Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06763-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06763-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06763-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06763-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: FERNANDO ALBERTO VINASCO IGLESIAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de reparación directa
en el que se rechazó la demanda. Incumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 20 de noviembre de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“1. Declare la procedencia de la presente acción de tutela por configurarse los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez, y por configurarse defectos en la providencia judicial
impugnada que vulneran derechos fundamentales.
2. Se ampare mi derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta.
3. Se REVOQUE el auto del veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, despacho del Magistrado
Carlos Enrique Ardila Obando, que confirmó el rechazo de la demanda de reparación
directa, así como el auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025) dictado
por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO,
despacho del Juez Edgar Augusto Sánchez Leal, que rechazó la demanda por caducidad
y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
4. En su lugar, ordene la admisión inmediata de la demanda de reparación directa
presentada el nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), bajo el radicado
correspondiente, y disponga la continuación del proceso con observancia de los principios
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
constitucionales invocados, garantizando el acceso efectivo a la administración de justicia
y la reparación integral del daño antijurídico sufrido.
5. Se ordene la notificación inmediata de esta providencia a las autoridades accionadas y
a las partes involucradas en el proceso subyacente.
6. Se disponga cualquier otra medida que considere necesaria para la protección efectiva
de los derechos fundamentales invocados, incluyendo la suspensión provisional de los
efectos de las providencias impugnadas hasta la resolución definitiva de la tutela”.
2. Hechos
De la lectura de la acción de tutela y de los documentos que obran en el expediente,
se advierte lo siguiente:
En el año 2014, el Banco Pichincha S.A. inició un proceso ejecutivo en contra del
actor con el fin de hacer efectiva la obligación contenida en el pagaré n.º 2854533,
asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de
Granada, Meta, autoridad que decretó el embargo y secuestro del vehículo
automotor marca Hyundai, identificado con placas QGB‑402.
Como consecuencia de lo anterior, el vehículo fue inmovilizado el 26 de julio de 2016
en la ciudad de Villavicencio y puesto a disposición del parqueadero autorizado
Castilla Real, de acuerdo con la Resolución 1516/1518, el cual se encuentra ubicado
en el sector 1, lote 2, del barrio Brisas del Llano, vía Restrepo, conforme consta en
el Acta de Inventario y Puesta a Disposición n.º 0360.
Mediante oficio n.º 0185 del 16 de febrero de 2021, el Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal de Granada informó al secretario de Movilidad de Villavicencio que el
proceso ejecutivo había culminado por pago total de la obligación y, en
consecuencia, ordenó levantar la medida cautelar y solicitó la cancelación de la
inscripción de embargo del vehículo placas QGB‑402.
No obstante, ante la incertidumbre respecto del paradero del automotor, el actor
presentó diversas solicitudes en ejercicio del derecho de petición con el propósito de
obtener información. Posteriormente interpuso acción de tutela para que se
resolviera lo pedido el 19 de agosto y el 23 de septiembre de 2022.
Por lo anterior, el 9 de noviembre de 2023 presentó demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Alcaldía de
Villavicencio, con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial por los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la presunta falla
del servicio consistente en la no entrega de un vehículo automotor, pese al
cumplimiento de los trámites judiciales en el proceso ejecutivo.
El proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio, que mediante providencia del 8 de abril de 2025 inadmitió la demanda
y ordenó allegar el poder en debida forma, la constancia de agotamiento del requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial, los documentos anunciados en el
acápite de pruebas, la precisión del título de imputación y de la actuación u omisión
atribuida a cada entidad demandada, así como la acreditación del envío electrónico
de la demanda, anexos y escrito de subsanación a la parte demandada.
Posteriormente, mediante auto del 28 de mayo de 2025, la autoridad judicial rechazó
la demanda al verificar que la subsanación fue presentada de manera extemporánea
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
y que no se corrigieron en su totalidad los defectos señalados, en especial los
relacionados con la adecuada acreditación del poder. Además, advirtió que la
solicitud de conciliación prejudicial fue radicada con posterioridad a la presentación
de la demanda, lo que impedía considerar satisfecho el requisito de procedibilidad.
Igualmente señaló que, para la fecha de interposición de la demanda ya había
operado la caducidad, toda vez que el término inició el 17 de junio de 2018 y finalizó
el 2 de octubre de 2020, teniendo en cuenta la suspensión de términos derivada de
la emergencia sanitaria por Covid‑19.
Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación al considerar
que la subsanación fue presentada dentro del término legal, que se superaron los
defectos relacionados con la conciliación prejudicial y que la caducidad no operaba,
pues la afectación por la pérdida del vehículo era de carácter permanente y continuo.
