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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06663-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06663-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06663-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06663-01
Accionante: Rafael Antonio Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Cosa juzgada. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Rafael Antonio Calderón pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con las
sentencias del 3 de diciembre de 2024 y 29 de julio de 2025 proferidas,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al que se
le asignó el número de radicado 11001-33-35-025-2024-00093-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que prestó sus servicios al Ejército Nacional entre el 12 de
noviembre de 1975 y el 1 de octubre de 1996, por lo cual el 28 de enero de 1997 la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) le reconoció una
asignación de retiro.

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Que el 14 de septiembre de 2021, solicitó a CREMIL el reajuste de la asignación de
retiro con base en los porcentajes de Índice de Precios al Consumidor (IPC),
correspondientes a los años 1997 a 2004, pero la petición fue negada, por medio
del Oficio 690 ID 1534865 del 5 de octubre de 2021.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
CREMIL, en la que pidió la nulidad del Oficio señalado y, en consecuencia, el
reajuste de su asignación de retiro conforme al IPC en los años indicados y el pago
del retroactivo respectivo.

Que el 3 de diciembre de 2024, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá
profirió sentencia, en la que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada,
por la existencia de una decisión en firme, en el proceso previo tramitado por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, por lo cual interpuso recurso de
apelación, pero el 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, la confirmó.

Considera que las autoridades judiciales incurrieron en i) defecto sustantivo porque
inaplicaron las normas sobre el reajuste de pensiones, esto es, los artículos 14 de
la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución, y la jurisprudencia sobre la indexación;
ii) defecto fáctico, por desconocer pruebas que demostraban el perjuicio económico
causado por no aplicar el reajuste; iii) desconocimiento del precedente judicial del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el derecho a la actualización
de las mesadas; iv) violación directa de la Constitución, por afectar el mínimo vital y
la seguridad social.

Indicó que no resultaba procedente declarar probado el fenómeno de la cosa
juzgada, al tratarse de prestaciones periódicas, pues en atención a dicha naturaleza
podría relativizarse ese fenómeno, acorde con la providencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. 66001-23-33-
000-2014-00070-01 (3973-14).

PRETENSIONES

La accionante solicitó que se dejen sin efectos las sentencias proferidas el 3 de
diciembre de 2024 y 29 de julio de 2025 por las autoridades judiciales accionadas y
ordenarles que dicten una decisión de reemplazo ajustada a derecho, en lo
relacionado con el reajuste pensional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 28 de octubre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a CREMIL, como tercero
con interés; y se corrió el traslado respectivo.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, indicó que en la sentencia discutida advirtió que el demandante había adelantado
otro proceso, por lo que analizó los elementos propios del fenómeno de la cosa
juzgada y concluyó que lo solicitado en el asunto ya había sido objeto de
pronunciamiento judicial, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2010, en la
que se estableció que aunque en principio era procedente el reajuste de la
asignación de retiro acorde con la variación del IPC, había operado la prescripción
extintiva del derecho, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

Que los argumentos expuestos por el accionante no tienen vocación de prosperidad,
pues la decisión obedeció al estudio de las particularidades del caso, a los
elementos aportados al plenario y a la jurisprudencia aplicable, por lo que no podía
predicarse una indebida valoración probatoria ni un desconocimiento del
precedente, máxime cuando el actor no señaló la decisión unificada que estima se
inobservó, ni algún otro defecto, en tanto no negó el hecho de haberse adelantado
dos procesos con el mismo objeto.

Adujo que el solicitante del amparo lo que pretende es utilizar la tutela como una
tercera instancia o un mecanismo que permita reabrir un debate ya agotado, por la
única razón de ser contraria a sus intereses, escenario para el que no está previsto
esta acción.

El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Segunda Oral, expuso que aplicó la normativa y la jurisprudencia sobre la materia,
resguardando las garantías constitucionales y legales de las partes, con mayor
razón si se tiene en cuenta que el propósito de la cosa juzgada es evitar que se
presenten contradicciones en el sistema judicial, con lo que se garantizó el principio
de seguridad jurídica. Concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
del accionante, por lo que solicitó negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

CREMIL afirmó que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia ni
vulneración de derechos fundamentales, pues el demandante tuvo a su disposición
los medios judiciales de defensa, sumado a que ha actuado dentro del marco de
sus competencias, por lo que pidió declarar la improcedencia de la acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 25 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, negó las pretensiones, al determinar que de los defectos planteados no tenían
relación con la decisión adoptada por la autoridad judicial, con excepción del
argumento relacionado con la declaratoria de la cosa juzgada, el cual consideró
podría enmarcarse en un defecto procedimental.

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Al respecto, observó que el Tribunal accionado efectuó un estudio suficiente y
coherente del fenómeno de la cosa juzgada, al cotejar las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho instauradas por el señor Rafael Antonio Calderón, que
lo llevó a concluir que aquel se configuró e incluso aclaró que aún tratándose de
prestaciones periódicas era procedente la declaratoria de la cosa juzgada, al
encontrarse probada la identidad de partes, objeto y causa, por lo que no le era
dable al Tribunal desconocer los efectos de la sentencia anterior ni reabrir un debate
jurídicamente concluido.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que se desconoció el carácter
periódico y de trato sucesivo del reajuste pensional y se incurrió en un defecto
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, al otorgar efectos absolutos
a la cosa juzgada, a pesar de que la jurisprudencia constitucional y contenciosa
administrativa ha sido reiterativa en señalar que las prestaciones periódicas y sus
reajustes tienen naturaleza periódica, lo que permite reclamar su correcta
reliquidación en el tiempo, sin que ello implique reabrir el litigio ya decidido.

