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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06698-00

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06698-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presenta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Víctor Hugo Aparicio Pinto, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06698-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06698-00
Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Terminación de provisionalidad por nombramiento en
propiedad. Desconocimiento del precedente.
Decisión: Niega amparo.

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Víctor Hugo
Aparicio Pinto contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 21 de octubre de 2025, Víctor Hugo Aparicio Pinto presentó a nombre
propio una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado 10 Administrativo de Bucaramanga, tras considerar que las Sentencias de
31 de julio de 2023 y 24 de abril de 20251, Rad. 68001-33-33-010-2022-00142-
00/01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad2.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos aquellas
providencias y que se ordenara emitir una decisión de remplazo teniendo en cuenta
el precedente judicial.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, el accionante afirmó que fue
nombrado citador grado III en encargo en el Juzgado 7 Civil Municipal de
Floridablanca, mediante Resolución No. 13 del 1 de agosto de 2016.

4. Por Acuerdo No. PCSJA19-11256 del 12 de abril de 2019, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso la transformación
transitoria de los juzgados civiles municipales de Floridablanca en juzgados de
pequeñas causas y competencias múltiple. Producto de ello, el Juzgado 7 Civil
Municipal pasó a ser el Juzgado 6 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.

1
La Sentencia fue notificada el 2 de mayo de 2025.
2
Mencionó también los principios de legalidad y seguridad jurídica.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06698-00
Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto

5. Por Resolución No. 002 del 20 de enero de 2021, el juez 6 de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca nombró en propiedad a Yury
Paola Flórez Oviedo, en el cargo de citador grado III de ese despacho.

6. Con fundamento en lo anterior, el 31 de mayo de 2022, el accionante
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3 contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la que solicitó la
declaratoria de nulidad de la Resolución No. 002 del 22 de enero de 2022.
Asimismo, pidió que se ordenara su reingreso al cargo que ocupaba u otro similar y
se pagara el valor de los sueldos y las prestaciones dejadas de percibir.

7. El Juzgado 10 Administrativo de Bucaramanga, mediante Sentencia del 31
de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada por
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 y el
accionante5, y en Sentencia del 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la providencia de primera instancia.

8. Como fundamento de la vulneración, el accionante sostuvo que las
autoridades judiciales estructuraron su decisión con base en la figura de la
«insubsistencia tácita», desconociendo el precedente constitucional fijado en la
Sentencia SU-917 de 2010. Manifestó que, en dicho fallo, la Corte Constitucional
estableció que, tratándose de la desvinculación de funcionarios en provisionalidad,
resulta obligatorio expedir un acto administrativo motivado. Afirmó que las
decisiones cuestionadas no explicaron las razones por las cuales se apartaron de
ese precedente.

9. En respaldo de su tesis, citó además las Sentencias SU-817 de 2010, T-
1083 de 2012, T-830 de 2012, SU-556 de 2014, SU-054 de 2015, T-008 de 2022 y
T-061 de 2025 de la Corte Constitucional, así como la Sentencia de 21 de junio de
2024 del Tribunal Administrativo de Santander, Rad. 68001-33-33-010-2021-00004-
01.

Intervenciones6

10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la acción de
tutela está encaminada a obtener la revocatoria de la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por lo que no le corresponde responder por
dicha decisión. Destacó que no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el actor. Añadió que la tutela pretende reabrir un litigio
ya resuelto y, por lo tanto, solicitó desestimar las pretensiones, declarar su
desvinculación del trámite y negar el amparo constitucional solicitado.

3
Rad. 68001-33-33-010-2022-00142-00/01.
4
En lo relativo a la no condena en costas a la parte vencida en juicio.
5
Para ello, señaló que la sentencia se apartó del precedente contenido en las sentencias SU-917 de 2010 y T-1083 de 2012
de la Corte Constitucional, así como desconoció la inexistencia de la figura de desvinculación tácita.
6
Mediante Auto del 28 de octubre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado 10 Administrativo de Bucaramanga, así como a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Seccional Administración Judicial de Santander.

2
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06698-00
Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto

11. El Tribunal Administrativo de Santander7 indicó que, en la sentencia de
segunda instancia, se explicó que la Sentencia SU-917 de 2010 no era aplicable
como precedente vinculante en el caso concreto, dada la diferencia fáctica entre los
asuntos examinados en esa oportunidad y la situación del accionante. Precisó que
el acto acusado no declaró la insubsistencia del nombramiento provisional, sino que
se limitó a proveer la vacante definitiva, circunstancia que no se asimila al retiro del
servicio por insubsistencia. Señaló que el actor pretende reabrir el debate sobre la
interpretación otorgada a la Sentencia SU-917 de 2010, por lo que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela.

