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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06689-00

De elección popular: exige un examen integral, a la luz de las causales de nulidad

Fecha
24 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06689-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR ajustado a derecho el fallo disciplinario proferido en el mecanismo especial de la doble conformidad por la Procuraduría General de la Nación, el 26 de agosto de 2025 que confirmó la decisión de 30 de enero de 2025, dictada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de Elección Popular; en el curso del proceso con radicado IUS E-2020-008778 / IUC D-2020-1515756, por las razones que anteceden. momento de expedir la presente decisión, en aplicación al estudio del principio de proporcionalidad y razonabilidad efectuado por la Corte Constitucional para graduar las sanciones disciplinarias, se modificará la sanción, en sede de revisión. 106 “ARTÍCULO 46. Límites de las sanciones. (…) Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad” 107 “ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. (…) Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva”. 108 “ARTÍCULO 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por: 1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito. 2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento. 3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera. 4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. 5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06689-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

Temas: REVISIÓN DE FALLOS DISCIPLINARIOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
DE ELECCIÓN POPULAR – Exige un examen integral, a la luz de las causales de nulidad
de los actos administrativos, señaladas en el artículo 137 del CPACA, y de revisión,
previstas en la Ley 2094 de 2021 / DECISIONES DISCIPLINARIAS REVISADAS EN EL
CASO CONCRETO – Se ajustaron al ordenamiento jurídico aplicable / PRINCIPIO DE LA
NO REFORMATIO IN PEJUS COMO LÍMITE A LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA. La proporcionalidad implica que la sanción no resulte excesiva en rigidez
frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma
gravedad. No obstante, no puede modificarse la dosificación de la sanción en perjuicio del
disciplinado.

Surtidas las etapas previstas en el artículo 59 de la Ley 2094 de 20211, la Sala
procede a dictar sentencia en el marco de la revisión automática de la sanción
disciplinaria dictada por la Procuraduría General de la Nación en contra de Luis
Alfonso Ureña Navarro, Albeiro Torres Vega y Manuel Antonio Ortiz Pabón, dentro
del proceso con radicado IUS E-2020-008778 / IUC D-2020-1515756.

Se revisa la legalidad de la sanción disciplinaria impuesta en contra de los aquí
disciplinados, en su calidad de miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal
de Lourdes (Norte de Santander), con ocasión de la expedición de unas
resoluciones, por medio de las cuales suspendieron y revocaron la convocatoria del
Concurso de Méritos Público y Abierto para seleccionar Personero Municipal. Se
cuestionó el desconocimiento de las reglas previstas en los artículos 170 de la Ley
136 de 1994, 2.2.27.1 y 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. Los disciplinados se
justifican en que la aludida convocatoria se expidió sin autorización de la plenaria
del Concejo Municipal, con lo cual se estructuró un vicio de legalidad insubsanable.

I. ANTECEDENTES

Trámite de la actuación disciplinaria
1. Mediante auto de 8 de junio de 20202, la Procuraduría Provincial de Cúcuta
ordenó iniciar indagación preliminar en contra de Luis Alfonso Ureña Navarro,

1
El 7 de noviembre de 2025 se avocó conocimiento del presente asunto para revisar la sanción impuesta a Manuel Antonio
Ortíz Pabón. En sede de reposición, en auto de 10 de febrero de 2026 se avocó conocimiento frente a Luis Alfonso Ureña
Navarro y Albeiro Torres Vega. En firme la anterior decisión y dado que los intervinientes no solicitaron pruebas, el proceso
pasó al despacho para dictar sentencia el 20 de febrero de 2026.
2
Páginas 144 a 161 del cuaderno 1. Digitalizado en Samai, índice 2. Archivo: 5ED_CUADERNO1zip(.zip) NroActua 2(.zip)
NroActua 2.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres Vega3, en su calidad de concejales
municipales y miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lourdes,
con fundamento en la queja radicada por Mario Alonso Corredor Sandoval -
Personero municipal de Lourdes (Norte de Santander)4- y otros5, a través de la cual
dio a conocer presuntas irregularidades cometidas por los mencionados señores en
el trámite de las etapas del concurso de méritos para la elección de personero
municipal.

2. En la queja, se expuso que los concejales mencionados, le habían solicitado
su colaboración para vincular laboralmente en la alcaldía o en la personería
municipal a las personas que los habían apoyado en sus campañas políticas. Al
lado de esto, reprochó el indebido manejo que dieron a las etapas del concurso de
méritos para la elección de personero municipal, pues expidieron la resolución 2 de
7 de enero de 2020, por medio de la cual lo suspendieron con el fin de proveer el
cargo con sus colaboradores de campaña; se adujo que pretendían nombrar a
Martha Johana Meza Torres (amiga y colaboradora política de uno de los concejales
investigados) como personera municipal de Lourdes en encargo, hasta que se
subsanaran las supuestas falencias del concurso.

3. El 30 de abril de 2021, la autoridad disciplinaria dio inicio formal a la
investigación6. Como actuaciones procesales surtidas en la etapa de indagación
preliminar de las allí anotadas se resaltan: i) remisión de oficios de 23 de junio de
2020 dirigidos en contra de los investigados, por medio de los cuales se les
comunicó el inicio de la indagación preliminar y se les citó para efectuar la
notificación personal7 y, ii) requerimiento efectuado ante la Secretaría General del
Concejo Municipal de Lourdes, para que allegara información relacionada con las
calidades de los investigados y sobre los hechos materia de investigación 8. Se

3
A su vez, ordenó el decreto de las siguientes pruebas: oficiar a la secretaría del Concejo Municipal de Lourdes – Norte de
Santander-, para que dentro de los 5 días siguientes allegara: i) la información relacionada a la identificación, nombramiento,
manual de funciones, hoja de vida, declaración de bienes y rentas, dirección de residencia, certificado laboral y honoraros de
Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres Vega; ii) copia del acta y audio de la sesión del
Concejo Municipal de Lourdes, llevada a cabo el 1 de agosto de 2019, y que corresponde el acta 063; iii) informara y certificara
si durante el año 2019 el Concejo Municipal no autorizó a la mesa directiva la celebración del convenio con la Escuela Superior
de Administración Pública para llevar a cabo el concurso público de méritos para la escogencia de personero municipal periodo
2020-2024, así como copia del acta y audio de la sesión en la que se aprobó la autorización; iv) remitir todos los actos
administrativos proferidos por el Concejo Municipal de Lourdes y sus etapas, con ocasión del convenio suscrito con la ESAP
para llevar a cabo el mencionado concurso de méritos; v) certificara si para los días 3 y 4 de enero de 2020 fue autorizado
por el Concejo Municipal para la revisión de carpetas, equipo de cómputo e información relacionada con el concurso público
de méritos al señor Pedro Yonier Meza Rodríguez; vi) informara cuáles fueron los vicios de legalidad que sustentaron la
suspensión del concurso de méritos, según lo indicado en los considerandos de la Resolución 2 del 7 de enero de 2020; vii)
indicara qué acciones ha realizado para subsanar las supuestas falencias encontradas en desarrollo del concurso público de
méritos; viii) señalara cuáles fueron los vicios de legalidad que sustentaron la revocatoria de la resolución 12 de 21 de agosto
de 2019, a través de la cual se convocó al concurso público de méritos; ix) informara cuál fue el trámite llevado a cabo para
la designación de Martha Johana Meza Torres como personera encargada y allegara toda la documentación relacionada; x)
certificara y allegara la información de Concepción Gómez Ovallos, Fredy Mendoza Castillo y Luis Arturo Casas Zapata
relacionada con su identificación, nombramiento, manual de funciones, hoja de vida, declaración de bienes y rentas, dirección
de residencia, certificado laboral y honoraros, para el año 2019; (xi) citara a rendir declaración bajo la gravedad de juramento
a las personas de las que se solicitó información, sobre los hechos investigados; (xii) citara a diligencia de ampliación y
ratificación de la queja al señor Mario Alonso Corredor Sandoval; (xiii) finalmente, dispuso incorporar como prueba las
aportadas con la queja. En la misma decisión se comisionó al profesional Luis Felipe Saavedra para que practicara las
diligencias ordenadas y dispuso notificar personalmente la decisión a los investigados, quienes debían suministrar la dirección
física o electrónica para recibir notificaciones y advirtió que contra la misma no procedía recurso alguno; así mismo, anotó
que se fijaría un edicto en caso de que no se lograra la notificación personal. 4
Cargo que ostentaba al momento de imponer la queja. 5
Suscrita además por Luis Arturo Casas Zapata, Concepción Gómez Ovalle y Freddy Rivera Peñaranda (concejales
municipales). Presentada el 8 de enero de 2020 (páginas 4 a 9, cuaderno 1) y adicionada por Mario Alonso Corredor Sandoval
el 1 de abril siguiente (páginas 120 a 124, cuaderno 1). 6
Páginas 83 a 95 del cuaderno 2. Digitalizado en Samai, índice 2. Archivo: 10ED_Cuaderno2Fls1210(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2. 7
Se anotó que Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortíz Pabón y Albeiro Torres Vega autorizaron la notificación por
correo electrónico, por manera que se efectuó por ese medio el 10 de agosto de 2020.

8
Mediante oficio 84 de 10 de julio de 2020, Jairo Hernán Caballero Vargas, secretario del Concejo Municipal de Lourdes
emitió respuesta a dicho requerimiento. Aunado a ello, el quejoso aportó las siguientes pruebas: i) copia de la sentencia de

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

concluyó que la documentación recaudada daba luces sobre el presunto actuar
contrario a la ley por parte de los miembros de la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Lourdes para el año 2020, al haber revocado la Resolución 121 de 21
de agosto de 2019; de ahí que se consideró continuar con la investigación9.

4. En auto de 16 de junio de 202110 se accedió parcialmente a la solicitud
probatoria elevada por los investigados11. Se decretaron los testimonios de Fredy
Rivera Peñaranda, Gabriel Omar Rodríguez y Liliana Paola Guerrero Moreno, en su
calidad de concejales para la época de los hechos12. También se accedió a oficiar
al Concejo para que allegara la documentación relacionada con las actas 53 y 64
de 2019 de las sesiones en las que se consignó lo discutido por los miembros del
concejo acerca del concurso de méritos en cuestión y copia íntegra de la Resolución
121 de 21 de agosto de 2019 contentiva de la correspondiente convocatoria 13.

5. Mediante decisión de 11 de marzo de 202214, se prorrogó el término de la
investigación disciplinaria (artículo 156-3 de la Ley 734 de 200215). El 24 de octubre
de 202216 se ordenó el cierre de la investigación y se corrió traslado por 10 días
hábiles para presentar alegatos precalificatorios, de conformidad con el artículo 220
de la Ley 1952 de 201917.

primera instancia proferida el 15 de diciembre de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cúcuta bajo
radicado 54001-33-33-002-2020-0004-00; ii) copia de auto proferido el 11 de marzo de 2021 por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta dentro del radicado 54001-33-33-010-2020-00127-00 y iii) copia de auto proferido
el 25 de marzo de 2021 que corrigió la anterior providencia. 9
Decretó como pruebas, las siguientes: i) testimonios de: Concepción Gómez Ovallos, Fredy Mendoza Castillo y Luis Arturo
Casas, quienes fungieron como concejales para la época de los hechos; ii) oír en versión libre y espontánea a los investigados
en cualquier momento del proceso, cuando así lo soliciten, o podrán efectuarlo también por escrito. Incorporó como pruebas
documentales las aportadas por el quejoso (decisiones judiciales referidas en pie de página anterior). Finalmente, dispuso
notificar personalmente la decisión a los investigados, anunciando que contra la misma no procedían recursos, así como su
derecho a designar defensor. Mediante comunicación enviada el 10 de mayo de 2021 se citó a los referidos testigos el 2 de
junio siguiente, para rendir declaración juramentada sobre los hechos objeto de investigación. En oficios de 11 de mayo de
2021 se le comunicó a los investigados la decisión de auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra. 10
Páginas 178 a 185 del cuaderno 2. 11
Visible en páginas 159 a 160 del cuaderno 2. Se solicitó se escuchara en declaración juramentada a Fredy Rivera
Peñaranda, Gabriel Omar Rodríguez Rozo, Liliana Paola Guerrero Moreno y Luis Alfonso Ureña Navarro en su calidad de
concejales para la época de los hechos y que asistieron a las sesiones que trataron el asunto de la autorización para la
suscripción de la convocatoria y convenio con la ESAP; Germán Enrique Cotamo Botello y Gloria Meza Toloza, toda vez que
estuvieron presentes en la reunión sostenida con el quejoso -Mario Alonso Corredor- en la casa del señor Manuel Ortiz Pabón
-aquí investigado-; Marcela Ortiz Meza, en su calidad de “procuradora en lo penal de Cúcuta”, a quien el quejoso “le pidió
ayuda con los concejales de Lourdes, para el cargo de personero de ese Municipio”; y Pedro Yoner Meza, dado que fue
señalado por el quejoso de estar revisando documentación reservada del Concejo Municipal de Lourdes. A la par de ello,
solicitaron que se oficiara al Concejo Municipal de Lourdes para que remitiera certificación en la que conste cuáles concejales
participaron en las sesiones del 1 y 21 de agosto de 2019, contenidas en las actas 053 y 064 del 01 y 21 de agosto de 2019,
respectivamente y copias auténticas de la Resolución 121 de 21 de agosto de 2019 y de las actas 053 y 064. 12
Se negó el testimonio de Luis Alfonso Ureña Navarro por ostentar la calidad de sujeto procesal, empero, se puso de presente
que podía ser oído en versión libre y espontánea en cualquier momento del proceso. Se negaron los testimonios de Germán
Enrique Cotamo Botello, Gloria Meza Toloza, Marcela Ortiz Mejía y Pedro Yoner Meza, tras considerar que la controversia en
el presente asunto se centra en las irregularidades presuntamente cometidas por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Lourdes al haber suspendido y revocado el concurso de personeros 2020-2024, para lo cual no resultaban relevantes las
conversaciones que hayan sostenido los candidatos al concurso con los concejales o terceras personas. 13
Además de ello, en la resolutiva de la decisión se puso de presente la procedencia del recurso de reposición y apelación,
de conformidad con los artículos 113 y 115 de la Ley 734 de 2002; se ordenó su comunicación y notificación. Para la práctica
de los testimonios se comisionó a la Personería Municipal de Lourdes y se le remitió el cuestionario para que efectuara las
preguntas.

Dichas diligencias fueron practicadas el 3 de septiembre de 2021 y se remitieron las declaraciones juramentadas
por escrito en 13 folios, el 14 del mismo mes y año. 14
Páginas 103 a 104 del cuaderno 3. 15
Con sustento en que a la fecha no era posible adoptar la decisión de cargos o archivo de la actuación. A su vez, ordenó
oficiar al Concejo Municipal de Lourdes para que remitiera el acta de elección de la mesa directiva del Concejo de Lourdes
para el año 2020 y el reglamento del concejo vigente para el año 2020. Así mismo, ofició al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander para que allegara copia del fallo de segunda instancia proferido el 21 de octubre de 2021, dentro del proceso
de nulidad simple radicado número 54001-33-33-002-2020-0004-01. Se ordenó la comunicación de la decisión y se informó
que contra la misma no procedían recursos. En auto de 10 de marzo de 2022 [sic] se ordenó incorporar la sentencia de nulidad
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander referida. Se precisa en este punto que dado el consecutivo de los autos
emitidos por la Procuraduría Provincial de Cúcuta de 10 y 11 de marzo de 2022 (295 y 284, respectivamente), se entiende
que la fecha del auto de 10 de marzo debió quedar mal consignada, en la medida que su consecutivo es posterior al del auto
de 11 de marzo. 16
Páginas 155 a 158, cuaderno 4. 17
Expuso que el término de la presente investigación había fenecido y se habían practicado las pruebas ordenadas; hizo
alusión a los beneficios de la confesión y aceptación de cargos previstos en el artículo 162 de la Ley 1952 de 2019. Ordenó
notificar la decisión a los disciplinados de conformidad con el artículo 123 ibidem. Notificación efectuada el 22 de febrero de

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

6. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta, en decisión de 29 de
septiembre de 2023, formuló pliego de cargos en contra de Luis Alfonso Ureña
Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres Vega, en sus calidades de
presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Lourdes, respectivamente18. Calificó provisionalmente su
conducta en un único cargo bajo el tipo disciplinario del artículo 48.1 de la Ley 734
de 200219, en concordancia con el artículo 413 del Código Penal20, en la modalidad
de gravísima y a título de dolo21.

7. Consideró que los mencionados concejales suspendieron y revocaron el
concurso de méritos para la elección de personero municipal, con sustento en que
el acto administrativo que dispuso la convocatoria -expedido por los concejales de
la anterior legislatura- no daba cuenta de la autorización previa que debió conceder
la Mesa Directiva para dicho efecto; sin embargo, constaba en las actas de las
sesiones del Concejo Municipal, la autorización para celebrar el convenio con la
ESAP con el fin de que adelantara el respectivo concurso; con ello, debía
entenderse que también había autorización para suscribir la convocatoria, en la
medida en que ambas etapas -la de celebración del convenio y la convocatoria- son
correlativas22. Efectuó la identificación de los presuntos autores de la falta,
determinó las conductas investigadas23 y estudió las pruebas en las que se
fundamentaron los cargos24.

