Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06666-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06666-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: OMAR DAVID ORTÍZ NIETO
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO FRENTE A LA PETICIÓN
PRESENTADA POR EL ACTOR A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DE CARRERA JUDICIAL. SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO RESPECTO DE LAS UNIDADES DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA Y DE RECURSOS
HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL.
DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1 y la
UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA2.
I. ANTECEDENTES
1 En adelante CARJUD.
2 En adelante UTDI.
2
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Actor: OMAR DAVID ORTÍZ NIETO
I.1 La solicitud
El señor OMAR DAVID ORTÍZ NIETO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la CARJUD y la
UTDI, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo, clara y
concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 4 de agosto
de 2025, en la que pidió “[…] aclaraciones y justificaciones
documentadas sobre la situación del cargo de Citador Grado 03, en
relación con su no creación en las plantas de personal de la Rama
Judicial y la priorización del cargo de Asistente Judicial Grado 06
[…]”.
I.2 Hechos
Sostuvo que el 4 de agosto de 2025 solicitó a la CARJUD la
aclaración y justificación documentada frente a la no creación del
cargo de citador grado 03, en la planta de personal de la Rama
Judicial y la priorización del de asistente judicial grado 06.
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Actor: OMAR DAVID ORTÍZ NIETO
Indicó que han transcurrido más de 30 días hábiles desde la
radicación de la referida petición, sin que se haya resuelto de
fondo o se le haya notificado respecto de alguna prórroga para
contestarla dentro del término legal.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado
como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] Segundo: Que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial dar
respuesta clara, de fondo, precisa y congruente al derecho de
petición radicado el 4 de agosto de 2025 bajo el código
EXTCSJ25-6097, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
Tercero: Que se prevenga a la entidad accionada sobre el
deber de cumplir estrictamente con los términos de ley en las
respuestas a derechos de petición. […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La CARJUD adujo que no ha vulnerado el derecho
fundamental alegado por el actor, por cuanto dio respuesta de
manera clara y de fondo frente a la solicitud que este elevó, la
cual le fue enviada el 29 de septiembre de 2025 al correo
electrónico que suministró oortizn@cendoj.ramajudicial.gov.co,
mediante Oficio núm. CJO25-5519 de esa fecha.
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Resaltó que mediante oficios núms. CJO25-5517 y CJO25-5518 de
la misma fecha, trasladó por competencia los demás asuntos
relacionados en la petición que no eran de su resorte a las
UNIDADES DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
(UDAE) y de RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
Señaló que debe denegarse la presente acción de tutela por
carencia actual de objeto, por hecho superado, en razón a que dio
respuesta a la petición presentada de manera oportuna, de fondo
y dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias.
I.4.2.- La UTDI pese a ser notificada, en debida forma, guardó
silencio.
I.4.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL3 (DEAJ) indicó que la petición presentada por el
accionante no se efectuó a través del canal oficial de la mesa de
entrada de correspondencia que tiene destinado para ello, razón
por la que no tiene legitimación en la causa por pasiva para
responder por la presunta vulneración del derecho alegado.
3
En adelante DEAJ.
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I.5. Vinculado
I.5.1.- El JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
AGUSTÍN CODAZZI (CESAR) señaló que su vinculación obedece
a que el accionante presta sus servicios en ese despacho judicial;
sin embargo, no es partícipe de los hechos de la tutela ni tiene
observaciones sobre el asunto en controversia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DEAJ solicitó ser desvinculada de la
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presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla
fuera de texto).
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Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, en ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que parte de la petición objeto de tutela fue remitida
por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la DEAJ, la
Sala concluye que le asiste interés en la decisión que se profiera
dentro de la acción constitucional de la referencia, razón por la
que se denegará su solicitud de desvinculación y así se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el señor OMAR DAVID ORTÍZ NIETO,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual,
a su juicio, le fue vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, la CARJUD y la UTDI, toda vez que a la fecha de
presentación de la acción de tutela de la referencia no le habían
dado respuesta a la solicitud que presentó el 4 de agosto de 2025.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la parte
demandada vulneró el derecho fundamental de petición invocado
por el accionante.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23
de la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
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reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20115,
estableció que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en
la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho
de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta
lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado,
no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto
2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial
una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de
una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie
sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales como el de información, participación
política y libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido.