12. El Juzgado 10 Administrativo de Bucaramanga8 solicitó declarar la
improcedencia de la tutela, tras considerar que el despacho actuó conforme a
derecho y que el accionante intentó trasladar al escenario constitucional un debate
jurídico ya resuelto dentro del proceso ordinario correspondiente. Añadió que la
Sentencia SU-917 de 2010 no resulta aplicable al caso, ya que la desvinculación se
efectuó con base en las causales previstas en la Ley 270 de 1996.

13. La Dirección Seccional de Administración de Justicia de Bucaramanga
manifestó que no se evidencia vulneración alguna de derechos fundamentales y
que el accionante busca una tercera instancia frente a pretensiones previamente
negadas. Solicitó declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional, al
no demostrarse la existencia de un defecto material o sustantivo en la decisión del
Tribunal y pidió negar el amparo al no encontrarse afectados los derechos
fundamentales del accionante.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

15. Si bien es cierto, la DEAJ presentó una solicitud de desvinculación del
proceso de la referencia, la misma será negada porque dicha autoridad intervino
dentro del proceso ordinario iniciado por el accionante.

16. Asimismo, debe separarse que de ser procedente este mecanismo
constitucional, se estudiará únicamente la posible vulneración de los derechos
fundamentales alegados frente a la Sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, debido a que esta fue la autoridad que
definió el asunto en segunda instancia y, ante un eventual amparo, sería la llamada
a cumplir con las órdenes que aquí se dicten.
7
Adjunto el proceso de forma digital.
8
El Juzgado envió el proceso de forma digital.

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Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia del 24 de
abril de 2025, Rad. 68001-33-33-010-2022-00142-01, del Tribunal Administrativo de
Santander. De superarse dicho examen, será necesario establecer si dicha
providencia judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no declarar la
nulidad de la Resolución No. 002 del 20 de enero de 2021, mediante la cual se
nombró en propiedad a un empleado judicial, sin expedir un acto administrativo
motivado que dispusiera la desvinculación del accionante de ese mismo cargo el
cual ocupaba en encargo.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

18. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia,
dado que: (i) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que el hoy accionante actuó como demandante dentro del proceso
ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander; (ii) la acción de tutela fue presentada el 24 de octubre
de 2025, es decir, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación
de la providencia enjuiciada9; (iii) no se alegó una irregularidad procesal; (iv) los
hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos
fueron identificados de manera razonable; y (v) la tutela no fue interpuesta contra
una providencia de la misma naturaleza. (vi) Igualmente se encuentra satisfecho el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora agotó todos los recursos judiciales
disponibles para procurar la defensa de sus derechos. (vii) Finalmente, debe
indicarse que la controversia tiene relevancia constitucional comoquiera que se trata
de un asunto directamente relacionado con las garantías constitucionales de la parte
actora y el asunto no es de aquellos de mera legalidad o eminentemente
económicos.

Análisis de vulneración alegada

19. La Sala negará el amparo solicitado por Víctor Hugo Aparicio Pinto porque
no se desconoció el precedente judicial, tal como se expone a continuación:

20. Para el accionante, el Tribunal Administrativo de Santander aplicó de forma
equivocada la jurisprudencia (desconocimiento del precedente) relativa a la
exigencia de motivación del acto administrativo que dispone la desvinculación de
servidores nombrados en provisionalidad. Sobre el particular, la Sentencia de 24 de
abril de 2025, esto es, la providencia enjuiciada, dispuso:

«Sin que en esta oportunidad haya discusión respecto de la naturaleza de precedente
vinculante que ostentan las sentencias de unificación proferidas por la Corte
Constitucional, afirma desde este momento el Tribunal que, contrario a lo sostenido por

