Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06694-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06694-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06694-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: jurisprudencia anunciada. Subtema 3: defecto fáctico y
decisión sin motivación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por el señor José Gregorio Arroyo Arrieta en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Gregorio Arroyo Arrieta presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 9
de octubre de 2025 dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado núm. 70001-23-33-000-2023-00157-00/01/02.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)
Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2. Los señores José Gregorio Arroyo Arrieta, Luis Hernando Ortiz Rosero, Yesid
Alfredo Chamorro Barboza y Jaime Ernesto Morales Álvarez presentaron
demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con el objeto de
que se declarara la nulidad del formulario E 26 ASA del 7 de noviembre de 2023,
mediante el cual se declaró la elección del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla como
diputado del departamento de Sucre por el partido Centro Democrático y
movimiento Colombia Justa Libres.
3. El sustento de la nulidad radicó en que la coalición Centro Democrático-Colombia
Justa Libres no podía ser inscrita para aspirar a las curules de la Asamblea
Departamental de Sucre en las elecciones territoriales del 2023, toda vez que en la
elección inmediatamente anterior (2019), la votación obtenida en conjunto por
dichas agrupaciones políticas superó el tope del 15 % establecido en el inciso 5 del
artículo 262 de la Constitución Política.
4. El conocimiento de las demandas correspondió al Tribunal Administrativo de
Sucre que, las acumuló y por sentencia del 11 de junio de 2025, negó las
pretensiones, al considerar que no se quebrantó el límite del 15 %, ni se
desconocieron los estatutos del partido Colombia Justa Libres en el proceso de
inscripción de las listas y en el otorgamiento de avales a los candidatos inscritos.
5.La parte demandante interpuso recurso de apelación y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por sentencia del 9 de octubre de 2025, la confirmó.
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
6. El señor José Gregorio Arroyo Arrieta solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Que se declare que la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado
incurrió en defectos sustantivo y de falta de motivación, vulnerando los derechos
2
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fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia.
2. Que se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, de fecha 9 de octubre de 2025, dentro del proceso No. 70001-23-33- 000-
00157-02. Que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una
nueva decisión revocando la decisión de primera instancia, conforme a los
argumentos expuestos en la parte considerativa de la Sentencia de Segunda.
3. Que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer los derechos
vulnerados1.
7. Como fundamento de sus pretensiones, el actor afirmó que la Sección Quinta
incurrió en un defecto sustantivo, porque sus consideraciones contradicen el
sentido de la decisión. Afirmó que la Sala descartó los argumentos del Tribunal
Administrativo de Sucre por carecer de fundamento normativo y reconoció que la
distribución de votos dentro de una coalición tiene efectos jurídicos derivados del
modelo de financiación de campañas previsto en normas como los artículos 109 de
la Constitución Política, 21 y 29 de la Ley 1475 de 2011 y 13 de la Ley 130 de 1994;
sin embargo, pese a resaltar que dichas reglas podían orientar la solución del caso,
terminó confirmando la sentencia de primera instancia, lo cual, a juicio del actor,
implica una contradicción interna que afecta la coherencia del fallo.
8. El actor sostuvo que la sentencia acusada carece de motivación suficiente
porque, aunque desarrolla ampliamente que se configuró el vicio alegado en la
demanda de nulidad electoral y que, en consecuencia, lo precedente era revocar la
decisión del Tribunal, en la parte resolutiva simplemente confirmó el fallo de primer
grado sin explicar por qué no aplicaba las conclusiones expuestas en la
argumentación, lo cual impedía conocer las razones que justificaron la decisión.
9. Finalmente, según el accionante la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto
fáctico, pues la autoridad judicial accionada omitió examinar documentos
esenciales para el caso, especialmente los formularios R6 ASA y E7 ASA, en los
que se habría registrado información contraria a la realidad con el propósito de
eludir las exigencias del inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política. Esas
pruebas, afirmó, permitían construir indicios graves sobre irregularidades que
afectaban la validez de la elección.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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2.3. Trámite procesal
10. El despacho ponente, mediante auto del 30 de octubre de 20252, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Sala Cuarta del
Tribunal Administrativo de Sucre, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a los señores Luis Alfonso Álvarez Padilla, Luis Hernando
Ortiz Rosero, Yesid Chamorro Barboza y Jaime Ernesto Morales Álvarez; requirió,
en medio digital, el expediente ordinario con radicado núm. 70001-23-33-000-2023-
00157-00/01/02; y tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda
de tutela.
