Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06674-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06674-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06674-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
21 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06674-00
Accionante: Departamento del Atlántico
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de acción de tutela interpuesta por el
Departamento del Atlántico contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2025 por
la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia, que modificó la
decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho llevado a cabo por el señor Weiner Santiago Pérez, en el sentido de
condenar al Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación. Se niega el
amparo porque no se configuraron los defectos alegados.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 23 de octubre de 2025 el Departamento del Atlántico presentó una demanda
en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso. Según el accionante, esa garantía constitucional fue
vulnerada por la sentencia proferida el 25 de julio de 2025 por la Sección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-015-2024-00066-00/01,
llevado a cabo por el señor Weiner Santiago Pérez contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante, FOMAG) y el Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. TUTELAR el Derecho fundamental al Debido Proceso del DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO, vulnerado por la Sala de Decisión “C” del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria / Se niega el amparo.
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Accionante: Departamento del Atlántico
Se niega el amparo
2. Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la
Sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección "C", en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con Radicado 08001-33-33-015-2024-00066-00.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección "C", que, en un
término perentorio, profiera una nueva sentencia de reemplazo que revoque la
condena impuesta al Departamento del Atlántico, para lo cual deberá:
3.1. Corregir el Cómputo de Términos: Realizar el correcto cálculo del término
legal de 70 días hábiles para el pago de las cesantías, excluyendo
obligatoriamente el periodo de suspensión de términos que rigió desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.
3.2. Aplicar el Precedente: Tener en cuenta que el Juzgado incurrió en un
Defecto Sustantivo al ignorar el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020,
norma de orden público y de "obligatoria observancia para los operadores
judiciales".
3.3. Declarar la Inexistencia de la Mora: Constatar que, al descontar el periodo
de suspensión, el pago realizado el 14 de julio de 2020 se efectuó dentro del
término legalmente ampliado y, por consiguiente, declarar la inexistencia de la
mora y la ausencia de responsabilidad del Departamento del Atlántico2.
B. Hechos
3. El 6 de marzo de 2020, el señor Weiner Santiago Pérez solicitó a la Secretaría
de Educación del Atlántico el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y,
mediante Resolución 0141 del 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación del
Departamento del Atlántico se las reconoció en una suma de $5.338.866, las cuales
debían ser pagadas por parte del FOMAG. Ese acto administrativo fue notificado el
6 de mayo de 2020.
4. El Departamento del Atlántico renunció a los términos de ejecutoria el 11 de mayo
siguiente y remitió la orden de pago al FOMAG. El 14 de julio de 2020, se pusieron
a disposición del señor Weiner Santiago Pérez los saldos correspondientes al pago
de las cesantías parciales, que no fueron cobrados, por lo que se reprogramó para
el 19 de octubre de 2020.
5. El 26 de marzo de 2021, el señor Weiner Santiago Pérez solicitó al FOMAG el
pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales
reconocidas a su favor y señaló que, la entidad territorial no expidió el acto
administrativo de reconocimiento dentro de los 15 días exigidos por la Ley 1071 de
2006 y, el FOMAG no canceló la prestación dentro de los 45 días hábiles
establecidos en la misma ley para su pago. Sin embargo, no obtuvo respuesta
alguna.
6. El señor Weiner Santiago Pérez presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG – la
Fiduprevisora S.A. y el Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Departamental, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado
2 Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Se niega el amparo
con ocasión de la petición presentada el 26 de marzo de 2021 ante las autoridades
demandadas. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a
las demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, contados desde los 45 días hábiles siguientes
desde que quedó ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se
reconocieron las cesantías.
7. Mediante sentencia del 25 de marzo de 2025, el Juzgado 15 Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó al FOMAG reconocer y pagar la sanción moratoria, desde el 26 de junio de
2020 hasta el 13 de julio de 2020 –día anterior al cual se verificó el pago de la
prestación–.
