Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06686-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06686-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06686-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
19 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-01
Demandante: Euclides Villamil
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06686-01
Demandante: EUCLIDES VILLAMIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRTIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Desplazamiento forzado. Rechazo de demanda por caducidad del
medio de control. Procedencia de la acción de tutela. Defecto
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 20
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 23 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Euclides Villamil pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a los autos del 31 de
enero y del 31 de julio de 2025, proferidos por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
respectivamente, por medio de los cuales se rechazó la demanda de reparación directa
con radicado 11001-33-36-034-2024-00205-00/01, por encontrar acreditado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral, en mi calidad de víctima de desplazamiento
forzado y persecución política como integrante de la Unión Patriótica.
SEGUNDO: Que se dejen sin efecto el Auto del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá de
fecha 31 de enero de 2025, y el Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A de fecha 31 de julio de 2025, mediante los cuales se rechazó mi demanda de reparación
directa por considerar caducado el medio de control.
TERCERO: Que, en consecuencia, se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá
admitir la demanda de reparación directa radicada el 11 de julio de 2024, para que se tramite conforme
a derecho y se garantice mi acceso efectivo a la justicia.
CUARTO: Que se ordene a las autoridades judiciales accionadas aplicar en adelante los principios de
interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y principio pro
persona, especialmente en los casos relacionados con víctimas de graves violaciones de derechos
humanos o del genocidio político de la Unión Patriótica.
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Demandante: Euclides Villamil
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó el tutelante que fue fundador del partido político Unión Patriótica, que fue
alcalde encargado del municipio de Calmar en el año 1998 y concejal del municipio de
San José del Guaviare entre 1988 y 1992.
Que se había desempeñado como administrador de la unidad de servicios públicos del
municipio de Miraflores y que, el 14 de junio de 2002, cuando regresaba de una comisión
en Bogotá, le informaron que el día anterior hombres armados, que se identificaron como
integrantes de las FARC, habían ingresado a esa unidad y les habían dicho a los
empleados que debía presentar su renuncia irrevocable o sería declarado objetivo militar.
Que, por lo anterior, puso en conocimiento del alcalde esos hechos y presentó la
correspondiente renuncia el 14 de junio de 2002. Que, el 18 de junio siguiente, el alcalde
radicó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Que el 5 de mayo de 2004 fue desplazado, debido a que había sido detenido por agentes
del DAS por el delito de rebelión, que su captura había salido en medios de comunicación
que titularon la noticia como <<detenido ideólogo de las FARC>>, por lo que no pudo
regresar a su finca en el municipio de Calamar, porque significaba un riesgo alto para su
integridad, debido a que esa era una zona con presencia de grupos paramilitares.
Que el 21 de enero de 2005, rindió declaración ante la Defensoría del Pueblo por los
hechos relacionados con su desplazamiento y que pidió a esa entidad que le ayudara
con trabajo, alimentación, vivienda y educación para sus hijos.
Que se encontraba incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado ocurrido el 5 de mayo de 2004, en el municipio de Calamar,
departamento del Guaviare.
Por lo anterior, el 11 de julio de 2024, el señor Euclides Villamil promovió demanda de
reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que
se les declarara responsables por el desplazamiento forzado que sufrió el 5 de mayo de
2004, por ser militante del partido político la Unión Patriótica.
Sobre el fenómeno jurídico de la caducidad, se señaló lo siguiente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia «Integrantes y Militantes de la Unión
Patriótica vs Colombia». Señaló la posibilidad de que las víctimas que por algún motivo no pudieron
demandar ante el sistema interamericano, lo pudieran hacer a nivel interno. Para lo cual señaló en el
párrafo 540, lo siguiente: «Lo dispuesto en este acápite no excluye que aquellas personas que también
hayan sufrido posibles violaciones como integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y
sus familiares, que no están incluidas en los Anexos I, II y III de víctimas de esta Sentencia puedan
demandar sus derechos conforme a la normativa interna»
Por lo cual, la caducidad de la acción se deberá contabilizar solamente a partir de la notificación de la
sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso: «Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia», lo cual tuvo lugar el 30 de enero del año 2023, fecha en
la cual las víctimas y familiares tuvieron conocimiento y certeza de la responsabilidad del Estado y sus
instituciones en estos hechos.
Así mismo, es menester destacar que, nos encontramos frente a hechos de los que deviene el grave
delito de desplazamiento forzado, cometido con la complicidad y posible participación de agentes del
Estado en cabeza del Ejército Nacional, suceso que a todas luces viola los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario; tema que ha sido objeto de estudio y desarrollo por el honorable
Consejo de Estado, ello a través de múltiples fallos, en los cuales se ha reiterado que el término de
caducidad para estos eventos debe ser estudiado con base en unos criterios más amplios y atendiendo
las circunstancias particulares de cada caso.
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Demandante: Euclides Villamil
La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-36-034-2024-00205-00 y
correspondió al Juzgado 34 Administrativo de Bogotá que, por auto del 31 de enero de
2025, la rechazó al encontrar que se había configurado la caducidad.
Explicó que los hechos dañosos que motivaron la demanda ocurrieron el 5 de mayo de
2005 y que a la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial (30 de mayo
de 2024) y la demanda, radicada el 11 de julio de 2024, el término de caducidad se
encontraba ampliamente fenecido.