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Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20156 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó
el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición,
se refirió así la citada Ley:
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación.”
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su
recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos
y de información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30)
días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la
petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo
razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
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Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará
el acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa
que la CARJUD dio respuesta a la solicitud del accionante en lo
que a ella le correspondía, mediante Oficio núm. CJO25-5519 de
29 de septiembre de 2025. Así también, remitió parte de esta por
competencia a las autoridades correspondientes, lo cual le fue
informado oportunamente al accionante. En efecto:
“[…] En primer lugar, es necesario precisar que, la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura a través
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial está
circunscrita a la ley y los acuerdos, y, tratándose de los
procesos de selección, le compete adelantar los concursos de
méritos para contar con los registros de elegibles necesarios
para proveer los cargos que pertenecen al régimen de carrera
judicial.
Ahora bien, se señala que los concursos de méritos
adelantados por la Rama Judicial, son administrados de
manera independiente y autónoma de conformidad con el
acto de convocatoria definido para cada concurso, en el cual
se fijan las reglas generales, los requisitos específicos y
mínimos para cada uno de los cargos de aspiración, su forma
de acreditación, valoración y puntuación para los factores de
experiencia y capacitación; por lo cual, no es posible indicarle
en este momento los cargos a convocar, así como criterios de
valoración y puntuación de convocatorias futuras.
Es importante indicar que, a la fecha no se ha estructurado
proceso alguno de selección y/o concurso de méritos para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, entre ellos el
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cargo de citador grado 3; por lo que se sugiere estar atento
a las próximas convocatorias que se convoquen, las cuales
puede consultar a través de la página web de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co , y consultar a través de la opción
denominada “carrera judicial” o a través del siguiente enlace
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidaddeadministraci
onde-carrera-judicial.
(...)
Es preciso señalar que el Consejo Superior de la Judicatura,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 256 de
la Constitución Política y los artículos 85, 161, 162 y 164 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, entre otras
disposiciones, expidió el Acuerdo PCSJA17-10643 del 14 de
febrero de 2017, mediante el cual dispuso la apertura de
convocatorias públicas en cada región para la provisión de
cargos de empleados de carrera en Tribunales, Juzgados y
Centros de Servicios. En dicho acuerdo se establecieron las
directrices que debían seguir los consejos seccionales de la
judicatura para el desarrollo de las convocatorias,
constituyéndose en norma de obligatorio cumplimiento y
observancia, tanto para los aspirantes como para la
administración, y reguladora integral del proceso de
selección.
En este sentido, la autoridad competente para absolver
inquietudes relacionadas con las personas que hacen parte de
los registros de elegibles conformados en virtud de la
convocatoria realizada por el respectivo consejo seccional de
la judicatura, es la respectiva Corporación; ello, conforme a
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, que les asigna la función de
administración de la carrera judicial dentro de su respectiva
jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que, según
lo que usted menciona le fue informado, el cargo de citador
grado 03 no ha sido suprimido, por lo cual, ante las vacantes
que se presenten de dicho cargo, conforme a las
convocatorias realizadas por los consejos seccionales de la
judicatura en el ámbito de su competencia, quienes hagan
parte de los registros de elegibles respectivos podrán seguir
optando para ser incorporados en las listas de elegibles de su
interés.
Al respecto también se aclara que, cada una de las
convocatorias de concursos de méritos se hacen teniendo en
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cuenta la planta existente, la cual no es definida por esta
Unidad.
Al respecto me permito informar que la Corporación, a través
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y con el
apoyo de los consejos seccionales de la judicatura, la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, se encuentran
adelantando la labor de recolección y actualización de la
información relacionada con las plantas de personal,
denominaciones, categorías y requisitos de los cargos de las
diferentes dependencias que serán incluidas en las
convocatorias para los próximos concursos de ascenso.
Una vez se consolide esta información, y con la publicación
de la respectiva convocatoria, se indicarán de manera precisa
los cargos a los que podrán postularse los servidores
judiciales en carrera para la modalidad de ascenso, así como
las reglas generales previstas para el desarrollo de la misma.