El Tribunal Administrativo del Meta mediante providencia del 14 de agosto de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia. Afirmó que, aun si el cómputo del término
de caducidad se realizara desde la fecha en que el actor manifestó haber conocido
la desaparición del vehículo, la demanda resultaba igualmente inadmisible, ya que el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no fue agotado antes de su
presentación y la subsanación se radicó de manera extemporánea.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la parte accionada vulneró sus derechos fundamentales
al proferir una decisión carente de motivación suficiente y sin realizar una valoración
adecuada del acervo probatorio para determinar la configuración de la caducidad en
un caso de tracto sucesivo.
Afirmó que existió un desconocimiento del precedente judicial aplicable, y en
apoyo de alegato invocó los principios pro damnato, pro homine y pro actione, para
lo cual citó las sentencias T‑328 de 2023, T‑024 de 2024, SU‑381 de 2024, SU‑279
de 2024, SU‑487 de 2024, T‑026 de 2022, C‑427 de 2020 y SU‑241 de 2024 de la
Corte Constitucional. Agregó que en el sub lite existía una duda razonable sobre la
fecha de consolidación del daño, pues solo tuvo certeza de la pérdida definitiva del
vehículo en el año 2022, después de agotar múltiples gestiones administrativas
encaminadas a esclarecer su paradero.
Agregó que la caducidad fue declarada sin considerar la prolongada incertidumbre
respecto del vehículo, omitiendo una interpretación extensiva y garantista del término
para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y desconociendo, además,
que el requisito de procedibilidad de la conciliación se encontraba en trámite. A su
juicio, ello derivó en una decisión de carácter restrictivo y formalista, contraria a los
postulados constitucionales que orientan el acceso efectivo a la administración de
justicia.
Finalmente, expuso que se configuró un defecto fáctico, dado que no se tuvo en
cuenta la secuencia de hechos que originaron el daño, las solicitudes presentadas
para obtener información sobre el automotor, ni el impacto de la acción de tutela
promovida previamente. Añadió que tampoco se analizó la notificación n.º 188689
del 24 de noviembre de 2022 y se desconoció la naturaleza continuada del daño, al
computar el término de caducidad desde el año 2018, a pesar de que el conocimiento
efectivo del perjuicio ocurrió con posterioridad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta
El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que pidió
declarar improcedente la acción de tutela, por considerar que cumplió con los
deberes legales que le impone el ordenamiento jurídico.
4.2. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio
El titular del despacho judicial se pronunció frente a los hechos expuestos en la
acción de tutela y se refirió a las actuaciones procesales adelantadas dentro del
expediente ordinario. Señaló que lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya
resuelto por el juez natural ante su inconformidad con la decisión adoptada y, en
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la tutela.
4.3. Respuesta del municipio de Villavicencio
El jefe de la Oficina Jurídica del municipio se opuso a las pretensiones de la acción
de tutela, al señalar que las decisiones judiciales proferidas dentro del medio de
control de reparación directa fueron claras en el análisis relativo a la caducidad.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 20 de noviembre de 2025, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor
Fernando Alberto Vinasco Iglesias, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en
caso de no ser impugnada la presente providencia”.
En primer lugar, precisó que analizaría la última decisión proferida por el Tribunal
accionado en el expediente ordinario por cuanto fue aquella que culminó el mismo,
a lo que agregó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad respecto del
alegado defecto fáctico, toda vez que su fundamentación se centraba en la omisión
de valoración de la notificación n.º 188689 del 24 de noviembre de 2022 -la cual,
según el actor, acreditaba el momento en que conoció el daño y la naturaleza
continuada del mismo-. Sobre este punto, precisó que dicho planteamiento puede
ser propuesto a través del recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
No obstante, advirtió que el asunto cuenta con relevancia constitucional, por cuanto
se debía determinar si existió un defecto fáctico derivado de la indebida valoración
de las solicitudes elevadas en ejercicio del derecho de petición, así como un posible
desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias SU-381 de
2024, SU-279 de 2024, SU-487 de 2024, T-026 de 2022 y T-340 de 2023 de la Corte
Constitucional, que abordan los principios pro homine, buena fe y pro actione.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
En cuanto al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada contabilizó el
término para presentar el medio de control desde la fecha en que el accionante
manifestó haber tenido conocimiento del presunto daño antijurídico, conforme a la
radicación de los derechos de petición. Sin embargo, concluyó que, aunque la
demanda de reparación directa fue presentada oportunamente, la subsanación se
efectuó de manera extemporánea y no se acreditó el agotamiento previo de la
conciliación prejudicial.