Que también se configuraron los defectos de violación directa de la Constitución,
debido a la negativa de estudiar de fondo el reajuste solicitado con fundamento en
una interpretación rígida de la cosa juzgada que desconoce el mandato de
protección reforzada a los pensionados y convierte esa figura procesal en un
obstáculo desproporcionado para el goce efectivo de sus derechos y con ello
vulnerar los artículos 48, 53 y 228 superiores.

Que igualmente se presentó un desconocimiento del precedente judicial y de las
sentencias del Consejo de Estado sobre el reajuste de asignación de retiro conforme
al IPC, especialmente de las sentencias de unificación del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01, y de 25 de febrero de 2016, exp. 25000-23-25-
000-2009-00291-01, y la sentencia del 4 de abril de 2019, exp. 05001-23-33-000-
2013-00654-01.

Que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reiterado
que el derecho al reajuste por IPC es imprescriptible, al hacer parte del núcleo
esencial del derecho fundamental a la seguridad social, y que la prescripción solo
afecta las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente, por lo que la
declaratoria de «cosa juzgada en una prescripción total desconoce que la afectación
del ingreso pensional es actual, continua y permanente, y que la reliquidación
correcta de la asignación de retiro puede ser reclamada mientras subsista la
vulneración».

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a
las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. [...].

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. [...].

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...].

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...]. »

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...].

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...].

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.

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[...]. “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...].. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela 6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

Esta Subsección encuentra superados los requisitos generales de procedencia en
los mismos términos expuestos en primera instancia, dado que no fueron objeto de
discusión y no se observa su incumplimiento en esta instancia, por lo cual se
procederá al estudio de los desacuerdos expuestos por el accionante respecto a la
sentencia del 29 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por ser la que puso fin al litigio.

Sin embargo, previo a dicho análisis debe aclararse que en el recurso de
impugnación el accionante amplió y adicionó los argumentos que esgrimió en el
escrito de tutela; igualmente, aludió a sentencias que no señaló inicialmente, por lo
que la Subsección se abstendrá de pronunciarse sobre el particular, pues aceptar
la inclusión y examen de cargos nuevos implicaría la vulneración del derecho de
defensa de las autoridades accionadas, quienes oportunamente se pronunciaron
sobre los disensos manifestados por el solicitante del amparo al instaurar la tutela.

Precisado lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, en la sentencia discutida en esta sede, confirmó
la decisión del Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá de declarar
probada de oficio la excepción de cosa juzgada porque evidenció que el
demandante ya había promovido otra demanda (rad. 2010-00226), en la que, al
igual que en esta ocasión, solicitó el reajuste de su asignación de retiro conforme al
IPC entre los años 1997 y 2004, proceso en el que el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Bucaramanga profirió la sentencia del 16 de diciembre de 2010,
encontrando procedente el reajuste, pero evidenció que había operado la
prescripción extintiva del derecho, decisión que quedó en firme, al no ser apelada,
por lo que no había lugar a reabrir el debate.

Adicionalmente, analizó el argumento del demandante consistente en que la
sentencia no hizo tránsito a cosa juzgado porque la controversia versaba sobre la
reliquidación de una prestación periódica y concluyó que aun tratándose de dichas

5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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prestaciones, específicamente, del reajuste de la asignación de retiro conforme al
IPC, era viable declarar la cosa juzgada, siempre que se encontraran acreditados
los elementos de identidad de partes, objeto y causa, acorde con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, los que se encontraron acreditados en el caso.

Efectuado el recuento de los razonamientos de la autoridad judicial aquí accionada,
se observa que el accionante alegó el desconocimiento del auto del 29 de agosto
de 2019 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, rad. 66001-23-33-000-2014-00070-01 (3973-14), que, a su juicio, determinó
la improcedencia de declarar probado el fenómeno de la cosa juzgada cuando el
debate gira en torno a prestaciones sociales.

Sin embargo, esa providencia no constituye precedente judicial, pues no fijó una
regla o subregla de obligatorio acatamiento para los jueces de inferior jerarquía ni
versó sobre el mismo supuesto fáctico analizado en esta oportunidad, esto es, la
configuración de la cosa juzgada por la existencia de una decisión judicial previa
sobre el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC, sino que trató sobre la
reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación y su correspondiente indexación.

Sumado a ello, en dicho pronunciamiento, aunque se aludió a la posibilidad de
relativizar el principio de cosa juzgada cuando se pretendía el reconocimiento y
pago de un derecho que afectara una prestación periódica como las pensiones, la
limitó a las mesadas que no habían sido objeto de decisión, esto es, a las causadas
con posterioridad a la ejecutoria de la providencia, supuesto fáctico que difiere del
presente asunto.

En relación con los defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución
y desconocimiento del precedente judicial sobre el derecho a la actualización de las
mesadas, se advierte que ninguno de los argumentos expuestos frente a ellos está
dirigido a cuestionar la decisión de declarar la cosa juzgada, sino que se encaminan
a insistir en su derecho al reajuste, aspecto que no fue analizado en la sentencia
discutida, al haberse evidenciado la existencia del fenómeno de la cosa juzgada, lo
que impide en esta sede un examen sobre el particular, pues ello implicaría
desconocer la decisión adoptada por el juez natural, sin justificación alguna.

En consecuencia, al no encontrarse demostrados los defectos invocados y, en
cambio, hallarse probado que la decisión adoptada por la autoridad judicial atendió
al ordenamiento jurídico, a las pruebas y a la jurisprudencia, así como a los
principios de autonomía e independencia judicial, se confirmará la sentencia del 25
de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que negó las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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