Que no se desconocía que el asunto se enmarcaba en el conflicto armado colombiano,
que, por ello, se debía aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada
por el Consejo de Estado en el proceso con radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.
Que, debido a esa providencia, el fenómeno de la caducidad sí tenía cabida en el marco
de procesos adelantados con ocasión de delitos de lesa humanidad o crímenes de
guerra. Que el término debía contabilizarse desde que los afectados conocieron o
debieron conocer la participación del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
Que existía un escenario particular en el que no se aplicaba la caducidad y era cuando
se advertían situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción, pero que, en esos casos, una vez superada la situación de impedimento,
empezaba a correr el término de caducidad.
Dijo que no encontraba una situación que hubiere impedido el ejercicio del derecho de
acción por parte del demandante y que esa situación hubiere perdurado hasta dos años
antes de la presentación de la demanda, tanto así que esa situación no era relatada en
la demanda, que por el contrario, el relato de los hechos indicaba que el accionante “se
asentó en la ciudad de Villavicencio y posteriormente en la ciudad de Bogotá, ciudades principales
del país, sin que de forma alguna indique que ya en estas ciudades se vio materialmente impedido
para ejercer su derecho de acción en contra de la demandada de manera oportuna”.
Que el hecho dañoso tenía la particularidad de ser continuado y que en esos escenarios
se debía tener en cuenta si las víctimas pudieron haberse reasentado o arraigado en otro
lugar, lo que le posibilitaba el acceso a la administración de justicia y tenía incidencia en
el cómputo de la caducidad.
Que del relato de la demanda se desprendía el asentamiento del demandante en otras
ciudades a continuación del hecho dañoso, sin que se evidenciara la imposibilidad
material de acceder a la administración de justicia en esos nuevos asentamientos. Que
no podía afirmarse que el conocimiento del daño devino con la sentencia proferida en el
año 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que no era posible considerar como un hito de contabilización del término de caducidad
la sentencia dictada por la Corte Interamericana, porque esa decisión no lo señalaba de
manera expresa. Que, por el contrario, la Corte Constitucional en la sentencia SU-253 de
2013, sí había fijado una regla jurisprudencial a partir de la cual se debía contabilizar la
caducidad en casos de desplazamiento forzado.
Que la mencionada sentencia de la Corte Constitucional había fijado que la caducidad
debía computarse desde la ejecutoria de ese fallo y que esa era una decisión con efecto
inter comunis. Que, en consecuencia, la demanda había sido presentada por fuera del
término.
Inconforme, el demandante apeló y manifestó que conoció la presunta responsabilidad
del Estado por su desplazamiento forzado el 30 de enero de 2023, cuando se notificó la
sentencia del 27 de julio de 2022 dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la que se declaró al Estado Colombiano responsable de la violencia
sistemática ejercida en contra de los miembros del partido político Unión Patriótica.
Que aún tenía la calidad de desplazado, debido a que nunca pudo retornar al
departamento del Guaviare, de donde fue desplazado. Que no existían garantías para
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demandar al Estado en las ciudades principales, dada la persecución y hostigamiento
que sufrían, que, por ello, los miembros de su partido político tenían que mantenerse
ocultos, sin brindar información personal.
Que, por lo anterior, fue que los integrantes de la Unión Patriótica buscaron protección
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por auto del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.
Explicó que no eran de recibo los argumentos de la parte actora, relacionados con que el
término de caducidad debía contabilizarse desde la notificación de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque desde hacía muchos años la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado habían estudiado la responsabilidad del Estado
Colombiano en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la
Unión Patriótica.
Que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no emitió ningún
pronunciamiento general sobre el término de caducidad para promover el medio de
control de reparación directa en casos de desplazamiento forzado de víctimas de la Unión
Patriótica y que tampoco incluyó al demandante como beneficiario de las reparaciones
ordenadas.
Con relación a la no cesación del desplazamiento forzado, afirmó que, del relato de los
hechos en la demanda se desprendía que, en el año 2005, el demandante se reasentó y
arraigó en la ciudad de Bogotá y que desde por lo menos el 21 de enero de 2005 estaba
en la posibilidad de acceder a la administración de justicia.
Que, sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con la sentencia SU-254 de 2013
dictada por la Corte Constitucional, el término de caducidad debía computarse a partir de
la ejecutoria de la referida sentencia de la Corte Constitucional, el 23 de mayo de 2013.
Que el término para ejercer el derecho de acción del demandante feneció el 23 de mayo
de 2015 y que la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se habían presentado
cuando se había superado con creces esa fecha.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo al aplicar de manera estricta el término de caducidad previsto en el
artículo 164 del CPACA, sin atender la obligación de interpretar esa norma conforme al
bloque de constitucionalidad y al principio pro persona.
Dijo que se ignoró que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos por
desplazamiento forzado. Que el cómputo de la caducidad debía contabilizarse desde el
momento en el que tuvo conocimiento de la imputabilidad al Estado, de acuerdo con las
sentencias SU-253 de 2013, SU-254 de 2013 y SU-312 de 2020 proferidas por la Corte
Constitucional, así como la sentencia 61033 de 2020 dictada por el Consejo de Estado.
Que solo tuvo certeza de la responsabilidad del Estado Colombiano a partir de la
notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de
enero de 2023. Que esa sentencia ordenó al Estado remover los obstáculos procesales
que impedían el acceso a la administración de justicia de las víctimas del genocidio de la
Unión Patriótica.
