Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06681-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06681-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06681-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06681-01
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reliquidación pensión con aportes privados / Defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Decisión: Revocar la decisión del a quo y acceder al amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Bertha María Mejía Rincón, en contra
de la sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia y negó el
amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Bertha María Mejía Rincón promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social, a la vida y a la dignidad humana, con ocasión de la
sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 76001333301320190029501.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. La demandante nació el 5 de junio de 1950, tiene 75 años de edad y se encuentra
afiliada en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
1 Ver índice 2 de Samai.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
2.2. Colpensiones emitió la Resolución 014246 del 28 de julio de 2006 con la que le
reconoció pensión de vejez, con efecto a partir del 1.° de agosto de 2006, para lo
cual aplicó una tasa de reemplazo del 63% conforme con los lineamientos del
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del igual año, y computó 849
semanas para su liquidación.
2.3. El 21 de julio de 2016, presentó ante Colpensiones solicitud de reliquidación de
la pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y la sentencia SU-
769 de 2014, para que se incluyeran las semanas cotizadas en la Caja de Previsión
de la DIAN (del 1.° de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994), alcanzando
así un total de 971 semanas.
2.4. Colpensiones profirió la Resolución GNR 253735 del 29 de agosto de 2016 con
la que reliquidó la pensión en porcentaje del 66% sobre el IBL calculado, equivalente
a 863 semanas cotizadas, efectiva a partir del 21 de julio de 2013, sin incluir el
tiempo cotizado ante la Caja de Previsión de la DIAN. La demandante interpuso
recurso de reposición contra ese pronunciamiento, el cual se resolvió de manera
negativa en Resolución GNR 323804 del 31 de octubre de 2016.
2.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial del acto administrativo de reconocimiento pensional y la nulidad de
los actos que ordenaron su reliquidación y, en consecuencia, que se ordenara la
reliquidación y pago de la pensión de vejez conforme con el Decreto 758 de 1990 y
la sentencia SU-769 de 2014, en tanto no exigen cotización exclusiva al ISS, así
como la indexación de las sumas.
2.6. El Juzgado Trece Administrativo de Cali, en sentencia del 30 de septiembre de
2024 accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó a Colpensiones reliquidar y pagar la pensión de vejez de la
demandante, de conformidad con lo previsto en el Decreto 758 de 1990, esto es,
incrementando al 72 % la tasa de remplazo que aplica sobre el IBL y reconocer y
pagar las diferencias mesadas pensionales dejadas de pagar desde el 21 de julio
de 2013, hasta su pago efectivo. La parte demandada interpuso recurso de
apelación contra el anterior pronunciamiento.
2.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de marzo de
2025 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, aunque es posible acumular tiempos cotizados al ISS
y otros fondos para efectos del reconocimiento pensional, no lo es para la
reliquidación de la pensión, toda vez que esto implicaría en el presente asunto una
vulneración al principio de inescindibilidad de la norma.
2.7.1.La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente al negar la
posibilidad de sumar tiempos públicos no cotizados al ISS, para aumentar la tasa
de remplazo bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
2.7.2. Se desconoció el tiempo que laboró en la DIAN, del 1.° de diciembre de 1992
al 31 de diciembre de 1994, cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, con lo que
se omitió el criterio desarrollado por la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de
2014. En esa medida no existe fundamento para exigir que las semanas de
cotización que debían tenerse en cuenta para aplicar el Acuerdo 049 de 1990,
fueran exclusivamente las cotizadas al ISS (hoy Colpensiones), por lo tanto, para
reliquidar su prestación, debían acumularse los tiempos de cotización realizados a
otras cajas o fondos.
2.7.3. Se desconocieron los parámetros de doctrina probable, así como los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima en la actividad judicial, consagrados en
las sentencias C-836 de 2001, SU-769 de 2014, SU-273 de 2022 y SU-049 de 2024
de la Corte Constitucional, negándosele con ello la posibilidad de sumar tiempos
públicos no cotizados al ISS, para aumentar su tasa de remplazo bajo los
parámetros del Decreto 758 de 1990.