7.1. El Juzgado expuso, en primer lugar, que, aunque el acto administrativo de
reconocimiento fue proferido en tiempo, fue notificado con posterioridad a los 15
días siguientes a la presentación de la solicitud de reconocimiento de cesantía
parcial, por lo que la sanción moratoria empezó a causarse el 26 de junio de 2020
hasta el 13 de julio de ese mismo año.
7.2. Afirmó que, la obligación se hizo exigible el 26 de junio de 2020, por lo cual la
prescripción trienal del derecho operaba el 26 de junio de 2023; no obstante, el
interesado presentó reclamación escrita solicitando el reconocimiento de la sanción
moratoria el 26 de marzo de 2021, por lo que interrumpió ese término. Por lo
anterior, señaló que la sanción está a cargo del FOMAG, encargado de pagar las
prestaciones sociales reconocidas por la Nación, por medio del Ministerio de
Educación Nacional, a los docentes afiliados.
8. El FOMAG apeló la sentencia de primera instancia3 y, mediante providencia del
25 de julio de 2025 la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico modificó
esa decisión en el sentido de condenar al Departamento del Atlántico al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
8.1. En primer lugar, precisó que los 70 días hábiles para la causación de la sanción
moratoria fenecieron el 23 de junio de 2020 y no el 26 de junio de 2020, como lo
estableció el a quo, por lo que, al ponerse a disposición del demandante el valor de
las cesantías parciales el 14 de julio de 2020, se causaron 20 días de mora en el
pago.
8.2. Sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, las entidades
territoriales encargadas del reconocimiento del auxilio de cesantías definitivas o
parciales tienen la responsabilidad de cancelar la sanción moratoria por el no pago
oportuno de dicha prestación, cuando la mora ocurra como consecuencia del
incumplimiento de tal entidad, en radicar o hacer entrega de la solicitud de pago de
dicha prestación social ante la sociedad fiduciaria administradora del fondo nacional.
3 Señaló que, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 a dicha autoridad no le compete el pago de
la sanción moratoria, pues la supuesta mora se causó por hechos imputables al Departamento del Atlántico, por
cuanto el reconocimiento se realizó el 16 de marzo de 2020, pero esa autoridad solo fue notificada el 6 de mayo
de 2020 para efectos de realizar el pago y este se realizó el 14 de julio de 2020, por lo que los días de mora
transcurridos debían correr por cuenta del ente territorial.
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Se niega el amparo
8.3. Expuso que el FOMAG realizó el pago dentro del término legal de los 45 días,
por lo que no era la obligada al pago de la condena y que, aunque no le asiste razón
al juez de primera instancia al haber fijado la sanción moratoria a partir del 26 de
junio y no desde el 23 de junio, ese reparo no fue planteado en la apelación.
C. Fundamentos de la vulneración
9.La parte actora señala que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo al realizar el conteo de los 70 días hábiles para el pago de las cesantías,
pues no se descontó el periodo de suspensión de términos desde el 16 de marzo
de 2020 al 30 de junio de 2020, establecido en el Decreto Legislativo 564 de 2020,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
9.1. Afirma que se desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
que, en un caso similar, en un proceso de tutela, evidenció que se incurrió en un
defecto sustantivo por no haber tenido en cuenta que los términos fueron
suspendidos entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 20204.
9.2. Indica que el Departamento del Atlántico demostró su diligencia al expedir la
resolución en seis días hábiles y, además, la notificó el 6 de mayo de 2020, cuando
los términos se encontraban suspendidos, por lo que el término legal para el pago
se extendió “más allá del 14 de julio de 2020 (fecha en que el dinero estuvo a
disposición del demandante)”.
D. Trámite procesal
10. Mediante auto del 28 de octubre de 20255 se admitió la demanda de tutela, se
notificó a la autoridad judicial accionada6 y a los terceros con interés7.
E. Oposiciones e intervenciones
11. La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico8 (accionado) solicitó que
se declarara la improcedencia de la demanda de tutela, pues la parte actora
pretende utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.
