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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06725-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06725-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06725-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-01
Demandante: Unión Temporal Medidores del Cesar 2015 (UT Medidores del
Cesar 2015)
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
ejecutivo. Suspensión del proceso.

Decisión: Confirma improcedencia de la acción por falta de inmediatez

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la Sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por
no satisfacer el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de octubre de 2025, la UT Medidores del Cesar 2015, a través de su
representante legal, presentó una acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que los Autos 13 de
septiembre de 2023, 16 de septiembre de 2024, 4 de agosto de 2025 y 20 de octubre
de 2025 expedidos dentro del proceso ejecutivo No. 20001-23-33-000-2019-00166-
01 (68.200), vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.

2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos las mencionadas
providencias y, en su lugar, se continuara con el trámite del proceso ejecutivo.
Asimismo, que se dejara sin efecto lo relativo a la remisión de copias a las
autoridades competentes en lo que respecta a la actuación del abogado Francisco
Antonio Forero Ducuara.

3. Como fundamentos fácticos, la parte actora indicó que presentó demanda
ejecutiva contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (EMDUPAR SA
ESP).

4. Mediante Auto del 15 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar
ordenó seguir adelante la ejecución y, en virtud de ello, se constituyeron varios
depósitos judiciales a órdenes del proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06725-01
Demandante: Unión Temporal Medidores del Cesar 2015 (UT Medidores del Cesar 2015)

5. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de
posesión (modalidad administración) de EMDUPAR SA ESP, a través de la
Resolución No. SSPD – 20231000173785 de 2 de marzo de 2023

6. El 13 de septiembre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del
Auto de 7 de junio de 2023, suspendió el proceso ejecutivo y ordenó la remisión del
expediente al agente especial de EMDUPAR SA ESP.

7. La UT Medidores del Cesar 2015 solicitó la aclaración y/o adición del Auto
de 13 de septiembre de 2023, para lograr que se ordenara no poner a disposición
de EMDUPAR SA ESP los títulos de depósito judicial constituidos en el proceso.

8. Mediante Auto de 16 de septiembre de 2024, la autoridad accionada negó
las mencionadas solicitudes. Para ello, señaló que en la providencia de 13 de
septiembre de 2023 no existían conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva o
que influyeran en ella y que permitieran activar la figura de aclaración, así como
tampoco se omitió resolver sobre un punto que debía ser objeto de pronunciamiento.
Adicionalmente, adujo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la
solicitud relativa a los títulos de depósito judicial.

9. La parte ejecutante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de queja
contra los Autos de 13 de septiembre de 2023 y 16 de septiembre de 2024, los
cuales fueron declarados improcedentes a través de Auto de 4 de agosto de 2025.
En esta decisión, igualmente se remitió copia del proceso a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Cesar, en atención a una solicitud presentada por la misma.

10. Contra la providencia anterior, la UT Medidores del Cesar 2015 presentó
solicitud de adición y/o aclaración, la cual, a su turno, fue negada por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 20 de octubre de 2025. Aunado
a lo anterior, la mencionada autoridad judicial conminó al apoderado de la parte
ejecutante para que evitara un abuso del derecho con la presentación sucesiva de
recursos y/o peticiones improcedentes, so pena de que se compulsaran copias de
las actuaciones de aquel a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que
adelantara la respectiva investigación disciplinaria.

11. Como fundamentos de vulneración de la solicitud de amparo, se alegó la
configuración de los defectos (i) sustantivo por una indebida aplicación de la Ley
1116 de 2006, comoquiera que aplicar la suspensión y nulidad prevista para
procesos en curso, contravino la naturaleza de los derechos reconocidos y la
seguridad jurídica; y (ii) procedimental y violación directa de la Constitución, por la
afectación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la advertencia disciplinaria por la presentación de recursos
y solicitudes orientadas a corregir los reparos materiales del proceso ejecutivo.

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Demandante: Unión Temporal Medidores del Cesar 2015 (UT Medidores del Cesar 2015)

12. Consideró que desconocer la firmeza del auto que siguió adelante la
ejecución vulneró y/o afectó los derechos adquiridos de la UT.

Intervenciones1

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del magistrado ponente de las decisiones enjuiciadas, señaló que las
providencias y el expediente del proceso ejecutivo contienen los argumentos y
elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho
corresponda.

14. EMDUPAR SA ESP se opuso a las súplicas de amparo y, para ello, alegó
que la acción era improcedente por falta de relevancia constitucional, pues lo que
se pretendió fue reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa. Aunado
a ello, no existió vulneración alguna de los derechos de la parte actora.