1.2. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] «1. Se TUTELEN mis derechos fundamentales al DERECHO A LA IGUALDAD,
DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS
FAVORABLE EN MATERIA LABORAL (PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD) VIDA,
DIGNIDAD HUMANA.
2. Que se dé ESTRICTO cumplimiento a la sentencia SU-769 de 2024, Sentencia Su
273 de 2022 y SU 049 de 2024, ya que se amparan los derechos ius fundamentales en
un asunto de similares condiciones a las mías.
3. Se DECLARE que soy sujeto de especial protección (población de vejez) y el perjuicio
irremediable a mi vida que no puede ser atendido por otro mecanismo.
4. Se AMPAREN mis derechos fundamentales de VIDA, SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO
PROCESO, DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, en conexidad con EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD en materia Laboral, derechos que han sido vulnerados por la
Sentencia del 31 de marzo de 2025 – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(Notificada el 25 de abril de 2025 a las 14:30).
5. Que se revoque en su totalidad la Sentencia N° 181 del 30 de septiembre de 2024,
proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Cali, bajo el radicado 2019-295. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de tutela por falta de relevancia constitucional, por cuanto
la decisión cuestionada se adoptó con base en el análisis normativo, jurisprudencial
y probatorio, además de señalar que lo pretendido es reabrir un debate jurídico y
probatorio que se fue surtido en el proceso ordinario.
2 Ver índice 10 de Samai.
3
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
5. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones3 pidió que se
declare improcedente la solicitud de tutela de la referencia, porque no cumple los
requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. Indicó que el sistema de la
entidad no reporta ninguna solicitud pendiente sobre los hechos objeto de este
proceso y que la pensión de la demandante se le reconoció mediante Resolución
14246 del 28 de julio de 2006, con un total de 849 semanas y sobre el 63 % del IBL,
conforme con lo establecido en el Decreto 758 de 1990. Con posterioridad, mediante
Resolución GNR 253735 del 29 de agosto de 2016, se reliquidó la pensión con total
de 863 semanas de cotización y una tasa de remplazo del 66 % del IBL.
5.1. La demandante percibe su mesada pensional, por lo tanto, no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, señaló que la sentencia
acusada se encuentra respaldada bajo el principio de cosa juzgada. Además, no se
vulneró algún derecho fundamental y hoy día recibe su mesada pensional.
5.2. Esa entidad no puede pronunciarse de fondo frente al tema objeto de la tutela,
por cuanto no tiene registro de alguna solicitud relacionada, además, en este caso
la demandante pretende desnaturalizar este mecanismo de protección
constitucional al buscar que, por medio de un proceso caracterizado por la
inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos que son de conocimiento
del juez ordinario competente por medio de los mecanismos legales establecidos
para ello.
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
1.4. Sentencia de primera4
7. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 22 de enero de 2026
negó las pretensiones de la solicitud de tutela, al considerar que no se incurrió en
las vías de hecho señaladas, en la medida en que no se puede inferir que la decisión
cuestionada fuera arbitraria o transgresora de los derechos fundamentales
invocados.
1.5. Escrito de impugnación5
8. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, además de afirmar que la decisión del tribunal afectó los derechos
fundamentales invocados.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
3 Ver índice 10 de Samai.
4 Ver índice 14 de Samai.
5 Ver índice 20 de Samai.
4
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en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela y
marco jurídico aplicable; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 9. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
10
13. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009- 01328-01, M.P. María Elizabeth García González
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
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14. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema Jurídico
17. La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
los derechos fundamentales de Bertha María Mejía Rincón con ocasión de la
sentencia del 31 de marzo de 2025, mediante la cual revocó la decisión de acceder
a las súplicas de la demanda por considerar que, aunque es posible acumular
tiempos cotizados al ISS y otros fondos para efectos del reconocimiento pensional,
no lo es para la reliquidación de la pensión, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Del defecto sustantivo
19. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
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norma evidentemente inaplicable al caso concreto14. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta15, para lo cual precisó
que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
20. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 16.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
14 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5. Sobre el caso concreto
26. Bertha María Mejía Rincón acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca con la que revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó la
reliquidación de su pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 49 de 1990.
27. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente al omitir la aplicación de normas pertinentes
como el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, e imponer
exigencias no contempladas en el ordenamiento, tales como la supuesta
exclusividad de cotizaciones al ISS. Asimismo, no se aplicó el principio de
favorabilidad, según el cual debe prevalecer la situación más favorable al trabajador.
En materia pensional, esto implica que, si un afiliado cumple con los requisitos del
Acuerdo 049 de 1990, la autoridad administrativa o judicial está obligada a aplicar
dicho régimen por ser el más beneficioso ya sea para el reconocimiento o la
reliquidación de la prestación.
28. Ello, por cuanto la distinción entre reconocimiento y reliquidación no tiene
sustento constitucional, pues si la acumulación de tiempos es válida para
estructurar el derecho pensional, también lo es para su liquidación. Razón por la
cual, negar esa posibilidad implicaría desconocer semanas válidas y vulnerar
principios como la favorabilidad, el mínimo vital y la seguridad social.
29. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se
hará en conjunto, comoquiera que todos van dirigidos a cuestionar la decisión
desfavorable de la autoridad judicial demandada, bajo el argumento de que la
acumulación de cotizaciones entre el ISS y otros fondos procede únicamente para
el reconocimiento inicial de pensiones, más no para reliquidaciones.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
30. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia enjuiciada, respecto
de la negativa de la reliquidación de la pensión con inclusión de tiempos no
cotizados al ISS, en los siguientes términos:
«[…] CASO CONCRETO
La demandante pretende la nulidad de las resoluciones que le negaron la reliquidación
de la pensión bajo los parámetros del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758
de 1990 con una tasa de reemplazo del 72%, acumulando tiempos cotizados al ISS y a
la DIAN.
El juzgado de instancia accedió a lo solicitado, explicando que si es posible aplicar la
norma aducida y aunado a ello se pueden tener en cuenta no solo los tiempos cotizados
al ISS sino a otros fondos para el cómputo de las semanas cotizadas y la tasa de
reemplazo, resultando más favorable bajo esta norma que como había sido reconocida.
Para el efecto de la revisión de los actos administrativos y las semanas cotizadas verificó
el juez que la señora Bertha María Mejía Rincón, tiene derecho a la aplicación de un
mejor porcentaje de IBL en términos del parágrafo segundo del artículo 20 del Decreto
758 de 1990, puesto que de acuerdo a las pruebas allegadas la demandante contaba
con 971 semanas cotizadas considerando los aportes hechos al ISS y los reportados por
la DIAN, y considerando la normatividad mencionada, las mismas equivalen a una tasa
de reemplazo del 72%, suma que deberá tenerse en cuenta en base al ingreso base de
liquidación calculado en la forma prevista por el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, ante lo
cual el argumento de apelación de Colpensiones se centra solamente en indicar que
según la fecha en que el actor adquirió su status pensional, la sentencia SU-769 de 2014
no tiene efectos retroactivos, y no es posible computar los tiempos no cotizados al ISS
y/o Colpensiones para el estudio de la reliquidación de la pensión de vejez bajo el
régimen solicitado.
La Sala encuentra que el aspecto controversial es la acumulación de tiempos cotizados
al ISS y los reportados por la DIAN para reliquidar e incrementar el IBL de la pensión del
demandante como se indicó anteriormente, con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990.
Teniendo en cuenta el criterio del Consejo de Estado señalado en precedencia, no es
posible la acumulación de tiempos cotizados al ISS y otros fondos para efectos de la
reliquidación de la pensión, pues este solo aplica a efectos del reconocimiento.
