiente, se confirmará el fallo de primera instancia, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección de Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo anotado en la parte motiva.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06657-01
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.