2023, según acta obrante en página 163 del cuaderno 4, en donde se anunció que el término para alegar fenecía el 8 de
marzo siguiente. En esta última fecha, por medio de apoderada, los disciplinados presentaron alegatos precalificatorios
(páginas 191 a 223, ídem); en síntesis, expusieron que en la fase de investigación se constató que ninguna de las conductas
cometidas por ellos configuraba falta disciplinaria, pues observaron las normas que regulan los concursos de méritos. Como
dan cuenta las actas 053 y 064 de las sesiones del Concejo Municipal de Lourdes en donde se trató la suscripción del convenio
interadministrativo con la ESAP y no la autorización para efectuar la convocatoria del concurso, como se ordenó en la
Resolución 121 de 2019, por lo que dicho acto administrativo estaba falsamente motivado. Por manera que los investigados
no podían dar continuidad al trámite del mencionado concurso y actuaron de conformidad al ordenamiento jurídico y legal, so
pena de incurrir en falta disciplinaria. Concluyeron que la Mesa Directiva del año 2020 (conformada por los aquí investigados)
no debían proseguir el concurso de méritos referido, al constatarse que no existía la autorización correspondiente a la Mesa
Directiva del año 2019 (integrada por otros concejales), razón por la que consideraron que la resolución mencionada que
ordenó la convocatoria del concurso estaba “viciada de ilegalidad”, por desconocer el Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015
(norma que regula la competencia del Concejo Municipal en esa materia), de ahí que los investigados concejales procedieron
en el mes de enero de 2020 a interponer contra dicho acto demanda de nulidad y así subsanar la irregularidad del proceso
de elección para que estuviera ajustado a la ley. Como precedente disciplinario, se refirieron a la decisión adoptada bajo
radicado IUS-E-2019-738149 IUC-D-2020-151327, en donde se sancionó al presidente del Concejo Municipal de Nátaga
(Huila), Jorge Alexander Medina Hernández, quien profirió de manera irregular la convocatoria del concurso público de méritos
para elegir el personero municipal, sin estar previamente autorizado por la plenaria del Concejo, ni estar suscrita la
convocatoria por la mesa directiva. 18
Páginas 226 a 283, cuaderno 4. Además, dispuso remitir la diligencia a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Cúcuta, de conformidad con el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019. Decisión notificada el 17 de octubre de 2023, según acta
visible en página 284, ídem. 19
“ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
“1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.
“(…)”. 20
“ARTÍCULO 413. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente
contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis
punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”. 21
Como régimen legal, se precisó que eran aplicables las normas de carácter sustantivo de la Ley 734 de 2003 y las normas
procedimentales de la Ley 1952 de 2019 que entraron en vigor el 29 de marzo de 2022.

22
En virtud del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015 y, tal como lo consideraron los jueces administrativos al negar la
pretensión de nulidad formulada en contra de la Resolución 121 de 21 de agosto de 2019 - que dispuso sobre la convocatoria-
, por considerar que no contenía ningún vicio de ilegalidad, mediante sentencia de 21 de octubre de 2021 dictada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander bajo radicado 54001-33-33-002-2020-0004-01; así como al acceder a la nulidad
de la Resolución 7 de 4 de febrero de 2020, por medio de la que se había revocado el anterior acto administrativo, tras
determinar que la Mesa Directiva si tenía autorización para efectuar la convocatoria comentada, mediante sentencia de 19 de
enero de 2023, proferida por la misma autoridad en proceso radicado 54001-33-33-010-2020-00127-02. 23
Expedición de las resoluciones 2 y 7 del 7 de enero y 4 de febrero, ambas del 2020, bajo las que se suspendió y revocó la
Resolución 121 de 2019, respectivamente, con sustento en que la Mesa directiva de 2019 no tenía autorización para suscribir
la convocatoria del concurso de méritos para la elección del personero municipal, pese a que ellos mismos en el año 2019
eran concejales y habían participado en la sesión donde se había conferido la mencionada autorización. Por cada uno de los
procesados, analizó: i) ilicitud sustancial, ii) culpabilidad y iii) calificación provisional de la falta. 24
1. Acta 53 de 1 de agosto de 2019 de sesión plenaria del Concejo Municipal de Lourdes.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

Decisión de primera instancia 25
8. Fenecidas las etapas procesales correspondientes26, en decisión de 3 de
abril de 202427, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta absolvió a los
señores Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres
Vega de la conducta endilgada en la formulación de cargos28. Concluyó que los
servidores al proferir las Resoluciones 2 de 7 de enero y 7 de 4 de febrero de 2020
no desconocieron las reglas del Concurso de Méritos Público y Abierto para
seleccionar personeros municipales, establecidas en los artículos 170 de la Ley 136
de 1994, 2.2.27.1 y 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. Señaló que los disciplinados,
sin estudios jurídicos, difícilmente podrían haber arribado a las conclusiones
desarrolladas en los fallos que definieron la legalidad de los actos administrativos
cuestionados -convocatoria del concurso y su revocatoria-, dado que la lectura
textual de las actas no daba cuenta de manera expresa y contundente de que, a la
vez que el Concejo en pleno estaba confiriendo autorización a la Presidente para
suscribir el convenio, estaba aprobando adelantar la convocatoria del referido
concurso.

2. Acta 64 de 21 de agosto de 2019 de sesión del Concejo Municipal de Lourdes. 3. Mensaje de 1 de agosto de 2019 de la ESAP dirigido al Concejo Municipal solicitando la autorización del Concejo para
firmar el convenio y la convocatoria. 4. Resolución 121 de 21 de agosto de 2019, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lourdes convocó
a concurso público y abierto de méritos para la selección de personero municipal periodo 2020-2024. 5. Oficio de 30 de diciembre de 2019, por medio del cual, la ESAP remite al Concejo de la lista de elegibles para citarlos a
entrevista. 6. Resolución 1 de 5 de enero de 2020, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lourdes convocó a
entrevista a los candidatos de la lista de eligibles para el 8 de enero de 2020. 7. Oficio de 2 de enero de 2020, por medio del cual la Mesa Directiva para el periodo de 2020 le consultó a los miembros de
la Mesa directiva de 2019 por la autorización para suscribir la convocatoria del concurso. 8. Oficio de 7 de enero de 2020, por medio del cual Concepción Gómez Ovallos dio respuesta a la anterior comunicación. 9. Resolución 2 de 7 de enero de 2020, por medio de la cual la Mesa Directiva suspendió el concurso. 10. Resolución 7 de 4 de febrero de 2020, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo revocó en su integridad la
Resolución 121 de 2019. 11. Acta 15 de sesión plenaria del Concejo Municipal, por medio de la cual se sometió a votación iniciar un nuevo concurso
de méritos para la selección de personero municipal. 12. Resolución 26 de 27 de febrero de 2020, por medio de la cual la mesa Directiva nombró a Martha Jhoanna Meza Torres
como personera municipal en encargo. 13. Acta de posesión 10 de 29 de febrero de 2020 de la anterior servidora. 14. Sentencia de Juzgado Administrativo Oral de Cúcuta de 15 de diciembre de 2020, dentro de radicado 2020-0004-00. 15. Sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de radicado 2020-
0004-01. 25
A su vez, se ordenó notificar personalmente a los procesados y comunicar a los quejosos Fredy Rivera Peñaranda, Luis
Arturo Casas Zapata, Concepción Gómez Ovalles y Mario Alonso Corredor, indicándoles que contra dicha decisión procedía
el recurso de apelación, cuyo plazo para su interposición fenecía en los 10 días hábiles siguientes. 26
En auto de 20 de octubre de 2023 (página 293, cuaderno 4), la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta avocó
el conocimiento del presente asunto, corrió traslado a los disciplinados por el término de 15 días hábiles para que se
pronunciaran del cargo formulado, presentaran y solicitaran pruebas, de conformidad con el artículo 225ª de la Ley 1952 de
2019, adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021 (decisión notificada el mismo día, según constancia visible en
página 296, ídem). Mediante escrito de 14 de noviembre de 2023 (páginas 300 a 309), los disciplinados presentaron sus
descargos y solicitaron como pruebas: i) oficiar a la ESAP para que informara si en el proceso de convocatoria para la
selección de personero municipal deben existir dos autorizaciones, a saber, una para que la presidente firme el convenio y
otra para que la Junta Directiva firme la convocatoria; ii) se oficiara al Concejo Municipal de Lourdes para que aportara copia
de los documentos de los concursos de personeros llevados a cabo para los años 2012-2015, 2016-2019 y 2024-2027, con
el fin de realizar un comparativo de los trámites; iii) la conformación de la planta de personal del Concejo Municipal para
verificar la inexistencia de oficina jurídica que asesore a la corporación y iv) certificación expedida por el Concejo Municipal
de Lourdes que constate si Manuel Antonio Ortiz y Albeiro Torres eran concejales activos en el 2019. En providencia de 23
de noviembre de 2023 se accedió a sus solicitudes probatorias.

El 3 de enero de 2024, la ESAP emitió respuesta (páginas
325) y el 11 siguiente se recibió la respuesta del Concejo Municipal (archivos allegados en 121 folios, visibles en Anexo 1). El 18 de enero de 2024 la parte disciplinada allegó escrito que rinde versión libre (páginas 330 a 332). El mismo día, el
despacho corrió traslado para alegar de conclusión por el término de 10 días hábiles (auto de dos folios, el primero visible en
página 290 y el segundo en página 320), notificado el 19 de enero siguiente, según acta visible en página 340. En ese sentido
la disciplinada se pronunció el 2 de febrero de 2024 (páginas 342 a 347, cuaderno 4). 27
Páginas 350 a 379, cuaderno 4 (las páginas 355 y 360 no corresponden a la sentencia). Decisión notificada el 4 de abril de
2024, constancia visible en página 380. 28
Para efectuar el estudio formuló dos problemas jurídicos a saber: i) establecer si los disciplinados al expedir las resoluciones
2 de 7 de enero y 7 de 4 de febrero de 2020, desconocieron las reglas propias del concurso de méritos público y abierto para
seleccionar personeros municipales, establecidas en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1083 de 2015, artículos
2.2.27.1 y 2.2.27.2; ii) determinar si con dicho comportamiento se incurrió en una falta gravísima consagrada en el artículo
48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 del Código Penal.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

9. Expuso que a través de lo manifestado por los concejales Luis Arturo Casas
y Fredy Mendoza Castillo en diligencia de declaración juramentada, se constató que
la autorización que se concedió a la presidente de ese momento del Concejo
Municipal, solo fue para suscribir el convenio interadministrativo. Tal hipótesis se
confirmó al revisar las actas de las sesiones adelantadas por el pleno del Concejo
Municipal contentivas de lo decidido frente al trámite del referido concurso, las
cuales no evidenciaban que se haya conferido autorización a la Mesa Directiva para
la suscripción de la convocatoria.
10. Por lo anterior, señaló que los concejales investigados no tenían un
panorama claro de los trámites que debían adelantar para el concurso con la ESAP
y, tampoco, si lo efectuado hasta el momento observaba los requisitos legales; de
ahí que consideró que habría sido un riesgo para los referidos servidores haber
seguido adelante con las etapas de dicho proceso, luego de advertir la presunta
omisión -no tener autorización para que la Mesa Directiva suscribiera la
convocatoria- y, sin tener claro la definición de legalidad del juez administrativo
frente a la Resolución 121 de 21 de agosto de 2019, contentiva de la convocatoria
del concurso.
11. De tal suerte que los aquí disciplinados no actuaron a título de dolo, pues se
enfrentaron a una contienda jurídica que no era de simple solución; inclusive, en
certificación de 4 de enero de 2024, expedida por la Secretaría del Concejo
Municipal de Lourdes se indicó que para el año 2019, los señores Manuel Antonio
Ortiz Pabón y Albeiro Torres Vega no eran concejales, por lo que tampoco era cierto
que habían participado en las sesiones donde se ventiló el trámite relacionado con
el mencionado concurso. Si bien el señor Ureña Navarro asistió a dichas sesiones,
el contenido del acta 53 de 1 de agosto de 2019, tampoco demostró que se haya
autorizado a la Mesa Directiva a suscribir la referida convocatoria. En ese sentido,
dado que su comportamiento se encaminó a tener certeza sobre la legalidad del
concurso, no se desprende del mismo la trasgresión al principio de moralidad ni a
los fines del Estado, de ahí que no se materialice la ilicitud sustancial de su
conducta.

Recurso de apelación
12. El quejoso Mario Alonso Corredor Sandoval29 señaló que la autoridad
disciplinaria no efectuó una valoración integral de las pruebas. Los concejales
disciplinados expidieron los actos administrativos que invalidaron el concurso de
méritos, con el fin de cumplir compromisos políticos previamente adquiridos en su
campaña y favorecer intereses particulares de terceros; desconocieron
abiertamente las reglas previstas para el mismo y con razones forzadas invalidaron
el proceso de selección cuando ya había finalizado la fase eliminatoria y solo
restaba efectuar las entrevistas a los candidatos de la lista de elegibles. Señaló que
se asesoraron jurídicamente, al punto que tomaron la determinación de demandar
la convocatoria del concurso. De ahí que reprocha la apreciación del fallador

29
Presentado el 19 de abril de 2024 (constancia de envío en página 355, cuaderno 4). Primera página del recurso obrante en
página 360, ídem. Continua el recurso en páginas 387 a 399. Adicionado en memorial presentado el mismo día, obrante en
páginas 401 a 402. Mediante auto de 24 de abril de 2024, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta concedió el
recurso de apelación presentado por Mario Alonso Corredor Sandoval. Señaló que la decisión se notificó el 5 de abril de 2014
y el término para presentar la apelación venció el 19 del mismo mes y año, como el quejoso en mención presentó ese día el
recurso se entiende presentado dentro del término; y, revisado su contenido, señaló que estaba debidamente sustentado.
Páginas 404 a 406, cuaderno 4.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

disciplinario que señaló “cuál hubiera sido la suerte jurídica de los concejales aquí
disciplinados, si la jurisdicción contenciosa hubiera declarado la ilegalidad de la
Resolución No. 121 del 21 de agosto de 2019, y ellos hubieran seguido adelante
con las etapas de dicho proceso”30.
13. Con tal exposición, indicó que el actuar de los concejales fue contrario a la
buena fe y trasgredieron los artículos 83 y 125 de la Constitución Política, pues por
mandato legal debían proveer el cargo de personero municipal mediante concurso
de méritos, el cual estaba en fase de entrevistas. También desconocieron los
numerales 1, 2, 13 y 15 del artículo 34 de la Ley 734 de 200231 y el 35 de la Ley
1551 de 201232.
Decisión de segunda instancia
14. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación, en fallo de 30 de enero de 2025,
revocó la decisión de primera instancia33; en su lugar, declaró responsable a Manuel
Antonio Ortiz Pabón, Luis Alfonso Ureña Navarro y Albeiro Torres Vega, por la
conducta imputada, en la modalidad de falta grave y a título de dolo; en
consecuencia, les impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e

30
Sumado a ello, indicó que los concejales decidieron arbitrariamente suspender y revocar la convocatoria, después de la
decisión emitida en el proceso de nulidad adelantado en contra de dicho acto administrativo, a finales de enero de 2020, que
consideró improcedente la solicitud de suspensión provisional del mismo. A su vez, desconocieron los requerimientos de la
procuradora provincial de la época -María Margarita Eslava- quien los conminó a darle continuidad al concurso y dieran
cumplimiento a las decisiones judiciales (citó lo señalado por la funcionaria en correo de 21 de febrero de 2020: “dar
continuidad al proceso de selección de personero para su municipio, con los candidatos que ganaron en limpia competencia
el concurso realizado por la escuela de administración pública ESAP, estos deben ser llamados a entrevista y tomada sobre
los resultados de la misma, una decisión, bajo las reglas ya indicadas en correos anterior”); empero, mediante resolución de
27 de febrero siguiente ordenaron el nombramiento de Matha Johana Meza Torres, quien dirigió la campaña política de
Manuel Antonio Ortiz Pabón como candidato a la alcaldía del Municipio de Lourdes; luego de ella nombraron a 5 funcionarios
diferentes, por el periodo consecutivo de 6 meses. Con todo, indicó que la ley no prevé que se deba efectuar dos
autorizaciones por separado, tal como lo señaló la ESAP en respuesta dada a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento y
como lo estudió y concluyó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro de los radicados 2020-0004-01 y 2020-
00127-01. De cualquier manera, aun cuando en el acta 53 de la sesión desarrollada el 1 de agosto de 2019, que se escribió
a mano, se consignó únicamente la autorización del “convenio”, se indicó también que se leyó la totalidad del oficio remitido
por la ESAP, que sí se refería expresamente también a la autorización de la convocatoria. 31
“ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias,
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
“Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
“2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo
o función.
“(…).
“13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
“(…).
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los
servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades
generales de todos los ciudadanos”. 32
“Artículo 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales
de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional,
previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente.

Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del
mes de febrero del cuarto año.
“Corresponde a la Procuraduría General de la Nación comunicar a los Concejos Municipales y Distritales los resultados del
concurso público de méritos, indicando los respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar la lista de elegibles
que tendrá vigencia por el periodo institucional.
“Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de
abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías
podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del concurso se dará
prelación al título de abogado.
“Si en un municipio no se presentan candidatos al concurso de méritos, o ninguno de ellos lo hubiere superado, el Procurador
General de la Nación elaborará la lista con los candidatos de los municipios vecinos que figuren en la lista de elegibles de
acuerdo al puntaje, siempre y cuando los municipios pertenezcan a la misma categoría. De esa lista, el Concejo municipal o
distrital respectivo elegirá personero. “(…)”. 33
Páginas 2 a 45, cuaderno 5. Sentencia notificada el 4 de febrero de 2025, según constancia visible en folio 46.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

inhabilidad especial para ejercer función pública por el término de 6 meses. Para los
dos últimos mencionados, conmutó su suspensión al equivalente de los salarios
(honorarios) devengados para la época de la falta, en atención a que para ese
momento habían cesado sus labores como concejales.

15. De la revisión probatoria34, el ad quem concluyó que los disciplinados
incurrieron en irregularidades al expedir las Resoluciones 2 de 7 de enero y 7 de 4
de febrero del 2020, por medio de las cuales se suspendió y revocó la convocatoria
al concurso público de méritos para la elección de personero municipal -Resolución
121 de 2019-, al desconocer los artículos 170 de la Ley 136 de 1994 y 2.2.27.1 y
2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, tal como lo determinó la Procuraduría de
Instrucción en el auto de cargos.
16. No obstante, el ad quem varió la calificación jurídica del cargo imputado, toda
vez que del material probatorio no se lograba subsumir la conducta irregular a la
descrita en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 200235, en la medida que no se cumplían
los ingredientes normativos del tipo penal consagrado en el artículo 413 del Código
Penal -prevaricato por acción-36; a su juicio, su actuar no se enmarcaba en una
contrariedad manifiesta, absurda y grosera de la ley, pues si bien se interrumpió el
curso normal del proceso de elección de procurador municipal, no fue una
contrariedad manifiesta y evidente que no haya requerido de mayor análisis o
razonamiento profundo para su determinación.

17. Por ello, de conformidad con los principios de congruencia y
proporcionalidad, consagrados en el artículo 2037 y 1838 de la Ley 1952 de 2019,
varió la imputación jurídica. Expuso que los disciplinados en conjunto39 incurrieron
en una pretermisión del deber genérico contenido en el numeral 1° del artículo 34
de la Ley 734 de 2002, esto es, “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes

34
Analizó las siguientes pruebas: i) acta 053 de 2019; ii) oficio ESAP de 1 de agosto de 2019 “Autorización Convenio ESAP”;
iii) Acta 64 de 2019; iv) Resolución 121 de 2019; v) Requerimiento de 2 enero de 2019 dirigido a la mesa directiva 2019; vi)
oficio de respuesta de 7 de enero de 2020 de la anterior comunicación por parte de Concepción Gómez Ovallos y Luis Arturo
Casas Zapata; vii) oficio de 8 de enero de 2020 de Fredy Mendoza Castillo, contestando el requerimiento; viii) Resolución 1
de 5 de enero de 2020; ix) Resolución 2 de 7 de enero de 2020; x) declaraciones juramentadas rendidas el 2 de junio de 2021
por Concepción Gómez Ovallos; xi) comunicación de 10 de enero de 2020 enviada por los investigados a la Procuraduría
Provincial de Cúcuta; xii) auto admisorio de la demanda de nulidad promovida contra la Resolución 121 de 2019; xiii) registro
de actuaciones judiciales en el sistema Samai del proceso de nulidad 54001-33-33-002-2020-00004-00; xiv) oficio PPC-
MMED-647-2019 expedido por la Procuraduría Provincial de Cúcuta que requirió a los procesados continuar el proceso del
concurso; xv) recurso de reposición presentado el 10 de febrero de 2020 por los procesados contra el auto que negó la
medida de suspensión provisional de la Resolución 121 de 2019; xvi) Resolución 26 de 27 de febrero de 2020, por medio de
la que se nombró en encargo a personero municipal; xvii) sentencia de 15 de diciembre de 2020 que negó las pretensiones
de nulidad contra la Resolución 121 de 2019; xviii) sentencia de 21 de octubre de 2021 que confirmó la anterior decisión; xix)
auto de 11 de marzo de 2021 dictado en proceso radicado 54001-33-33-010-2020-00127-00, que accedió a la suspensión
provisional de la resolución 7 de 4 de febrero de 2020, que revocó la convocatoria del concurso; xx) sentencia de 30 de junio
de 2022 que declaró la nulidad del acto mencionado con anterioridad: xxi) sentencia de 19 de enero de 2023 que confirmó la
anterior decisión; xxii) acta de sesión de 18 de febrero de 2020, por medio de la cual la plenaria autorizó para efectuar nueva
convocatoria a concurso público y abierto de méritos para la elección de personero; xxiii) Resolución 87 de 14 de mayo de
2021; xxiv) Resolución 7 de 2022 y xxv) Resolución 20 de 17 de junio de 2022.
35
“Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, abusando del mismo”.
36
“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá (..)”. Se señaló
que sobre la configuración del delito, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de febrero de 2024, radicado 61539,
explicó que no basta con que el acto sea ilegal, sino que se censura el yerro que trasciende al simple error, esto es, que se
considere como inadmisible o irracional, y por lo mismo, revele la intención positiva del funcionario de apartarse del precepto
normativo para imponer su voluntad y, desprovista de cualquier ponderación que la justifique.
37
“El disciplinario no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el pliego de cargos,
sin perjuicio de la posibilidad de su variación”. La Corte Constitucional en SU 901 de 2005, precisó: “La congruencia entre el
pliego de cargos y el fallo debe ser personal, fáctica y jurídica. Las dos primeras son absolutas en tanto que la última es
provisional ya que la calificación de la conducta puede ser degrada en el fallo”.
38
“La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben
aplicarse los criterios que fija esta ley”.
39
Señaló que la conducta de los procesados se analizaba en conjunto, toda vez que el actuar irregular de todos se concretó
en la suscripción de las resoluciones cuestionadas.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario,
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente”.
18. Expuso que la falta era grave, de acuerdo con los criterios consagrados en
los numerales 1, 4 y 5 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 40, pues su actuar
irregular fue deliberado y consciente, eran miembros de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal y su comportamiento tuvo una trascendencia social, debido a los
perjuicios causados a los concursantes en el proceso de meritocracia, al desgaste
administrativo y judicial41. También consideró que era dolosa, dado que los
disciplinados no tuvieron dudas jurídicas razonables sobre la autorización de la
plenaria del Concejo otorgada para emitir la convocatoria del concurso; por el
contrario, la suspendieron y revocaron sin motivación para disponer
discrecionalmente del cargo de personero municipal. Precisó que no se observó
alguna condición de inimputabilidad, ni la configuración de alguna circunstancia
excluyente de responsabilidad.
19. Teniendo en cuenta los criterios agravantes y atenuantes para graduar la
sanción, consagrados en el artículo 47 ibidem, así como los previstos en el artículo
50 de la Ley 1952 de 2019, aplicables en virtud del principio de favorabilidad, se
tuvo en cuenta como atenuante de la sanción la ausencia de antecedentes y como
agravantes el daño social y la pertenencia al nivel directivo de la Corporación. En
virtud del principio de proporcionalidad42 y razonabilidad y en consideración de la
falta y sus criterios de graduación impuso a los disciplinados suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses. Respecto
de Luis Alfonso Ureña Navarro y Albeiro Torres Vega conmutó la sanción al
equivalente de los honorarios devengados en el periodo de la comisión de la falta
(año 2020), por el término de la sanción, toda vez que los mencionados no se
encontraban en el ejercicio del cargo43.

40
“Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este
código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado
en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la
naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla,
o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,
debidamente comprobadas.
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”.
41
A la par de ello, la Sala estableció que la conducta reprochada de Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón
y Albeiro Torres Vega, reviste de ilicitud sustancial, en tanto en cuanto quebrantaron sus deberes funcionales al no actuar
conforme al marco normativo y vulneraron los principios de imparcialidad, moralidad y responsabilidad que regulan la función
administrativa, sin que medie alguna justificación en su proceder.
42
Expuso que en sentencia C 721 de 2015, la Corte Constitucional señaló: “el análisis de la proporcionalidad en el derecho
disciplinario deberá analizar (i) el grado de la afectación de la falta obre los deberes del cargo del funcionario y sobre el
cumplimiento de los fines del Estado y los principios constitucionales de la función pública (ii) la gravedad de la sanción
impuesta y (iii) la proporcionalidad entre ambas. En este sentido, la proporcionalidad implica que la sanción no resulte excesiva
en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”, Destacado
de la Sala de decisión disciplinaria.
43
Finalmente, el ad quem explicó la procedencia del recurso de doble conformidad y el de revisión.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

Mecanismo especial de doble conformidad44
20. Los sancionados reprocharon que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular consideró erradamente que en el acta 64
de 21 de agosto de 2019 se autorizó a la Mesa Directiva para expedir la
convocatoria del concurso, al indicar que se leyó “convocatoria concurso público
para elección de personero”; también precisó que el acta 53 de 1 de agosto de 2019
solo dio cuenta que se concedió autorización únicamente para suscribir el convenio
interadministrativo con la ESAP45. Reiteró los demás argumentos expuestos en los
alegatos precalificatorios (pie de página 16).

21. La Procuraduría General de la Nación, en decisión visible en páginas 86 a
11046, luego de estudiar el régimen normativo consagrado para el proceso de
elección de personero municipal47 y de efectuar una revisión del material probatorio
recaudado en la actuación, concluyó que: i) la Mesa Directiva en sesión de 1 de
agosto de 2019 autorizó para emitir la convocatoria y suscribir el convenio con la
ESAP, consignada en acta 53 y, que si bien no fue la referida en la Resolución 121
de 2019, tal yerro no tiene la capacidad de viciar el procedimiento y derivar en la
revocatoria del mencionado acto administrativo; ii) la Mesa Directiva no debió
revocar la Resolución 121 de 2019 por carecer de competencia en la medida que
no se encontraba en la oportunidad prevista para el efecto en el artículo 95 CPACA
y por no cumplirse ninguna causal de procedencia, consagradas en el artículo 93
ibidem.
22. En cuanto a la falsa motivación reprochada por los disciplinados en su escrito
de impugnación, determinó que no estaba configurada en la medida que la decisión
observó los hechos, la conducta investigada, el material probatorio recaudado y los
elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria (tipicidad, ilicitud
sustancial y culpabilidad). Destacó que la dosificación de la sanción se fundamentó
en la omisión del deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, ponderando la gravedad de la conducta y su trascendencia social 48.

Intervención en el trámite del recurso extraordinario revisión

23. La parte disciplinada no invocó ninguna causal de revisión de las
contempladas en el artículo 238 C de la Ley 1952 de 2019. Expuso que debe
tenerse en cuenta que se acusó a tres concejales que no cuentan con formación
profesional en derecho y que no contaban con asesoría jurídica para el efecto; de

44
En auto de 20 de febrero de 2025 (página 78, ídem), se concedió el mecanismo especial de impugnación de la doble
conformidad presentado por la parte disciplinable. Si bien el quejoso Mario Alonso Corredor presentó recurso, con el fin de
cuestionar la variación de la calificación de la conducta (presentado el 18 de febrero de 2025. Páginas 64 a 76, ídem), la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos lo rechazó por improcedente, en la medida que la facultad para ejercer
tal mecanismo recae únicamente en el disciplinado, al tenor de los dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019.
45
Recurso presentado el 18 de febrero de 2025. Páginas 55 a 62, cuaderno 5.
46
Fecha de la decisión ilegible. Según constancia de notificación efectuada el 26 de agosto de 2025, la decisión fue proferida
el 25 de ese mismo mes y año. Página 110, ídem.
47
Artículos 33.8 Norma Superior, 170 de la Ley 136 de 1994, Leyes 1031 de 2006 y 1551 de 2012. Decretos 2485 de 2014 y
1083 de 2015. Sentencias: i) de la Corte Constitucional C-105 de 2013 y ii) de la Sección Quinta del Consejo de Estado de
10 de junio de 2020 y 29 de abril de 2021, radicados 2020-00480-01 y 2020-00243-01, respectivamente.
48
Mediante escrito presentado el 29 de agosto de 2025, la apoderada de la parte disciplinada solicitó aclaración de la
sentencia que resolvió el mecanismo de doble conformidad, con el fin de que se explique si el proceso será remitido
automáticamente al Consejo de Estado para el trámite del recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 238 A
de la Ley 1952 de 2019 y 54 de la Ley 2094 de 2021. En decisión de 3 de septiembre de 2025, la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos corrió traslado por el término de 30 días hábiles, para que los disciplinados ejercieran su
derecho a la defensa, previo a la remisión del proceso para el trámite del aludido recurso (decisión en páginas 126 y 127,
cuaderno 5). Según constancia obrante en páginas 128 y 129 ídem, el auto fue notificado el 4 de septiembre de 2025.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

ahí que señaló que su actuar se fundamentó en la literalidad de un decreto que
imponía la existencia de una autorización para expedir la convocatoria, la cual no
evidenciaron en la Resolución 121 de 2019 y, por tanto, estimaron que la misma
era contraria a la ley49. Destacó que para determinar la legalidad de las actuaciones
administrativas relacionadas con la convocatoria, tuvieron que proferirse 4
sentencias, producto de un extenso análisis jurídico por parte de los profesionales
expertos en derecho.

24. Solicitaron que se tuvieran en cuenta las siguientes pruebas: i) la diligencia
testimonial de Luis Arturo Casas y Fredy Mendoza, en donde expusieron que se
autorizó a la Presidenta de la Junta Directiva del Concejo para firmar únicamente
el convenio con la ESAP; ii) documento remitido el 1 de agosto de 2019 por la ESAP
que constata la exigencia de las dos autorizaciones, pues le recordó al Concejo la
importancia de obtener la autorización de la plenaria para firmar el convenio y la de
la mesa directiva para la suscripción de la convocatoria; iii) acta 53 de la sesión en
pleno del Concejo de 1 de agosto de 2023 que reza: “si están de acuerdo en
autorizarla para firmar el convenio interadministrativo con la Escuela Superior de
Administración Pública” y iv) acta 64 de la sesión efectuada el 21 de agosto de
2019 que consignó que se leyó la convocatoria a concurso público pero no se
autorizó a la Mesa Directiva para su suscripción.

25. Reiteró que la inexistencia de la autorización para suscribir la convocatoria
del concurso de méritos vicia de nulidad la Resolución 121 de 21 de agosto de
2019; de ahí que la Mesa Directiva del año 2020 no debía continuar con el aludido
proceso de elección50.

49
Se indicó que así lo constatan los disciplinados, quienes en esta fase del proceso efectuaron un pequeño relato de lo
sucedido, consignado en la intervención, en los siguientes términos:
“Cuando nos posesionamos como Concejales del Municipio de Lourdes, Norte de Santander y en vista que la primera acción
que debíamos revisar y adelantar era la elección de Personero Municipal de Lourdes, Norte de Santander, procedimos a
verificar la carpeta correspondiente al proceso que se adelantaba para tal fin y al mismo tiempo compararla con el proceso
que se había adelantado en el año 2016 ya que nos serviría de guía, puesto no que no contábamos con Asesor Jurídico que
nos orientara en el proceso, pues los Municipios de sexta categoría cuenta con un presupuesto muy bajo escasamente
alcanza para pagar una secretaria y más aún para la época de los hechos.
“Una vez revisados los documentos y comparados con el proceso anterior se evidenció que los mismos no estaban claros,
revisamos varias veces la Resolución 121 al igual que las actas y no se evidenció claramente que la convocatoria se hubiere
realizado conforme a los dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 en sus artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2, es claro que el concurso
público de méritos para la elección de personero municipal debe ser adelantado por el Concejo Municipal, el cual podrá
efectuarlo a través de universidades o instituciones de educación superior pública, por disposición del artículo 1 y el artículo
2 indica que la convocatoria debe ser suscrita por la Mesa Directiva del Consejo previa autorización de la plenaria de la
corporación y en el caso concreto, se autorizó a la Presidenta del Concejo para suscribir el convenio con la ESPA, pero de
manera expresa no se tocó en ninguna de las dos sesiones del Consejo (según se desprende de las actas) la autorización a
la Mesa Directiva para suscribir la convocatoria como norma reguladora de todo concurso, esta última autorización no está
expresa en ningún acta.
“Por lo anterior, al no tener claridad sobre la existencia de la autorización, procedimos a suspender el concurso y al mismo
tiempo enviamos un escrito a la Procuraduría informando la situación, con la intención de que nos hicieran el acompañamiento
en este sentido. Pasando unos días y no obtenidos respuesta, nos preguntábamos si continuar con el concurso pues nos
preocupa que al omitir esta autorización y si nos demandaban terminaríamos involucrados en un proceso disciplinario por no
poner en conocimiento de las autoridades administrativas correspondientes y porque para nosotros estaba claro que en
ningún acta estuviera la autorización expresa para realizar la convocatoria al concurso de méritos como lo expresa
taxativamente el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.27.2.
“Queremos expresar muy respetuosamente señores MAGISTRADOS que en ningún momento actuamos de mala fe o por
evadir algún paso, obstaculizar o afectar alguien de los ya seleccionados por la ESAP para ser elegidos como Personero
Municipal de Lourdes, Norte de Santander, solo temíamos que ya en todo el pueblo se rumoraba la omisión del paso de la
autorización y sin duda alguna por controversias políticas iban a utilizar esto para demandarnos y hacernos perder la
credencial pues considerábamos que debíamos actuar en derecho y que se cumpliera este paso tal cual lo menciona la
norma.
“Por lo anteriormente expuesto solicitamos sea ratificado el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría provincial
de juzgamiento ya que consideramos justo para nuestro leal saber y entender pues somos solo personas con bajo grado de
escolaridad (Bachilleres) que lo único que pretendíamos era hacer bien nuestro trabajo y servir a la Comunidad como a través
de nuestra vida pública lo hemos hecho y sin pretender causarle daño a nadie”.