11.1. Expone que el accionante realizó una interpretación errónea del artículo 1º del
Decreto 564 de 2020, por cuanto este se limitó a la suspensión de términos de
“prescripción y de caducidad” pero no hizo referencia a los términos con que cuenta
la administración para la notificación de sus propios actos.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2023, radicado 11001-03-
15-000-2023-00239-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
5 Índice 4 del expediente digital en Samai.
6 Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
7 Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y
Weiner Santiago Pérez.
8 Índice 12 del expediente digital en Samai.
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12. El Ministerio de Educación Nacional9 (tercero con interés) indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto la demanda se dirige contra una
providencia judicial y dicha autoridad no incurrió en acción u omisión alguna que
vulnerara los derechos fundamentales de la parte actora.
12.1. De otro lado, afirmó que la demanda de tutela resultaba improcedente para el
estudio de controversias económicas que revisten una afectación del patrimonio
público y que se requiere una argumentación que demuestre que tal litigio afecta de
manera injusta y antijurídica el erario, lo cual no sucede en el caso concreto.
13.El Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el FOMAG y
Weiner Santiago Pérez (terceros con interés) pese a estar debidamente notificados,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Solicitud de desvinculación
15. El Ministerio de Educación solicita la desvinculación del presente proceso de
tutela. La Sala negará dicha solicitud, en tanto esa autoridad fue vinculada en
calidad de tercero con interés, por haber obrado como demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual le asiste interés en lo decidido en
el marco de la demanda de tutela.
H. Sentido de la decisión
16. La Sala negará el amparo del derecho fundamental al debido proceso
invocado por la parte actora, porque no encuentra configurados los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, en la sentencia proferida el 25 de julio
de 2025 por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. Requisitos generales de procedibilidad
17. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) el accionante
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) el accionante utilizó los
mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede
ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses
9 Índice 13 del expediente digital en Samai.
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siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada10; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales
por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser
propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada
modificó la decisión proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela
18. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio
de la acción de tutela contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2025 por la
Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico. En su concepto, esa decisión
vulneró su derecho fundamental al debido proceso y alegó que se incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, por lo que la
Sala procederá a realizar la identificación de aquellos:
(i) Defecto sustantivo: la Corte Constitucional dispuso que “si un operador
judicial desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo,
haciendo procedente la demanda de acción de tutela para que se corrija el error
judicial11”.
Señaló que “este se configura cuando el juez en ejercicio de su autonomía e
independencia desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los
principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por
la errónea interpretación o aplicación de la norma12” y expuso que el error judicial
“debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes”, pues el juez constitucional
no puede inmiscuirse ni “definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir”.
(ii) Desconocimiento del precedente jurisprudencial: según la Corte, el
precedente es una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso
e indicó que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un
tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el
sentido de la decisión posterior13”.
Además, ha establecido que “los precedentes judiciales proyectan un valor
vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a
seguirlos, o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
K. El caso concreto
19. La parte actora alega que el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo, pues no se tuvo en cuenta que “los términos” fueron suspendidos desde
10 La providencia se notificó por correo electrónico del 6 de agosto de 2025 y la solicitud de amparo se presentó
el 23 de octubre de 2025.
10 de julio de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 15 de agosto de 2025.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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el 16 de marzo de 2020 hasta el 1º de julio siguiente por el Decreto Legislativo 564
de 2020 (“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los
usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”), en concordancia con la Circular 013 del 20 de marzo de 2020
expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico con una
finalidad similar a la del referido Decreto.
20. El Decreto 564 de 2020, en materia de suspensión de términos, estableció:
ARTÍCULO 1. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
(…) Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses
o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el
Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales
(…)
21. A su vez, en el artículo 2 de ese Decreto, se dispuso:
ARTÍCULO 2. DESISTIMIENTO TÁCITO Y TÉRMINO DE DURACIÓN DE
PROCESOS (…) Se suspenden los términos procesales de inactividad para el
desistimiento tácito previstos en el artículo 317 del Código General del Proceso y en el
artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y los términos de duración del proceso del artículo 121 del Código
General del Proceso desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudarán un mes después,
contado a partir del día siguiente al del levantamiento de la suspensión que disponga
el Consejo Superior de la Judicatura.
