Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06740-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06740-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06740-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06740-00
Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06740-00
Demandante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Diana del Pilar Bastidas Guerrero
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 27 de octubre de 2025, la señora Diana del Pilar Bastidas Guerrero, por conducto
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La presunta vulneración se originó en la ausencia de respuesta a la solicitud que
presentó el 25 de septiembre de 2025, mediante la cual requirió la expedición de la
constancia de ejecutoria dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 52001-23-33-000-2022-00096-01, que cursa
ante esa Corporación.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. Diana del Pilar Bastidas Guerrero, por intermedio de su apoderado judicial, el
abogado Óscar Alberto Bastidas Guerrero, presentó demanda de nulidad y
1
Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en el expediente en SAMAI del Tribunal de origen, en el
siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202200096017600123
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06740-00
Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Rama Judicial–Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
2.2. Dicho proceso le correspondió por reparto al Juzgado Administrativo Transitorio
del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante sentencia del 29 de noviembre
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con esa decisión, la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2025, que modificó parcialmente el fallo de primera instancia.
2.4. Con posterioridad, el 25 de septiembre de 2025, la parte demandante radicó un
memorial mediante el cual solicitó la expedición de la constancia de ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
2.5. Finalmente, señaló que desde la radicación de dicha solicitud, la entidad
accionada no ha emitido respuesta alguna, desconociendo los parámetros fijados
por la Corte Constitucional respecto del derecho fundamental de petición.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional que ordene al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca la protección de los derechos fundamentales invocados, así
como la emisión de una respuesta de fondo, clara y completa a la petición
presentada.
Como sustento de su solicitud, expuso que la entidad accionada incumplió los
parámetros jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional2 para garantizar la
efectividad del derecho de petición. Señaló que la solicitud fue radicada y
debidamente recibida en septiembre de 2025, sin que hasta la fecha hubiera
recibido una respuesta clara y oportuna, razón por la cual es necesaria la
intervención del juez de tutela para ordenar a la entidad accionada emitir la
contestación correspondiente.
Indicó que los documentos allegados con la acción acreditan el quebrantamiento
del derecho fundamental de petición, cuyo núcleo esencial no se satisface con la
simple emisión de una respuesta, sino que exige que esta sea oportuna, clara y de
fondo, dentro de los términos previstos en la ley. En virtud de lo anterior, solicitó la
intervención del juez constitucional para garantizar la efectividad de las
prerrogativas que la Constitución Política de 1991 reconoce a los ciudadanos.
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Tales como la Sentencia SU -166 de 1999, T-730 de 2001, T-661 de 2001, T-628 de 2002, -564 de 2002, T-
219 de 2001, T-1556 de 2000, T-558 de 1995, T-575 de 1994, T-476 de 2001, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06740-00
Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. El Despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 28 de octubre de
20253, admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación a las partes y se dispuso
la suspensión de términos. Asimismo, se requirió al señor Bastidas Guerrero para
que informara con claridad la calidad en la que actuaba dentro de la presente
actuación constitucional, e indicando si lo hacía en nombre propio o en
representación judicial de la señora Diana del Pilar Bastidas Guerrero. En este
último caso, se le indicó que debía allegar el correspondiente mandato judicial
dentro del término concedido.
Cumplidas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.2. La parte accionante4 allegó poder que faculta al abogado Oscar Alberto
Bastidas Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía núm. 12.752.210 y
portador de la tarjeta profesional núm. 347.445 del C.S.J., para que actúe en nombre
y representación de la señora Diana del Pilar Bastidas Guerrero en el presente
trámite constitucional.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 manifestó que, si bien la
sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado n.º 52001-23-33-000-
2022-00096-01 se encontraba ejecutoriada al momento de la solicitud, era
necesario considerar que, de conformidad con el artículo 261 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, aún se
encontraba habilitado el término para interponer el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, plazo que vencía el 8 de octubre de 2025.
