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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06724-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06724-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 27 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ebel González Lascarro. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06724-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

12 de febrero de 2026

Demandante: Ebel González Lascarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06724-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06724-01
Demandante: EBEL GONZÁLEZ LASCARRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 27 de noviembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de
Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito recibido el 27 de octubre de 2025, el señor Ebel González Lascarro,
en nombre propio, promovió la tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de acceso a cargos públicos
y a la igualdad, junto con «los principios de la función pública», con ocasión de
la sentencia de 7 de abril de 2025 y el auto de 30 de mayo del mismo año.

En tales providencias, se declaró la nulidad del acto de elección del señor
Edgardo Rada Acuña como personero del municipio de Santa Ana (Magdalena)
y se resolvieron las solicitudes de aclaración y adición presentadas contra dicho
fallo, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral que el
actor promovió con radicado 47-001-2333-000-2024-00125-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

1. Se le solicita Tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales de la el
Derecho a la IGUALDAD, Derecho al DEBIDO PROCESO, Los Principios de la

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Demandante: Ebel González Lascarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Función Pública Señalados en la Constitución Política, Derecho de acceso a los
Cargos Públicos en condiciones de mérito e igualdad y Derecho de Acceso a una
Administración de Justicia Imparcial y Efectiva, de todos los participantes del
concurso y del suscrito que fui excluido del mismo;

2.Que se tutelen los derechos fundamentales, Derecho a la IGUALDAD, Derecho
al DEBIDO PROCESO, Los Principios de la Función Pública Señalados en la
Constitución Política, Derecho de acceso a los Cargos Públicos en condiciones de
mérito e igualdad y Derecho de Acceso a una Administración de Justicia Imparcial
y Efectiva de los Aspirantes al Concurso de Elección del Personero y de aquellos
que fuimos excluidos del mismo;

3. Que se declare que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santa Marta dentro del expediente No 47-001-2333-000-2024-00125-00 DEL 07
DE ABRIL DEL 2025, incurre en una vía de hecho por defecto sustantivo, fáctico,
orgánico y por incongruencia de la sentencia.

4.Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha sentencia y se ordene a la
autoridad judicial emitir una nueva decisión ajustada a derecho, en la que se
disponga la repetición del proceso de elección del personero desde la etapa
anterior a la entrevista, en condiciones de legalidad e igualdad para todos los
aspirantes.1

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor González Lascarro puso de presente que promovió el medio de control
de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Edgardo Rada Acuña
como personero del municipio de Santa Ana (Magdalena) para el periodo
constitucional 2024-2028 y el concejo de este ente territorial.

Lo anterior, con fundamento en que dicha designación se realizó con infracción
de las normas en que debió fundarse2, así como por fuera de los periodos
legales correspondientes a las sesiones ordinarios y extraordinarias del Concejo
Municipal de Santa Ana (Magdalena).

Además, el demandante consideró que existieron irregularidades en el proceso
de selección, con ocasión a que se suscribió un contrato de prestación de
servicios profesionales con el abogado Carlos Alfonso Duica Granado, pese a
que no tenía experiencia para asesorar el desarrollo del concurso de méritos.

Explicó que del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Magdalena que, en
sentencia de única instancia de 7 de abril de 2025, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda tras encontrar que se realizó la entrevista del
concursante elegido por fuera de las sesiones ordinarias y sin una citación
previa por parte del alcalde a una reunión extraordinaria.

En consecuencia, se declaró la nulidad del acto de elección del señor Edgardo
Rada Acuña como personero del municipio de Santa Ana (Magdalena) y se
ordenó al concejo rehacer el trámite del concurso a partir de la entrevista a los

1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
En concreto, por desconocer lo dispuesto en los artículos 29, 84 y 313 de la Constitución, así
como los artículos 23 y 244 de la Ley 136 de 1994.

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aspirantes, así que las etapas anteriores conservaron su validez; decisión que
fue plasmada así:

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Concejo municipal de Santa Ana
rehacer la etapa de entrevista dentro del proceso de concurso público de méritos
para elegir al Personero de Santa Ana por lo que resta del periodo institucional
2024 - 2028, para lo cual previamente deberá adelantar las actuaciones
necesarias con la finalidad de que el Alcalde de dicha municipalidad convoque a
la Corporación edilicia a sesiones extraordinarias con el fin de que lleve a cabo la
prueba de entrevista a los candidatos al cargo de personero que superaron las
fases anteriores del concurso de méritos y las actuaciones faltantes, y sea
expedido en forma legal el acto de elección correspondiente, de conformidad con
las razones expuesta en esta providencia.