22. La Sala advierte, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-213
de 2020, que el referido Decreto hizo referencia explícita a (i) la suspensión de
términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal; (ii) el conteo de su reanudación cuando el plazo para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a 30 días; (iii) que la
suspensión de términos no era aplicable en materia penal y (vi) la suspensión de
términos procesales para el desistimiento tácito y los términos de duración del
proceso, así como su reanudación.
23. Además, en la mencionada sentencia se indicó que, de acuerdo con la
Secretaría Jurídica de la Presidencia, el propósito de agregar el “levantamiento de
los términos de prescripción y caducidad al de los términos judiciales”, era reactivar
la actividad judicial por completo, cuando la autoridad competente estimara que
existían las garantías para prestar el servicio de manera adecuada.
24. De conformidad con lo anterior, para la Sala es evidente que el referido Decreto
no resultaba aplicable al caso del accionante, pues en este no se hizo mención a
trámites administrativos ni a la configuración de derechos o auxilios de carácter
legal, como lo es el relacionado con la mora en el pago de las cesantías. Por lo
tanto, a diferencia de lo planteado por el accionante, las reglas de suspensión de
términos previstas por el referido decreto no resultaban aplicables al caso que
resolvió el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia que se reprocha en
sede de tutela.
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25. Ahora bien, aunque el accionante también indicó que la autoridad judicial
accionada omitió la suspensión de términos dispuesta en la Circular 013 del 20 de
marzo de 2020, proferida por la Secretaría de Educación Departamental, la Sala
observa que en aquella se dispuso que, a partir del 24 de marzo de 2020 no habría
atención al público en las instalaciones de dicha autoridad y suspendió los términos
para todos los trámites que se surtían ante la misma.
26. Al respecto, la Sala advierte que la Circular 013 del 20 de marzo de 2020
estableció la “SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, más no la
configuración de derechos, ni mucho menos su extinción, aspecto este último que
fue materia del Decreto Legislativo 564 de 2020, el cual, como ya se explicó, no
resulta aplicable a la situación que analizó el Tribunal Administrativo del Atlántico
en la sentencia que se cuestiona en el sub examine.
27. De conformidad con lo expuesto, la Sala reitera que, la suspensión de términos
dispuesta en el Decreto 564 de 2020 y en la Circular 013 del 20 de marzo de 2020
no resulta aplicable al asunto analizado en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado contra la parte actora, por lo que no se
configuró el defecto sustantivo alegado.
28. Por otra parte, el accionante afirma que la autoridad judicial accionada
desconoció una sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en un proceso de tutela, en el cual se confirmó el amparo del
derecho fundamental al debido proceso, por no haberse tenido en cuenta la
suspensión de términos entre el 16 de marzo de 2020 y el 20 de junio siguiente.
29. Frente a ese defecto, cabe precisar que no se trata de un precedente
jurisprudencial, por cuanto se trata de una demanda proferida en un proceso de
tutela, cuyos efectos son inter partes.
30. En todo caso, la Sala evidencia que esa demanda de tutela es sustancialmente
distinta a la aquí estudiada, por cuanto se declaró la caducidad en el medio de
control de reparación directa, por lo que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado encontró que se desconoció la suspensión de términos
dispuesta en el Decreto 564 de 2020.
31.Teniendo en cuenta que (i) el Decreto 564 de 2020 no resultaba aplicable al
caso del accionante y (ii) la Resolución mediante la cual se reconocieron las
cesantías parciales fue proferida de manera previa a la expedición de la Circular
0013 de 2020, la Sala evidencia que no se transgredió el derecho fundamental al
debido proceso de la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Se niega el amparo
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
Departamento del Atlántico.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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