2.4. Intervenciones
11. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se le desvinculara de la
presente acción constitucional en consideración a que la violación de derechos se
predica de las decisiones del Tribunal Administrativo de Sucre y de la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Por lo anterior, indicó que se debe declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto a esta entidad3.
12. El Consejo Nacional Electoral pidió su desvinculación al considerar que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, pues no participó en la expedición del acto
cuestionado ni en la actuación administrativa discutida. Agregó que la tutela no es
procedente, pues el actor no identificó un error concreto en la valoración probatoria
ni demostró un nexo entre los hechos expuestos y la decisión adoptada y solo
reiteró inconformidades ya debatidas en el proceso electoral4.
13. La Sección Quinta del Consejo de Estado pidió que se declare improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones, por no acreditarse
el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que no se configuraron los
defectos alegados por el accionante ni existió vulneración de derechos
fundamentales5.
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-03476-00, índice 5, certificado 8B9E5C23164CC44D
1A494D14891EB2AB 1789A7E7EB04290F A93813D03F0A6BA8.
3 Samai, índice 9 certificado 7D811F05C2632B2B 8F2CD4FA514A4BEE 257AD55F80EA5643
49B356C7DA9AAA72.
4
Samai, exp. índice 10, certificado 88C66F0217498A29 9BFBE5DA70099409 F1CA00F5BB810AF2
E8A4235D6B196DAA.
5 Samai, exp. índice 11, certificado 6BC220DD0A851B3B 6B057A92EC2D33C8 A99AFC87436423AC
C2EEF469A47DFD72.
4
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14. Los demás vinculados al trámite constitucional como terceros con interés,
guardaron silencio.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
16. La legitimación en la causa por activa del señor José Gregorio Arroyo Arrieta
se encuentra acreditada, por cuanto fue el demandante en el proceso de nulidad
electoral que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 9 de octubre de
2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró
fueron vulnerados.
17. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del
9 de octubre de 2025 que, según afirmó el tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.
18. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil solicitaron su desvinculación, al estimar que no están llamados a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales alegada por el
accionante.
19. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
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3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. Determinación de los defectos objeto de análisis
20. La Sala observa que, el demandante, en el escrito de tutela, sustentó el defecto
sustantivo y la decisión sin motivación en la presunta falta de congruencia entre los
argumentos de la sentencia y su parte resolutiva. Esa inconformidad, al recaer
sobre la coherencia interna de la sentencia, se estudiará bajo el parámetro
específico de decisión sin motivación.
21. Asimismo, el actor sostuvo que la sentencia adolece de defecto fáctico al omitir
la valoración de los formularios R6 ASA y E7 ASA.
22. Por las anteriores razones, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de un defecto fáctico y decisión sin motivación.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
23.La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional7.
24.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
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v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
18. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
19. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
20. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control electoral en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
21. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, fue notificada en 10 de octubre siguiente14, y la demanda de tutela se
presentó el 24 de octubre de 202515, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional16 y el Consejo de Estado17 como
razonable.
22.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Samai, exp. 70001-23-33-000-2023-00157-02, índice 23.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06694-00, índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
23. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.
24. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y decisión sin
motivación y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
27. ¿La sentencia del 9 de octubre de 2025, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, incurrió en los defectos fáctico y de falta de motivación en la
decisión y, como consecuencia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia?
3.5.1. El defecto fáctico
28. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
29. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
18
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»21.
30. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 22.
31. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»24.
32. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
21
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.
3.5.2. Decisión sin motivación
25. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia juridiciales.
26. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este
tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir
de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino
en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»26.
27. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional27 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».28
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de
2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
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28. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia
de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del
derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración
de justicia, lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de
contradicción.
29. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.
30. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal29.
3.6. Caso concreto
33. En el asunto bajo estudio, el José Gregorio Arroyo Arrieta presentó escrito en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral para que se declarara la nulidad
del acto de elección Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento
de Sucre para el periodo 2024-2027.
34. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones
de la demanda mediante fallo del 11 de junio de 2025. Apelada la anterior
providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió sentencia, el 9 de
octubre de 2025, en la que la confirmó.
35. Ahora bien, la parte accionante argumentó que la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en la sentencia cuestionada, incurrió en defecto fáctico al no valorar los
formularios R6 ASA y E7 ASA, en los que, afirmó, se registró información contraria
a la realidad con el propósito de eludir las exigencias del inciso 5 del artículo 262
de la Constitución. Asimismo, alegó la configuración de decisión sin motivación, al
considerar que la parte resolutiva de la decisión era contraria a la parte motiva.