50
Nuevamente, solicitó se tuviera en cuenta la decisión emitida en el proceso disciplinario que se adelantó contra Jorge
Alexander Medina Hernández y la sentencia de 1 de febrero de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
bajo radicado 68001-23-33-000-2017-00266-01.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Control automático e integral de revisión de la actuación disciplinaria
26. La Ley 2094 de 202151 instituyó la procedencia del recurso extraordinario de
revisión frente a las decisiones de naturaleza disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, contentivas de sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad impuestas a los servidores públicos de elección popular que se
encuentren en ejercicio del cargo o por conductas cometidas durante el
cumplimiento del mandato popular.
27. Bajo este mecanismo, el legislador impuso al juez contencioso administrativo
efectuar un control automático e integral de carácter obligatorio de las actuaciones
y decisiones disciplinarias de la naturaleza descrita.
28. A la luz del estudio de exequibilidad efectuado por la Corte Constitucional en
sentencia C-030 de 202352 y, las reglas fijadas por el Consejo de Estado en auto de
unificación de 3 de diciembre de 202453, tal control implica confrontar tanto las
actuaciones surtidas en el proceso disciplinario como la decisión que impuso la
sanción, con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia cuyo contenido se
encuentra inscrito tanto en las normas de derecho interno como aquellas que se
inscriben en el bloque de constitucionalidad, referido a las garantías que el sistema
interamericano de protección de derechos estatuye frente a los servidores públicos
elegidos mediante el mecanismo democrático del voto.
29. Con ese propósito, y en garantía de los derechos involucrados, al juez le
corresponde efectuar un control que permita revelar la presencia de vicios que
puedan conducir a la configuración de las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 CPACA, así como aquellas hipótesis previstas en el artículo 56 de la
Ley 2094 de 2021 (violación directa de la ley sustancial; violación indirecta de la ley
por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba; incongruencia entre

51
La Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) derogó la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de
2011. Dicho código entró en vigor a partir del 1 de julio de 2021, en virtud de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).
Con ocasión a la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Petro Urrego vs
Colombia), se reformó el Código General Disciplinario por medio de la Ley 2094 de 2021. Esta nueva disposición incorporó
las siguientes modificaciones: i) estableció las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos disciplinarios; ii) otorgó
facultades “jurisdiccionales” disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación para juzgar y juzgar con suspensión,
destitución e inhabilidad a los servidores públicos; iii) consagró el recurso extraordinario de revisión para controlar las
actuaciones disciplinarias adelantadas por dicha entidad, así como sobre algunas decisiones que adopte frente a los
servidores públicos de elección popular.
52
Por medio de la cual se efectuó el estudio exequibilidad de la Ley 2094 de 2021.
53
Las reglas aquí fijadas se relacionan con: i) la procedencia (procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble
conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de
elección popular al momento de la imposición de la sanción. Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto
de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha
sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas); ii) suspensión provisional de la sanción
disciplinaria (la ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de revisión, esto es, hasta la
ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve el recurso de revisión); iii) la intervención del sancionado (el servidor
público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la
Procuraduría General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y
permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o
través de apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la legitimidad, oportunidad
y sustentación de los motivos de inconformidad); iv) el trámite de notificación del auto que avoca conocimiento, el cual debe
notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días
siguientes, podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de intervención,
en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021); v) la procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble
conformidad (en el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la
procuraduría, procederá el recurso de doble conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA); vi)
competencia para resolver este último recurso (el recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas
por las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala Especial de Decisión que siga en orden
numérico) y vii) el control integral (corresponde a un examen integral sobre la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad
de la actuación administrativa de la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias dictadas en su interior).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

el pliego de cargos y el fallo; nulidad originada en el curso del proceso disciplinario;
error en la dosificación de la sanción disciplinaria; por haberse recobrado
documentos decisivos, sin culpa de la parte, después de dictada la decisión; proferir
la sentencia con fundamento en documentos falsos o cuando el cambio de
precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado modifique
favorablemente la decisión recurrida).
30. Este control judicial automático e integral, aunque puede ser rogado,
conduce a que el Consejo de Estado deba examinar el estricto cumplimiento de
todos los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, la legalidad, la ilicitud
sustancial, el debido proceso, la protección a la garantía de la presunción de
inocencia, la celeridad, la culpabilidad, la favorabilidad, la igualdad, los fines de la
sanción disciplinaria, el derecho a la defensa, la proporcionalidad, motivación,
debida interpretación de la ley disciplinaria, y la aplicación de principios propios de
la materia, entre otros aspectos.
31. Ya en el ámbito del análisis probatorio, el examen conlleva el de la
interpretación y valoración probatoria hecha en sede disciplinaria que no es lo
mismo que un nuevo examen integral de las pruebas con base en las cuales se
adoptaron las decisiones administrativas disciplinarias, pues bajo el sistema de
revisión, el juez contencioso no funge como titular de una potestad disciplinaria sino
como garante de sus fines de manera que el análisis que está a su cargo debe
enfocarse en asuntos de orden constitucional, ante el justo equilibrio de los fines
que se persiguen con la actuación disciplinaria. Lo anterior, sin perjuicio que basado
en la revisión de los elementos de evidencia y el análisis efectuado sobre aquellos
por la autoridad competente, puedan revaluarse los supuestos de la responsabilidad
y la decisión emitida por la autoridad disciplinaria.

Control rogado y control integral
32. Teniendo en cuenta que la parte procesada no formuló ningún reparo
relacionado con la ilegalidad o inconstitucionalidad de la actuación disciplinaria y la
decisión allí adoptada, este estudio partirá por efectuar el control integral, a partir de
contrastar el trámite sancionatorio con las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 CPACA y las de revisión consagradas en el artículo 56 de la Ley 2094
de 2021. Por último, de no encontrarse establecida alguna causal que invalide la
decisión sancionatoria se estudiarán los reparos puestos a consideración por los
disciplinados.

Revisión de configuración de nulidad bajo las causales del artículo 137 del
CPACA54

• Normativa aplicable en el caso concreto
33. Los hechos que dieron origen a la acción disciplinaria contra Luis Alfonso
Ureña Navarro, Albeiro Torres Vega y Manuel Antonio Ortiz Pabón -trámite irregular
del concurso público y de méritos para la elección de Personero Municipal- tuvieron

54
“ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de
los actos administrativos de carácter general.
“Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

lugar entre enero y febrero de 202055. Si bien la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la
cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario”; en su artículo 265 -en su redacción original-, señaló que “[l]a presente
ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación (…)”, lo
cierto es que el plazo de entrada en vigor de esta ley se prorrogó hasta el 1 de julio
de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”'; por
manera que las normas sustanciales a las que debía sujetarse el trámite
sancionatorio adelantado y los fallos disciplinarios que se revisan, son las del
ordenamiento vigente al momento de la ocurrencia del hecho investigado, esto es,
la Ley 734 de 2002.

34. Sobre el procedimiento aplicable, el artículo 7 de la Ley 734 de 2002 señala
que “[l]a ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la
sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a
regir, salvo lo que la misma ley determine”. Precisamente, la Ley 1952 de 2019 fijó
las reglas para su entrada en vigor y señaló en su artículo 263 transitorio que, salvo
que se hubiese producido notificación del pliego de cargos o instalada audiencia del
proceso verbal (lo que no había ocurrido en el caso concreto, pues el auto de pliego
de cargos se notificó el 17 de octubre de 2023, párrafo 6- pie de página 18) “se
aplicará el procedimiento previsto en esta ley”.

35. Revisada la actuación administrativa disciplinaria en su conjunto, se observa
que los operadores de primera y segunda instancia aplicaron en los aspectos
sustanciales, el CDU (Ley 734 de 2002) cuando se formuló el pliego de cargos y se
emitió la decisión que declaró la responsabilidad disciplinaria, bajo las cuales
analizaron la conducta reprochada de los disciplinados (párrafos 6, 16, 18 y 22).

36. En cuanto a las disposiciones adjetivas del CGD (Ley 1952 de 2019): i) el
asunto se tramitó bajo el procedimiento que correspondía -ordinario- (artículo 225 A
del CGD), tal como se señaló en el auto que avocó conocimiento (pie de página 26);
ii) se preservó la separación entre las etapas de instrucción y juzgamiento -artículos
92, 203, 208, 211, 220 y 225 del CGD-; iii) se satisfizo el análisis de los elementos
de la responsabilidad disciplinaria -tipicidad (artículo 4 del CDU), antijuridicidad
(artículo 5 del CDU), culpabilidad (artículo 13 del CDU) y ausencia de causales de
exclusión de responsabilidad (artículo 28 del CDU)-; iv) realizaron el juicio de
subsunción de la conducta a la descripción típica de la norma -artículo 34, numeral
1° del CDU-; e, v) impusieron la sanción al tenor del artículo 45 del CDU y
efectuaron la graduación de la falta conforme al artículo 47 del CDU, previa
aplicación de los criterios de agravación y atenuación previstos en dicho cuerpo
normativo.
37. En ese orden de ideas, los fallos disciplinarios que se revisan fueron
expedidos como resultado de un procedimiento respetuoso del régimen jurídico
aplicable y, en este aspecto, se estiman ajustados a derecho.

55
Teniendo en cuenta que la Resolución No. 2 que suspendió la convocatoria se expidió el 7 de enero de 2020 y el acto que
revocó dicha convocatoria (Resolución No. 7), se expidió el 4 de febrero de ese mismo año.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

• Competencia funcional de las autoridades disciplinarias
38. El Decreto Ley 1851 del 24 de diciembre de 202156 modificó las
competencias disciplinarias de la Procuraduría consagradas en el Decreto Ley 262
de 2000, con el fin de armonizarlas con la separación de las etapas de instrucción
y juzgamiento introducidas por la Ley 1952 de 2019; en virtud del mismo, se asignó
a las procuradurías delegadas de instrucción la competencia para adelantar el
procedimiento hasta la notificación del pliego de cargos o el auto de archivo; y, a las
procuradurías delegadas de juzgamiento, la competencia para “[c]onocer de la
etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas
de instrucción”57.
39. De otro lado, en los términos del artículo 22, numeral 3, literal b) del referido
Decreto Ley, corresponde a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular: “[c]onocer de los recursos de apelación y de queja, al
igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se
presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los
procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones
contra servidores públicos de elección popular”.
40. Así mismo, de conformidad con el artículo 7.20 del Decreto Ley 262 de 2000,
modificado por el artículo 2 del referido decreto ley y, en armonía con el artículo 18
de la Ley 2094 de 2021, le corresponde al Procurador General de la Nación:
“[D]ecidir en segunda instancia los procesos disciplinarios que conozcan en primera
instancia las Salas Disciplinarias o el Viceprocurador, al igual que la doble
conformidad conta las decisiones de estos”.
41. En el asunto que se revisa, hasta el auto que prorrogó el término de la
investigación disciplinaria, el proceso fue adelantado por la Procuraduría Provincial
de Cúcuta (11 de marzo de 2022)58. Con la entrada en vigencia del Decreto Ley en
mención, la Procuraduría Delegada de Instrucción (Procuraduría Provincial de
Instrucción de Cúcuta) dio cierre a la investigación disciplinaria el 24 de octubre de
202259 y culminó la fase de instrucción; en auto de 29 de septiembre de 2023, por
medio del cual formuló pliego de cargos, ordenó remitir por competencia el proceso
disciplinario a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento (Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Cúcuta), para que adelantara la etapa de juzgamiento,
de conformidad con el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
39 de la Ley 2094 de 2021 y la Resolución 113 de 8 de abril de 2022.

42. Finalmente, se dictó fallo de primera instancia por parte de la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Cúcuta, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular decidió en segundo grado el trámite
sancionatorio y el Procurador General de la Nación resolvió el mecanismo especial
de impugnación de doble conformidad. En tal orden de ideas, las autoridades
disciplinarias que expidieron las decisiones en el curso procesal, así como las

56
Norma vigente para cuando se formuló pliego de cargos en la presente acción disciplinaria -29 de septiembre de 2023-.
57
Artículos 12 y 13 del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionaron los artículos 25 y 25A del Decreto Ley 262 de 2000.
58
Página 103, cuaderno 3.
59
Página 155, cuaderno 4.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

sanciones objeto de revisión eran funcionalmente -y materialmente, según quedó
establecido en acápite previo- competentes para el efecto.

• Expedición de forma irregular: observancia de los requisitos
sustanciales de la formación de la sanción disciplinaria
43. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la responsabilidad
disciplinaria “surge cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos
sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una estructura que ha
sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de cinco categorías a
saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v)
la culpabilidad”60.

44. Sin embargo, esa estructura dogmática debe ser, de un lado, leída en función
de las previsiones contenidas en la norma -general o especial- que se encuentre
vigente al momento de ocurrencia de los hechos y regule de manera específica los
comportamientos materia de investigación; y, del otro, complementada con otros
elementos que hacen parte del ordenamiento jurídico disciplinario, para que la
revisión integral que se efectúa en esta sede judicial sea omnicomprensiva.
45. Bajo dicho entendimiento, la Sala abordará en este punto, la estructuración
de los elementos inescindibles a la adopción de la decisión de la responsabilidad
disciplinaria61:

(i) Condición de sujeto disciplinable:
46. Respecto del sujeto de la acción disciplinaria, el presente caso se promovió
contra Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres
Vega. Los elementos probatorios que obran en la actuación sancionatoria revelan
que los referidos ciudadanos fueron elegidos concejales del municipio de Lourdes
(Norte de Santander) para el período 2020 a 2023 por el partido Conservador
Colombiano y el último mencionado por el partido de Alianza Verde62.
47. El artículo 25 de la Ley 734 de 2002 refiere como destinatarios a los
servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. A su vez, el
artículo 123 de la Constitución Política dispone que son servidores públicos “los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.
48. Así, los concejales municipales, como servidores públicos de elección
popular, son sujetos disciplinables en los términos del CDU. En consecuencia, los
señores Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro Torres

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 3003-17, C.P. William Hernández Gómez.
61
(i) la condición de sujeto disciplinable que ostenten los sancionados y (ii) la prescripción y caducidad de la acción
disciplinaria, iii) la tipicidad de la conducta investigada y el ejercicio de subsunción típica efectuado por la Procuraduría; iv) la
ilicitud sustancial de la conducta; v) la culpabilidad; vi) la congruencia entre el cargo imputado y el que sustentó la sanción
impuesta; vii) la presencia o ausencia de eximentes de responsabilidad y viii) la dosificación y proporcionalidad de la sanción.
62
Credenciales emitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, visibles en CD anexo en folio 173 del expediente
(página 191 de la versión digitalizada). Contenido del cd, allegado en carpeta ZIP, denominada: 5ED_CUADERNO1zip(.zip)
NroActua 2(.zip) NroActua 2, Samai, índice 2. En dicho CD, también obran las actas de posesiones, según las cuales los
mencionados servidores tomaron posesión de su cargo el 2 de enero de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

Vega podían ser destinatarios de la acción disciplinaria ejercida por la Procuraduría
General de la Nación.