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Defecto fáctico porque no valoraron el carácter continuado del desplazamiento forzado
y se limitaron a tener en consideración la fecha inicial del hecho dañoso en el año 2004.
Señaló que el desplazamiento forzado constituía una violación permanente que se
mantiene mientras la víctima no pueda retornar de manera segura a su lugar de origen.
Que esa omisión probatoria condujo a que se apreciara de forma arbitraria los hechos,
debido a que se ignoró que el daño seguía produciéndose. Que de acuerdo con las
sentencias SU-253 de 2013 y SU-312 de 2020 proferidas por la Corte Constitucional y
las dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Moiwana vs
Surinam e integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, el desplazamiento
forzado era un hecho de ejecución continuada, por lo que, a su juicio, el término de
caducidad solo podía contarse cuando cesara el desplazamiento o cuando la víctima
adquiriera certeza sobre la responsabilidad del Estado en esos hechos.
Desconocimiento del precedente fijado en las siguientes providencias, en las que,
según el actor, en proceso con supuestos fácticos similares, se contabilizó el término de
caducidad desde la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso <<integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia>>.
Radicado Autoridad que dictó la decisión Fecha
2024-00323-01 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 27 de mayo de 2025.
Sección Tercera, Subsección A
2025-00074-01 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 14 de mayo de 2025
Sección Tercera, Subsección C
2025-00022-01 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 15 de mayo de 2025
Sección Tercera, Subsección A
2024-00280-00 Juzgado 61 Administrativo de Bogotá 22 de octubre de 2024
2025-00097-00 Juzgado 65 Administrativo de Bogotá 2 de octubre de 2025
2025-00087-00 Juzgado 65 Administrativo de Bogotá 26 de marzo de 2025
2025-00101-00 Juzgado 65 Administrativo de Bogotá 9 de abril de 2025
2025-00100-00 Juzgado 60 Administrativo de Bogotá 29 de mayo de 2025
2025-00131-00 Juzgado 62 Administrativo de Bogotá 30 de abril de 2025
2024-00241-00 Juzgado 58 Administrativo de Bogotá 10 de diciembre de 2024
2024-00240-00 Juzgado 36 Administrativo de Bogotá 26 de mayo de 2025
2025-00328-00 Juzgado 58 Administrativo de Bogotá 24 de junio de 2025
2024-00368-00 Juzgado 32 Administrativo de Bogotá 25 de julio de 2025
2025-00132-00 Juzgado 37 Administrativo de Bogotá 24 de septiembre de 2025
2025-00042-00 Juzgado 38 Administrativo de Bogotá 7 de julio de 2025
2025-00108-00 Juzgado 31 Administrativo de Bogotá 29 de mayo de 2025
2025-00086-00 Juzgado 38 Administrativo de Bogotá 29 de julio de 2025
2025-00092-00 Juzgado 63 Administrativo de Bogotá 21 de mayo de 2025
2025-00106-00 Juzgado 37 Administrativo de Bogotá 30 de julio de 2025
2025-00105-00 Juzgado 35 Administrativo de Bogotá 11 de agosto de 2025
2025-00031-00 Juzgado 32 Administrativo de Bogotá 8 de agosto de 2025
5. Intervenciones
El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá solicitó que se denegaran las pretensiones de
la parte actora. Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, para
señalar que no se configuraba la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
que el auto del 31 de enero de 2025 fue debidamente sustentado y que se emitió
conforme al material probatorio aportado.
Que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera instancia del proceso de
reparación directa ni podía emplearse para revivir términos procesales, porque se
atentaría contra la independencia judicial y la seguridad jurídica.
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, ponente de la providencia del 31 de julio de 2025, pidió que no se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela. Realizó un recuento de las decisiones
adoptadas en el proceso de reparación directa, para argumentar que no transgredió las
garantías fundamentales del tutelante, porque el trámite se ajustó a derecho y que la
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Demandante: Euclides Villamil
decisión acusada estuvo fundamentada en las normas vigentes y la jurisprudencia que
regulaba la materia.
Qué mal pretendía el demandante alegar la vulneración de sus derechos fundamentales
cuando había sido su inactividad la que dejó que operara la caducidad. Que la pérdida
de acceso a la administración de justicia no se dio por el juez de la causa, sino por la falta
de accionar de forma oportuna del tutelante.
Que de las pruebas aportadas por el actor y de la narración de los hechos que realizó en
la demanda ordinaria se evidenciaba que no hubo ninguna circunstancia que le impidiera
acceder a la administración de justicia en el término fijado por el legislador y que tuvo
conocimiento del hecho dañoso mucho antes de la notificación de la sentencia proferida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, debido a
que el accionante no desarrolló una carga argumentativa mínima para justificar la
afectación a sus derechos fundamentales y que pretendía que se analizara nuevamente
una cuestión jurídica que ya había sido definida.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó la solicitud de amparo.
Por un lado, dijo que se abstendría de emitir un pronunciamiento de fondo respecto al
defecto fáctico, porque la parte actora no argumentó la forma en la que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en esa causal específica de procedencia.
Por otro lado, adujo que las decisiones cuestionadas no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en la simple voluntad de los falladores, sino que
correspondió al estudio lógico y plausible de lo ordenado en el artículo 164 del CPACA.
