Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06730-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06730-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06730-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06730-00
Demandante: Martín Sanguino Rincón
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Legitimación en la causa por activa.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Martín Sanguino Rincón contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 27 de octubre de 2025, la parte actora, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
fueron presuntamente transgredidos por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos el numeral segundo de
la Sentencia de 19 de mayo de 2025, mediante la cual se declaró su falta de
legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, que se ordenara el
reconocimiento y pago de los perjuicios morales dentro del proceso de reparación
directa con radicado No. 54001-23-31-000-2010-00314-00/01/02.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, manifestó que, el
5 de marzo de 2009, el hoy accionante y otros1 radicaron una demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con
ocasión de la muerte de Jhony Alexander Vergel Ortega en zona rural del municipio
de Durania, Norte de Santander.
4. El 30 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
negó las pretensiones de la demanda tras considerar que no existía prueba que
demostrara que los uniformados del Ejército Nacional habían excedido el uso de la
fuerza cuando accionaron sus armas de dotación oficial en contra de la humanidad
de Jhony Alexander Vergel Ortega. Estimó que la muerte se ocasionó por el actuar
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Luz Marina Ortega Luna, Daniela Alejandra Sanguino Ortega, Martín Alejandro Sanguino Ortega, Angélica María Vergel
Ortega y Carmen Cecilia Luna.
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Demandante: Martín Sanguino Rincón
ilegítimo de la víctima, motivo por el cual declaró probada la excepción de culpa
exclusiva de la víctima.
5. El 17 de julio de 2014, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Señaló que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso
permitían acreditar que la muerte de Jhony Alexander Vergel Ortega se produjo por
una acción excesiva y desproporcionada del Ejército Nacional. Sostuvo igualmente
que la muerte era atribuible al Estado, comoquiera que existían indicios que
permitían inferir que obedeció a una ejecución extrajudicial.
6. El 5 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la Sentencia de 30 de mayo de 2014, con el fin de
adicionar un numeral que declarara la falta de legitimación en la causa por activa de
Martín Sanguino Rincón.
7. El 13 de octubre de 2023, la parte demandada interpuso acción de tutela
contra la Sentencia de 5 de diciembre de 20222. Manifestó que dicha providencia
vulneraba los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, en la medida en que, había incurrido en los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.
8. El 15 de febrero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado (i)
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia del accionante; (ii) dejó sin efectos la Sentencia de 5 de diciembre de
2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y
(iii) le ordenó a dicha autoridad judicial que, en el término de 20 días contados a
partir de la notificación de la providencia, profiriera una nueva decisión que tuviera
en cuenta el precedente relativo a la flexibilización probatoria en casos relacionados
con graves violaciones de derechos humanos.
9. El 27 de febrero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
impugnaron la Sentencia de 15 de febrero de 2024, pues consideraron que no se
cumplía el requisito de relevancia constitucional porque la acción de tutela pretendía
rediscutir un debate probatorio ya agotado en sede ordinaria, con el propósito de
obtener una valoración que favoreciera los intereses de la parte actora.
10. El 4 de abril de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
Sentencia de 15 de febrero de 2024 y, en su lugar, negó las pretensiones de la
acción de tutela, comoquiera que no se demostraron los hechos indicadores que
permitieran inferir que la muerte del señor Jhony Alexander Vergel Ortega ocurrió
por cuenta de una ejecución extrajudicial. Indicó que, la muerte obedeció al
2
«Mediante la cual se resolvió modificar la de 30 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Martín Sanguino Rincón y
confirmar la determinación de negar las pretensiones de la demanda, proferida en el medio de control de reparación directa
promovido con el fin de acceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivada de la muerte del señor Jhony
Alexander Vergel Ortega causada con armas de fuego pertenecientes a miembros del Comando de Caballería MAZA No. 5
de la 30 Brigada del Ejército Nacional el 4 de agosto de 2008, en la zona del municipio de Durania, Norte de Santander
(Radicado No. 54001-23-31-000-2010-00314-02).»
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«comportamiento voluntario y negligente de la víctima», y que no se acreditó «que
hubiera llegado al lugar de los hechos por la fuerza o mediante engaños, ni que
existiera manipulación de la escena, de las prendas de vestir, del cadáver o de las
armas; presupuestos fácticos a partir de los cuales se podían estructurar los
indicadores, lo cual no sucedió».