Sentencia impugnada

15. El 9 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de requisito
de inmediatez. Para ello, advirtió que la presunta vulneración de derechos
fundamentales tuvo su origen en la providencia de 13 de septiembre de 2023, por
ser la que decidió sobre la suspensión del proceso ejecutivo en curso y remitió el
expediente al agente especial designado para EMDUPAR SA ESP, y, en ese orden,
la solicitud de amparo fue presentada por fuera del plazo que jurisprudencialmente
ha sido considerado como razonable.

Impugnación

16. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que argumentó que
el juez de tutela erró al dar una aplicación rígida del requisito de inmediatez como
si se tratara de un término de caducidad, configurando con ello un actuar en exceso
formalista. Señaló que la afectación no se agotó en la providencia del 2023 sino que
se ha prolongado en el tiempo. Adujo que la advertencia disciplinaria y la
declaratoria de improcedencia de los recursos presentados en el trámite del proceso
ejecutivo vulneraron sus derechos fundamentales y perpetran la indebida aplicación
de la Ley 1116 de 2006.

17. Agregó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
redujo la controversia a un asunto de mera legalidad sin estudiar la verdadera
relevancia constitucional del asunto.

1Mediante Auto del 24 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó EMDUPAR SA ESP.

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18. Finalmente, indicó que se ha desconocido el contexto del pleito y los
perjuicios irremediables que se pueden causar, esto es, la imposibilidad de
recuperar ciertos valores monetarios.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

20. Corresponde determinar si la presente acción de tutela cumplió con los
requisitos generales de procedibilidad para controvertir los Autos del 13 de
septiembre de 2023, 16 de septiembre de 2024, 4 de agosto de 2025 y 20 de octubre
de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, de ser
así, establecer si dicha autoridad vulneró las garantías constitucionales de la parte
accionante, por suspender el proceso ejecutivo, remitir el mismo al agente especial
designado para EMDUPAR SA ESP y haber conminado al apoderado de la parte
ejecutante para que no incurra en actuaciones que constituyan abuso del derecho.

Procedibilidad de la acción de tutela

21. La Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela,
por las razones que pasan a exponerse:

22. Tal como lo estableció el juez de tutela de primer grado, se observa que los
reparos que presentó la parte actora están dirigidos a enjuiciar la decisión de
declarar una nulidad procesal, suspender el proceso ejecutivo y remitir el mismo al
agente especial designado de EMDUPAR SA ESP, la cual fue tomada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de septiembre de
2023. Providencia que fue notificada por estado de 25 de septiembre de 2023.

23. Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término
de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de (i) proteger derechos de terceros, (ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y (iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, lo que
desnaturalizaría su finalidad2.

2 Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.

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24. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20143, la Sala Plena del Consejo de
Estado acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

25. En ese orden de ideas, el término para presentar la acción de tutela
finalizaba el 26 de marzo de 2024; sin embargo, la solicitud de amparo, según la
información que reposa en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, fue instaurada
hasta el 27 de octubre de 2025, por lo que el accionante superó el término
prudencial de 6 meses establecidos jurisprudencialmente para cuestionar a través
de este mecanismo una providencia judicial.

26. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por
tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión4.

27. Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante, en el escrito de tutela,
afirmó que el requisito de inmediatez debe flexibilizarse por cuanto la afectación se
ha prolongado en el tiempo. Sin embargo, este argumento no está llamado a
prosperar, comoquiera que desde la notificación de la providencia que, entre otros,
suspendió el trámite del proceso ejecutivo, la parte tuvo conocimiento de la situación
que, en su criterio, vulneró sus derechos.

28. Debe precisarse que la permanencia de los efectos de una providencia
judicial no equivale, por sí sola, a la configuración de un hecho continuado que
habilite indefinidamente el ejercicio de la acción de tutela. En otras palabras, no se
acreditó justificación de la tardanza.

29. En gracia de discusión, frente a los reparos concretos sobre la advertencia
disciplinaria y la declaratoria de improcedencia de los recursos, debe indicarse que
la orden de conminar al apoderado de la parte actora es producto de las facultades
con las que cuenta el juez como director del proceso a la luz de Código General del
Proceso.

3 Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
4 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06725-01
Demandante: Unión Temporal Medidores del Cesar 2015 (UT Medidores del Cesar 2015)

30. No puede perderse de vista que los recursos o solicitudes improcedentes
y/o extemporáneas no modifican de forma alguna el cómputo del plazo razonable,
pues no puede dejarse en manos de la mera voluntad del accionante la oportunidad
procesal para ejercer la acción de tutela de cara al principio de seguridad jurídica.

31. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la Sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación,
al no haberse satisfecho el requisito general de procedencia aquí estudiado ni
acreditado siquiera sumariamente alguna circunstancia que justificará su
inactividad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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