En cuanto a los requisitos para algunos cargos de la Rama
Judicial se deben tener en cuenta los establecidos en el
Acuerdo PSAA13- 10038 de 2013 “Por el cual se adecuan
modifican los requisitos para los cargos de empleados de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios” De otro lado,
mediante el Acuerdo PCSJA17-10780, de 25 de septiembre
de 2017 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo PSAA13-
10039 de 2013 respecto a la inclusión en los niveles
ocupacionales establecidos en el artículo 161 de la Ley 270
de 1996 para algunos cargos de empleados de Tribunales,
Juzgados, Centros de Servicios Administrativos, Centros de
Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales, Oficinas de Servicios y de Apoyo, (excepto
en los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles
y de Familia Acuerdo PSAA15-104451 de 2015)”.
Igualmente, es importante resaltar que, en relación con la
asignación de funciones a los servidores públicos, la Corte
Constitucional mediante sentencia T-105 de 2002 señaló:
“(…) el jefe inmediato sí puede asignar otras funciones
diferentes [a las expresamente contempladas en el respectivo
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad], de acuerdo
a las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios
de cada entidad, pero, dentro del contexto de las funciones
propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para
el cual ha sido nombrado.
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Finalmente, respecto de la información de escalas salariales,
se remitirá por competencia su escrito a la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, conforme a lo establecido en el
artículo 98 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo
44 de la Ley 2430 de 2024, con el fin que den respuesta a su
interrogante […].”
En ese entendido, para la Sala es evidente que la CARJUD resolvió
la petición del actor explicándole que a la fecha no se ha
estructurado proceso alguno de selección y/o concurso de méritos
para la provisión de cargos de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios, entre ellos, el de citador grado 3;
e incluso le sugiere estar atento a las convocatorias que para tal
fin se estén publicando en los canales oficiales para ello, como se
evidencia a continuación, respuesta esta que fue enviada al correo
electrónico que para tal fin informó el actor así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 3 de octubre de 2025, vía electrónica ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi7, y la petición del
actor fue contestada por la CARJUD y notificada debidamente
mediante correo electrónico el 29 de septiembre 2025, la Sala
denegará el amparo solicitado frente a esta unidad, pues la
petición presentada el 4 de agosto de 2025, ante dicha entidad
ya fue atendida de forma clara, completa y de fondo, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Asimismo, se observa que la CARJUD comunicó al accionante
acerca de las remisiones de su solicitud hechas a la UDAE y a la
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, las que le dieron
respuesta, respectivamente, mediante los oficios núms.
UDAEO25-4545 de 6 de noviembre de 2025 y DEAJRHO25-3440
de 14 de octubre de este año, siendo enviados al correo
oortizn@cendoj.ramajudicial.gov.co suministrado por el actor,
como se evidencia a continuación:
7
La cual fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, corporación esta que, a su vez, la envió al
Consejo de Estado, por competencia, el 22 de octubre del año en curso.
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Por lo expuesto, frente a las solicitudes remitidas a la UDAE y a
la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, la Sala
declarará la carencia actual de objeto, por hecho superado,
debido a que fueron atendidas de forma clara, completa y de fondo
durante el trámite de la acción de tutela mediante los oficios
UDAEO25-4545 de 6 de noviembre de 2025, notificado en esa
misma fecha; y DEAJRHO25-3440 de 14 de octubre, notificado el
21 de octubre de este año, al correo electrónico
oortizn@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
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material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que
le han sido encomendados»8. Y en la misma sentencia se precisó
que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a
través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración
a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta
inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que,
en la actualidad, no se encuentran afectados ni
amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
8
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”9 (Negrilla
fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto
que justifica la intervención preferente del juez constitucional.
Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se
presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y
el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la
afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde
su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”10.
9
Ibídem.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 2016-00061-
01(AC).
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En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en
el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los
hechos que originaron la presente acción de tutela han sido
superados, razón por la que se denegará el amparo frente a la
CARJUD y se declarará la carencia actual de objeto, por hecho
superado, frente a las demás unidades y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR a solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de amparo respecto de la
CARJUD, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO,
POR HECHO SUPERADO, frente al derecho de petición respecto
de la UDAE y a la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 13 de noviembre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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