Que no se incurrió en defecto sustantivo porque las providencias acusadas se
fundamentaron en el análisis detallado de las pruebas, conforme con las disposiciones
normativas y el precedente jurisprudencial aplicable. Que lo que se observaba era un
simple desacuerdo del actor con las conclusiones a las que se arribaron en las
providencias cuestionadas, lo que no conllevaba a la transgresión de sus derechos
fundamentales.
Uno de los magistrados que integra la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado salvó su voto, al considerar que la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otro vs Chile fijó en el ordenamiento
jurídico colombiano la regla que dispone que el ejercicio del medio de control de
reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad no caducaba, sin que fuera
posible aplicar normas o reglas internas.
Que no se había probado que a la fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013
proferida por la Corte Constitucional, el 22 de mayo de 2013, el desplazamiento alegado
por el actor hubiere cesado, en los términos de la Ley 387 de 1997, por lo que, a su juicio,
la regla fijada en esa providencia no resultaba aplicable al caso concreto. Que las
autoridades judiciales demandadas abordaron formalmente el análisis de la caducidad,
pero que no advertía que se hubiera hecho de cara a las situaciones particulares del
caso.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado. Reiteró los cargos expuestos en el escrito de
tutela.
Adicionalmente, sobre el defecto fáctico, mencionó que las decisiones acusadas
omitieron valorar que no existía sentencia penal ejecutoria que hubiera condenado a los
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responsables de su desplazamiento, que no se había acreditado el retorno seguro y que
no se tuvo en cuenta que las condiciones de inseguridad persistían con la presencia de
grupos armados ilegales. Que las autoridades judiciales demandadas se limitaron a
descartar la alegación de continuidad del desplazamiento con base en apreciaciones
formales.
Finalmente, agregó como fundamento de la demanda de tutela los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo II adicional a la
convención de Ginebra, relativo a la protección de víctimas de conflictos armados sin
carácter internacional, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
artículos XVIII y XXVI.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la parte actora.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor Euclides Villamil.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que, a pesar de que la
decisión de primera y segunda instancia fue dictada en el mismo sentido, el accionante
goza de una especial protección debido a su condición de víctimas del conflicto armado,
además porque se trata de una acción judicial que presenta una especial complejidad,
no alude a una discusión de orden legal o económico y cumple con la carga
argumentativa de señalar que, si existieran los errores que alega el tutelante, se estarían
vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Euclides Villamil
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente del proceso objeto de tutela, la providencia del 31 de julio
de 20253 fue comunicada por correo electrónico del 8 de agosto de 2025, de modo que
fue debidamente notificada el 12 de agosto siguiente, y, por su parte, la demanda de
tutela fue radicada el 23 de octubre de 2025, esto es, dos meses y 11 días después,
término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación como
plazo razonable.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de reparación directa y cuestiona una decisión de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del
recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece
que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión cuestionada
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente al proferir la
decisión del 31 de julio de 2025.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora controvierte
una decisión de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que el tribunal demandado incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente al declarar la caducidad del medio de
control de reparación directa que promovió contra el Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la notificación de la sentencia
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso integrantes y
militantes de la Unión Patriótica vs Colombia. Que, además, se debía tener en cuenta
que el caso estaba relacionado con un desplazamiento forzado de carácter continuado.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente, a las actuaciones rendidas en el proceso ordinario y al análisis realizado en
la providencia acusada.
Con la demanda del proceso ordinario que se radicó el 11 de julio de 2024, se allegaron,
entre otras, las siguientes pruebas:
• Constancia expedida por la Unidad para las Víctimas del 18 de febrero de 2024, en la que se informaba
que el señor Euclides Villamil se encontraba incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho
víctimizante de desplazamiento forzado ocurrido el 5 de mayo de 2004 en el municipio de Calamar,
departamento del Guaviare.
• Credencial del 15 de marzo de 1990 proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que daba
cuenta de que el señor Euclides Villamil fue electo concejal del municipio de San José del Guaviare
para el período 1990 a 1992.
• Constancia de la secretaria general del concejo municipal de San José del Guaviare que acreditaba
que el señor Euclides Villamil se desempeñó como concejal de ese municipio por los períodos
comprendidos entre los años 1988 a 1990 y de 1990 a 1992.
• Certificados de los cargos desempeñados por el demandante entre los años 1988 al 2002 en el
departamento del Guaviare.
• Un informe de hurto rendido por el demandante y dirigido al entonces alcalde del municipio de
Miraflores, en el departamento del Guaviare, en el que manifestó que el 13 de junio de 2002, hombres
3 La Sala precisa que el análisis de los cargos propuesto se centrara en la última providencia, por ser la que decidió de
manera definitiva sobre el asunto.
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Demandante: Euclides Villamil
armados que dijeron pertenecer a las FARC habían ingresado a las oficinas de la unidad de servicios
públicos y dijeron que todos los empleados debían renunciar y que serían declarados objetivo militar.
• Renuncia irrevocable al cargo de administrador de la unidad de servicios públicos, del 14 de junio de
2002, suscrita por el demandante y dirigida al entonces alcalde del municipio de Miraflores. Así como
la carta de aceptación de esa renuncia.
• Una captura de pantalla de la edición del 19 de mayo 2004 del periódico El Tiempo, en el que se
informa de la captura del señor Euclides Villamil, investigado por el delito de rebelión, que tenía por
titular <<DETENIDO IDEÓLOGO DE LAS FARC>>.