(ii) Prescripción y caducidad de la acción disciplinaria:

49. El artículo 29 del CDU señala que dicha acción se extingue por la muerte del
investigado o por la ocurrencia de la prescripción. Asimismo, el artículo 30 ibidem,
modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, dispone que “la acción
disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta,
no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria”, término que
empezaría a contarse “para las faltas instantáneas desde el día de su consumación,
para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho
o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar”.
50. A su vez, el artículo en cita consagra que “la acción disciplinaria prescribirá
en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas”.
51. En suma -bajo la vigencia del CDU-, la autoridad disciplinaria competente
cuenta, de un lado, con un término de 5 años para proferir auto de apertura de la
investigación, a partir de la ocurrencia de la conducta que se juzga, so pena de que
opere la caducidad de la acción disciplinaria; y, del otro, con 5 años, contados desde
ese auto de apertura de la investigación disciplinaria, para proferir la decisión
correspondiente, después de lo cual se configura la prescripción de la acción.
52. Como se aprecia, el legislador no determinó cuál es el acto que impone la
sanción e interrumpe el fenómeno prescriptivo. La Sala Plena Contenciosa de esta
Corporación, en sentencia del 21 de mayo de 2019, insistió en la postura unificada63,
para señalar que “de acuerdo con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala
reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y
notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la
actuación administrativa y que se tiene en cuenta para efectos de la interrupción de
la prescripción de la acción disciplinaria”.
53. Ese criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación,
al señalar que: “Para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, la sanción
debe entenderse impuesta con la expedición y notificación del acto administrativo
primigenio, independientemente del momento en que se resuelvan los recursos de
la vía gubernativa cuando se haga uso de ellos”64.
54. Descendiendo al caso que centra la atención de la Sala, el auto de
imputación formuló un único cargo en torno a la expedición irregular de dos actos

63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009,
exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, C.P. Susana Buitrago Valencia.
64
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2019, exp. 3966-14, C.P. William Hernández Gómez. En la
misma línea, la Subsección B precisó, en otra oportunidad: “(…) la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la
acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la sentencia de 29 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual, dentro del término de cinco (5) años establecido por el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 –sin la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011-, la autoridad disciplinaria competente
solo debe proferir y notificar el fallo de primera o única instancia. En ese orden argumentativo, bajo la vigencia del artículo 30
de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus dos subsecciones, ha aplicado la tesis decantada
por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 29
de septiembre de 2009”; sentencia del 1° de agosto de 2018, exp. 0491-2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

administrativos (Resoluciones 2 de 7 de enero y 7 de 4 de febrero, ambas de 2020).
La conducta censurada por el ente disciplinario se centra sobre la base de la
expedición de dichas decisiones, por lo que debe considerarse como una falta
instantánea constituida por un comportamiento activo, y el término de caducidad de
la acción disciplinaria debe contarse desde su consumación, esto es, la expedición
del segundo acto.
55. Así, la Procuraduría contaba con un término de 5 años, contados entre el 4
de febrero de 2020 -fecha en que se expidió la segunda resolución- y el 4 de febrero
de 2025, para dar apertura formal a la investigación. Considerando que dicho acto
procesal se produjo el 30 de abril de 2021 y fue notificado el 11 de mayo del mismo
año65, el fenómeno de la caducidad no operó.
56. A su vez, en la medida que los 5 años con los que contaba el ente disciplinario
para expedir y notificar el fallo que impuso la sanción disciplinaria transcurrirían
entre el 12 de mayo de 2021 -día siguiente en que se notificó la decisión que dio
apertura formal de la investigación- y el 12 de mayo de 2026, y teniendo en cuenta
que esa decisión administrativa fue proferida el 30 de enero de 2025 y notificada el
4 de febrero siguiente66; el fenómeno prescriptivo tampoco se configuró.

57. Ahora bien, en este punto es preciso señalar que la Ley 1952 de 2019 (CGD)
-expedida el 28 de enero de 2019-, eliminó el fenómeno de la caducidad de la acción
disciplinaria y modificó la forma de contar la prescripción, de la siguiente manera
(artículo 33): “La acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados para las
faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, para las de
ejecución permanente o continuada, desde la realización del último acto y para las
omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción se
interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En
este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la
autoridad disciplinaria tendrá un término de dos años contados a partir del siguiente
día del vencimiento para impugnar la decisión”. Dispuso, así mismo que en lo
atinente a las faltas relacionadas con el derecho internacional humanitario, la
prescripción será de 12 años.
58. No obstante, de conformidad con el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el
mencionado artículo 33 entraría a regir, en principio, 18 meses después de su
promulgación, es decir, al 21 de julio de 2020. Sin embargo, el plazo de entrada en
vigor de esta ley se prorrogó, como se precisó, hasta el 1 de julio de 2021 por el
artículo 140 de la Ley 1955 de 2019. A su vez, el 29 de junio de 2021 se expidió la
Ley 2094 que, entre otros, modificó el artículo 33 del CGD (aunque mantuvo la forma
de contar la prescripción -5 años para notificar el fallo de primera instancia y 2 años
más para proferir y notificar el de segunda instancia-), y señaló que el mismo
entraría a regir a partir del 29 de diciembre de 2023.
59. Ambas decisiones fueron adoptadas y puestas en conocimiento del
investigado antes de que operara la prescripción en la manera dispuesta por la
nueva norma que alteró la forma de computar su término.

65
Página 58 del expediente disciplinario.
66
Página 46, cuaderno 5.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

60. De otra parte, para emprender el estudio de la estructuración de los demás
elementos de la responsabilidad disciplinaria enunciados en pie de página 6367, se
impone examinar previamente el contenido fáctico de las pruebas legalmente
allegadas al expediente de cara a analizar las conclusiones probatorias adoptadas
por la autoridad disciplinaria que sirvieron para fundamentar su responsabilidad,
bajo el corpus de derechos y garantías de los disciplinados68.

61. De las pruebas obrantes, se tiene que encontrándose el Concurso Público
de Méritos para la elección de personero municipal pendiente de citar a entrevista
a los candidatos relacionados en la lista de elegibles69, la Mesa Directiva para el
año 2020 -conformada por Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón
y Albeiro Torres Vega-, emitió la Resolución 2 del 7 de enero de 2020, por medio de
la cual suspendió la Resolución 121 de 21 de agosto de 2019, contentiva de la
convocatoria del referido concurso.

62. Como sustento de su decisión, se señaló que, pese a que en el acto
administrativo en cuestión se indicaba que por medio del Acta 64 de 21 de agosto
de 2019 se confirió autorización a la Mesa Directiva para emitir la convocatoria del
concurso, lo cierto es que aquella no contenía la correspondiente autorización. Por
tal razón, consideraron que para garantizar la legalidad del proceso era necesario
suspender el mencionado concurso70.

63. Verificada la documentación que da cuenta de las actuaciones precedentes
a la resolución en cuestión; se encontró que el 12 de junio de 201971, la Mesa
Directiva del Consejo Municipal de Lourdes confirió autorización expresa para que
la presidenta del Consejo suscribiera el convenio interadministrativo con la ESAP,
con el fin de realizar por su intermedio, el Concurso Público de Méritos para la
elección de personero municipal de Lourdes72. Seguidamente, la ESAP, por medio
de correo electrónico de 1 de agosto de ese año, con asunto “Autorización de
convenio ESAP”, le solicitó al Concejo Municipal, la autorización de la plenaria para
la suscripción de la convocatoria (se trascribe conforme obra):

“En el marco del convenio interadministrativo de cooperación para la elección de
personero 2020-2024, y teniendo en cuenta que en esta etapa del proceso su

67 (iii) la tipicidad de la conducta investigada y el ejercicio de subsunción típica efectuado por la Procuraduría; (iv) la ilicitud
sustancial de la conducta; (v) la culpabilidad; (vi) la congruencia entre el cargo imputado y el que sustentó la sanción impuesta;
(vii) la presencia o ausencia de eximentes de responsabilidad y (viii) la dosificación y proporcionalidad de la sanción.
68
Se aclara que la definición de la legalidad o validez de las resoluciones involucradas en el actuar irregular de los aquí
procesados, no son objeto de estudio bajo este cauce procesal, y en suma, tal problema jurídico ya fue definido por el juez
competente bajo el medio de control procedente para dicho fin; de ahí que, la revisión probatoria que se efectúe en torno a
dichas actuaciones se efectuará con el único propósito de establecer el comportamiento estructurante de responsabilidad
disciplinaria de los procesados.
69
En el orden de la lista fijada por la ESAP, los candidatos para citar a entrevista fueron: i) Mario Alonso Corredor Sandoval,
ii) Germán Augusto Tiria Rincón, iii) Irina Alejandra Duarte Reyes, iv) Eduardo José Rey YañezYáñez, v) William Andrés
Armesto Rivera y vi) Romis Samir García Rodríguez.
70
Página 15 y 16, cuaderno 1.
71
Página 24, cuaderno 1.
72
Dicho documento fue expedido, en los siguientes términos:
“AUTORIZACIÓN
“LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOURDES NORTE DE SANTANDER
“AUTORIZA
“A LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER CONCEPCIÓN GÓMEZ
OVALLOS PARA FIRMAR O SUSCRIBIR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
CONCEJO MUNICIPAL DE LOURDES Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP CON EL
OBJETO DE ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE LOURDES
(DEPARATAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024).
“Lourdes, 12 de junio de 2019”.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

corporación ya suscribió carta de intención para la celebración de dicho convenio, es
nuestro interés recordarle la importancia que ustedes obtengan en las próximas
sesiones ordinarias, autorización del Concejo en pleno para suscripción de la
convocatoria. Una vez realizado el trámite correspondiente solicitamos sean
enviados los soportes a la mayor brevedad al correo electrónico institucional y de
esta manera proceder con la remisión de la convocatoria”. (Se destaca).

64. En atención a tal requerimiento, ese mismo día, en sesión de la plenaria del
Concejo, la presidente leyó el correo referido, tal como se anotó expresamente en
el Acta 53 de 1 de agosto de 201973. Así mismo, se consignó que al finalizar la
sesión se sometió a votación de todos los miembros autorizarla para suscribir el
“convenio”, a lo que todos respondieron afirmativamente. Posteriormente, se
celebró la sesión de 21 de agosto de 2019, registrada en Acta 64; allí se indicó que
se leyó la convocatoria para ponerla en conocimiento de los miembros del Concejo.

65. De otro lado, se encontró que en días anteriores a la suspensión de la
Resolución contentiva de la convocatoria (el 2 de enero de 2020), los funcionarios
mencionados le consultaron a la Mesa Directiva del año anterior -por medio de
oficio- acerca de la autorización concedida para suscribir la convocatoria al concurso
de méritos que echaban de menos74. A través de la contestación dada por
Concepción Gómez Ovallos, presidente del Concejo para el año 2019, se conoció
que ese mismo día ya le habían hecho esa pregunta de manera personal en las
instalaciones del Concejo, en donde fue abordada por uno de ellos, en compañía
del señor Pedro Yoner Meza (funcionario de la Personería Municipal de Cúcuta).
Expuso que tal como se los indicó, hubo un error involuntario de digitación en la
Resolución 121 de 2019 al referir el Acta 64, pues la sesión en la que se emitió la
autorización es la efectuada el 1 de agosto de 2019, consignada en el Acta 5375.

66. Al haberse enterado de la decisión adoptada por la Mesa Directiva de
suspender el concurso, el 8 de enero de 2020, Concepción Gómez Ovallos, Luis
Arturo Casas Zapata, Fredy Rivera Peñaranda (miembros de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Lourdes para el año 2019) y Mario Alonso Corredor Sandoval
(personero municipal y candidato al concurso para el periodo 2020-2024),
presentaron queja ante la Procuraduría Provincial de Cúcuta, referenciada: “Queja
en contra de la Mesa Directiva Actual del Concejo Municipal de Lourdes N de S y
otro servidor público por presuntas irregularidades cometidas dentro del concurso
de personeros 2020 a 2024 realizado por la ESAP”. De su escrito, se destacan los
siguientes hechos:

• El 31 de diciembre de 2019, Mario Alonso Corredor acudió a la vivienda de
Manuel Antonio Ortiz Pabón, luego de recibir una llamada de su parte para
invitarlo a una reunión en dicho lugar. Allí se encontraba Albeiro Torres Vega
-aquí procesado- y otro concejal (Germán Cotamo). Le consultaron sobre el
73
Se anotó que se iba a dar lectura a la correspondencia recibida; entre ellos, mencionó que se leyó el “oficio recibido ESAP
asunto autorización convenio ESAP”. Archivo: “01-ACTA N° 053”, contentivo en CD anexo en el cuaderno 1. Allegado en
carpeta zip “5ED_CUADERNO1zip(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2”. Samai, 2. Se precisa que dicho documento se
encuentra escrito a mano.
74
“Teniendo en cuenta la resolución 121 del 21 de agosto del 2019 por medio de la cual se convoca a concurso púbico y
abierto de méritos para la selección de personero municipal, por medio del presente nos permitimos solicitar se sirva aclarar
cuál fue la autorización que le dio el concejo municipal para expedir la resolución 121 ya citada, toda vez que en sexto
considerando de la misma indica que a través del acta 064 del 21 de agosto de 2019 la plenaria del honorable concejo
municipal autoriza a la mesa directa para expedir dicha convocatoria y al inspeccionar dicha acta no se pudo verificar que la
plenaria del concejo municipal no autorizó realizar dicha convocatoria (…)”. Página 25, cuaderno 1.
75
Página 26, cuaderno 1.

20

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automática de decisiones disciplinarias)

funcionamiento de la Personería Municipal de Lourdes, el presupuesto,
planta de personal, entre otros aspectos76. Adujo que ellos le habían
informado sobre los compromisos que adquirieron con los ciudadanos que
trabajaron en las elecciones de octubre de 2019.

• El 4 de enero de 2020, el presidente del Concejo Municipal -Luis Alfonso
Ureña Navarro- llamó al quejoso Mario Corredor para solicitarle que se
acercara al recinto del Concejo con el fin de darle a conocer unos hallazgos
sobre el concurso de méritos para proveer el cargo de personero. Al conocer
que era Pedro Yoner Meza Rodríguez quien estaba manipulando la
documentación y el computador, Mario Corredor llegó acompañado de un
funcionario de la Policía Nacional de Lourdes, de apellido Castañeda; les
cuestionó nuevamente a los miembros de la Mesa Directiva y al Secretario
del Concejo -Alexander Castellanos-, por la presencia de Pedro Yoner Meza,
quien era funcionario activo de la Personería Municipal de Cúcuta.

• Ellos le informaron al señor Corredor que hallaron un error en la Resolución
121 de 2019, en la digitación de un número “sobre la autorización que le dio
la plenaria a la Mesa para el convenio y la convocatoria al concurso de la
ESAP”. Por tanto, le indicaron que iban a suspender el concurso mientras
hacían las correcciones pertinentes. El mencionado quejoso les recordó que
legalmente se había establecido que las entrevistas deben realizarse dentro
de los 10 primeros días del mes de enero y que no podían “tumbar” la
resolución sin demandarla; por último, les dijo que era evidente su intención
de usar el cargo para poner a una persona que les convenga.

• El 7 de enero siguiente les fue notificada la resolución que suspendió el
concurso. Manifestaron los quejosos que los miembros de la Mesa Directiva
trasgredieron la normativa vigente contenida en los artículos 1, 3, 21, 31,35
de la Ley 734 de 2002 al suspender la convocatoria del concurso y, en suma,
la autorización concedida a Pedro Yoner Meza para acceder a los archivos
del Concejo se encuadraba en el régimen de prohibiciones consagrado en
los artículos 35, 1, 22 y 48 y 60, ibidem.

67. El 10 de enero siguiente, la Mesa Directiva envió un oficio a la Procuraduría
Provincial de Cúcuta para informarle que no se había podido seleccionar personero
municipal en Lourdes por error manifiesto y falsa motivación evidenciados en la
Resolución 121 de 2019. Indicó que en el acto se consignó erradamente que la
Mesa Directiva había obtenido autorización para emitir la convocatoria por medio de
la sesión de la plenaria según el acta 64 de 2019. Adjuntó a su escrito la Resolución
y el acta referidas77.

76
“Me preguntaron por el tipo de vinculación de mi secretaria con la personería, que si yo la podía retirar de su puesto y si
podía contratar empleados. Yo les manifesté que el presupuesto de la personería es muy limitado, alcanza escasamente para
los sueldos y gastos de funcionamiento.
Insistieron sobre si podía despedirla. Luego me pidió que si lo podía ayudar para que interviniera ante el alcalde municipal
para que les colaborara con trabajo en obras a las personas que lo apoyaron políticamente en las campañas del año anterior,
teniendo en cuenta los compromisos que habían adquirido, les manifesté que durante el tiempo que he ejercido como
personero siempre he intervenido ante los ingenieros para que contraten personal del municipio de Lourdes.
77
Página 27, cuaderno 1.

21

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

68. Por intermedio de apoderado judicial, el 16 de enero de 2020, Albeiro Torres
Vega, Luis Alfonso Ureña Navarro y Manuel Antonio Ortiz Pabón, presentaron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 121
de 21 de agosto de 2019. El Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta profirió
auto admisorio de demanda, notificado por estado el 30 de enero de ese año.

69. Encontrándose pendiente la definición de la suspensión provisional del acto
demandado, la Mesa Directiva del Concejo, a través de Resolución 7 que expidió el
4 de febrero de 2020, revocó la Resolución 121 de 2019 y dejó sin efectos las demás
decisiones adoptadas relacionadas con el anterior acto y solicitó a la plenaria del
Concejo autorización para efectuar una nueva convocatoria. Se explicó en esa
decisión que revisados los documentos que obran en el archivo de la Corporación,
y, específicamente, previa verificación del Acta 64 de 2019 y los demás actos
administrativos proferidos ese año, no se encontró ninguna autorización que haya
otorgado la plenaria del Concejo a la Mesa directiva para haber realizado la
convocatoria contenida en la referida resolución. De ahí que, a su juicio, dicho acto
incurrió en falsa motivación y vicio de legalidad insubsanable.

