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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06696-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06696-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otros contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por no superarse el requisito de relevancia constitucional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06696-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de tutela al no
encontrarse configurado el defecto fáctico y se declaró improcedente respecto de
los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Elizabeth Beatriz Montero Camacho, Karolay Eliza Torregroza Montero y la menor
H. E. T. M. interpusieron acción de tutela en procura del amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia1, que estimaron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con
ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2025, mediante la cual confirmó el fallo
proferido el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Santa Marta, que declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 47001-33-33-009-2021-00109-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
EFD7D5ABB5D7D8C5 77594FB173F84287 48FD489226D28FBC CEAF4091F19AA7E8 .

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Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

2.1. El 8 de febrero de 2021, Elizabeth Beatriz Montero Camacho, Ronald José
Torregroza Villa (q.e.p.d.), Karoley Elisa Torregroza Montero y H.E.T.M.
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No.
003341 del 28 de julio de 2020, mediante la cual se declaró la insubsistencia de la
señora Montero Camacho en el cargo de subdirectora de establecimiento de
reclusión, así como del Oficio núm. 8100-DINPE del 17 de septiembre de 2020, que
negó su solicitud de reintegro.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Santa Marta, bajo el radicado número 47001-33-33-009-2021-00109-00
autoridad judicial que, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad respecto de la Resolución 003341 del
28 de julio de 2020 y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

El juez de primera instancia señaló que el acto administrativo que declaró la
insubsistencia de la señora Montero Camacho, la Resolución No. 003341 del 28 de
julio de 2020, fue notificado personalmente en esa misma fecha. En consecuencia,
de conformidad con la regla de caducidad de 4 meses prevista en el numeral 2,
literal d) del artículo 164 del CAPCA, la demandante tenía hasta el 29 de noviembre
de 2020 para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Indicó que la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 19 de octubre de
2020 suspendió el término de caducidad cuando restaban un mes y diez días para
su vencimiento. Por ello, al expedirse la constancia de no conciliación el 18 de
diciembre de 2020, la parte actora contaba hasta el 29 de enero de 2021 para
presentar la demanda. Sin embargo, como esta fue interpuesta el 5 de febrero de
2021, concluyó que excedió el término previsto en la ley.

Igualmente señaló que, si bien mediante auto del 12 de mayo de 20222 se había
declarado no probada la excepción de caducidad, dicha decisión se adoptó bajo el
supuesto de que la actora había presentado un recurso contra el acto administrativo
cuya nulidad pretendía. No obstante, al examinar las pruebas allegadas, el
despacho advirtió que la solicitud elevada por la demandante y la respuesta emitida
por la entidad constituían actuaciones distintas al acto administrativo contenido en
la Resolución núm. 003341.

Finalmente, la autoridad judicial indicó que, en todo caso, no había lugar a declarar
la nulidad del acto administrativo demandado ni a ordenar el reintegro y el pago de
salarios, pues el cargo de subdirector de establecimiento de reclusión es de libre
nombramiento y remoción, lo que permite su desvinculación sin necesidad de
motivación expresa. Añadió que la señora Montero Camacho no se encontraba

2 Auto mediante el cual el juez de primera instancia resolvió sobre las excepciones previas formuladas.

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inscrita en el escalafón de carrera penitenciaria y, por tanto, no gozaba de las
garantías propias de dicho régimen.

2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Sostuvo que el término de caducidad del medio de control debía contarse
a partir de la notificación del oficio que resolvió el recurso de reposición y no desde
la expedición de la resolución que declaró la insubsistencia.

Manifestó que, aunque contra el acto administrativo que declaró la insubsistencia
no procedía recurso alguno, lo cierto era que, este si fue resuelto por la entidad y
se pronunció de fondo respecto de las consideraciones que allí se plasmaron.

Por otra parte, la apelante reconoció que el cargo que desempeñaba era de libre
nombramiento y remoción, pero insistió en que la administración no podía actuar
arbitrariamente y debía justificar sus decisiones conforme a los principios
constitucionales que rigen la función pública. Para sustentar su postura citó
jurisprudencia según la cual, aunque el nominador puede remover libremente a un
funcionario que ocupa este tipo de cargos, la decisión debe ser proporcional y
sustentarse en hechos concretos que evidencien la pérdida de confianza, evitando
motivaciones genéricas o abstractas.