29 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
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36. Pues bien, revisada la sentencia objeto de reparos, se observa que la Sección
Quinta del Consejo de Estado inició por advertir que, en principio, correspondería
revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre que negó la nulidad del
acto de elección del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado de Sucre
para el periodo 2024-2027, en la medida en que, a partir del estudio del recurso, se
configuraba el vicio alegado. Sin embargo, anunció que aplicaría la figura de la
jurisprudencia anunciada y delimitó el asunto a establecer si los partidos Centro
Democrático y Colombia Justa Libres podían presentar lista en coalición para la
Asamblea de Sucre en 2023, de acuerdo con el inciso 5 del artículo 262 de la
Constitución Política.
37. Luego, la Sección fijó el marco interpretativo del inciso 5 del artículo 262
superior, recordando que dicha disposición regula el derecho de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica a presentar listas en coalición cuando,
sumados, no superan el 15 % de los votos válidos de la respectiva circunscripción.
Retomó el trámite del Acto Legislativo 02 de 2015 y una sentencia previa de la
misma Sala para resaltar que la finalidad de la regla es favorecer a fuerzas políticas
minoritarias y evitar que agrupaciones con amplia representación se unan para
incrementar aún más su participación en detrimento de colectividades pequeñas.
38. Sobre esa base, precisó que el derecho a coaligarse se reconoce únicamente
a partidos y movimientos con personería jurídica, se excluye a los grupos
significativos de ciudadanos y se condiciona a que la votación conjunta no exceda
el 15 % en la misma corporación y circunscripción. Si se cumplen esos requisitos,
las agrupaciones pueden presentar listas en coalición; de lo contrario, deben acudir
a la contienda de manera individual. No obstante, advirtió que la disposición parte
del supuesto de que, en la elección anterior, los partidos participaron de forma
separada, lo que genera un vacío cuando alguno lo hizo integrado en una alianza
o coalición.
39. Para resolver esa dificultad, la Sección Quinta examinó distintas fórmulas de
distribución de la votación previa: atribuir a un partido la totalidad de los votos de la
coalición, repartirlos según el número de candidatos inscritos, asignarlos con base
en el voto preferente o seguir el criterio del concepto del Consejo Nacional Electoral
(CNE) que divide en partes iguales los votos marcados solo por la lista. Concluyó
que ninguna alternativa resultaba satisfactoria ni encontraba apoyo normativo
suficiente, pues distorsionaba la fuerza electoral real de cada colectividad, no
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resolvía los casos de listas cerradas y podía desconocer lo pactado en los acuerdos
de coalición.
40. Ante ese vacío normativo, la Sala acudió a la analogía con el régimen de
financiación estatal de campañas en coalición previsto en las Leyes 130 de 1994 y
1475 de 2011, según el cual son los propios partidos quienes, mediante el acuerdo
de coalición, definen cómo se distribuye la reposición de gastos con base en los
votos válidos de la lista. Con apoyo en la autonomía de las agrupaciones políticas
y en la doctrina constitucional sobre el carácter vinculante de esos acuerdos,
concluyó que dicho instrumento puede usarse como parámetro para determinar la
votación atribuible a cada partido a efectos de verificar el límite del 15 % del artículo
262 de la Constitución Política, criterio que, por tratarse del primer caso, sería
proyectado mediante jurisprudencia anunciada.
41. Bajo los criterios previamente expuestos, la Sección Quinta procedió al estudio
del caso concreto y constató que, para las elecciones de diputados de Sucre del
periodo 2024-2027, la coalición integrada por Centro Democrático y Colombia Justa
Libres presentó una lista con voto preferente, de la cual resultó elegido el señor Luis
Alfonso Álvarez Padilla, y que en 2019 los votos válidos para la Asamblea
departamental ascendieron a 411.622, de modo que el umbral del 15 % equivalía
a 61.743 sufragios. Verificó que, en esa jornada, Colombia Justa Libres obtuvo
22.480 votos y que la coalición Centro Democrático–MIRA alcanzó 41.728,
discriminados entre votos preferentes de cada partido y votos marcados solo por la
lista.
