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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06724-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06724-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR a la Universidad del Magdalena por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 21 Ibidem. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00 Accionante: Ebel González Lascarro CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06724-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: EBEL GONZÁLEZ LASCARRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Ebel González Lascarro, en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los “[…] Principios de la
Función Pública Señalados en la Constitución Política […]”, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 7 de abril de 2025 y 30 de mayo de 2025, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de nulidad
electoral con número de radicación 47-001-2333-000-2024-00125-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que presentó demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del
señor Edgardo Rada Acuña como personero del municipio de Santa Ana –
Magdalena, y el Concejo Municipal de Santa Ana – Magdalena.

2.2. Afirmó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de única
instancia de 7 de abril de 2025, declaró la nulidad del acto de elección del señor
Edgardo Rada Acuña.

2.3. Sostuvo que el Tribunal, a través de auto de 30 de mayo de 2025, resolvió las
solicitudes de aclaración y de adición de la sentencia elevadas por el Municipio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

Santa Ana, el Concejo Municipal de Santa Ana, la Universidad del Magdalena, y por
el demandado Edgardo Rada Acuña, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Rechazar por extemporánea la solicitud de adición de la
sentencia del 07 de abril de 2025, presentada por el apoderado del Municipio de
Santa Ana, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

SEGUNDO: Negar la solicitud de aclaración de la sentencia del 07 de abril de
2025, presentada por el apoderado del Consejo (sic) de Santa Ana.

TERCERO: Adicionar la sentencia del 07 de abril de 2025, por medio de la cual
este Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, la cual
quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto de elección del señor
Edgardo Rada Acuña como Personero del Municipio de Santa Ana,
Magdalena expedido por el Concejo municipal de Santa Ana a través de
la Resolución No. 017 del 10 de marzo de 2024 “Por medio de la cual se
designa al personero del municipio de santa Ana– Magdalena”, conforme
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Concejo municipal de
Santa Ana rehacer la etapa de entrevista dentro del proceso de concurso
público de méritos para elegir al Personero de Santa Ana por lo que resta
del periodo institucional 2024- 2028, para lo cual previamente deberá
adelantar las actuaciones necesarias con la finalidad de que el Alcalde
de dicha municipalidad convoque a la Corporación edilicia a sesiones
extraordinarias con el fin de que lleve a cabo la prueba de entrevista a los
candidatos al cargo de personero que superaron las fases anteriores del
concurso de méritos y las actuaciones faltantes, y sea expedido en forma
legal el acto de elección correspondiente, de conformidad con las
razones expuesta en esta providencia.

TERCERO: DECLARA PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Universidad del Magdalena.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”.

2.4. Manifestó
que las providencias proferidas por la autoridad judicial accionada
vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra al incurrir en un defecto
sustantivo, en un defecto procedimental absoluto y en un desconocimiento del
precedente judicial.

2.5. Señaló, que “[…] el Tribunal no solo debió anular el acto de elección, sino disponer
que todo el procedimiento afectado por la sesión ilegal del Concejo se repita,
garantizando que todos los aspirantes participen en condiciones legales y equitativas.
Al no hacerlo, se afecta directamente el derecho del accionante a acceder a un cargo
público conforme al mérito y en igualdad de condiciones […]”.

2.6. Frente a cada defecto indicó lo siguiente:

“[…] (i) Defecto sustantivo: Se desconoció la regla constitucional del mérito como
único criterio válido para acceder a cargos públicos. (ii) Defecto procedimental

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Accionante: Ebel González Lascarro

absoluto: El concurso se desarrolló parcialmente en sesiones inválidas, lo que
vicia la integridad del proceso meritocrático. (iii). Defecto por desconocimiento
del precedente: La jurisprudencia de la Corte Constitucional exige que, al anular
un concurso por vicios estructurales, se reinicie desde la fase viciada. El Tribunal
no lo hizo. Sentencia C-123 de 2006 (Control de constitucionalidad) “El mérito
constituye un criterio constitucional de acceso a los cargos públicos. El
proceso de selección debe regirse por la legalidad, la transparencia, la
igualdad y la imparcialidad.” Sentencia T-567 de 2014: El derecho de acceso
a cargos públicos se vulnera cuando se mantiene la validez de etapas
realizadas de forma irregular, lo que favorece ilegítimamente a algunos
aspirantes.” Sentencia T-1175 de 2004: “Cuando se mantienen resultados
obtenidos bajo circunstancias ilegales o inconstitucionales, se vulnera el
principio del mérito como base del acceso a la función pública […]”. [Negrilla
del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se le solicita Tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales de
el Derecho a la IGUALDAD, Derecho al DEBIDO PROCESO, Los Principios de
la Función Pública Señalados en la Constitución Política, Derecho de acceso a
los Cargos Públicos en condiciones de mérito e igualdad y Derecho de Acceso
a una Administración de Justicia Imparcial y Efectiva, de todos los participantes
del concurso y del suscrito que fui excluido del mismo;