• Formato único de declaración rendida por el demandante el 21 de enero de 2005, sobre los hechos
relacionados con el presunto desplazamiento forzado del que fue víctima.
• Constancia expedida por el secretario nacional de la organización Unión Patriótica del 29 de mayo de
2024, en el que se informó que el señor Euclides Villamil << (…) es víctima directa por desplazamiento
forzado y violación a sus derechos políticos y al buen nombre, ocurridos en el municipio de Calamar
departamento del Guaviare, por ser militante de la Unión Patriótica, en marco de persecución a los
integrantes del partido político UP en el departamento del Guaviare>>.
Por auto del 31 de enero de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro de Bogotá rechazó la
demanda promovida por el actor, al estimar que se había configurado el fenómeno jurídico
de la caducidad.
Dijo que el hecho dañoso había ocurrido el 5 de mayo de 2005, que ello no estaba en
duda, por lo que, a su juicio, en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación y de
la demandada, el término de caducidad se encontraba ampliamente superado, de
acuerdo con lo previsto en el literal i del artículo 164 del CPACA.
Que, no obstante, el hecho dañoso tenía una cualificación especial, porque se enmarca
en el conflicto armado colombiano, lo que permitía entender que la indemnización
reclamada estaba relacionada con delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra.
Citó la sentencia del 20 de enero de 2020, dictada por esta Corporación en el expediente
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), para señalar que, en virtud de la regla de
unificación fijada en esa providencia, la caducidad tenía cabida en el marco de procesos
de responsabilidad adelantados con ocasión a delitos de lesa humanidad o crímenes de
guerra bajo el entendido de que el cómputo debía iniciarse cuando el afectado conoció o
debió conocer la participación de Estado y advirtió la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
Que así mismo existían escenarios particulares en los que el término no aplicaba, porque
se trataba de situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción, pero que, una vez superada esa situación, empezaba a correr el plazo de ley.
Que no encontraba situación alguna que impidiera al actor ejercer su derecho de acción
y mucho menos que aquella hubiera perdurado hasta dos años antes de la presentación
de la demanda. Que esas situaciones no fueron expuestas y que, por el contrario, el relato
del demandante deja ver que después del desplazamiento se había asentado en la ciudad
de Villavicencio y luego en la ciudad de Bogotá, sin que advirtiera que se encontraba
impedido para ejercer su derecho de acción de forma oportuna.
Que el hecho dañoso tenía la particularidad de ser continuado y que al respecto la
jurisprudencia había afirmado que4:
(…) dicho término se cuenta a partir de la condena de los responsables o desde el momento en el que
el daño cesa, es decir, (i) cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el
retorno o (ii) se logra el restablecimiento al lugar de origen, independientemente de que los afectados
procedan o no de conformidad.
Que, sin embargo, la misma jurisprudencia se había encargado de acotar tal
planteamiento, al indicar que:
(…) también puede ocurrir que las personas que inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron
haberse reasentado o arraigado en otro lugar, lo que posibilita el acceso a la administración de justicia
y tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad.
4 cita del texto original: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
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Demandante: Euclides Villamil
(…)
esta Corporación ha establecido que el momento en el que quienes inicialmente se desplazaron
forzadamente se han reasentado o arraigado en otro lugar, tiene incidencia en el cómputo del término
de caducidad, en la medida en que esta situación les posibilita a las víctimas el acceso a la
administración de justicia.
Que, de acuerdo con la narración de la demanda, ocurrió el asentamiento en otras
ciudades a continuación del hecho violento, sin que existiera un relato ni pruebas que
evidenciaran la imposibilidad material de acceder a la justicia en esos nuevos
asentamientos, hacía considerar que desde aquel entonces el actor había podido
reclamar los perjuicios deprecados, sin que lo hubiere hecho, lo que, a su juicio, resultaba
inexcusable.
Que no eran de recibo las alegaciones del demandante, relacionadas con el conocimiento
del daño a partir de la sentencia del 2023 emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por cuanto desde mediados de la década de los ochenta ya era
conocida y cognoscible la situación de desprotección de los miembros de la Unión
Patriótica por el Estado Colombiano.
Que asumir que el demandante solo pudo acceder a la jurisdicción 20 años después de
los hechos, cuando mucho antes ya se había asentado en otras ciudades principales del
país, conllevaría a la inoperancia de la caducidad, lo que generaría inseguridad jurídica.
Que en casos de desplazamiento forzado se debía tener en cuenta la sentencia SU-253
de 2013, que había determinado que, para efectos de la caducidad de futuros procesos
judiciales que se iniciaran ante la jurisdicción contenciosa administrativa, solo podía
computarse desde la ejecutoria de esa providencia. Que, en consecuencia y conforme a
la normativa y la jurisprudencia, no era factible considerar la contabilización de la
caducidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inconforme, el demandante apeló, para indicar que conoció la presunta responsabilidad
del Estado por su desplazamiento forzado el 30 de enero de 2023, con la notificación de
la sentencia del 27 de julio de 2022 dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que había declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por la violencia
sistemática ejercida en contra de los miembros del partido político Unión Patriótica.
Que continuaba teniendo la calidad de desplazado, porque no había podido retornar al
departamento del Guaviare, de donde fue desplazado. Que no tenía garantías para
demandar al Estado en las ciudades principales, en razón a la persecución y
hostigamiento que sufrían los integrantes de la Unión Patriótica, que, por ello, los
miembros de su partido político tenían que mantenerse ocultos, sin brindar información
personal.