70. El 6 de febrero siguiente, el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta, que
conoció la demanda de nulidad y restablecimiento promovida por los aquí
disciplinados contra la Resolución contentiva de la convocatoria, notificó decisión
de 5 de febrero de 2020, por medio de la cual negó la solicitud de suspensión
provisional78.
71. La Procuraduría Provincial de Cúcuta, mediante comunicación dirigida a la
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lourdes79, les informó que conoció su
decisión de revocar la Resolución 121 de 2019, dada la ausencia de autorización
de la plenaria de la Corporación para la emisión de dicho acto; no obstante, les puso
de presente que en documentos allegados a su despacho evidenció que en sesión
efectuada el 1 de agosto de 2019, según Acta 53, se anotó la lectura del comunicado
allegado por la ESAP mediante correo de esa misma fecha, en el que “claramente
y sin lugar a equívoco alguno se recuerda la importancia de la autorización
respectiva y en la cual igualmente obra la aprobación de los Concejales para el
efecto”. De ahí que los instó para que ajustaran sus actuaciones, de forma tal que
se desarrolle el proceso de elección de personero municipal.

72. La Mesa Directiva del Concejo Municipal, en sesión de 18 de febrero de ese
año -consignada en Acta 15-80, solicitaron autorización a la plenaria para suscribir
una nueva convocatoria para el concurso de selección de personero municipal; así
mismo, para suscribir todos los actos, contratos y convenios que se requieran para
adelantar el concurso referido. Autorización que se concedió con 4 votos a favor y
3 en contra.

78
Proceso radicado 54001333300220200000400, actuaciones consultadas en Samai. De acuerdo con la información
contenida en la sentencia de primera instancia de 15 de diciembre de 2020, aportada a esta actuación.
79
Oficio calendado 7 de enero de 2020; no obstante, se advierte que debe tratarse de un error de digitación en la fecha, toda
vez que el oficio da cuenta de hechos sucedidos el 4 de febrero de ese año. Sin embargo, debe corresponder a un escrito
emitido con anterioridad al 21 de febrero de 2020, en la medida que el mismo se adjuntó a una respuesta que envió la
Procuraduría al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en razón a una tutela relacionada con estos hechos. Página
59, cuaderno 1.
80
Archivo denominado “Resolución No. 026, Acta No. 010 de posesión y acta No 015 de febrero 18”. Visible en CD del
cuaderno 1.

22

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

73. El día 27 siguiente, la Mesa Directiva puso en consideración de la plenaria
del Concejo la designación de personero municipal en encargo; para el efecto, el
presidente le concedió la oportunidad a los concejales de postular candidatos. El
concejal Manuel Antonio Ortíz Pabón postuló a Martha Johana Meza Torres; dado
que no hubo más postulaciones, fue sometida a votación su elección, la cual se
aprobó por la mayoría (4 votos a favor y 3 en contra)81. Su nombramiento se ordenó
por medio de Resolución 26 de esa misma fecha.

74. Así mismo, el 1 de mayo de 2020, el presidente de la Mesa Directiva -Luis
Alfonso Ureña Navarro-, envió un oficio a la Escuela Superior de Administración
Pública, indicándole:

“Teniendo en cuenta que esa Institución de Educación Superior el año anterior firmó
un convenio y adelantó el proceso para la selección de Personero de Municipio de
Lourdes, Norte de Santander pero lamentablemente debido a inconsistencias de
carácter legal en las cuales incurrió la mesa Directiva del Concejo Municipal del año
2019, con todo respecto acudimos a ustedes para solicitar si es posible volver a
firmar el convenio y adelantar el proceso por parte de esta Institución Educativa, (…)
teniendo en cuenta que a la fecha la actual mesa directiva ya cuenta con las plenas
facultades legales y constitucionales para firmar el convenio y que una Entidad de
orden superior adelante el proceso”82.

75. Por tales actuaciones, Mario Alonso Corredor adicionó la queja de 8 de enero
de 2020. Puso en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Cúcuta que la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Lourdes revocó la convocatoria al concurso
público y de méritos para la elección de personero municipal; indicó que al respecto,
los investigados han generado confusión en las autoridades y entes de control, pues
se han limitado a exponer que el Acta 64 de 2019 carece de la autorización que se
señala en la resolución que revocaron, pero no dan a conocer que la autorización
existe en el Acta 53 de 2019. Adujo que nombraron en encargo a Matha Johana
Meza Torres como Personera Municipal, quien el año anterior había dirigido la
logística de la campaña política para la alcaldía de Manuel Antonio Ortiz Pabón y,
quien participó en el concurso y no superó la prueba de conocimiento efectuada por
la ESAP83.

76. El 8 de julio de 2020, Mario Alonso Corredor Sandoval interpuso demanda
de nulidad en contra de la Resolución 7 de 4 de febrero de 2020, por medio de la
cual se revocó la Resolución 121 de 21 de agosto de 2019. El Juzgado Décimo
Administrativo de Cúcuta, bajo radicado 54001-33-33-010-2020-00127-00 admitió
la demanda el 2 de octubre siguiente84.

77. De otra parte, se observa que en virtud del requerimiento efectuado por la
Procuraduría Provincial de Cúcuta en fase de indagación preliminar, en oficio 84 de
10 de julio de 202085, el secretario del Concejo Municipal de Lourdes -Jairo Hernán
Caballero Vargas-, informó lo siguiente (se destaca): i) ningún acta de sesión de la

81
Archivo: “Acta N° 021, febrero 27, ídem.
82
Archivo: Copia Oficio Enviado A- ESAP. Obrante en CD del cuaderno 1. La Escuela Superior de Administración Pública
ESAP, en respuesta de 21 de mayo siguiente, le indicó al Presidente del Concejo Municipal de Lourdes, que se encuentra en
planeación del nuevo proceso de acompañamiento para la selección de personeros municipales 2020-2024.( Archivo:
Respuesta de ESAP, obrante en CD del cuaderno 4)
83
Página 120 a 124, cuaderno 1.
84
Proceso consultado en Samai. De acuerdo a la información contenida en la providencia de 11 de marzo de 2011, aportada
a esta actuación.
85
Páginas 186 a 190, cuaderno 1.

23

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

plenaria del Concejo emitió autorización para la suscripción de la convocatoria del
Concurso y ii) el Concejo nunca había autorizado a Pedro Yoner Meza Rodríguez
para que revisara carpetas o equipos de cómputo, su presencia en las instalaciones
obedece a que estaba felicitando a los candidatos electos como concejales y
recordando cuando su padre fue concejal.

78. También, se encontró certificado expedido por el Secretario del Concejo
Municipal de Lourdes de 4 de agosto de 2020, según el cual, hace constar que
revisadas las actas de las sesiones plenarias del Concejo Municipal de Lourdes,
durante la vigencia de 2019, no existió autorización a la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Lourdes para realizar la convocatoria pública para la elección de
personero municipal86.

79. Obra un archivo contentivo de un libro de anotaciones policiales digitalizado.
En la anotación calendada el 4 de enero de 2020 a las 12:39, se consignó:

“Siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana, se acerca el señor personero
Alonso Corredor manifestando que el señor Pedro Yoner Meza abogado, quien
labora en el Concejo de la ciudad de Cúcuta, lo anterior manifestado por el señor
personero municipal, quien se encontraba manipulando los computadores del
concejo municipal de Lourdes Norte de Santander y revisando algunas carpetas
físicas, de inmediato me dirijo al concejo municipal junto al señor personero al llegar
al lugar efectivamente el señor Pedro Yoner Meza se encontraba sentado en uno de
los computadores junto con la señorita Sandra Castellano, al momento que el
personero le afirmó que no puede manipular los computadores del concejo ni mucho
menos revisar carpetas físicas, el señor Pedro Yoner Meza se retira del lugar. La
siguiente anotación se deja como constancia para quien interese. Caso conocido
por el señor Patrullero Julián David Castañeda integrante de la patrulla de
vigilancia”.

80. Se practicaron diligencias testimoniales de Concepción Gómez Ovallos, Luis
Arturo Casas Zapata y Fredy Mendoza Castillo87, en su calidad de concejales,
miembros de la Mesa Directiva para el año 201988; de las cuales, se destaca lo
siguiente:

• Diligencia testimonial de Concepción Gómez Ovallos. El comisionado delegado
para la práctica de la diligencia, le solicitó que manifestara todo lo que le constaba
sobre los hechos materia de investigación. Expresó:

“Bueno voy a hacer como un relato del proceso que se realizó para el concurso
de 2019. El día 28 de febrero de 2019 firmé carta de intención con el
Departamento de asesoría y consultaría de la ESAP, con el fin de suscribir el
convenio para el acompañamiento de la realización del concurso de personero
2020-2024. A finales de julio recibí una llamada por parte de un funcionario de la
ESAP en donde me comunica que era necesario que el concejo en pleno me
autorizara la realización del concurso, le sugerí que todo requerimiento fuera
hecho mediante escrito para darlo a conocer en sesiones que se daban en inicio
de agosto, fue así que el 1 de agosto de 2019 mediante correo electrónico siendo
las 11 am llega un documento cuyo asunto era convenio ESAP y su contenido
era solicitar a la plenaria del Concejo la autorización para realizar el convenio y

86
Página 28, anexo 1
87
Diligencias que quedaron registradas en video, obrantes en CD del cuaderno 2.
88
Llevadas a cabo el 2 de junio de 2021. Para el efecto, los declarantes, expusieron los motivos que le constaran de los
hechos materia de objeto en la actuación disciplinaria y luego eran contrainterrogados por los procesados. El señor Manuel
Antonio Ortiz Pabón, tomó la vocería de la parte investigada y fue quien efectuó el contrainterrogatorio a los 3 declarantes.
Así mismo, el profesional comisionado para la diligencia les formuló preguntas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

la convocatoria, documento leído en sesión del 1 de agosto a las 6 pm, quedando
contemplado mediante acta 053 y donde se pregunta a cada uno de los
honorables concejales si aprobaban y respondieron todos afirmativamente.
Posteriormente, se envía copia de la mencionada acta al departamento de
asesoría de la ESAP para dar continuidad o inicio de documentación como fue
del convenio y la convocatoria. Convocatoria leída en sesión de 21 de agosto en
lectura de correspondencia, no habiendo observación por parte del concejo se
procede a colgar en la gaceta del Concejo y gaceta de la Alcaldía (y otros sitios
web); dicho proceso fue informado a la procuraduría en petición de la misma, de
igual manera se fue realizando por parte de los concejales el cronograma hasta
el día que se entregó el listado de elegibles que habían pasado para la entrevista
ante el concejo. Uno de los más interesados en conocer la lista de quienes
habían pasado al concurso era el concejal Luis Alfonso Ureña, por lo cual, no
entiendo cómo es que siendo presidente en el 2020 proceda a cancelar el
concurso. Y cuando se leyó la convocatoria él no hizo ninguna observación, ni
dijo que no estaba de acuerdo en aprobar la convocatoria. Igualmente procede
a cancelar la resolución y procede a realizar otro concurso con la autorización
de un miembro de la plenaria. También es preocupante el saber que a los dos
profesionales que ocuparon los altos puntajes para citarlos a entrevista, fueron
citados a la casa de un concejal dicho por los dos profesionales, fue la doctora
Alejandra Duarte y el doctor Mario Alonso Corredor”.

Preguntado (investigado que contrainterrogó): “Indíquele al despacho por qué
dentro de la queja se mencionó al doctor Pedro Yoner Meza, que estaba
supuestamente manipulando documentos en el recinto del Concejo Municipal.
Hágame el favor le indica al despacho qué carpeta específicamente estaba
revisando el doctor Pedro Yoner Meza”. Respuesta: “Cuando yo pasé al concejo
yo vi cantidad de personas dentro del concejo vi que el doctor Yoner estaba
haciendo uso del computador. Entonces llegué y le dije Doctor buenos días,
cómo está, en que le puedo colaborar porque es amigo mío. Entonces dijo
concejal, tenía la convocatoria en la mano, y me dijo concejal usted en el acta
que usted menciona en la convocatoria esa acta no dice que el concejo la haya
autorizado a usted para hacer la convocatoria y le dije, ¿que no doctor? Cómo
se le ocurre (…), (…) dice pero ahí menciona el acta 064, entonces en ese
momento yo fui y revisé el acta y efectivamente ahí no decía la autorización, le
dije pero que la hay, la hay, (…) entonces me guie por el oficio que me envió la
ESAP el 1 de agosto y me acordé que en la sesión de la tarde yo había pedido
la autorización, entonces busqué el acta del 1 de agosto y ahí efectivamente,
entonces ahí en ese momento le aclaré al doctor Pedro Yoner que tenía la
convocatoria en la mano, busqué el acta y le dije mire doctor aquí dice la
presidente pregunta al honorable Concejo Municipal si la autorizan para realizar
el convenio, ahí dice, (…) entonces resulta y le dije y le aclaré, no con eso
después me llegaron una notificación, pero eso fue lo que pasó, él tenía la
convocatoria y estaba haciendo uso del computador y eso, entonces ahí en el
momento yo le aclaré y le mostré el acta al doctor”.

Preguntado: “Sírvase a señalar si usted como presidente del concejo pregunto
ordenadamente a los concejales si estaban de acuerdo para autorizarla para
firmar el convenio interadministrativo con la ESAP para adelantar el concurso de
méritos para le elección del personero municipal”. Responde: “claro que sí,
después de haber leído el oficio de la ESAP les pregunté uno a uno y ellos
respondieron afirmativamente (…). Ninguno hizo ninguna observación ninguno
hizo nada, el proceso todo se los fue dando a conocer a ellos, de pronto no
quedaban en las actas, pero si los concejales me decían ¿cómo va?, ¿ya le
dieron la lista? Incluso, a lo último la ESAP se demoró un poco en entregar el
listado porque primero llego por códigos, entonces pues lamentablemente en
esa época el concejal Luis Alfonso estaba en una situación pues difícil pero él
me hacia la llamada y yo le decía aún no ha llegado, solo ha llegado por códigos,
él se mostraba preocupado por quienes fueron los que pasaron el concurso,
entonces ya cuando llegó el listado yo se lo di muy gentilmente, entonces yo no

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

entiendo el por qué canceló el concurso cuando fue un concurso totalmente
transparente donde a todos se les dio conocer, (…)”.

• Diligencia testimonial de Luis Arturo Casas Zapata, en la que dio a conocer todo
lo que constaba de los hechos materia de investigación, expuso:

“Lo que pasa es yo hacía parte de la mesa directiva del año 2019, el 1 de febrero la
presidenta del Concejo nos informa que ella firmo carta de intención con la ESAP
para llevar a cabo el concurso de méritos para la Personería Municipal, todos
estuvimos de acuerdo y que sí que estaba bien porque la ESAP no cobraba y una
universidad privada estaba cobrando alrededor de 25 a 30 millones de pesos, se
firmó la carta de intención, ella la firmó como presidenta. El 1 de agosto iniciamos
sesiones del primer periodo, luego ella nos leyó un documento allegado de la ESAP,
donde le pedía a ella como presidenta la autorización de la mesa directiva para hacer
convocatoria de la plenaria, todos estuvimos de acuerdo, ella lo leyó en proposiciones
ya asuntos varios y todos estuvimos de acuerdo, fue autorizada la mesa directiva y
fue autorizada la presidenta para firmar convenio, en el acta número 053 del 1 de
agosto. Luego el acta no. 064 que fue el 21 de agosto, se leyó la convocatoria para
los candidatos a personería donde todos estuvimos de acuerdo con ese proceso,
ningún concejal se opuso. Luego el concejal Luis Alfonso Ureña, aprobadas las actas,
el desespero por saber que quién había ganado en el último periodo que es en
noviembre, que quien había ganado que quién había ganado, pero nunca dijo que el
proceso había quedado mal hecho, otra cosa, si el proceso hubiera quedado mal
hecho, la ESAP no hubiera aprobado el concurso, porque nosotros hicimos como
mesa directiva lo que la ESAP nos decía, entonces no creo que el proceso hubiera
quedado mal hecho, todo quedó bien, luego nos posesionamos todos como
concejales nuevamente, yo fui reelegido, así como, Luis Alfonso Ureña quedó
reelegido, Concepción fue reelegida, en el desespero que tenían por saber quién
había ganado el concurso, fueron citados dos candidatos de Personería a la casa de
un concejal, yo me di cuenta porque un candidato me preguntó que donde quedaba
la casa de ese concejal y yo lo guie, dije mire allá, luego como no llegaron a ningún
acuerdo llegaron y derogaron, eso fue lo que hicieron. Esa es mi versión”. Luego,
añadió: “Después de nosotros posesionados, yo estaba en la Alcaldía cuando me
llaman por qué en el Concejo hay esto y esto, el doctor Pedro Yoner Meza está
revisando toda la papelería del Concejo y preciso me fui para el Concejo y tenía toda
la papelería regada en un escritorio, persona que no fue autorizada por el Concejo
para manipular documentos ni computadores del Concejo, entonces la Concejal le
preguntó que qué hacía y quedó prácticamente que no pudo responder nada, ni
supimos que estaba haciendo con esa papelería sin ninguna autorización”.