42. Con fundamento en la cláusula del acuerdo de coalición Centro Democrático–
MIRA sobre la distribución de la reposición de gastos, la autoridad judicial
accionada tuvo en cuenta que los votos de lista se repartían en un 90 % a favor del
Centro Democrático y un 10 % para el MIRA. Al aplicar esa regla, sumó a los 37.556
votos preferentes de los candidatos del Centro Democrático los 2.014 sufragios que
le correspondían de los votos marcados solo por la lista, para un total de 39.570
votos atribuibles a dicho partido en 2019.
43. Luego, de acuerdo con el inciso 5 del artículo 262 constitucional, sumó los
39.570 votos del Centro Democrático con los 22.480 de Colombia Justa Libres, lo
que arrojó 62.050 sufragios, equivalentes al 15,07 % de los votos válidos de la
Asamblea de Sucre en 2019. La Sección concluyó que ese porcentaje superaba el
límite permitido para conformar coaliciones en la elección de 2023, por lo cual se
encontraba acreditado el vicio alegado por la parte demandante y, en condiciones
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ordinarias, lo procedente habría sido revocar la sentencia del Tribunal y declarar la
nulidad del acto de elección.
44. Sin embargo, la Sala resaltó que no existía precedente judicial sobre la forma
de aplicar el inciso 5 del artículo 262 en escenarios donde, en la elección previa,
uno de los partidos había participado en coalición, de manera que el criterio
hermenéutico fijado en esta oportunidad se adoptaba por primera vez. Por tal razón
decidió aplicar la figura de la jurisprudencia anunciada, dispuso que la
interpretación construida regirá hacia el futuro (a partir de las elecciones al
Congreso de 2026 y las subsiguientes) y, en consecuencia, confirmó la sentencia
del Tribunal Administrativo de Sucre que había negado las pretensiones de nulidad.
45. A partir de lo expuesto, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico,
toda vez que la Sección Quinta examinó los elementos relevantes para resolver el
litigio electoral, entre ellos, la votación obtenida por cada partido en 2019, el
acuerdo de coalición Centro Democrático - MIRA, aplicó el criterio de distribución
allí previsto para determinar los votos atribuibles a cada colectividad y, de esta
manera, estableció si superaban el tope del 15 % fijado por el artículo 262
constitucional. Ese análisis se desarrolló conforme a los principios de autonomía
judicial, independencia y de sana crítica. El hecho de que la decisión no haya sido
favorable a los intereses del tutelante no constituye, por sí solo, una vulneración de
sus derechos fundamentales.
46. En relación con la afirmación del actor, según la cual la sentencia omitió valorar
los formularios R6 ASA y E7 ASA, la Sala advierte que tales documentos no eran
determinantes para resolver el problema jurídico examinado por la autoridad judicial
accionada. La controversia no giró en torno a posibles irregularidades en el
diligenciamiento de los formularios electorales, sino en la verificación del límite del
15 % previsto en el inciso 5 del artículo 262 constitucional, a partir de la votación
válida obtenida por los partidos coligados en la elección anterior. La autoridad
judicial accionada centró su estudio en el criterio constitucional aplicable y en las
pruebas idóneas para su determinación, por lo que no puede afirmarse que haya
incurrido en una omisión manifiesta de medios de convicción esenciales.
47. Tampoco se configura un defecto por decisión sin motivación, teniendo en
cuenta que la sentencia explicó de manera suficiente la razón por la cual, pese a
acreditarse el exceso del umbral del 15 %, no se imponía la nulidad del acto
electoral, en tanto era procedente aplicar la figura de la jurisprudencia anunciada.
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48. De conformidad con el precedente de esta Corporación30, dicha figura «permite
mitigar los traumatismos derivados de los cambios jurisprudenciales, en garantía
de los derechos de quienes acuden a la administración de justicia». En ese sentido,
su utilización no refleja incongruencia ni arbitrariedad, pues la Sección Quinta
justificó su aplicación al tratarse del primer caso en el que se definía la metodología
para calcular el porcentaje de votación cuando uno de los partidos había intervenido
previamente en una coalición.
49. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad electoral, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
4. CONCLUSIONES
50. En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del Consejo
de Estado no incurrió en los defectos fáctico y de decisión sin motivación, dado que
la sentencia del 9 de octubre de 2025 valoró razonadamente las pruebas
pertinentes para el caso y expuso los motivos que sustentaron la decisión.
51. Por los motivos expuestos, la Sala negará la solicitud de amparo.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor José Gregorio Arroyo Arrieta contra la Sección Quinta del Consejo de
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2021. Expediente radicado núm.
11001-03-28-000-2020-00058-00.
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Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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