En el presente asunto se observa que mediante Resolución No. 014246 de 2006 se le
reconoció la pensión a la demandante con un IBL del 63% teniendo en cuenta un reporte
de 849 semanas cotizadas, aplicando lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 y el
acuerdo 049 de 1990, posteriormente se le reliquidó la pensión mediante la Resolución
GNR 253735 del 29 de agosto de 2016 proferida por Colpensiones, teniendo en cuenta
un total de 863 semanas cotizadas, con una tasa de reemplazo del 66%, pretendiendo
ahora que se le reliquide el IBL conforme el acuerdo 49 de 1990 teniendo en cuenta los
tiempos que acredita en el ISS (863 semanas)7 y los reportados por la DIAN cotizados
a Cajanal en el periodo comprendido entre el 01-12-1992 al 31-12-19948 (108 semanas)
que no fueron tenidos en cuenta en la reliquidación anterior, con los que acredita un total
de 971 semanas, lo que le daría derecho al reconocimiento de la pensión en un 72% del
IBL, tasa de reemplazo que resulta mayor a la reconocida en los actos administrativos
demandados, lo que a juicio de la Sala en primer lugar no es posible, ya que pretender
la reliquidación de la pensión computando tiempos cotizados al ISS y otros fondos,
vulnera lo señalado por el Consejo de Estado, máxime que implicaría una vulneración al
principio de inescindibilidad de la norma, pues lo que se pretende es solo la reliquidación
del IBL bajo este régimen por considerarlo más favorable.
Con fundamento en lo expuesto, se revocará la decisión de instancia y en su lugar se
negarán las pretensiones de la misma. […]» [sic].
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31. En razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del precedente judicial
alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos pronunciamientos del Consejo
de Estado, Sección Segunda y la Corte Constitucional, sobre la materia, así:
32. En sentencia del Sentencia T-219/21 la Corte Constitucional preciso17:
«[…] En concordancia con la obligación referida, en este asunto la diferencia en la
instancia de la pretensión –reconocimiento vs. reliquidación– no resulta suficiente
para descartar el precedente invocado, por cuanto la regla jurisprudencial determinó
la lectura del Acuerdo 049 de 1990 conforme al principio de favorabilidad para la
determinación del derecho pensional de los beneficiarios del régimen de transición
[…]
64.2. En segundo lugar, la argumentación desconoce que la línea jurisprudencial sobre
la acumulación de tiempos se remonta al año 2009, no se circunscribe a la sentencia de
unificación identificada y que, en esta línea, no se ha precisado que la aplicación del
principio de favorabilidad sólo opera cuando no existe otra opción pensional o en
la instancia de acceso al derecho, y no en los debates sobre su alcance.
En efecto, en la interpretación más favorable del Acuerdo 049 de 1990 no se ha
precisado que esta sólo aplica para los casos en los que dicha norma constituye
el único régimen a través del que es viable el acceso a la pensión, como lo plantea
COLPENSIONES. Por el contrario, el criterio determinante ha sido el principio de
favorabilidad en la interpretación de las fuentes formales del derecho como mandato
directo de la Constitución Política, a pesar de la posibilidad de reconocer la pensión bajo
otros regímenes. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-093 de 2011 la Sala consideró
que “[s]i bien el peticionario (…) solicita la aplicación del régimen de transición previsto
en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en atención al principio de favorabilidad, se
procede a analizar en primera instancia (…) la posibilidad de aplicar el artículo 12 de
Acuerdo 049 de 1990. Esto, porque de los posibles regímenes de transición de los
que puede ser beneficiario el actor, aquel es el más favorable” (negrillas propias).
En consecuencia, concluyó que el régimen que resultaba más beneficioso de acuerdo
con las condiciones del accionante era el Acuerdo 049 de 1990, bajo la lectura más
favorable del mismo, que permite la acumulación de tiempos no cotizados con
exclusividad al ISS.