Preguntado (procesado que contrainterrogó): “Usted en lo que acaba de expresar le
manifiesta al despacho que usted le indicó a unos abogados o a unos participantes
del concurso dónde quedaba la casa de un concejal, no lo nombró y que no habían
llegado a ningún acuerdo. ¿A qué tipo de acuerdo se refiere usted?”. Responde: “Él
me preguntó dónde queda la casa de Manuel y yo le dije es allá, y luego él mismo
dijo que fue citado y la doctora Irina también fue citada a su casa. Preguntado: “Pero
usted dijo de un acuerdo, aclare al despacho de qué tipo de acuerdo está hablando”.
Responde: No llegaron a ningún acuerdo con ellos y entonces revocaron el concurso.

Preguntado (profesional comisionado): “usted puede manifestar al despacho ¿cuál
fue el candidato que le preguntó a usted donde vivía el concejal al que usted hace
referencia? Responde: “Sí el doctor Mario corredor”. Preguntado: ¿Cuál concejal?
Responde: La casa de Manuel.

Preguntado (apoderado de la parte investigada): “Usted hace referencia de que el
doctor Pedro Yoner Meza Rodríguez se encontraba en las instalaciones manipulando
los computadores. Usted podría manifestarle al despacho ¿qué documentos estaba
manipulando? Responde: No, nosotros en el momento que llegamos tenían mucha
papelería regada encima del escritorio de los concejales. Preguntado: Pero ¿usted
lo vio? Responde: Claro yo lo vi. Nosotros lo vimos porque entramos con Concepción

26

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

que era la presidenta del año anterior. Es más, ella le dijo Doctor qué se le ofrece en
qué le puedo colaborar, él le respondió otras cosas ahí”.

• Diligencia testimonial de Fredy Mendoza Castillo. Sobre los hechos que le
constaban, manifestó:

“Fui concejal del periodo del 2016 al 2019 y pues nosotros hicimos el proceso legal,
tengo entendido que cuando me enteré fue en enero que me mandaron un oficio en
donde me dijeron que le explicara donde estaba la autorización del convenio de la
ESAP, yo les di a entender que buscaran en el acta, yo en ese momento no me
acordaba, pero ya con el expediente sé que es la 053, entonces hicimos el proceso
legalmente. Por medio de un oficio que llego por correo de electrónico de la ESAP
para hacer el convenio y la convocatoria y todos aprobamos el concejo en pleno, la
señora presidente nos dio a conocerlo y todos votamos afirmativamente, ella
preguntó uno a uno, yo estuve hasta el 2019 y ya ahí de para arriba no conozco
mucho bien el tema. A mi consciencia se hizo el proceso legal todo, ya los que
llegaron ellos son los que saben, lo que les correspondía, el proceso legal estaba en
el acta 053”.

81. Por su parte, los investigados solicitaron que se efectuara diligencia de
declaración juramentada de Fredy Rivera Peñaranda, Gabriel Omar Rodríguez y
Liliana Paola Guerrero Moreno, en su calidad de concejales para la época de los
hechos. Para su práctica, se comisionó a la Procuraduría Provincial de Cúcuta y se
le entregó un documento con las preguntas para tener en cuenta 89; así mismo,
intervinieron los disciplinados90. En sus declaraciones manifestaron que participaron
en la sesión de 1 de agosto de 2019, de la cual se elaboró el Acta 53 y ratificaron
su contenido. Fredy Rivera y Gabriel Rodríguez adujeron que recordaban que
autorizaron a la presidente para suscribir el convenio y la convocatoria; por su parte,
Liliana Guerrero recordó que solo autorizó para suscribir el convenio
interadministrativo91.

82. Sobre la definición de los procesos adelantados ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa en relación con las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidas contra los actos administrativos
mencionados, se encuentra que el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta, en
fallo de 15 de diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda promovida
por los aquí disciplinados en contra de la Resolución 121 de 19 de agosto de 202192.
La autoridad expuso que analizado el contenido del Acta 64 de 21 de agosto de
2019 con las demás pruebas allegadas al proceso, se evidencia que existió un
simple error mecanográfico en el acto demandado, pues la autorización para la
suscripción de la convocatoria ya se había efectuado en sesión de 1 de agosto de
2019, según Acta 53; tal como fue comprendido y explicado por la presidente del
Concejo Municipal para ese año, en oficio de 8 de enero de 2020 y la Procuraduría
Provincial de Cúcuta en oficio de 7 de enero del mismo año. De ahí que el yerro

89
Declaraciones que quedaron registradas por escrito, tal como lo informó la Procuraduría Provincial de Cúcuta en oficio
remisorio de las mismas de 14 de septiembre de 2021. Se indicó: “(…) se envía la presente comunicación a los correos
electrónicos indicados en la misma, adjuntando las declaraciones de los señores Fredy Rivera Peñaranda (03 folios), Gabriel
Omar Rodríguez Rozo (07 folios) y Liliana Paola Guerrero Moreno (03 folios). Obrantes en CD del cuaderno 3.
90
Nuevamente, el señor Manuel Ortiz Pabón asume la vocería de la parte investigada y efecto el contrainterrogatorio a los
declarantes.
91
En su declaración, Fredy Rivera Peñaranda se limitó a manifestar que en el año 2019 le dieron potestad a la presidenta
para hacer la elección de personero, de acuerdo con lo consignado en el acta 053, frente a la cual manifestó que su contenido
era verídico. En este punto, la Sala precisa que el señor Fredy Rivera Peñaranda también suscribió la queja que dio origen a
la presente investigación; no obstante, sobre lo allí consignado no manifestó nada ni le formularon preguntas relacionadas.
92
Página 28 a 40, cuaderno 2.

27

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

evidenciado no configura causal de nulidad. Decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 21 de octubre de 202193.

83. En cuanto al proceso de nulidad promovido por Mario Alonso Corredor en
contra del acto que revocó el concurso de méritos; el 11 de marzo de 2021, el
Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta, por medio de auto que resolvió la
solicitud de medida cautelar, suspendió provisionalmente la Resolución 7 de 4 de
febrero de 202094. Expuso que si bien la revocatoria directa de la convocatoria se
efectuó por considerar que la autorización dada el 1 de agosto de 2019, según acta
53, fue solo para suscribir el convenio interadministrativo y no la convocatoria; lo
cierto es que dicha postura no atiende otras situaciones que son verificables, como
por ejemplo, en la mencionada acta se consignó que se dio lectura al oficio de la
ESAP, el que trataba de la autorización a la convocatoria. Si bien en la Resolución
121 de 21 de agosto de 2019, se anotó el Acta 64 de 2019, en lugar de 53, es claro
que dicho yerro no tenía la virtualidad de viciar la decisión por la que hubiere
resultado procedente su revocatoria.

84. Precisó que, de cualquier manera, la Mesa Directiva no estaba autorizada
para terminar anormalmente el procedimiento administrativo de selección de
personero, pues tampoco contaba con la autorización de la plenaria para ello. En
suma, como demandaron la Resolución 121 de agosto de 2021, en cuya actuación
se notificó el auto admisorio de la demanda el 29 de enero de 2020, con la
expedición de la Resolución 7 de 4 febrero de ese año, se incumplió también el
contenido del artículo 95 CPACA95.

85. Por el mismo razonamiento, en sentencia de 30 de junio de 2022, se declaró
la nulidad de la Resolución 7 de 4 de febrero de 2020, tras considerar que adolecía
de falsa motivación. Al respecto, expuso:

“Sostiene este Despacho Judicial, que el error de transcripción no es suficiente para
proceder del modo como lo hiciera la Mesa Directiva, en la medida que, del contenido
de las actas, se lograba extraer que la autorización dada fue para todo el proceso de
selección y no únicamente, para aquello relacionado con la suscripción del convenio
interadministrativo con la ESAP, pues esta es una postura ligera que no atiende las
demás situaciones verificables”.

86. La anterior decisión fue confirmada en sentencia de 19 de enero de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Compartió lo considerado por el
a quo en tanto estimó que bastaba con la lectura del acta 53 de la sesión de 1 de
agosto de 2019, para corroborar que la Mesa Directiva del Concejo tenía
autorización para efectuar la convocatoria.

87. Bajo el anterior panorama fáctico, la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos
de Elección Popular determinó que: i) en la sesión de 1 de agosto de 2019, la
plenaria del Concejo Municipal de Lourdes confirió autorización no solo para la
suscripción del convenio, sino también para la convocatoria al proceso de selección

93
Páginas 289 a 308, cuaderno 2.
94
Páginas 60 a 74, cuaderno 2.
95
“ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya
acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la
demanda.” (Se destaca).

28

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

• según el acta 53 y el oficio enviado por la ESAP que fue leído en dicha reunión-;
ii) la Resolución 2 de 7 de enero de 2020, expedida por los aquí investigados en su
calidad de miembros de la Mesa Directiva del Concejo, por medio de la que se
suspendió el concurso de méritos, no fue acorde con la realidad y acusó falta de
motivación; iii) cuando los investigados emitieron la Resolución de 7 de febrero de
2020, por medio de la que revocaron el acto 121 de 21 de agosto de 2019 -
convocatoria-, carecía de motivación y sobre todo, de competencia para el efecto,
en la medida que desde el 30 de enero de 2020 que les notificaron la admisión de
la demanda de nulidad contra la aludida convocatoria, perdieron competencia para
revocarla96. Así también, lo consideró la Procuraduría General de la Nación, al
resolver el mecanismo especial de impugnación de doble conformidad.

88. Al respecto, la Sala encuentra que las conclusiones probatorias presentadas
por la autoridad disciplinaria fueron razonables y debidamente soportadas en el
material probatorio que obraba en la actuación. En efecto, el actuar de los aquí
disciplinados -Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y Albeiro
Torres Vega-, al expedir las Resoluciones 2 de 7 de enero de 2020 y 7 de 4 de
febrero siguiente, por medio de las cuales se suspendió y revocó la Resolución 121
de 21 de agosto de 2019, configuraron un comportamiento irregular y estructurante
de una falta disciplinaria.

(iii) Tipicidad de la conducta investigada
89. En el caso que se revisa, la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de
Elección Popular, previo a valorar jurídicamente el cargo que atribuyó a los
disciplinados, fijó la imputación fáctica, en los mismos términos del pliego de cargos.
Les reprochó a los 3 concejales el haber proferido las Resoluciones 2 de 7 de enero
de 2020 y 7 de 4 de febrero del mismo año, por ser en apariencia manifiestamente
contrarias a la ley, tras disponer la suspensión y posterior revocatoria del Concurso
Público de Méritos para la selección de personero del municipio de Lourdes, con
sustento en la ausencia de autorización para suscribir la convocatoria, lo cual resultó
no ser cierto, pues se evidenció que en Acta 53 de 1 de agosto de 2019, se dejó
constancia del otorgamiento de dicha autorización.
90. Así entonces, el actuar irregular para los 3 disciplinados, se circunscribió a la
expedición de las mencionadas resoluciones, con las cuales se desconocieron las
reglas previstas para el concurso de méritos para seleccionar personero municipal,
consagradas en el artículo 170 de Ley 136 de 1994 y en los artículos 2.2.27.1 y
2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. Con ello, la autoridad disciplinaria precisó que
el núcleo fáctico del reproche disciplinario se cimentó en la inobservancia de
disposiciones de carácter legal que regulan el proceso de selección de personeros
municipales.
91. Bajo dicho entendimiento, consideró que la falta que cometieron no
alcanzaba a estructurar una conducta que deba calificarse como gravísima; empero,
si incurrieron en la pretermisión del deber genérico contenido en el numeral 1° del
artículo 34 del CDU (Ley 734 de 2002), que señala:

96
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del CPACA. “La revocación directa de los actos administrativos podrá
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre que no se haya notificado
auto admisorio de la demanda”. (Destacado de la sala de decisión disciplinaria).

29

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

“ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.

92. Explicó que este tipo disciplinario hace referencia a que el servidor público
está obligado a actuar siempre en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de
deberes que se le impongan en razón a su empleo.

93. Precisó que si bien corresponde analizar la conducta de los disciplinados
individualmente, lo cierto es que, en este caso, los 3 procesados concurrieron a la
firma de los actos administrativos reprochados, de ahí que el análisis proceda
efectuarse conjuntamente.

94. Esta Sala de decisión encuentra acertado el criterio según el cual, la
conducta que cometieron los aquí procesados se concreta en la inobservancia de
las normas referidas que regulan el proceso de selección de personeros
municipales, con lo cual se incumplen sus funciones y deberes referidos en las
aludidas normas. De ahí que se considere procedente la adecuación de la
conducta objeto de reproche cometida por los disciplinados al tenor de lo dispuesto
en el artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002.

95. En cuanto a la determinación de la gravedad de la falta. La autoridad
disciplinaria adujo que las que no se adecuan a las gravísimas, deberán
determinarse como graves o leves, de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 43 de la Ley 734 de 200297, como en este caso. Tuvo en cuenta: a) el grado
de culpabilidad, b) la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la
respectiva institución y c) la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

96. Expuso que, dado que los disciplinables actuaron de manera deliberada y
consciente, eran miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lourdes
y su comportamiento tuvo una gran trascendencia social en la medida que
interrumpieron un proceso de selección meritocrático, causando perjuicios a los
concursantes, la falta debía calificarse como grave.

97
“ARTÍCULO 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente
señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio
3. El grado de perturbación del servicio
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciaran teniendo en cuenta el cuidado empleado
en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la
naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla,
o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,
debidamente comprobadas.
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.

30

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

97. Al respecto, la Sala encuentra calificada la conducta conforme a la normativa
prevista y en aplicación sustentada y razonable de los criterios allí contemplados
para el efecto. Por tanto, el hecho que la falta cometida por los disciplinados se
califique como grave, está ajustada a derecho.

(iv) Congruencia entre el cargo imputado y el que sustentó la sanción
impuesta
98. La Sala Disciplinaria efectuó una variación en la calificación jurídica de la
falta. En el pliego de formulación de cargos a los disciplinados les fue imputada la
conducta consagrada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2001, en concordancia
con el artículo 413 del Código Penal, esto es, una falta gravísima por realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley penal y sancionable a
título de dolo, en este caso, se trataba del punible de prevaricato por acción.

99. La Sala consideró que en el presente asunto no se cumplimenta el
ingrediente normativo –“que este sea manifiestamente contrario con la ley”- del tipo
penal imputado. Expuso que la Corte Suprema de Justicia había definido el alcance
de dicho componente, en los siguientes términos: “(…) no basta que la providencia
sea ilegal -por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia-, sino que
la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciado-
contentivos del derecho positivo llamado a imperar-, no admite justificación
razonable alguna”.

100. Agregó que bajo ese tipo penal no se cuestiona el acierto o desacierto de las
decisiones, sino que “se censura el yerro que trasciende al error, que se devela en
sí mismo inadmisible y, por lo mismo, revelador de la intención positiva del
funcionario de apartarse del precepto normativo para imponer su voluntad, y
desprovista de cualquier ponderación que la justifique”.

101. Por ello, indicó que si bien los disciplinados incurrieron en irregularidades -
ya mencionadas-, aquellas no logran la trascendencia para considerarse como una
contrariedad manifiesta, absurda y grosera, en los términos que prevé el punible de
prevaricato.

102. La Sala encuentra ajustado a derecho el análisis de la autoridad disciplinaria
expuesto en la variación de la calificación jurídica de la conducta reprochada. Si
bien aquí se expone, como parte del reproche, que el actuar de los disciplinados al
expedir las resoluciones referidas no se encuentra justificado, y fue a todas luces
trasgresor del proceso legal consagrado para el proceso de selección de
personeros municipales; lo cierto es que dicha circunstancia fáctica no se subsume
en la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia, acerca de lo que
representa que el acto, resolución o dictamen sea manifiestamente contraria a la
ley.

103. La Sala no pasa por alto el hecho que era cierto que la Resolución 121 de
21 de agosto de 2019 contenía un yerro de digitación, y sumado a ello, el acta 53
de 2019 de la que se predicaba que registró la autorización conferida a la Mesa
Directiva para que suscribiera el convenio, tampoco rezaba eso en la literalidad de

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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

su texto; al punto que, hubo concejales que coincidieron con la interpretación dada
por la Mesa Directiva para el año 2020, e inclusive, las mesas directivas para el año
2021 a 2022 continuaron el procedimiento impartido por los aquí disciplinados
cuando tomaron la función directiva de la Corporación. Se requirió de decisiones
definitivas en los procesos judiciales que revisaron la legalidad de las resoluciones
en contienda, para que se retomara el concurso y la lista de elegibles del año 2019.

104. De ahí que, teniendo claro que es indudable que sus actuaciones
contrariaron la ley y la realidad de las circunstancias fácticas para poder invalidar
el concurso de méritos; lo cierto es que su comportamiento no se manifestó para
ese momento, como una contradicción evidente, grosera, burda y que fuera
absolutamente obvia en su trasgresión a la ley, tal como lo valoró el ente
disciplinario.