Señaló que mediante proveído de 30 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena: i) rechazó por extemporánea la solicitud de
adición presentada por el municipio de Santa Ana (Magdalena) y ii) negó la
aclaración requerida por el concejo del aludido ente territorial.

Además, iii) accedió a las peticiones de adición elevadas por la Universidad
del Magdalena3 y el señor Edgardo Rada Acuña, en el sentido de denegar las
pretensiones restantes de la demanda que no fueron acogidas y pronunciarse
en torno a la solicitud de desvinculación de la institución educativa, así como
los argumentos expuestos por el allí demandado:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto de elección del señor Edgardo Rada
Acuña como Personero del Municipio de Santa Ana, Magdalena expedido por el
Concejo municipal de Santa Ana a través de la Resolución No. 017 del 10 de
marzo de 2024 “Por medio de la cual se designa al personero del municipio de
santa Ana– Magdalena”, conforme las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Concejo municipal de Santa Ana
rehacer la etapa de entrevista dentro del proceso de concurso público de méritos
para elegir al Personero de Santa Ana por lo que resta del periodo institucional
2024- 2028, para lo cual previamente deberá adelantar las actuaciones
necesarias con la finalidad de que el Alcalde de dicha municipalidad convoque a
la Corporación edilicia a sesiones extraordinarias con el fin de que lleve a cabo la
prueba de entrevista a los candidatos al cargo de personero que superaron las
fases anteriores del concurso de méritos y las actuaciones faltantes, y sea
expedido en forma legal el acto de elección correspondiente, de conformidad con
las razones expuesta en esta providencia.

TERCERO: DECLARA[R] PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Universidad del Magdalena.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.4

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada fue
contradictoria e incongruente al ordenar continuar el proceso de selección desde
la etapa de la entrevista, pese a que si el acto final fue ilegal, las fases

3
Institución educativa que prestó sus servicios de asesoría y apoyo logístico para la
conformación de la lista de elegibles para el cargo de personero del municipio de Santa Ana
(Magdalena).
4
Destacado del texto original.

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anteriores también lo son pues no se pueden separar unas de otras sin afectar
la coherencia del concurso de méritos.

De este modo, aseguró que la corporación enjuiciada no solo debió anular el
acto de elección demandado, sino disponer que todo el procedimiento afectado
por la sesión ilegal del Concejo Municipal de Santa Ana (Magdalena) se repita,
en aras de garantizar a todos los participantes condiciones legales y equitativas.

En concordancia con lo anterior, el señor González Lascarro invocó la
configuración de los defectos orgánico, sustantivo y procedimental, con respaldo
en que el tribunal accionado invadió competencias del concejo en mención, tras
ordenar rehacer solo una etapa del concurso (la entrevista), sin anular todo el
trámite aun cuando se realizó en el marco de sesiones ilegales, irregularidad
que viciaba la integridad del proceso de selección.

Igualmente, planteó que la decisión cuestionada adolece de defecto fáctico al
realizarse una valoración incompleta y errónea del contexto probatorio, toda vez
que no se tuvo en cuenta que la entrevista y todas las actuaciones anteriores se
realizaron en sesiones ilegales, sin tener en cuenta «la prueba documental que
demuestra que el concejo municipal no estaba habilitado legalmente para actuar
en esas fechas, y aun así acepta parcialmente los resultados obtenidos en esas
circunstancias».

Finalmente, el actor hizo referencia a que se desconoció el precedente fijado por
la Corte Constitucional en las sentencias C-123 de 2006, T-567 de 2014 y T-
1175 de 2004, según el cual, «al anular un concurso por vicios estructurales, se
reinicie desde la fase viciada», en los siguientes términos:

Defecto por desconocimiento del precedente: La jurisprudencia de la Corte
Constitucional exige que, al anular un concurso por vicios estructurales, se reinicie
desde la fase viciada. El Tribunal no lo hizo. Sentencia C-123 de 2006 (Control de
constitucionalidad) “El mérito constituye un criterio constitucional de acceso a los
cargos públicos. El proceso de selección debe regirse por la legalidad, la
transparencia, la igualdad y la imparcialidad.” Sentencia T-567 de 2014: El
derecho de acceso a cargos públicos se vulnera cuando se mantiene la validez de
etapas realizadas de forma irregular, lo que favorece ilegítimamente a algunos
aspirantes.” Sentencia T-1175 de 2004: “Cuando se mantienen resultados
obtenidos bajo circunstancias ilegales o inconstitucionales, se vulnera el principio
del mérito como base del acceso a la función pública.

1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 30 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera admitió la acción constitucional y ordenó notificar esta decisión al actor
y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena.