En consecuencia, la Secretaría, en atención al principio de economía procesal, el
30 de octubre de 2025 expidió la constancia de ejecutoria, junto con la certificación
relacionada con la presentación —o no— del citado recurso extraordinario. Señaló
que, una vez emitidas dichas constancias, se procede a la devolución del
expediente, actuaciones que fueron debidamente notificadas a las partes.
Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por haberse satisfecho
la pretensión principal de la acción de tutela, sin perjuicio de las medidas que el juez
constitucional considere pertinentes para garantizar la no repetición de situaciones
similares.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06740-00
Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
3. Problema jurídico
La controversia se centra en establecer si la autoridad accionada vulneró los
derechos fundamentales de petición y debido proceso de la señora Diana del Pilar
Bastidas Guerrero, al no emitir la constancia de ejecutoria solicitada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, identificado con el radicado 52001-23-33-000-
2022-00096-01.
Para resolver el caso, corresponde a la Sala determinar si, frente a los hechos
planteados, se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado.
4. Carencia actual de objeto
Cuando los hechos que motivaron la solicitud de amparo desaparecen o no hay
forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto,
cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún
efecto, la Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de
objeto”.
La jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se presenta: i)
por hecho superado, en la medida en que por alguna conducta del obligado se
supera la afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario
el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera
definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera
decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia.
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Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional ha señalado, lo siguiente:
“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o
amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del
hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la
acción de tutela, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del peticionario.
En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse
a fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el
punto de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente
se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela;
(ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu
propio, es decir, voluntariamente”6
Al respecto, es preciso indicar que el Alto Tribunal Constitucional ha reiterado que
“ante la alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo
pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”7.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que se encuentra configurada la carencia actual de objeto por
hecho superado, conforme las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el asunto objeto de estudio, Diana del Pilar Bastidas Guerrero, promovió
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de petición y debido proceso, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Sostuvo que la vulneración se configuró debido a la falta de respuesta de la petición
mediante la cual solicitó la expedición de la constancia de ejecutoria dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
52001-23-33-000-2022-00096-01, que cursa ante dicha Corporación.
6
Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T- 715 de 2017, SU-522 de 2019, entre
otras.
7
Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de
2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que
la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se
ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a
los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita
de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes
de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero
que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente
diferentes a las iniciales”.
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Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
5.2. De acuerdo con los documentos aportados por la parte accionada y con la
información registrada en el expediente digital SAMAI8 de la presente acción, la Sala
verificó que el 30 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
expidió la constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia proferida el 16 de
septiembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 52001-23-33-000-2022-00096-01, la cual fue
cargada al expediente en SAMAI del Tribunal de origen, en el índice No. 17.
En dicha constancia se indicó que la sentencia quedó debidamente notificada y
ejecutoriada el 24 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m., y que el término para
presentar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia transcurrió entre
el 25 de septiembre y el 8 de octubre de 2025, sin que se radicara escrito alguno.
En consecuencia, se constató que mediante correo electrónico del 5 de noviembre
de 2025, la Corporación accionada remitió comunicación al accionante a la dirección
oscarbastidasg2210@gmail.com, en los siguientes términos:
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BC7A6DC98E3AB2FA 738930E89D543EF7.
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Accionante: Diana del Pilar Bastidas Guerrero
5.3. Así las cosas, la Sala advierte que se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que las circunstancias que dieron origen a la acción
desaparecieron el 30 de octubre de 2025 con la respuesta a la solicitud presentada
por la accionante, antes de que se profiriera decisión de fondo en sede
constitucional. Por consiguiente, al haber cesado las circunstancias que motivaron
la presunta vulneración del derecho fundamental invocado, la acción de tutela perdió
su finalidad como mecanismo de protección judicial, de modo que cualquier orden
que pudiera impartirse resultaría ineficaz.
5.4. En virtud de lo anterior, esta Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la solicitud de tutela interpuesta por Diana del Pilar
Bastidas Guerrero en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Óscar Alberto Bastidas
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía número 12.752.210 de Pasto y
tarjeta profesional número 347.445 del C.S.J. en los términos y efectos en el poder
aportado al presente tramite constitucional.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de tutela de Diana del Pilar Bastidas Guerrero en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si no fuere impugnada.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
ECG
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