Ahora bien, en la providencia del 31 de julio de 2025, el tribunal demandado explicó que
el hoy tutelante en su recurso de apelación presentó dos reparos. Que, por un lado, había
expuesto que solo conoció la participación del Estado y su posible responsabilidad
patrimonial el 30 de enero de 2023, con la notificación de la sentencia del 27 de julio de
2022 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que, por otro lado, alegaba que su condición de vulnerabilidad no había cesado, por
cuanto no había logrado retornar al departamento del Guaviare, que era su lugar de
origen.
Acto seguido, se pronunció sobre cada argumento. respecto del conteo del término de
caducidad a partir de la notificación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, precisó que en las sentencias SU - 168 de 2023 y del 5 de febrero
de 2024 proferida en el expediente 18001-23-31-000-2010-00458-01, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente, se habían pronunciado sobre la
sentencia de la nombrada corte interamericana.
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Demandante: Euclides Villamil
Que la providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien había
reconocido la responsabilidad del Estado en la violencia sistemática ejercida contra los
miembros de la Unión Patriótica, no era menos cierto que la jurisdicción contenciosa
administrativa, con anterioridad a esa decisión, ya había reconocido esa situación y
aceptado el exterminio de los integrantes del partido político Unión Patriótica como un
hecho notorio en el que tuvo incidencia el Estado Colombiano.
Que el actor quería atar el inicio del cómputo del término de caducidad a la fecha de
notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, al indicar que solo hasta ese
momento tuvo conocimiento de la participación del Estado en su desplazamiento forzado.
Que no compartía la postura del demandante, debido a que la participación y
responsabilidad del Estado Colombiano en los crímenes de lesa humanidad cometidos
en contra de los integrantes de la Unión Patriótica habían sido estudiados desde hacía
muchos años atrás por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la misma Corte
Interamericana de Derechos Humanos, autoridades judiciales que responsabilizaron al
Estado colombiano por esos delitos.
Que, por lo anterior, la postura del demandante, según la cual solo tuvo conocimiento de
la participación del Estado en su desplazamiento forzado con la notificación de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso integrantes y
militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, se caía por su propio peso, al verificar que
la responsabilidad del Estado había sido declarada por esos mismos hechos desde hacía
muchos años atrás y que no habían sido pocas las decisiones dictadas en ese sentido.
Señaló que <<A nivel interno, el Consejo de Estado también ha reconocido que la persecución
emprendida contra los miembros de la Unión Patriótica era un hecho notorio>>5.
Que existían otras condenas contra el Estado Colombiano del año 2010, proferidas por
la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento de la
obligación de proteger y garantizar la vida del dirigente político de la Unión Patriótica
Manuel Cepeda Vargas, en un contexto conocido de ataques repetidos y sistemáticos
contra los dirigentes de esa organización política6.
Que, aunado a lo anterior, lo cierto era que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia no había
emitido ningún pronunciamiento general sobre el término de caducidad para promover
demandas de reparación directa en caso de desplazamiento forzado a víctimas de la
Unión Patriótica y que tampoco había incluido al demandante como beneficiario de las
reparaciones decretadas en esa providencia.
Que, en consecuencia, no era aceptable que el término de caducidad en el asunto se
contabilizara a partir de la notificación de la mencionada sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso integrantes y militantes de la Unión
Patriótica vs Colombia.
5 Cita del texto original: Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo
de Estado: 1.° de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 20 de noviembre de 2008, exp. 20.511,
C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 3 de octubre de 2007, exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También
recientemente la Sección Quinta declaró la nulidad de los actos emitidos por el Consejo Nacional Electoral en los que
se había establecido la pérdida de la personería jurídica del partido político de la UP, por considerar que adolecían de
falsa motivación y desviación de poder. En dicha providencia se analiza que la no satisfacción, por parte de la UP, del
numeral 1° del artículo 4° de la Ley 130 de 1994 que consagra como motivo de pérdida de la personería jurídica la falta
de respaldo popular en situaciones de normalidad, al prescribir: “en una elección no obtenga a través de sus candidatos
por lo menos 50.000 votos, o no alcancen o mantengan representación en el Congreso [de la República]”, no era
aplicable sin consultar la realidad fáctica que padeció la organización política, comoquiera que en su caso obedeció a
la total imposibilidad del partido para participar en las elecciones del 2002 al no contar con igualdad de condiciones ni
garantías para la preservación de la vida e integridad personal de sus directivos, militantes y simpatizantes. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 julio de 2013, rad. 11001-03-28-000-
2010-00027-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
6 Cita del texto original: Sentencia del 26 de mayo de 2010, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.
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Demandante: Euclides Villamil
Finalmente, sobre la no cesación del desplazamiento forzado, adujo que en el proceso
no obraba un fallo penal definitivo sobre los hechos del desplazamiento del que fue
víctima el actor, así como tampoco elementos de convicción para establecer que el señor
Villamil retornó al lugar del que fue desplazado.
Que en los hechos de la demanda se indicó que el señor Euclides y su familia habían
sido desplazados el 5 de mayo de 2004, y desde entonces no habían podido regresar a
su hogar, y se vieron forzados a desplazarse a Villavicencio y posteriormente a Bogotá.