9
La Sentencia fue notificada el 2 de mayo de 2025.

4
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06698-00
Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto

el demandante, la SU 917 de 2010 no resulta ser un precedente vinculante para su
caso en particular, pues las circunstancias de los casos que en esa oportunidad fueron
analizados por la Corte, no obedecen aquellas que rodean el caso que da origen a la
demanda de la referencia. Revisada la referida sentencia de unificación se advierte
que, las sentencias de tutela que condujeron a su pronunciamiento fueron interpuestas
por servidores públicos que ocupaban cargos en provisionalidad y que habían sido
desvinculados de dichos cargos tras haberlos declarados insubsistentes mediante
actos administrativos que no contenían motivación, en el caso del señor Víctor
Hugo Aparicio Pinto el acto acusado no declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad -siendo está sola una de las formas de retirar del servicio a un
funcionario público- sino que, proveyó la vacante definitiva que venía siendo ocupada
en provisionalidad por el hoy demandante, con quien superó el concurso de méritos,
esto es, proveyó dicha vacante con un empleado en carrera administrativa, situación
que, no se acompasa al retiro del servicio por la causal de insubsistencia, sino al retiro
del servicio por el cumplimiento de la condición resolutoria del nombramiento, cual es
haberse provisto el empleo en razón del concurso de méritos correspondiente.

Pese a que la referida lista no contempla como causal de retiro de quien ocupa un
empleo en provisionalidad, el nombramiento en carrera que en el mismo cargo se haga
de quien superó el concurso de méritos correspondiente, debe entenderse, a la luz de
una interpretación orgánica de los referidos artículos que, dicho supuesto fáctico es
también una forma de retiro del servicio que, pese a no estar enlistada en el artículo
149, si se contempló de forma expresa en el artículo 132.2, como una especie de
condición resolutoria del nombramiento en provisionalidad.

Bajo esa lógica, carece de sentido que el nominador expida un acto administrativo
diferente aquel en el que realiza un nombramiento en carrera, para dar por terminado
aquel que se hizo en provisionalidad en el mismo cargo, pues la norma es clara en
señalar que, el nombramiento en provisionalidad irá <<hasta tanto se pueda hacer la
designación por el sistema legalmente previsto>>, siendo esto, no solo la
materialización de la condición resolutoria del nombramiento, sino a su vez, la
motivación propia del retiro de quien estaba nombrado en provisionalidad.

Sin perjuicio de lo expuesto en el problema jurídico anterior, uno de los argumentos
que conlleva a la Corte Constitucional a sostener que, los actos administrativos de
desvinculación de los empleados nombrados en provisionalidad, deben estar
motivados, es el derecho que tiene el empleado desvinculado de conocer las razones
por las cuales fue retirado del servicio, para poder ejercer su derecho de defensa y
contradicción tanto ante la administración como ante las autoridades judiciales,
situación que observa el Tribunal, se cumple en el caso bajo estudio, pues el acto
administrativo acusado, cuyos apartes de la motivación fueron consignados de manera
textual cuando se reseñó la decisión apelada, contiene de forma clara las razones por
las cuales se da la desvinculación del demandante, esto es, porque se nombra a un
empleado en carrera, siendo esta no solo la motivación que echa de menos el
demandante, sino el argumento que debía desvirtuar de no encontrarse de acuerdo
con el retiro del servicio. »

21. En ese sentido, el Tribunal concluyó que carecía de sentido que el
nominador expidiera un acto administrativo diferente de aquel que realiza un
nombramiento en propiedad para dar por terminado aquel que se hizo en
provisionalidad en el mismo cargo, siendo este no solo la materialización de la
condición resolutoria con la que cuenta el empleado vinculado en provisionalidad,
sino la motivación propia del retiro de este.

22. Ahora bien, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente
jurisprudencial, no se observa que se haya configurado, toda vez que la Sentencia
SU-917 de 2010 regula un supuesto distinto al aquí analizado y fue debidamente
interpretada por el Tribunal. Lejos de apartarse arbitrariamente de la jurisprudencia
constitucional, la autoridad judicial accionada explicó las razones por las cuales
dicho precedente no resultaba aplicable y fundamentó su decisión en la naturaleza

5
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Demandante: Víctor Hugo Aparicio Pinto

condicionada del nombramiento provisional. En consecuencia, los argumentos del
accionante no logran desvirtuar la motivación expuesta en la providencia
cuestionada ni demostrar la existencia del desconocimiento del precedente que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

23. Por su parte las Sentencias SU-817 de 201010, SU-556 de 201411, SU-054
de 201512 contienen reglas que no se podrían aplicar al caso concreto, ya que en
los casos estudiados en dichas sentencias las personas que iniciaron el trámite de
las acciones de tutela fueron declaradas insubsistentes mediante acto
administrativo sin motivación, y no como sucede en el caso en concreto, donde
existió un acto administrativo por medio de cual se hizo un nombramiento en
propiedad producto de un concurso de méritos.