11. El 20 de noviembre de 2024, la Corte Constitucional mediante sentencia de
unificación3, revocó la Sentencia de 4 de abril de 2024 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, en su lugar, confirmó integralmente la Sentencia de 15 de
febrero de 2024 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que había amparado
los derechos fundamentales del hoy accionante y otros.
12. El 19 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en cumplimiento de la orden de tutela de 20 de noviembre de 2024
proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, profirió una nueva providencia
mediante la cual (i) revocó la Sentencia de 30 de mayo de 2014 del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que había negado las pretensiones de la
demanda de reparación directa; (ii) declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de Martín Sanguino Rincón; (iii) declaró patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Jhony
Alexander Vergel Ortega; y (iv) condenó a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional al pago de perjuicios morales.
13. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
acción de tutela gozaba de relevancia constitucional, en tanto se relacionaba con la
denegatoria de las pretensiones de reparación y, además, porque el accionante fue
el padre de crianza de Jhony Alexander Vergel Ortega, quien fue ejecutado en un
simulado operativo militar, un «falso positivo» o ejecución extrajudicial, que llevó a
que se declarara la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.
14. Indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, en la medida en que se incurrió en un
defecto fáctico en su dimensión negativa, pues se omitió la apreciación integral de
los 3 testimonios mediante los cuales se demostró su condición de tercero
perjudicado en calidad de padre de crianza.
15. Sostuvo que no se valoraron los testimonios de Javier Flórez, Clara Inés
Cuesta y Mariela Ramírez Vargas, en los cuales se acreditaban los elementos
alternativos del daño asociados a dicha condición, conforme a la doctrina probable
aplicable al caso.
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Sentencia SU-484 de 2024.
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Intervenciones4
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que
se declarara la improcedencia de la tutela, por cuanto la petición elevada no
satisfacía el requisito general de procedencia relativo a la relevancia constitucional
o, en su defecto, se negaran las pretensiones, dado que los argumentos expuestos
solo evidenciaban una mera insatisfacción de los intereses del hoy accionante.
Añadió que, en realidad, lo que este pretendía era reabrir una discusión sobre los
supuestos fácticos y jurídicos que ya habían sido examinados respecto del
presupuesto procesal de legitimación en la causa, el cual había sido zanjado en la
respectiva sede ordinaria.
17. En relación con el defecto fáctico, destacó que se efectuó un análisis
adecuado de los medios de convicción decretados y practicados en el proceso de
reparación directa, así como de la normatividad aplicable al caso. Señaló que se
estableció que el hoy accionante no estaba legitimado en la causa por activa, toda
vez que ninguna de las pruebas obrantes en el plenario permitía acreditar, con grado
de certeza, su calidad de padre de crianza ni su condición de tercero damnificado
por la muerte de Jhony Alexander Vergel Ortega. Explicó que la situación y/o
posesión notoria del estado civil no podía derivarse de suposiciones o rumores, ni
inferirse a partir de hechos ambiguos o relativamente aislados; por el contrario,
debía desprenderse de los medios de convicción presentados para tal fin, los cuales
debían demostrar una serie de actos determinados y constantes por un lapso no
inferior a 5 años, así como la firme convicción de que el presunto padre trató al
presunto hijo conforme a dicha condición. Indicó que ello no ocurrió en el caso.
18. Advirtió que la sentencia acusada no tuvo por legitimado en la causa por
activa al hoy accionante, debido a que lo probado en el proceso no permitió
establecer la totalidad de los requisitos exigidos en la legislación civil para que se
acreditara su calidad de padre de crianza. Agregó que tampoco resultó posible
legitimarlo como tercero damnificado, en la medida en que no existieron elementos
de juicio que permitieran acreditar, con grado de certeza, el dolor sufrido o la
aflicción generada con la muerte de Jhony Alexander Vergel Ortega.
19. Señaló que, si bien el hoy accionante afirmó que se incurrió en un
desconocimiento de la doctrina probable, dicha apreciación carecía de un
fundamento claro, lógico y objetivo que permitiera identificar cuál era el criterio y el
precedente judicial vinculante supuestamente inadvertido, así como la autoridad
que lo había fijado. Consideró que era evidente que tal defecto carecía de una carga
argumentativa suficiente y que los cargos formulados no superaban el nivel de
afirmaciones generales, pues constituían reproches vagos que buscaban que se
reexaminara nuevamente una sentencia desfavorable a sus intereses.