Además, vinculó a los señores Edgardo Rada Acuña y Carlos Alfonso Duica
Granados, al alcalde y al concejo del municipio de Santa Ana (Magdalena), así
como a la Universidad del Magdalena y a las personas que integraron la lista de
admitidos en el concurso público y abierto de méritos para la elección del
personero del mencionado ente territorial, en calidad de terceros con interés.

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Realizadas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Universidad del Magdalena

Solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que los hechos que dieron origen a la acción de
tutela no se derivaron de alguna actuación de esa institución educativa, de modo
que no transgredió los derechos fundamentales del actor.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

La magistrada a cargo de las providencias objeto de reproche se opuso al
amparo solicitado por el accionante, pues del análisis del material probatorio
obrante en el plenario no se desprende que se hayan desconocido los derechos
fundamentales del señor González Lascarro o actuado sin la observancia de las
normas procedimentales aplicables al caso sometido a su consideración.

1.5.3. Edgardo Rada Acuña

En el memorial allegado por el demandado en el proceso controvertido y actual
personero del municipio de Santa Ana (Magdalena), se pidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales de
procedibilidad. En especial, porque el actor pretende reabrir un debate que fue
zanjado en el medio de control de nulidad electoral.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 27 de noviembre de
2025, declaró improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional,
toda vez que el actor no expuso que las providencias cuestionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad
gira en torno a que el tribunal accionado no dispuso «la repetición del proceso
del personero desde la etapa anterior a la entrevista».

Lo anterior, sin tener en cuenta que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada en la sentencia objeto de reproche, pues se indicó
que la orden de rehacer el concurso para la elección de dicho cargo se imponía
desde la fase de la entrevista, dado que fue la etapa donde se dio la
irregularidad en el trámite administrativo.

Por otro lado, el a quo accedió a la solicitud de desvinculación elevada por la
Universidad del Magdalena, pues en el auto de 30 de mayo de 2025 se declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que
no le asistía un interés jurídico para ser vinculada a esta acción.

5
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 5 y 11 de noviembre de 2025. Además, se
publicó un aviso en la página web del Consejo de Estado el 5 de noviembre del mismo año.

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1.7. Impugnación

Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 20256 el demandante
impugnó el fallo de primera instancia, al expresar que las consideraciones
expuestas por el a quo no atacan de manera objetiva lo propuesto en la tutela,
pues se resolvió su caso de manera descontextualizada «(...) como un enjuague
de manos para no cumplir con el deber constitucional de administrar justicia y
resolver las pretensiones pedidas en legal forma y oportunamente».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 27 de noviembre de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Aun cuando el actor manifestó que la acción de tutela se dirige contra la
sentencia de 7 de abril de 2025 y el auto de 30 de mayo del mismo año del
Tribunal Administrativo del Magdalena, se observa que los cuestionamientos
planteados se dirigen principalmente contra la primera de estas providencias,
por ser aquella en la que se hizo un análisis de fondo de la controversia, razón
por la cual el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a
dicha decisión.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado 47-001-2333-000-2024-00125-00.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

6
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 5 de diciembre
de 2025.

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20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. En el presente caso, el a quo concluyó que no se cumple el requisito de la
relevancia constitucional, pues lo señalado por el actor radica en que el tribunal
accionado no dispuso «la repetición del proceso del personero desde la etapa
anterior a la entrevista», aspecto respecto del cual existe un pronunciamiento y
no se expuso algún argumento que evidenciara la configuración de una
arbitrariedad judicial.

En cuanto a este presupuesto, cabe señalar que la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito
a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional precisó que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección de la providencia objeto de reparo, por lo
que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación indicó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Precisado lo anterior, se tiene que el actor le atribuye la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la providencia mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena declaró la nulidad del acto de elección del señor
Edgardo Rada Acuña como personero del municipio de Santa Ana (Magdalena)
y ordenó rehacer el trámite del concurso de méritos a partir de la entrevista a los
aspirantes, así que las etapas anteriores conservaron su validez.

Esto, al considerar que el fallo de la autoridad judicial en mención adolece de los
defectos orgánico, sustantivo y procedimental, por cuanto se invadieron
competencias del Concejo Municipal de Santa Ana (Magdalena), tras ordenar
repetir solo una fase del concurso, pese a que la irregularidad que se configuró

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viciaba todo el proceso de selección.

El accionante invocó un defecto fáctico por omisión de «la prueba documental
que [demostraba] que el concejo municipal no estaba habilitado legalmente para
actuar en esas fechas, y aun así acepta parcialmente los resultados obtenidos
en esas circunstancias».

Además, hizo alusión al presunto desconocimiento del precedente fijado por la
Corte Constitucional en las sentencias C-123 de 2006, T-567 de 2014 y T-1175
de 2004, consistente en que «al anular un concurso por vicios estructurales, se
reinicie desde la fase viciada».