Que en la demanda no se hacía referencia a las circunstancias de tiempo del
desplazamiento forzado, que únicamente se decía que el 10 de mayo de 2004 el actor
fue detenido por agentes del DAS en la ciudad de Villavicencio, por presuntamente haber
cometido el delito de rebelión, que había sido privado de su libertad por 43 días. Que el
17 de diciembre de 2004, la esposa del demandante viajó a la finca de su propiedad, pero
un grupo de hombres no la dejó ingresar y le preguntaron por su esposo.
Que en la demanda se había indicado que el 21 de enero de 2005, el actor había
solicitado ayuda humanitaria ante la Defensoría del Pueblo, lo que, a su juicio,
desvirtuaba la existencia de alguna situación de hecho que le impidiera al demandante
acceder a la administración de justicia.
Que para la fecha de la declaración rendida por el actor el 21 de enero de 2005, ya
residían en la ciudad de Bogotá, como constaba en el correspondiente formato. Que lo
anterior permitía concluir que el señor Euclides desde el año 2005 se había establecido,
reasentado y arraigado en la ciudad de Bogotá y que desde por lo menos el 21 de enero
de 2005 se encontraba en la posibilidad de acceder a la administración de justicia. Que
lo anterior se desprendía del hecho de que el demandante acudió a la Defensoría del
Pueblo a poner en conocimiento su condición de desplazado.
Que, sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la sentencia de unificación SU-254 de
2013 proferida por la Corte Constitucional, el término de caducidad debía computarse a
partir de la ejecutoria de la mencionada sentencia dictada por la Corte Constitucional, el
23 de mayo de 2013.
Que, por lo tanto, el término de 2 años con que contaba el demandante para presentar la
demanda de reparación directa feneció el 23 de mayo de 2015, por lo que su presentación
fue extemporánea7.
Que, si bien el desplazamiento forzado era una excepción a la regla general de la
caducidad, porque causaba daños continuados en el tiempo, ello no significaba per se
que dicha figura procesal se desdibujara del todo en casos como el estudiado y que el
derecho de acción no caducara jamás. Que lo que ello implicaba era que se debía
estudiar con sumo detalle, al tener en cuenta las particularidades de cada caso y en
atención a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado.
Ahora, la Sala empieza por destacar el acertado desarrollo jurisprudencial efectuado por
las autoridades judiciales demandadas al revisar los escenarios posibles para el conteo
del término de caducidad en casos de desplazamiento forzado.
Al respecto se dijo que el cómputo de la caducidad debía contabilizarse desde cuando la
víctima conoció o debió conocer la participación del Estado y pudo advertir la posibilidad
de endilgarle responsabilidad. Que, no obstante, existían casos en los que la víctima se
encontraba impedido materialmente para ejercer su derecho de acción, pero que, en esos
escenarios, una vez superada esa situación, el término debía contabilizarse.
Sin embargo, para el demandante, el término de caducidad en su caso debía computarse,
por un lado, desde la notificación de la mencionada sentencia del 27 de julio de 2022
7 Cita del texto original: Presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 30 de mayo de 2024, y la demanda el 11 de
julio del mismo año.
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dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, a su juicio, desde
esa fecha fue que conoció la presunta responsabilidad del Estado en su desplazamiento.
Por otro lado, adujo que se debía tener en cuenta que se trataba de un daño continuado,
al encontrarse aún desplazado, debido a que no había podido retornar al departamento
del Guaviare.
A partir de lo anterior, para la Sala, en principio, la decisión de no acoger los argumentos
del demandante, relacionados con que el término de caducidad debía contabilizarse
desde la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, fue acertada, por
cuanto el tribunal demandado aplicó la regla jurisprudencial vigente al momento de dictar
la sentencia acusada - SU-254 de 2013 - que ordenaba que el término de caducidad
debía contabilizarse a partir 23 de mayo de 2013.
Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013
fue clara al señalar que se trataba de una regla aplicable exclusivamente a personas
víctimas de desplazamiento forzado y que aplicaba a futuros procesos judiciales ante la
jurisdicción contencioso-administrativa. De modo que resulta aplicable al caso del
demandante, pues, como se vio, es víctima de desplazamiento forzado y los hechos
victimizantes tuvieron lugar con antelación a la expedición de esa sentencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe precisar que, en efecto, en casos como el del
actor resultan aplicables las reglas jurisprudenciales relacionadas por las autoridades
judiciales demandadas, relacionadas con que el término de caducidad debe computarse
desde <<cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial>> o
cuando se adviertan <<situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley>>, de acuerdo con
la sentencia SU-429 de 2024 dictada por la Corte Constitucional.
Por lo que, se insiste, si bien el desarrollo jurisprudencial fue acertado, lo cierto es que
su aplicación en el caso concreto no lo fue, puesto que, el tribunal demandado afirmó,
basado solo en la narración de los hechos de la demanda de reparación directa, que el
señor Villamil se encontraba reasentado en la ciudad de Bogotá desde el año 2005 y
desde entonces tenía la posibilidad de acceder a la administración de justicia, sin tener
en consideración que el mismo actor en el recurso de apelación presentado contra la
decisión de rechazo de la demanda de primera instancia alegaba la imposibilidad de
presentarla porque se trataba de un daño continuado, debido a que no había podido
retornar al lugar de donde fue desplazado y que, en todo caso, expuso situaciones
especiales relacionadas con que en las ciudades principales no podía ejercer su derecho
de acción por la persecución y hostigamiento que sufrían los integrantes de la Unión
Patriótica.