24. En cuanto a las Sentencias T-1083 de 201213, T-830 de 201214, T-008 de
202215 y T-061 de 202516 de la Corte Constitucional, tampoco comparten los
mismos fundamentos fácticos ni jurídicos del asunto bajo estudio, debido a que para
que una sentencia pueda considerarse precedente obligatorio es necesario que
exista una similitud en los hechos, en el problema jurídico planteado y en las normas
aplicables.

25. Finalmente, en relación con la Sentencia del 21 de junio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente No. 68001-33-33-
010-2021-00004-01, se evidencia que tampoco constituye precedente aplicable al
caso bajo estudio. En esa ocasión el Tribunal Administrativo de Santander analizó
la situación de un empleado judicial que recibió por correo electrónico información
sobre su posible destitución y al día siguiente presentó una queja por acoso laboral
ante el comité de convivencia. Posteriormente, informó de la estabilidad laboral
reforzada que lo cobijaba; pese a ello, la autoridad nominadora decidió declararlo
insubsistente. Este conjunto de circunstancias difiere de manera sustancial del
supuesto analizado en el presente asunto, donde no existe un acto autónomo de
insubsistencia sino un nombramiento en propiedad derivado de un concurso de

10
En esta acción de tutela se se analizaron 2 decisiones judiciales relacionadas con sanciones disciplinarias impuestas al
vicecontralor General de la República.
11
Esta acción de tutela corresponde al caso de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación que fue declarado
insubsistente sin que mediara motivación alguna. En este fallo, la Corte reiteró los requisitos que deben cumplirse para la
desvinculación de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, especialmente cuando
gozan de estabilidad relativa o intermedia.
12
Este caso, la Corte estudió el caso de una funcionaria del CTI y de 2 servidores de la Fiscalía General de la Nación que
fueron retirados del servicio mediante actos de insubsistencia carentes de motivación. En esta oportunidad, se fijó como regla
que el reintegro de los funcionarios desvinculados sin motivación solo procede —con o sin solución de continuidad— cuando
el cargo específicamente desempeñado no ha sido provisto mediante concurso, no ha sido suprimido o el servidor no ha
llegado a la edad de retiro forzoso.
13
Revisó el caso de un empleado de una alcaldía municipal que fue retirado del servicio a través de un acto de insubsistencia
sin motivación. La Corte concluyó que, respecto de los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera,
resulta imperativo motivar el acto administrativo de desvinculación.
14
La Corte estudió la acción de tutela promovida por varios ciudadanos que alegaron desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado sobre la aplicación de la doctrina de la distribución ponderada de votos para determinar la incidencia de
irregularidades en resultados electorales de elecciones uninominales.
15
Este caso analizó la tutela presentada por un alcalde contra el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro de un proceso
de repetición. En esa sentencia, la Corte reiteró la jurisprudencia relativa al defecto fáctico y al defecto sustantivo como
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
16
La Corte Constitucional examinó el caso de una madre cabeza de familia, vinculada en provisionalidad, que fue
desvinculada de la Secretaría de Educación de un municipio para dar paso al nombramiento de una funcionaria de carrera
administrativa. En este asunto, se destacó que la condición de madre cabeza de familia había sido oportunamente informada
a la entidad, circunstancia que debía ser valorada antes de adoptar la decisión de desvinculación.

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méritos. Se trata de un supuesto fáctico y jurídico distinto, razón por la cual dicha
decisión no constituye precedente aplicable.

26. En otras palabras, en las sentencias citadas por el accionante, los
escenarios analizados correspondían al retiro del servicio de funcionarios
nombrados en provisionalidad mediante actos administrativos de insubsistencia
carentes de motivación. Por el contrario, en el presente asunto no existe un acto
administrativo de insubsistencia, sino la provisión definitiva del cargo a través de un
nombramiento en propiedad producto de un concurso de méritos, lo cual activa la
condición resolutoria del nombramiento provisional prevista en la normativa de
carrera administrativa. Por tanto, las reglas establecidas en tales decisiones no
pueden extenderse de manera automática al supuesto analizado, impidiendo que
exista un precedente aplicable, lo que excluye la posibilidad de afirmar un
desconocimiento del precedente de parte del Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE

PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presenta por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Víctor Hugo Aparicio Pinto, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7
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