[…]
Finalmente, en lo que respecta a la aparente distinción entre una situación de
reconocimiento y otra de reliquidación, es necesario señalar que, además de que
esa diferencia no tiene sustento en la línea jurisprudencial construida, resulta
abiertamente violatoria de los principios de igualdad y de favorabilidad. En efecto,
bajo esa distinción, la definición de una misma situación pensional conforme al artículo
53 superior se limitaría por un escenario formal en el que no incide la actividad del
trabajador. Así, por ejemplo, el derecho pensional de dos trabajadores beneficiarios del
régimen de transición que contaran con el mismo número de semanas cotizadas se
definiría, de forma diferente, con base en la actuación que adelante COLPENSIONES.
Si el primero obtiene un reconocimiento primigenio de la entidad, bajo otro régimen, su
derecho no podría ser definido conforme a la interpretación más favorable del Acuerdo
049 de 1990. No obstante, si el segundo trabajador no cuenta con ese reconocimiento
directo de la entidad, la definición de su derecho podría evaluarse, por estar en la
instancia de reconocimiento, con base en la interpretación más favorable del régimen en
mención en sede judicial. En ese sentido, es claro que el elemento que se consideró
relevante por los jueces y las autoridades administrativas –la instancia de reconocimiento
o de reliquidación– no puede ser tomado como el factor que determine la aplicación de
un mandato constitucional, pues se generarían tratos diferenciados injustificados con
respecto a personas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. […]»
[sic]. [subrayado por la Sala]
17 Sentencia del 13 de julio de 2021, expediente T-7.977.028. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06681-01
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
33. En sentencia del 23 de abril de 202018 se precisó:
«[…] Mediante la Resolución 10492 de 25 de marzo de 2011 el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones) le reconoció al demandante la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, con la tasa de remplazo del 75%, pero tomando como base el
promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicios y los factores salariales
establecidos en el artículo 10 del Decreto 1158 de 1994 […]. Asimismo, a través de la
Resolución 28818 de 23 de agosto de 2011 expedida por el Instituto de Seguros Sociales
(hoy Colpensiones) se dispuso el pago de la mesada pensional a partir del 1° de
septiembre de 2011.
[…]
(i) El demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que nació el 26 de marzo de 1946,
por lo que para el 1° de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100
de 1993, contaba con 47 años de edad.
[…]
En el sub lite se tiene que el demandante cumplió la edad de 60 años el 26 de
septiembre de 2006 y acreditó 1603 semanas de cotización; es decir, que le asiste
el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez en los términos de los artículos
12 y 20 del Decreto 758 de 1990, en cuantía equivalente al 90% y, en esa medida,
conforme lo consideró el Tribunal, se muestra evidente que este régimen es más
beneficioso que el consagrado en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, puesto que
establece tasas de reemplazo más altas, según las semanas de cotización.
(iv). En cuanto al ingreso base de liquidación, se tiene que el a quo ordenó
reconocer la pensión de vejez dando aplicación integral al Acuerdo 049 de 1990,
liquidando la prestación con base en lo dispuesto en el parágrafo 1° de dicha
disposición, de tal manera que esta corresponda al 90% del promedio de la
totalidad de los factores devengados en las últimas 100 semanas de servicio, a
partir del 16 de marzo de 2012 por la ocurrencia del fenómeno prescriptivo.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en acápites anteriores, el régimen
pensional de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique el Acuerdo 049 de 1990 incluye los requisitos
de edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del
régimen anterior […]» [sic].
34. En sentencia del 3 de abril de 202519, refirió:
«[…] 6.5. Caso concreto. La controversia en el presente asunto se contrae a definir si de
acuerdo con el régimen pensional del Decreto 758 de 1990, aplicable por transición de la
Ley 100 de 1993, es posible incrementar la tasa de reemplazo al tope establecido del 90%,
de la pensión que le fue reconocida a la actora.
Ahora bien, es de resaltar que la actora es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993, circunstancia que no está en discusión, pues nació
el 27 de marzo de 1953, por lo que, al 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la norma
en comento para las entidades del orden territorial, acreditaba 42 años de edad. Sumado
a ello, al cumplimiento de los 55 años de edad (27 de marzo de 2008) contaba con más
de 750 semanas cotizadas, por lo que también logró conservar el régimen de transición
aludido conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
[…]
Pues bien, debe reiterarse que el Consejo de Estado ha manifestado que la tasa de retorno
se encuentra protegida por el régimen de transición y, en consecuencia, se debe
garantizar la aplicación a sus beneficiarios con base en la norma anterior, que sea más
favorable.