2.4. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena, confirmó la decisión de primera instancia.

El tribunal consideró que, dado que la Resolución núm. 003341 del 28 de julio de
2020 fue notificada ese mismo día, el término con el que contaba la parte actora
para promover la demanda, cuatro meses contados desde la notificación del acto
administrativo acusado, transcurrió entre el 29 de julio y el 29 de noviembre de 2020.

Señaló que la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 19 de octubre de
2020 suspendió el término de caducidad cuando restaban un mes y diez días para
su vencimiento. En consecuencia, una vez expedida la constancia de no conciliación
el “19 de octubre de 2020”, el término restante se reanudó y venció el 30 de
noviembre de 2020. Sin embargo, la demanda fue presentada el 8 de febrero de
2021, por lo que concluyó que se radicó de manera extemporánea.

Adicionalmente, precisó que el Oficio núm. 8100-DINPE del 17 de septiembre de
2020 no constituía un acto administrativo nuevo ni resolutorio de un recurso, sino
una mera respuesta a la solicitud de reintegro elevada por la demandante el 3 de
septiembre de 2020, máxime cuando contra el acto administrativo que declaró la
insubsistencia no procedía recurso alguno.

Finalmente, el tribunal indicó que, aun si fuera posible analizar el fondo del asunto,
la demandante no ostentaba la calidad de funcionaria de carrera y, por ende, no
tenía un derecho adquirido a la estabilidad en el cargo. En consecuencia, señaló
que los funcionarios de libre nombramiento y remoción pueden ser desvinculados
3

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sin necesidad de motivación expresa, salvo que se acredite desviación de poder,
falsa motivación o vulneración de derechos fundamentales, circunstancias que no
se demostraron en el proceso.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia,
pidió que se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena proferir una nueva
decisión en la que se determine que no operó la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y se emita un pronunciamiento de fondo
sobre las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que la decisión
cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

(i) Defecto sustantivo, por cuanto, según sostuvo, se incurrió en un error al tener
como fecha de expedición de la constancia de no conciliación el 19 de octubre de
2020, cuando en realidad fue emitida el 18 de diciembre de 2020. Adicionalmente,
señaló que el artículo 161 del CPACA fue aplicado de manera irrazonable y
contraevidente, pues no se ponderaron las actuaciones desplegadas por la
administración que, en su criterio, le generaron una expectativa legítima de
confianza.

Agregó que tampoco se tuvo en cuenta que la respuesta contenida en el Oficio núm.
8100-DINPE del 17 de septiembre de 2020 constituía un segundo acto
administrativo a partir del cual debía realizarse el cómputo del término de caducidad
del medio de control.

(ii) Desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, en
la medida en que no se aplicó la sentencia T-1169 de 2003 proferida por la Corte
Constitucional ni la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la protección del
principio de confianza legítima.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 28 de octubre de 2025 3, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; vinculó como tercero con interés
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC; requirió a la parte actora para
que allegara el registro civil de defunción del señor Ronald José Torregroza Villa;
solicitó a las autoridades judiciales la remisión del expediente ordinario objeto de
amparo y ordenó notificar a los sujetos procesales.

3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 56C80FF8BD4AF948
AE8E14A0DD2E73A6 D2956271768617B5 10B9EE18081046B1.
4

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Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes
respuestas:

4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC 4 solicitó declarar la
improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones de amparo.
Sostuvo que en el asunto no se satisfacía el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que la parte actora no había agotado el recurso extraordinario de
revisión, el cual constituye un mecanismo para cuestionar sentencias ejecutoriadas.

Adicionalmente, indicó que la decisión cuestionada se ajustó a las normas y a la
jurisprudencia vigentes y fue revisada por una autoridad judicial de superior
jerarquía, por lo que debía respetarse la institución de la cosa juzgada.

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta 5 aportó el
expediente digital del proceso ordinario, sin embargo, guardó respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo.