En ese sentido, el actor estimó que la decisión objeto de discusión fue
incongruente, pues si el acto final fue ilegal, las fases anteriores también lo eran,
por lo que se debió ordenar la repetición de todo el procedimiento afectado por
la sesión ilegal del Concejo Municipal de Santa Ana (Magdalena).

Sin embargo, en criterio de la Sala, el demandante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para superar el requisito en estudio, pues llama la
atención que sugirió la existencia de un yerro sustantivo sin siquiera precisar
cuál fue la norma que, en su sentir, se dejó de aplicar a la litis o aquella que se
interpretó de forma contraria a los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica, presupuestos que eran necesarios para que fuera viable abordar de
fondo el estudio de este cargo.

En cuanto al defecto procedimental absoluto al que se hizo alusión en el escrito
de la tutela, se evidencia que el actor no precisó cuál fue la regla o la etapa
procesal de la que el aludido tribunal presuntamente se apartó
injustificadamente, así que no se expuso algún planteamiento que permita
inferir, a priori, la vulneración de alguna prerrogativa constitucional.

Lo mismo sucede con el defecto orgánico, pues el actor se limitó a sugerir que la
autoridad judicial accionada se extralimitó en sus funciones, sin exponer algún
fundamento jurídico que soportara tal apreciación, ni señalara por qué carecía
de manera absoluta de la competencia para ordenar que el proceso de
selección del personero de Santa Ana (Magdalena) se rehiciera desde la etapa
de la entrevista.

Ahora, al momento de invocarse la ocurrencia de un yerro fáctico es necesario
que la parte actora: i) identifique los elementos probatorios que no fueron
valorados por el juez, ii) demuestre que los aportó en oportunidad legal y con el
cumplimiento de las exigencias legales, iii) argumente el por qué éstos
resultaban relevantes para la decisión y iv) exponga las razones por las cuáles,
su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

No obstante, el demandante se limitó a indicar que en el fallo cuestionado se
prescindió de «la prueba documental» que acreditaba que todas las actuaciones
anteriores del concurso se realizaron en sesiones ilegales del concejo municipal,
sin tener en cuenta que esta acción no constituye una tercera instancia en la
cual la intervención del juez implique la realización de un nuevo estudio de todo

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el acervo probatorio aportado al proceso objeto de reproche.

Es oportuno resaltar que en las tutelas dirigidas contra providencias se exige la
observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una
técnica hermenéutica específica, con el propósito de que se expongan los
motivos por los cuáles se origina la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, razón por la que es necesario que se identifiquen las pruebas que
fueron posiblemente desconocidas.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo
deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada del proveído censurado en
sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la argumentación que la
parte actora realice se deduzca con claridad que lo resuelto es irrazonable y que
ello quebranta garantías constitucionales.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que
dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

Por otro lado, si bien el tutelante identificó las sentencias que contienen la
postura presuntamente desatendida, relativa a que «al anular un concurso por
vicios estructurales, se reinicie desde la fase viciada», lo cierto es que no
precisó cuál es la incidencia que podría tener lo allí resuelto en la decisión acá
controvertida, pues justamente se modularon los efectos de la orden dada en la
sentencia de 7 de abril de 2025 a partir del momento en que surgió la
irregularidad que ocasionó la nulidad del acto demandado.

Situación distinta es que la colegiatura accionada considerara que la actuación
que infringió las normas se presentó en la etapa de la entrevista, debido a que
se realizó por fuera de las sesiones ordinarias y sin citación previa por parte del
alcalde del municipio de Santa Ana (Magdalena) a una reunión extraordinaria y,
por ello, dispuso rehacer el trámite del concurso solo desde esta fase y dejó con
validez las actuaciones previas.

Por último, la Sala advierte que no se cumple el presupuesto bajo estudio en lo
concerniente a la presunta incongruencia de la sentencia debatida, pues este
cargo simplemente es una reiteración de la inconformidad que tiene el actor con
el alcance de la orden impartida por el tribunal accionado y que subsumió en los
diferentes defectos planteados en la tutela, mas no se vislumbra algún
cuestionamiento que esté relacionado con la posible vulneración del principio de
congruencia.

En ese orden de ideas, se evidencia que lo pretendido por el actor es convertir
este mecanismo constitucional en una instancia adicional al medio de control de
nulidad electoral y, de este modo, revivir una cuestión que fue estudiada por el
tribunal demandado, pese a que los jueces están amparados por los principios

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Demandante: Ebel González Lascarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06724-01

de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.

De modo que, el actor no expuso planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que el debate sugerido amerita algún pronunciamiento adicional. En
consecuencia, la Sala confirmará el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 27 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por medio de la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ebel González
Lascarro.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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