Esas situaciones especiales fueron descartadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sin contar con material probatorio suficiente para esclarecer si, en efecto,
el demandante estuvo enfrentado a una verdadera imposibilidad material para acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, la autoridad judicial demandada
confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa y encontró acreditado el
fenómeno de la caducidad, aun sin la absoluta certeza sobre el momento a partir del cual
debía contabilizarse el término de caducidad del medio de control ejercido por el tutelante.
Al respecto la Sala destaca que la caducidad fue declarada como causal de rechazo de
la demanda, por lo que, a juicio de esta Sección, esa decisión resulta ser una barrera de
acceso a la administración de justicia, pues, se itera, existían dudas sobre el momento a
partir del cual debía computarse la caducidad, lo que cobra mayor relevancia si se
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considera que el demandante es un sujeto de especial protección constitucional8 lo que
imponía que la situación fuera observada a la luz de sus circunstancias particulares9.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-347 de 2020 precisó que, en los
casos en que exista duda sobre el cómputo de la caducidad, su análisis debe postergarse
hasta que el juzgador cuente con los medios de convicción necesarios para su
esclarecimiento.
En ese orden, encuentra la Sala que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico al colegir que desde el año 2005 el actor se reasentó en la ciudad de Bogotá y
que desde por lo menos desde el 21 de enero de ese año contaba con la posibilidad de
acceder a la administración de justicia, por el hecho de haber acudido a la Defensoría del
Pueblo a poner en conocimiento su condición de desplazado, sin contar con elementos
probatorios que desvirtuaran que por el hecho de su militancia en la UP contara con una
limitación de exposición en el contexto social.
Para la Sala, las consideraciones del tribunal demandado sobre el supuesto
reasentamiento del señor Villamil resultan generales y no acreditan que, en efecto, el
actor se hubiere reasentado en la ciudad de Bogotá desde el año 2005, por haber acudido
a la Defensoría del Pueblo.
En consecuencia, la autoridad judicial demandada debió dar aplicación al principio pro
actione y continuar con el proceso ordinario y agotar la etapa probatoria a efectos de
tener certeza de la configuración o no de la situación excepcional alegada por el
demandante, sin perjuicio de que, cuando se contara con mejores elementos de
convicción, se pudiera retomar el análisis de ese asunto.
Al respecto, sobre la aplicación de los principios pro actione y pro damnato en caso sobre
el cómputo del término de caducidad, el Consejo de Estado, Sección Tercera10, ha
señalado:
«(…) es deber del juez encuadrar el asunto en una de las tres hipótesis planteadas, teniendo en cuenta
las circunstancias propias del caso; para ello, debe cimentar su decisión en el material probatorio
recaudado y, en caso de existir duda sobre la fecha de ocurrencia del hecho dañino, debe darse
aplicación a los principios pro damnato y pro actione”, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 51117. “Así
las cosas, ante las circunstancias particulares del presente caso, esto es la existencia de una duda
razonable en relación con el inicio del conteo de la caducidad dado que no se conoce la fecha en la que
ocurrió el hecho dañoso, si fue uno solo o si, por el contrario, obedeció a una multiplicidad de causas,
la Sala, en aplicación de los principios pro damnato (sic) y pro actione, dará prevalencia al derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia. En este punto se recuerda que, en caso de duda
sobre el inicio del término de caducidad, los referidos principios facultan al juez para interpretar de
manera más flexible las normas procesales en aras de garantizar la finalidad que ellas persiguen, esto
es, el acceso a la administración de justicia y la primacía de los derechos sustanciales»
Para la Sección, el rechazo de la demanda por caducidad en el caso del señor Villamil
resulta excesivo, con mayor razón si se tiene en consideración que se trata de una víctima
del conflicto armado, lo que afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
De hecho, en un caso que versaba sobre asuntos laborales, la Sala ya había realizado
estas precisiones, como por ejemplo en la sentencia del 23 de noviembre de 2023,
dictada en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-05427-00. En ese
caso se estudió un asunto de carácter laboral en el que también existían dudas sobre la
configuración de la caducidad y por ello se procedió con el correspondiente amparo, a
efectos de que la autoridad judicial demandada solo realizara un estudio de la caducidad
cuando contara con suficiente claridad sobre el inicio de su conteo.
8 Al respecto, ver sentencias T-306 de 2016, T-1064 de 2012 y T-123 de 2024 de la Corte Constitucional
9
Ver sentencia SU-406 de 2016
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de
septiembre de 2020. Proceso de reparación directa 68001-23-31-000-2012-00532-01 (56283).
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Demandante: Euclides Villamil
En consecuencia, la Sala revocará la decisión impugnada y, en su lugar, dejará sin
efectos el auto del 31 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con
radicado 11001-33-36-034-2024-00205-00/01. En su lugar, se ordenará que profiera una
nueva providencia en la que se tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta
decisión.
La Sala debe precisar que el amparo a decretar no implica que se tenga por superada la
ocurrencia de la caducidad; por el contrario, el alcance del amparo se limita a darle
continuidad al proceso de reparación directa a efectos de que el juez natural agote el
debate probatorio y, en la etapa que corresponda, de considerarlo necesario, estudie
nuevamente esa excepción.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora, por las razones expuestas en esta
providencia.
3. Dejar sin efectos el auto del 31 de julio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de
reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00205-00/01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
que, en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte
providencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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