4.3. La Parte actora6, allegó escrito mediante el cual aportó el registro civil de
defunción del señor Ronald José Torregroza Villa, documento que había sido
solicitado en el auto admisorio.

4.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena a pesar de haber sido notificado
en debida forma, guardo silencio en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 9 de diciembre de 20257, negó el amparo en relación con el defecto fáctico y
declaró improcedente la acción respecto a los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución.

En primer lugar, explicó que, si bien la parte actora enmarcó como defecto
sustantivo el reproche relativo a la supuesta indebida apreciación de la constancia
de no conciliación, lo cierto es que dicho cuestionamiento correspondía en realidad
a un defecto fáctico, en la medida en que se relacionaba con la valoración de un
documento allegado como prueba dentro del expediente ordinario.

En ese contexto, el a quo constitucional destacó que en la providencia acusada se
hizo referencia a la constancia de agotamiento del trámite conciliatorio con “fecha
19 de octubre de 2020”, documento que, según se indicó, obra en los folios 87 y 88

4 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado 83171F6D3EA29E5D
CA00AFD3D5C12BE6 7E3398F7E314830D FC8C5736F9C564D2 .
5 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 204FE78703DB9CE9
3A38F44EC729AF31 A963D522E902B43F C2A59A34BEBF93CD .
6 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 156BA1751B6D0FAD
950A83CC445B3F44 3C72432A4425DC8F B9484D35AB422E38 .
7 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 0EE03CC844044912
B3EB26EFE84316EB D704A1DC70C5C64F 3209835F36649FCC .
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del archivo denominado 01Demanda del expediente ordinario. No obstante, al
revisar dicho documento en la herramienta electrónica de gestión judicial Samai,
advirtió que la fecha mencionada correspondía al día en que fue presentada la
solicitud de conciliación extrajudicial, pues en la parte final del documento se
consignó: “Dada en Santa Marta, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de
dos mil veinte (2020)”.

En consecuencia, el término de cuatro meses para presentar la demanda se
suspendió el 19 de octubre de 2020 con la solicitud de conciliación, cuando restaba
un mes y diez días para su vencimiento (el acto administrativo fue notificado el 28
de julio de 2020), y se reanudó el 18 de diciembre de ese mismo año. Por ello,
contrario a lo estimado por el tribunal accionado, la parte actora no tenía hasta el 30
de noviembre de 2020, sino hasta el 29 de enero de 2021 para acudir a la
jurisdicción, como lo había determinado el juez de primera instancia en sede
ordinaria.

A pesar de lo anterior, concluyó que no se configuraba un defecto fáctico, dado que
la imprecisión advertida respecto de las fechas carecía de la entidad suficiente para
modificar la decisión adoptada. En efecto, señaló que la demanda fue presentada
el 5 de febrero de 2021, esto es, de manera extemporánea, incluso si el cómputo
del término de caducidad se realizara tomando como referencia la fecha correcta de
expedición de la constancia de no conciliación.

Indicó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el error en la valoración
probatoria debe tener la entidad suficiente para incidir de manera determinante en
el sentido de la decisión, circunstancia que no se configuraba en el caso analizado.

Finalmente, en relación con los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, sostuvo que los argumentos
expuestos por la parte actora no evidenciaban la existencia de una afectación
constitucional ni satisfacían la carga argumentativa necesaria para demostrar la
ocurrencia de un yerro de esa naturaleza.

6. Impugnación8

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Sostuvo que el asunto
reviste relevancia constitucional, en la medida en que plantea un debate jurídico
relacionado con el contenido, alcance y goce efectivo de derechos fundamentales,
y no una simple discrepancia frente a la aplicación de un término o requisito de
carácter procesal.

En ese sentido, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y precisó que
la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración del Oficio

8 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 2F0B70C9336A8FF8
35929CBBE38A0784 76575E74B364F180 257442FCFFE39CED .
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núm. 8100-DINPE, documento que, a su juicio, constituía un elemento probatorio
determinante para la resolución del asunto.