En esos términos, se observa que la demandante pretende la aplicación del Decreto 758
de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de
18 Sección Segunda, Subsección A, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 2 5 0 0 0 -
2 3 - 4 2 - 0 0 0 - 2 0 1 6 - 0 2 4 1 7 - 0 1 ( 3 3 5 1 - 2 0 1 8 ) . CP: Gabriel Valbuena Hernández.
19 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-
33-000-2018-01738-01 (0261-2024). CP: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
1993, con una tasa del 90% sobre el salario base de liquidación, conforme al número de
semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y en concordancia
con el artículo 20 del mencionado decreto
[…]
Por ende, no son de recibo los argumentos expuestos por el Tribunal de origen, según los
cuales a la accionante no le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990, pues considera que
no es viable sumar tiempos diferentes a los cotizados al ISS. Como se expuso en el marco
normativo de la presente providencia, sí es posible sumar tanto los tiempos públicos
como los privados, además, este decreto es más favorable porque las tasas de
reemplazo son superiores para los pensionados.
[…]
En esos términos, corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia, únicamente en cuanto negó la pretensión subsidiaría, para en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión de la señora Ruth Duque Vásquez conforme
a la tasa de reemplazo del 90% prevista en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, en
consonancia con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la precisión que el
IBL corresponde a lo dispuesto en el artículo 21, aspecto que no es objeto de modificación
alguna. Esto con la precisión, que la misma entidad accionada, en sede administrativa,
reconoció que la actora es beneficiaria del decreto en referencia. […]» [sic]. [subrayado
por la Sala]
35. De igual manera, la Sala considera importante referir el siguiente
pronunciamiento, que, aunque no podría ser calificado como desconocido en
atención a que fue proferido con posterioridad a la sentencia enjuiciada, lo cierto es
que sirve de fundamento para corroborar que esa sigue siendo la línea pacifica de
la Sala. Al respecto, en sentencia del 26 de noviembre de 202520, precisó:
«[…] Sin embargo, esta Subsección acogió la línea de la Corte Constitucional acerca de
la aplicación del Decreto 758 de 1990, en el sentido de precisar que quien cotizó al ISS y
a otras cajas, como trabajador estatal y privado tiene derecho a que se le aplique lo
previsto en esta normativa.
Sobre la aplicación de este decreto, la Subsección B en providencia del Tres (3) de abril
de Dos mil Veinticinco (2025), reiteró lo señalado por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, de la siguiente manera:
«Por consiguiente, el promotor del proceso completa el tiempo requerido para alcanzar
la prestación bajo la égida de la Ley 71 de 1988. Sin embargo, la Sala aplicará el
Acuerdo 049 de 1990 en el presente caso, porque a la luz del principio de favorabilidad
consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del CST, dicha
normatividad le resulta más beneficiosa al trabajador, en términos de tasa de remplazo.
Esta conclusión es válida, porque si bien el IBL es similar en las dos normas, la tasa de
remplazo es del 75% en la Ley 71 de 1988 (art. 8 del Decreto 2709 de 1994) y hasta
del 90% en el Acuerdo 049 de 1990 (art. 20). Luego, para la Sala prevalece
inexorablemente la disposición más favorable al trabajador. Al respecto, la Sala
considera que ello es posible jurídica y fácticamente, porque i) el demandante cumple
los requisitos con la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990; ii) en los dos regímenes
es posible sumar el tiempo laborado en entidades privadas y oficiales, sin importar si
fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social; iii) es
plenamente congruente con lo solicitado en la demanda inaugural y el recurso de
apelación; y iv) observa el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53
superior y 21 del CST.»