2.Que se tutelen los derechos fundamentales, Derecho a la IGUALDAD,
Derecho al DEBIDO PROCESO, Los Principios de la Función Pública
Señalados en la Constitución Política, Derecho de acceso a los Cargos Públicos
en condiciones de mérito e igualdad y Derecho de Acceso a una Administración
de Justicia Imparcial y Efectiva de los Aspirantes al Concurso de Elección del
Personero y de aquellos que fuimos excluidos del mismo.

3. Que se declare que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santa Marta (sic) dentro del expediente No 47-001-2333-000-2024-00125-00
DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, incurre en una vía de hecho por defecto
sustantivo, fáctico, orgánico y por incongruencia de la sentencia.

4.Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha sentencia y se ordene a la
autoridad judicial emitir una nueva decisión ajustada a derecho, en la que se
disponga la repetición del proceso de elección del personero desde la etapa
anterior a la entrevista, en condiciones de legalidad e igualdad para todos los
aspirantes […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de octubre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a los señores Edgardo Rada
Acuña y Carlos Alfonso Duica Granados, al Municipio de Santa Ana, al Concejo
Municipal de Santa Ana, a la Universidad del Magdalena y a las personas que
integraron la lista de admitidos en el concurso público y abierto de méritos para la
elección del Personero Municipal de Santa Ana.

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Accionante: Ebel González Lascarro

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Universidad del Magdalena solicitó su desvinculación de la acción de tutela
y señaló que “[…] se opone a la prosperidad de las pretensiones que resulten en su
contra, en el entendido que los hechos que dieron origen a la acción tutelar no han
sido causados por esta Alma Mater y por ende en ningún momento se ha violado,
vulnerado y/o amenazado derecho fundamental alguno a la parte accionante […]”.

5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que “[…] en la actuación
de este Tribunal no se advierte de ninguna forma que se haya incurrido en la
vulneración a la que alude el extremo tutelante, pues del análisis del plenario no se
desprende que se hayan desconocido sus derechos fundamentales o que se haya
actuado sin observancia de las normas procedimentales aplicables al caso concreto
[…]”.

5.3. El señor Edgardo Rada Acuña solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
dado que no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para proceder
contra providencias judiciales.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Universidad del Magdalena.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: Ebel González Lascarro

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).

9. Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto
de 30 de mayo de 2025, adicionó la sentencia de 7 de abril de 2025, y resolvió, entre
otras, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Universidad de Magdalena, la Sala considera que no le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se accederá a la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante al incurrir presuntamente un defecto
sustantivo, en un defecto procedimental absoluto y en un desconocimiento
del precedente.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente

7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. El señor Ebel González Lascarro, en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los “[…] Principios de la
Función Pública Señalados en la Constitución Política […]”, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 7 de abril de 2025 y 30 de mayo de 2025, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de nulidad
electoral con número de radicación 47-001-2333-000-2024-00125-00.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra al incurrir en un defecto sustantivo, en un
defecto procedimental absoluto y en un desconocimiento del precedente.

30. Señaló, que “[…] el Tribunal no solo debió anular el acto de elección, sino disponer
que todo el procedimiento afectado por la sesión ilegal del Concejo se repita,
garantizando que todos los aspirantes participen en condiciones legales y equitativas.
Al no hacerlo, se afecta directamente el derecho del accionante a acceder a un cargo
público conforme al mérito y en igualdad de condiciones […]”.

31. Frente a cada defecto indicó lo siguiente:

“[…] (i) Defecto sustantivo: Se desconoció la regla constitucional del mérito como
único criterio válido para acceder a cargos públicos. (ii) Defecto procedimental
absoluto: El concurso se desarrolló parcialmente en sesiones inválidas, lo que
vicia la integridad del proceso meritocrático. (iii). Defecto por desconocimiento
del precedente: La jurisprudencia de la Corte Constitucional exige que, al anular
un concurso por vicios estructurales, se reinicie desde la fase viciada. El Tribunal
no lo hizo. Sentencia C-123 de 2006 (Control de constitucionalidad) “El mérito
constituye un criterio constitucional de acceso a los cargos públicos. El
proceso de selección debe regirse por la legalidad, la transparencia, la
igualdad y la imparcialidad.” Sentencia T-567 de 2014: El derecho de acceso
a cargos públicos se vulnera cuando se mantiene la validez de etapas
realizadas de forma irregular, lo que favorece ilegítimamente a algunos
aspirantes.” Sentencia T-1175 de 2004: “Cuando se mantienen resultados
obtenidos bajo circunstancias ilegales o inconstitucionales, se vulnera el
principio del mérito como base del acceso a la función pública […]”. [Negrilla
del texto].