Agregó que, contrario a lo sostenido por el juez constitucional de primera instancia,
desde la solicitud inicial se explicó de manera clara que la controversia involucraba
la vulneración de derechos fundamentales de raigambre constitucional, en particular
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En su
criterio, la aplicación de la norma sobre caducidad resultó irrazonable y
desproporcionada, pues desconoció el principio de confianza legítima generado por
un acto expreso de la propia administración.

Mediante auto del 20 de enero de 20269, el magistrado ponente de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concedió la impugnación interpuesta
por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Elizabeth Beatriz Montero Camacho, Karolay Eliza Torregroza Montero y la menor
H.E.T.M. son las titulares de las garantías constitucionales que afirman fueron
vulneradas, en su condición de demandantes dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-009-2021-00109-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el
Tribunal Administrativo del Magdalena fue la autoridad que profirió la sentencia del
19 de febrero de 2025, que según las tutelantes vulneró sus derechos
fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 9 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de tutela al no encontrarse
configurado el defecto fáctico y se declaró improcedente respecto de los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución .

9 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado 6400D49BDE34196F
8A57242B1CACD846 039F5401AF7AE78F 11673F8AEA0A43E0.
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Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte

14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia, en el sentido de
declarar la improcedencia de todos los cargos, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en un defecto fáctico, al tomar como fecha de
expedición de la constancia de no conciliación el 19 de octubre de 2020, cuando la
fecha correcta correspondía al 18 de diciembre de 2020. Asimismo, señaló que se
omitió valorar el Oficio núm. 8100-DINPE, documento que, a su juicio, constituía un
elemento probatorio determinante para la resolución del asunto.

Adicionalmente, afirmó que se configuró un defecto sustantivo, al aplicarse de
manera irrazonable y contraevidente la norma relativa a la caducidad y a las
actuaciones que suspenden el respectivo término (artículo 161 del CPACA), pues
no se ponderaron las actuaciones desplegadas por la administración que, en su
criterio, generaron una expectativa legítima de confianza.

Finalmente, adujo que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del
precedente y en violación directa de la Constitución, al no aplicar la sentencia T-
1169 de 2003 proferida por la Corte Constitucional ni la jurisprudencia del Consejo
de Estado relativa a la protección del principio de confianza legítima.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena se advierte que, en la decisión cuestionada, se arribó
a la siguiente conclusión:

“Se encuentra probado en el proceso y no es objeto de discusión que la señora
Elizabeth Montero laboró en el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario –
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

INPEC en el cargo de Subdirectora de Establecimiento de Reclusión código
0196 posesionada desde el día 13 de diciembre de 2011 y que mediante
Resolución N° 003341 de fecha 28 de julio de 2020, se declaró insubsistente su
nombramiento, sin que contra dicha Resolución procediera recurso alguno.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal “d”, numeral 2 del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendrá que presentarse
dentro dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.

Es decir que, el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho opera, salvo expresas excepciones,
cuando la respectiva demanda se interpone después de transcurridos 4 meses
siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
correspondiente acto administrativo. Como regla general se ha entendido que
las reclamaciones de naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de
acreencias periódicas, no están sujetas al término de caducidad de 4 meses
previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, siempre y cuando quien pretenda su pago tenga vigente el vínculo
laboral con la entidad que pretende demandar; pues finalizada la relación
laboral, ya no reviste la connotación de periodicidad del pago y, en esa medida,
su exigibilidad vía judicial está sometida al término preclusivo de 4 meses que
trae el Artículo 164 del CPACA.

En virtud de lo anterior, encuentra acreditado esta Sala que, a través de
Resolución N° 003341 de fecha 28 de julio de 2020 se declaró insubsistente el
nombramiento de la señora Elizabeth Beatriz Montero Camacho, titular del
empleo denominado Subdirector de Establecimiento de Reclusión código 0196
clase I, adscrito al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Santa Marta, la cual fue notificada el mismo día.

En consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr a partir del 29 de
julio de 2020 y vencía el 29 de noviembre de 2020. No obstante, la demandante
presentó una solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de octubre de 2020,
cuando aún restaban un mes y diez días para que operara la caducidad. De
conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, este término se suspendió
hasta la expedición de la constancia de no conciliación, ocurrida el 19 de octubre
de 2020. A partir del 20 de octubre de 2020, el término restante de un mes y
diez días comenzó a correr nuevamente, por lo que la fecha máxima para
presentar la demanda era el 30 de noviembre de 2020 y la demanda fue
presentada el 8 de febrero de 2021, es decir, fuera del término legalmente
establecido, por lo que, tal como lo señaló el Juez de Primera Instancia, se
configuró la caducidad del medio de control” 16.

Por otra parte, ante la insistencia de la parte actora para que se tuviera el Oficio
8100-DINPE de 17 de septiembre de 2020 como punto de partida del conteo de la
caducidad, el tribunal se pronunció en los siguientes términos:

Ahora bien, señala la demandante dentro de su escrito de apelación que a
través de petición radicada el día 3 de septiembre de 2020 solicitó ante el
16
Índice 00008 del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 47001-33-
33-009-2021-00109-01 en el aplicativo SAMAI, certificado BB927147A4DB1557 137E07B7A659F60E
1037482CFEA19CAC D209684D3A602F1D.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

Director General del INPEC el reintegro al cargo de subdirectora del EPMSC
Santa Marta, al igual que el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a
seguridad social, cesantías, bonificaciones y primas a que tenía derecho desde
el momento de su desvinculación hasta el reintegro real y efectiva y que dicha
petición fue resuelta de manera negativa el día 17 de septiembre de 2020 en el
cual se indicó la imposibilidad del reintegro por motivo de haber sido declarada
insubsistente del cargo de libre nombramiento y remoción que ostentaba, a
través de la Resolución No. 003341 del 28 de julio de 2020.

Sobre la naturaleza del Oficio No. 8100-DINPE del 17 de septiembre de 2020
la demandante sostiene que dicho oficio debe considerarse como un
pronunciamiento de fondo sobre la Resolución No. 003341 de 2020, lo que, en
su criterio, reactivaría el término de caducidad. Sin embargo, del análisis del
expediente, se observa que este documento no constituye un acto
administrativo nuevo ni resolutorio de un recurso, sino una mera respuesta a la
solicitud de reintegro elevada por la demandante el 3 de septiembre de 2020,
máxime cuando contra el mencionado acto administrativo no procedía recurso
alguno. En este sentido, dicho oficio se limitó a dar respuesta a la petición
elevada por la señora Elizabeth Montero, reiterando lo dispuesto en la
Resolución No. 003341 y negando el reintegro solicitado con base en la facultad
discrecional de la administración”17.

Advirtió que, en virtud de lo manifestado en la jurisprudencia del Consejo de
Estado18, una petición posterior no puede modificar ni alterar el término de
caducidad de un acto administrativo definitivo. En consecuencia, concluyó que el
Oficio núm. 8100-DINPE no reinició ni prorrogó el término para demandar la
Resolución núm. 003341 de 2020, razón por la cual la acción fue interpuesta de
manera extemporánea.

En todo caso, la autoridad judicial accionada señaló que, tal como lo había
considerado el juez de primera instancia en sede ordinaria, aun si fuera posible
examinar el fondo del asunto, resultaba evidente que la demandante no ostentaba
la calidad de funcionaria de carrera y, por ende, no tenía un derecho adquirido a la
estabilidad en el cargo. En ese sentido, indicó que los funcionarios de libre
nombramiento y remoción pueden ser desvinculados sin necesidad de motivación
expresa, salvo que se acredite desviación de poder, falsa motivación o vulneración
de derechos fundamentales, circunstancias que no fueron demostradas en el
proceso.

Adicionalmente, precisó que tampoco se acreditó que la desvinculación hubiera
ocasionado un perjuicio irremediable ni que la demandante tuviera derecho a una
estabilidad laboral reforzada. Agregó que la ausencia de sanciones disciplinarias o
el adecuado cumplimiento de las funciones no impide que la administración ejerza
la facultad discrecional de declarar la insubsistencia del nombramiento.