105. Aunado a ello, la calificación taxativa de las faltas como gravísimas en
materia disciplinaria encierra conductas que ostentan el mayor reproche
disciplinario, es decir, que no hay otro comportamiento que pudiera ser más
censurable, o de mayor intensidad, que el cometido por los sujetos, de cara a las
demás faltas previstas en materia disciplinaria como estructurantes de
responsabilidad.

106. La Sala también destaca que la calificación jurídica de la conducta efectuada
por el fallador disciplinario se efectuó sobre la base del núcleo fáctico fijado en la
formulación de cargos; esto es, en observancia al principio de congruencia; si bien
es cierto que el artículo 20 del CGD prevé la posibilidad de variar las faltas
consignadas en el pliego de cargos al momento de imponer la sanción, lo cierto es
que se refiere a la permisión de connotar jurídicamente la misma conducta bajo otra
calificación, so pena de vulnerar el derecho de defensa, pues no se le puede
sancionar por hechos o situaciones “sorpresivas” para el disciplinado. Por tanto,
como la variación de la calificación de la conducta no alteró la imputación fáctica,
se garantizó el principio de congruencia.

107. Sumado a lo anterior, la lectura jurídica de la conducta fue más benigna y
acorde al principio de proporcionalidad. Por manera que se considera ajustado al
ordenamiento jurídico el cambio de calificación de la falta efectuada por la autoridad
disciplinaria y haberla comprendido como una falta grave, en los términos del
artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002.

(v) Ilicitud sustancial de la conducta

108. Cabe precisar que la antijuricidad sustancial de la conducta supone
sancionar conductas contrarias a derecho, varias de ellas regladas en forma directa
en el derecho disciplinario, otras bajo enunciados amplios, pero que de cualquier
manera encajan en los supuestos de tipicidad del tipo disciplinario, con la entidad
de afectar la función pública, esto es, el adecuado funcionamiento del Estado y la
consecución de sus fines98. Así mismo, por los fines del derecho disciplinario, la

98 Sobre el particular, la Corte Constitucional al examinar el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que desarrolló el

concepto de ilicitud sustancial en materia disciplinaria, expuso que: “[…] las normas disciplinarias tienen como
finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
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imposición de la sanción tampoco demanda necesariamente un resultado dañino o
lesivo al Estado, como sí se reclama en el derecho penal, pues en materia
disciplinaria basta con que se afecte el deber funcional y los fines del Estado99.

109. En el presente caso, se considera que la autoridad disciplinaria bien
determinó configurado el presente elemento de responsabilidad. Señaló que los
disciplinados quebrantaron sus deberes funcionales por no actuar conforme al
marco normativo y a los principios de imparcialidad, moralidad y responsabilidad
que regulan la función administrativa.

(vi) Culpabilidad

110. Como se observó del material probatorio, los aquí disciplinados actuaron bajo
la modalidad del dolo, pues en su calidad de concejales y directivos de la
Corporación, debían tener conocimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan su mandato popular, tal como lo definió el ente
disciplinario.

111. En suma, la Sala repara en que los disciplinados deliberadamente
suspendieron la Resolución 121 de 2019 que convocó el concurso para selección
de personero municipal y luego se mantuvieron en la decisión de revocarla, sin
esperar la definición de la demanda de nulidad que ya habían interpuesto, pese a
que varios miembros del concejo y las recomendaciones dadas por la Procuraduría
Provincial de Cúcuta les indicaron que la falsa motivación que ellos habían advertido
no existía, por cuanto sí se había autorizado a la Mesa Directiva del año 2019 para
suscribir la convocatoria en el acta 53.

(vii) Eximentes de responsabilidad

112. Tal como lo expuso el fallador disciplinario, no se encontró que el
comportamiento de los disciplinados se excusara en alguna de las causales de
exclusión de responsabilidad previstas en los artículos 28 del CDU y 31 del CGD.

(viii) Dosificación y proporcionalidad de la sanción.

113. La falta cometida por los aquí disciplinados se calificó como “grave dolosa”,
la cual, según el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, deberá
sancionarse con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial que no
deberá ser inferior a 1 mes ni superior a 12 meses, en concordancia con el artículo
46 ibidem.

el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del
derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.
“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la
antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento
formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del
Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta […]”.
99 En lo que respecta al concepto de deber funcional, la jurisprudencia de esta Corporación, lo ha definido como:

“[…] (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la
Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los
deberes funcionales [...]».

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114. Para graduar la sanción, el legislador fijó unos criterios en el mismo cuerpo
normativo en su artículo 47, así:

“1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se
fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

“a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años
anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;
“b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;
“c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
“d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
“e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado;
“f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación
no se hubieren decretado en otro proceso;
“g) El grave daño social de la conducta;
“h) La afectación a derechos fundamentales;
“i) El conocimiento de la ilicitud;
“j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad”.

115. Frente a tal precepto, se tiene que son criterios atenuantes los contemplados
en los literales b), d), e) y f); y los agravantes en los literales a), c), g), h), i) y j).

116. Así mismo, como la Ley 1952 de 2019 entró en vigor el 29 de marzo de 2022,
se deben tener en cuenta los criterios para la graduación de la sanción allí
contemplados y aplicarse en caso de que resulte más favorable para los
enjuiciados:

“ARTÍCULO 50. Criterios para la graduación de la sanción. La cuantía de la multa y
el termino de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los
siguientes criterios:

“1. Atenuantes:
“a. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función
o la ausencia de antecedentes.
“b. La confesión de la falta o la aceptación de cargos.
“c. Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado el perjuicio causado
“d. Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación
no se hubieren decretado en otro proceso.

“2. Agravantes:
“a. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco (5) años
anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Salvo lo establecido para la
multa y la amonestación que serán valorados si fueron impuestas en los últimos tres
(3) años. Las sanciones de multa y la amonestación se tendrán como agravantes si
fueron impuestas en los tres (3) años anteriores a la comisión de la conducta que se
investiga.
“b. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero:
“c. El grave daño social de la conducta;
“d. La afectación a derechos fundamentales;
“e. El conocimiento de la ilicitud;
“f. Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad;
“g. Ejecutar la conducta constitutiva de falta disciplinaria por recompensa o promesa
remuneratoria de un tercero;
“h. La naturaleza de los perjuicios causados”.

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
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117. El fallador disciplinario dio aplicación a un atenuante (ausencia de
antecedentes) y dos agravantes (pertenencia al nivel directivo de la corporación y
el grave daño social). Aunado a ello, expuso que debía aplicarse el principio de
proporcionalidad contemplado en el artículo 18 de la Ley 734 de 2002100 y el de
razonabilidad previsto en el artículo 6 de la Ley 1952 de 2019101.

118. En suma, apeló a la jurisprudencia constitucional, según la cual: “el análisis
de la proporcionalidad en el derecho disciplinario deberá analizar: (i) el grado de la
afectación de la falta sobre los deberes del cargo del funcionario y sobre el
cumplimiento de los fines del Estado y los principios constitucionales de la función
pública, (ii) la gravedad de la sanción impuesta y (iii) la proporcionalidad entre
ambas. En este sentido, la proporcionalidad implica que la sanción no resulte
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de
importancia frente a esa misma gravedad”102.

119. Con ese panorama normativo y jurisprudencial, el fallador disciplinario
concluyó: “como quiera que en el actuar de los tres procesados concurren una
atenuante y dos agravantes, así como, dada la naturaleza de la falta, resulta
proporcional a la gravedad de la conducta imponer una sanción de suspensión en
el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses”.

120. En materia disciplinaria, la determinación del quantum punitivo, además de
tener en cuenta los criterios de graduación contemplados en las normas referidas,
está ampliamente delimitado por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual
“debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto, y el grado de culpabilidad”103.
Dicho de otro modo, la proporcionalidad de la sanción está directamente
determinada por el juicio y grado de culpabilidad, esto es, a mayor reprochabilidad,
mayor deberá ser la sanción y viceversa104.

121. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en la decisión
referida (C-721 de 2015), sostuvo que “la proporcionalidad implica que la sanción
no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco
carente de importancia frente a esa misma gravedad”. Por manera que este
principio no debe leerse únicamente en dirección de precaver la imposición de una
sanción excesiva al procesado, sino que a la par, el principio de proporcionalidad

100
“La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben
aplicarse los criterios que fija esta ley”.
101
“Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. La imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a
los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
“La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo con los criterios que fija
esta ley”.
102
Corte Constitucional, sentencia C-721 de 2015.
103
Corte Constitucional, sentencias C-285 de 1997 y C-708 de 1999.
104
Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que “la proporcionalidad de la sanción disciplinaria también está
íntimamente ligada a la culpabilidad que se logre demostrar durante el proceso en cabeza del funcionario disciplinado (…)”.
“La relación existente entre éste [el principio de culpabilidad] y el principio de proporcionalidad, pues reiterando lo dicho por
la doctrina más autorizada sobre la materia ‘la pena proporcional a la culpabilidad es la única útil’ (…).
“El principio de dolo o culpa, nos permite distinguir diversos grados de culpabilidad en la comisión de la infracción, los cuales
deben ser considerados por el órgano administrativo competente en el momento de individualizar la sanción. De este modo,
el principio de culpabilidad coadyuva a la correcta aplicación del principio de proporcionalidad, pues permite una mayor
adecuación entre la gravedad de la sanción y la del hecho cometido”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 19 de mayo de 2011, radicado 25000-23-25-000-2000-00281-01. Sección Segunda, subsección A, sentencia
de 26 de marzo de 2014, radicado 11001-03-25-000-2013-00117-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

supone que la medida punitiva no sea intrascendente de cara al juicio de
reprochabilidad de la falta.

122. El numeral 2 del artículo 44 del CDU prevé como clase de sanción la
siguiente: “Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas
graves dolosas o gravísimas culposas”. Así mismo, la movilidad de la graduación
se restringe de 1 a 12 meses, al tenor del artículo 46 ibidem.

123. En este caso, la falta fue calificada como grave dolosa, es decir que
corresponde imponerle la sanción consagrada en la norma anterior. En suma, debe
tenerse en cuenta que esa misma medida punitiva está prevista para las faltas
gravísimas culposas, es decir, para aquellas que son de un grado de menor
reprochabilidad. De ahí que, dado que la falta aquí cometida corresponde a la de
mayor intensidad -grave dolosa- en el marco de esa sanción, tal circunstancia,
antepone un criterio de graduación que indica que debe imponerse el mayor
quantum punitivo permitido por la norma.

124. Si bien la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria tuvo en
consideración los criterios previstos para la dosificación de la sanción, se aprecia
que la graduación punitiva allí efectuada no consideró el juicio de culpabilidad al
momento de graduar la sanción, que imponía estimar la mayor punición permitida
por la norma de cara a la comisión de la conducta de mayor reprochabilidad, esto
es, 12 meses. En su lugar, la sanción se dosificó en 6 meses.

125. En este punto de la decisión, correspondería determinar que se configuró un
error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación al principio de
proporcionalidad. No obstante, en la medida que la modificación de la decisión haría
más gravosa la sanción para los sujetos disciplinables, no se modificará el quantum
punitivo y se declarará ajustada a derecho la sentencia que impuso la sanción. Lo
anterior, de conformidad con el auto de unificación de 3 de agosto de 2024 proferido
por esta Corporación, que limitó la variación de la calificación de la conducta y de
la dosificación de la sanción al principio de la no reformatio in pejus.

126. La Sala precisa que no se encontraron otros supuestos que originen nulidad
en el proceso o en la decisión adoptada105. Las decisiones disciplinarias, objeto de
105
Respecto a las demás causales de nulidad previstas en el artículo 137 CPACA, se precisa que el desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa no se vulneró, en la medida que las autoridades disciplinarias no omitieron notificar
decisiones, ni pretermitieron oportunidades o etapas procesales, que puedan estructurar esta causal de nulidad. De acuerdo
a las actuaciones adelantadas por las Procuraduría, descritas en el acápite de antecedentes, las decisiones emitidas fueron
notificadas en debida forma a los aquí disciplinados. En cuanto a la falsa motivación y la desviación de las atribuciones de
quien profirió la decisión disciplinaria, la Sala no encuentra necesario analizar tales causales, en la medida que las
consideraciones expuestas en la presente providencia dan cuenta que no están llamadas a configurarse, ni se advierten
razones de intervención y pronunciamiento adicional por parte del juez de la revisión integral.
Sobre las causales de revisión previstas en el artículo 238 C de la Ley 1952 de 2019, en relación con las causales consagradas
en los numerales 1, 2, 3, y 4, las consideraciones esbozadas revelan la ausencia de su configuración, pues el examen integral
de legalidad efectuado sobre los fallos sancionatorios -y la actuación administrativa que les dio origen- demostró que los
mismos fueron respetuosos de la ley sustancial aplicable, observaron la congruencia debida entre el pliego de cargos y lo
decidido en segunda instancia y en el que resolvió la impugnación especial de la doble conformidad, están desprovistos de
causal alguna de nulidad, por estos eventos. Frente a la causal 6°, la Sala observa que, de acuerdo con lo analizado, en este
caso, no podrían invalidarse a través de elementos de juicio recobrados o aportados con posterioridad a su expedición; de
cualquier forma, los disciplinados no solicitaron ni aportaron, en su intervención, elementos probatorios adicionales a los que
obran en la actuación administrativa, cuya finalidad sea la de estructurar la presente causal. En relación con las causales
previstas en los numerales 7 y 8, de la revisión del material probatorio, no se evidenció la presencia de documentos que
manifiesten notoriamente algún defecto que permita considerar su falsedad, pues los documentos obrantes como elementos
de juicio corresponde al expediente custodiado por la autoridad disciplinaria, formado durante el trámite del respectivo curso
procesal, bajo el cual, ninguna de las partes estructuró algún reproche tendiente a tachar de falso la documentación allí
contenida. De ahí que, no se observa que las decisiones sancionatorias se fundamentaron en documentos falsos. Tampoco,
prevalidas de una conducta delictiva por parte de los operadores disciplinarios correspondientes. Respecto a la causal 9°, al

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06689-00 (10617)
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revisión, (i) fueron expedidas en cumplimiento de las normas en que debían
fundarse; ii) atendieron la condición de sujetos disciplinables que ostentaban los
sancionados; iii) fueron expedidas por las autoridades que ostentaban la
competencia funcional para el efecto; iv) se observó el término de prescripción y
caducidad de la acción disciplinaria; v) sancionaron una conducta típica,
sustancialmente ilícita y dolosa; vi) coincidió el cargo imputado y el que sustentó la
sanción impuesta; vii) no se acreditó causal eximente de responsabilidad y viii) las
conclusiones probatorias se justificaron en los elementos de juicio aportados.

127. Finalmente, debido a que al recurso extraordinario de revisión suspendió la
ejecución de la sanción disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con el inciso 2106 del artículo 46 y el inciso final107 del artículo 45 de la
Ley 734 de 2002, deberá comunicar a los funcionarios competentes108 si el
disciplinado ha cesado en sus funciones o se encuentra prestando sus servicios en
otro cargo o en otra entidad, bien para efectos de la conversión de la sanción, o
para hacerla efectiva.

128. En los términos de la quinta y sexta regla de unificación establecidas en el
auto de 3 de diciembre de 2024, procede el recurso de doble conformidad y su
trámite será el previsto en el artículo 247 CPACA.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 23, administrando justicia y en nombre de
la república de Colombia y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR ajustado a derecho el fallo disciplinario proferido en el
mecanismo especial de la doble conformidad por la Procuraduría General de la
Nación, el 26 de agosto de 2025 que confirmó la decisión de 30 de enero de 2025,
dictada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de
Elección Popular; en el curso del proceso con radicado IUS E-2020-008778 / IUC
D-2020-1515756, por las razones que anteceden.

momento de expedir la presente decisión, en aplicación al estudio del principio de proporcionalidad y razonabilidad efectuado
por la Corte Constitucional para graduar las sanciones disciplinarias, se modificará la sanción, en sede de revisión.
106
“ARTÍCULO 46. Límites de las sanciones. (…) Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de
la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término
de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta, sin
perjuicio de la inhabilidad”
107
“ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. (…) Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado
presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente,
deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva”.
108
“ARTÍCULO 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito. 2. Los gobernadores, respecto de
los alcaldes de su departamento. 3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o
de carrera. 4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros
de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. 5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las
corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.
6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros
de las juntas o consejos directivos. 7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones
públicas. Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que
deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva
comunicación”.

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Recurrente: Luis Alfonso Ureña Navarro, Manuel Antonio Ortiz Pabón y otro
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 2094 de 2021 (Revisión
automática de decisiones disciplinarias)

SEGUNDO: Por medio de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad
con el inciso 2 del artículo 46 y el inciso final del artículo 45 de la Ley 734 de 2002,
COMUNICAR a los funcionarios competentes si los disciplinados han cesado en
sus funciones o se encuentran prestando sus servicios en otro cargo o en otra
entidad, bien para efectos de la conversión de la sanción, o para hacerla efectiva.

TERCERO: Contra esta determinación procede el recurso de doble conformidad y
su trámite será el previsto en el artículo 247 CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ponente
Con aclaración de voto

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador .
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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