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales”.

34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que las providencias
cuestionadas hayan incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Tribunal no dispuso la “[…] repetición del
proceso del personero desde la etapa anterior a la entrevista […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

35. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo del Magdalena así:

“[…] Es evidente que, para el 4 de marzo de 2024, el Concejo Municipal de
Santa Ana no se encontraba dentro de su periodo de sesiones ordinarias, pues
tratándose de un municipio de sexta categoría las sesiones deben celebrarse
en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, por lo que debieron citarse
sesiones extraordinarias.

Sin embargo, no observa la Sala ninguna prueba que acredite que el alcalde del
municipio de Santa Ana citó al Concejo, a sesiones extraordinarias para llevar
a cabo la entrevista fijada en el concurso de méritos para la elección del
personero, y el único lineamiento o citación a sesión que se evidencia para la
entrevista, es el fijado en el artículo segundo de la Resolución No. 013 del 1 de
marzo, citado previamente.

Por otro lado, en la etapa definitiva del concurso, la elección del Personero
Municipal se efectuó el 10 de marzo de 2024 en una “sesión de prórroga”, y
según lo consignado en el Acta, el señor Edgardo Rada Acula fue el aspirante
que ocupó el primer lugar dentro de la lista de elegibles, por lo cual su elección
fue meramente protocolaria, sin embargo, dicha sesión no tampoco se sujetó a
los requisitos previstos en la normativa vigente, valga decir, los artículos 23, 35,
170, de la Ley 136 de 1994, pues tampoco obra prueba de citación previa que
debiera realizar el Alcalde […]”.

[…]

“[…] Para la Sala resulta evidente que la irregularidad en el trámite
administrativo particularmente en la realización de la entrevista, tuvo una
incidencia directa en la decisión de fondo, en la medida en que comprometió un
elemento esencial de validez del acto, derivado de la inobservancia de las
formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico. En este sentido, el ejercicio
de la competencia para la elección del personero estaba condicionado, como
presupuesto ineludible, a la convocatoria previa del alcalde a sesiones
extraordinarias. La omisión de este requisito procedimental conllevó la
vulneración del principio de legalidad y, en consecuencia, la carencia de efectos
jurídicos de las decisiones adoptadas en dichas reuniones […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, ante la irregularidad presentada en la sesión del 4 de marzo
de 2024 citada para realizar la entrevista de los candidatos, la cual implica un
vicio en la legalidad del acto de elección del Personero Municipal, se impone
para la Sala declarar la nulidad de la elección del señor Edgardo Rada Acuña
como Personero de Santa Ana, Magdalena, y ordenará rehacer el concurso
para la elección del Personero de Santa Ana, Magdalena por lo que resta del
periodo institucional 2024 – 2028 desde la prueba de entrevista; para lo cual
previamente deberá adelantar las actuaciones necesarias con la finalidad de
que el Alcalde de dicha municipalidad convoque a la Corporación edilicia a
sesiones extraordinarias con el fin de que lleve a cabo la prueba de entrevista
a los candidatos que superaron las fases anteriores del concurso de méritos y,
una vez concluida la etapa de la entrevista y las demás actuaciones faltantes,
expida el acto de elección correspondiente […]”.

36. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto en el
escrito de tutela no se observa que las decisiones proferidas en sede ordinaria

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

hubiesen sido arbitrarias o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales
de la parte accionante en el trámite del medio de control de nulidad electoral.

37. De hecho, el Tribunal decidió declarar la nulidad de la elección del señor Edgardo
Rada Acuña e impuso la orden de rehacer el concurso para la elección de dicho
cargo desde la fase de la entrevista, etapa donde se dio la irregularidad en el trámite
administrativo, para lo cual dispuso que se adelantaran las actuaciones necesarias
con la finalidad de que el alcalde de dicha municipalidad convocara a la corporación
a sesiones extraordinarias para llevar a cabo lo pertinente a los candidatos que
superaron las fases anteriores del concurso de méritos.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.

39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”21. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

40. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR a la Universidad del Magdalena por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-00
Accionante: Ebel González Lascarro

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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