5.3. De lo anterior se advierte que el tribunal concluyó que: (i) operó la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la
Resolución núm. 003341 del 28 de julio de 2020, mediante la cual se declaró

17 Ibid.
18 Consejo de Estado, sentencia del 4 de septiembre de 2008, Exp. 6585 -05

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

insubsistente el nombramiento de la señora Elizabeth Beatriz Montero Camacho; (ii)
el Oficio núm. 8100-DINPE no reinició ni prorrogó el término para demandar dicho
acto administrativo, por lo que la demanda fue presentada de manera
extemporánea; y (iii) en todo caso, la demandante no ostentaba la calidad de
funcionaria de carrera y, en consecuencia, no tenía un derecho adquirido a la
estabilidad en el cargo.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 19.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.4. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz
del requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado (...)”20 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia” 21.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión
positiva o negativa22, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es

19 Sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de

1999, T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
22 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en

las que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella,
abarca supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba
trascendentales frente a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en los que el juez se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las
circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el
sentido de la decisión adoptada23. Por ello, para que se configure este defecto es
indispensable identificar la prueba que no fue valorada o que fue apreciada de
manera irrazonable, así como demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad
de modificar el resultado de la decisión ju dicial cuestionada.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que el tribunal
incurrió en un defecto fáctico al tomar como fecha de expedición de la constancia
de no conciliación el 19 de octubre de 2020, cuando, según afirma, la fecha correcta
correspondía al 18 de diciembre de ese mismo año. No obstante, la accionante no
desarrolló argumentos dirigidos a demostrar de qué manera dicha imprecisión
incidía en la declaratoria de caducidad del medio de control.

En este punto se pone de presente que, si bien le asiste razón a la parte actora al
afirmar que el juez ordinario de manera equivocada tomó como fecha de acta de no
conciliación el 19 de octubre de 2020, cuando en realidad esta había sido expedida
el 18 de diciembre de 2020, lo cierto es que en su escrito no explicó razones
suficientes que acreditaran que al realizar el conteo desde esta última fecha, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hubiera sido presentada dentro
del término.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto
fáctico no exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria que el tribunal
Administrativo del Magdalena, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar
una solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses de la
tutelante, pues no advierten en que modificó la decisión el análisis de mencionada
fecha de la constancia de no conciliación.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo,
en la medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del
defecto fáctico invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un
yerro, pero olvidó por completo mencionar en que cambiaría la decisión tal
circunstancia.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, en primer lugar, la Sala
advierte que, si bien la parte actora identificó la providencia que consideró que no
fue aplicada por parte de la autoridad accionada, lo cierto es que no señaló con
claridad la regla fijada, que se ajustaba al caso concreto.

dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre
que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que
se cuestiona en tutela”.
23 Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal

entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de def ensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

En segundo lugar, el accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial
cuestionada citó jurisprudencia del Consejo de Estado en su decisión y no presentó
reparo alguno sobre la manera en que la aplicó y la interpretó.

Tales circunstancias hacen que el cargo carezca de relevancia constitucional, en la
medida en que, la carencia argumentativa del escrito no permite un estudio de fondo
del asunto, dado que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que
atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita
y propendería al mal uso de esta acción constitucional.

5.6. A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos
fundamentales para los que pidió su protección.

Si bien, parte actora, aduce que se configuraron varios defectos, lo cierto es que
sus argumentos se limitan a reparos de mera legalidad que no tiene la suficiente
entidad para permitir que el juez constitucional entre a revisar el asunto de fondo.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
por la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera
argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso
ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que, como ya se dijo, la decisión
censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial. Esto aunado a que el
actor no presentó reparos concretos en contra de los argumentos que llevaron al
tribunal a declarar la caducidad.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo
con el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Magdalena no
habilita para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por la
autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06696-01
Accionante: Elizabeth Beatriz Montero Camacho y otras

amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un
debate que ya fue zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 24, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario25.

En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para
en su lugar, declarar la improcedencia de todos los cargos por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Elizabeth Beatriz
Montero Camacho y otros contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por no
superarse el requisito de relevancia constitucional, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SAB

24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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