[…]
De ahí que, no son de recibo los argumentos del A-quo, según el cual al señor Ricardo
Alfonso Bernal Vanegas no le resultan aplicables el Decreto No. 758 de 1990, porque no
se habían reportado semanas de cotización al ISS. Como se expuso en precedencia, es
20 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
08001233300020180062001 (1965-2025). CP: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06681-01
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
posible sumar tanto tiempos públicos como privados para acceder a este régimen,
además, este decreto le resulta más favorable, toda vez que, la tasa de reemplazo es
superior para los pensionados.
[…]
Por otra parte, el A quo negó el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda de
reconvención, consistente en la reliquidación de la pensión de jubilación, conforme con
los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, decisión equivocada, toda vez que, está es
más favorable para el actor y por ello, la Sala dispondrá el restablecimiento del derecho.
En estos términos corresponde revocar parcialmente la sentencia de Primera Instancia,
en cuanto negó la pretensión del demandante en reconvención de reliquidar la pensión,
en su lugar, se ordenará a la demandada, la reliquidación de la pensión del señor Ricardo
Alfonso Bernal Vanegas conforme a la tasa de reemplazo del 90% prevista en el artículo
20 del Decreto 758 de 1990, en consonancia con el régimen de transición de la Ley 100
de 1993, con la precisión que el IBL corresponde a lo dispuesto en el artículo 21 de dicha
norma, aspecto que no es objeto de modificación. […]» [sic].
36. Como se evidencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, Sección Segunda ha sido consistente en reconocer que, para la
determinación del derecho pensional debe prevalecer una interpretación favorable
de las fuentes normativas, en particular del Acuerdo 049 de 1990, sin que la
distinción entre reconocimiento y reliquidación constituya un criterio válido para
inaplicar dicho precedente, toda vez que la regla jurisprudencial ha establecido que
el principio de favorabilidad opera como mandato constitucional autónomo en la
interpretación del sistema pensional.
37. En este sentido, se ha precisado que la posibilidad de acumulación de tiempos y
la aplicación del régimen más beneficioso no se limitan a los eventos en los que el
acceso a la pensión dependa exclusivamente de una norma específica, ni a la
instancia inicial de reconocimiento del derecho, sino que resultan exigibles también
en escenarios de definición de su alcance. Máxime cuando la definición de un mismo
derecho pensional no puede depender de un aspecto meramente formal como la
instancia en la que se debate [reconocimiento o reliquidación], sino que debe
atender a la aplicación uniforme de los mandatos constitucionales previstos para la
protección efectiva de los trabajadores.
38. En este punto, la Sala aclara que, la providencia enjuiciada parte de una
interpretación restrictiva del precedente judicial, en torno a la aplicación del principio
de favorabilidad en materia pensional. En efecto, sostener que la acumulación de
tiempos cotizados entre el ISS y otras entidades solo procede en la etapa de
reconocimiento y no en la de reliquidación carece de sustento jurisprudencial, pues
no existe una regla que limite la aplicación de la interpretación más favorable del
Acuerdo 049 de 1990 a un momento procesal específico.
39. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento
del precedente judicial al inaplicar la línea jurisprudencial pacífica del Consejo de
Estado, Sección Segunda y la Corte Constitucional existente en torno a la
procedencia de la reliquidación pensional con el Acuerdo 049 de 1990, pues la
distinción entre reconocimiento y reliquidación como criterio para negar la aplicación
de un régimen más favorable resulta abiertamente contraria a los principios de
igualdad y favorabilidad, ya que introduce un trato diferenciado injustificado entre
personas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. Razón por la
cual, se accederá al amparo solicitado.
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3. Decisión
40. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró
sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se revocará el
pronunciamiento de primera instancia para, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva de Bertha María Mejía Rincón.
41. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 31 de marzo
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 76001333301320190029501, y ii) se le
ordenará a dicha corporación judicial que, en el término de 20 días siguientes,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un
pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su lugar, amparar los derechos fundamentales de
Bertha María Mejía Rincón en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001333301320190029501.
Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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