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Mediante Auto de 29 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, Luz Marina Ortega Luna, Daniela Alejandra Sanguino Ortega, Martín Alejandro
Sanguino Ortega, Angélica María Vergel Ortega y Carmen Cecilia Luna.
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20. Finalmente, estimó pertinente resaltar que en ningún momento se había
cuestionado la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa por activa,
máxime cuando dicha situación fue examinada por la Corte Constitucional, lo que a
su juicio denotaba conformidad con lo decidido. En todo caso, reiteró que los
argumentos expuestos únicamente constituían alegatos dirigidos a que el juez de
tutela se convirtiera en una tercera instancia para reexaminar los supuestos fácticos
y jurídicos ya debatidos, razón por la cual insistió en que no se acreditaba el requisito
de relevancia constitucional.
21. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se
negaran las pretensiones de la tutela, comoquiera que, dentro del proceso de
reparación directa, el hoy accionante no logró probar el vínculo familiar y/o afectivo
con Jhony Alexander Vergel Ortega. Señaló que los testimonios aportados no fueron
suficientes ni convincentes para acreditar el presunto lazo afectivo, pues se trató de
declaraciones superficiales que no detallaban con claridad ni precisión la existencia
del referido vínculo.
22. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Martín Alejandro
Sanguino Ortega, Luz Marina Ortega Luna, Angélica María Vergel Ortega, Carmen
Cecilia Luna y Daniela Alejandra Sanguino Ortega, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico y,
consecuencialmente, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al
proferir la Sentencia de 19 de mayo de 2025, mediante la cual declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de Martín Sanguino Rincón.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Martín Sanguino Rincón, en la medida en que no se satisfizo el requisito de
subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse:
26. El accionante alegó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrió en un defecto fáctico al proferir la Sentencia de 19 de mayo de
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2025, pues, en su criterio, dicha autoridad judicial omitió valorar 3 testimonios que
reposaban en el proceso de reparación directa y que acreditaban su condición de
padre de crianza de Jhony Alexander Vergel Ortega. Señaló que dicha situación
vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
27. Frente a ello, la Sala advierte que el señor Sanguino Rincón contaba con
un mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos por
la omisión probatoria de los 3 testimonios como lo es el recurso extraordinario de
revisión, a la luz de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 20115. En ese sentido, si la parte actora consideraba que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por cuanto no
valoró u omitió las pruebas que presuntamente acreditaban su calidad de padre de
crianza y así tener legitimación en la causa por activa en el proceso de reparación
directa, debió interponer dicho recurso con el propósito de que la autoridad
competente se pronunciara sobre los posibles errores u omisiones advertidos en el
escrito de tutela. Sin embargo, en el presente caso, tal circunstancia no ocurrió,
comoquiera que dicho recurso no se interpuso en momento alguno.
28. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.
29. Bajo ese marco, el análisis del caso concreto permite concluir que la acción
de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. La parte actora sostuvo que la
solicitud de amparo tenía importancia constitucional porque las autoridades
judiciales incurrieron en un defecto fáctico al omitir la valoración integral de los
testimonios que, a su juicio, acreditaban su legitimación en la causa por activa en el
proceso. Sin embargo, tales cuestionamientos se relacionan directamente con el
análisis y la valoración de pruebas, así como con la configuración de la vulneración
al derecho fundamental al debido proceso; materias cuya revisión, según la Corte
Constitucional, resultaban ser propias del recurso extraordinario de revisión, y no
del mecanismo excepcional de tutela.
30. En consecuencia, las alegaciones consistentes en que los testimonios de
Javier Flórez, Clara Inés Cuesta y Mariela Ramírez Vargas no fueron valorados
5
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.»
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debieron plantearse mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, y no a
través de la acción de tutela.
31. En ese orden de ideas, la acción de tutela no está concebida como un
mecanismo para reabrir controversias que debieron ventilarse en sede judicial
ordinaria, ni como una vía para corregir errores u omisiones imputables a las partes.
Dada su naturaleza excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección
inmediata de derechos fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento
estricto de requisitos como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991.
32. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios ni como una herramienta
para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por ello, al no
cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la ley, la Sala
se ve en la obligación de declarar su improcedencia al advertirse que no se satisfizo
con el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Martín Sanguino Rincón, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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