Respecto del presunto desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que los
argumentos del accionante no desvirtúan lo expuesto por la autoridad judicial
accionada, en la medida en que el rechazo de la demanda no obedeció a la fecha de
presentación del medio de control, sino al incumplimiento de exigencias procesales,
específicamente: (i) la presentación extemporánea del escrito de subsanación y (ii)
la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó su revocatoria y que, en
su lugar, se concediera el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el juez de primera instancia desconoció la jurisprudencia citada,
particularmente aquella relativa a los principios pro homine, pro damnato y pro
actione, al efectuar una interpretación mecánica y formalista del requisito de
caducidad.
Asimismo, afirmó que se configuró un defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial
omitió valorar elementos probatorios determinantes, entre ellos: a) la notificación n.º
188689 del 24 de noviembre de 2022; b) las solicitudes presentadas en 2021 y 2022,
que evidencian la diligencia y desvirtúan cualquier presunta inactividad; c) la acción
de tutela interpuesta en 2022, que demuestra que no se contaba con información
suficiente para conocer la consolidación del daño; y d) la naturaleza continuada o
progresiva del daño alegado.
Finalmente, señaló que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
abiertamente inconstitucional del requisito de caducidad, configurando un defecto
sustantivo, y que dicha interpretación impidió que se analizara de fondo el daño
antijurídico presuntamente causado por el Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia 20 de noviembre de 2025 de la Subsección A de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, y si debe acceder a las pretensiones formuladas por la
parte actora.
De manera previa se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia
constitucional necesario para su estudio de fondo, el cual es susceptible de ser
verificado de oficio por el juez de tutela inclusive en el trámite de la segunda instancia,
como una salvaguarda de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y
especialidad del juez natural.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que
de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración
a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310
de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo
constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se
encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a
un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de
la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre
la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata
de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Fernando Alberto Vinasco Iglesias, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio5, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, con ocasión del auto de 14 de agosto de 2025, que confirmó
la decisión de primera instancia que rechazó la demanda.
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado mediante sentencia del
20 de noviembre de 2025, decidió negar las pretensiones de la acción de tutela al
concluir que el Tribunal accionado no incurrió en los defectos alegados. Señaló que
dicha autoridad valoró las solicitudes del accionante, teniendo en cuenta la fecha en
que este afirmó haber conocido el daño invocado. No obstante, precisó que la
autoridad judicial llegó al convencimiento de que la subsanación de la demanda fue
presentada de manera extemporánea y sin el cumplimiento del requisito de
conciliación prejudicial, circunstancias que justificaban la confirmación del rechazo
de la demanda, sin que ello implicara el desconocimiento de precedente judicial
alguno.
La parte accionante impugnó la decisión judicial y sostuvo que se desconoció la
jurisprudencia aplicable -en especial la relativa a los principios pro homine, pro
5
En la decisión de primera instancia se indicó que se iba a realizar el estudio respecto de la última decisión por
ser aquella que definió el asunto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
damnato y pro actione- al aplicar de manera mecánica el requisito de caducidad, y
que además se incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de pruebas
determinantes, como la notificación n.º 188689 del 24 de noviembre de 2022, los
derechos de petición presentados en 2021 y 2022, la acción de tutela de 2022 y la
naturaleza continuada del daño. Además, afirmó que la interpretación realizada por
el Tribunal accionado sobre la caducidad fue abiertamente inconstitucional,
configurando un defecto sustantivo que impidió un análisis de fondo del presunto
daño antijurídico.
Descendiendo al caso bajo examen, la Sala anticipa que revocará la sentencia
impugnada y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no supera el requisito de la relevancia constitucional, al acudirse a esta vía
constitucional con el fin de reabrir un debate zanjado por el juez natural, como pasa
a exponerse.
El 9 de noviembre de 2023, la parte accionante, por intermedio de apoderada judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación - Rama Judicial y la Alcaldía de Villavicencio, con el propósito de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
materiales e inmateriales derivados de una presunta falla en el servicio, consistente
en la no entrega del vehículo automotor identificado con placas QGB‑402, pese a
que el proceso ejecutivo en el que se decretó su embargo había concluido por pago
de la obligación.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio, que mediante auto del 28 de mayo de 2025 rechazó la
demanda, al considerar que la subsanación fue presentada de manera
extemporánea y que no se corrigieron en su totalidad los yerros señalados en el auto
inadmisorio. Adicionalmente, advirtió que la solicitud de conciliación prejudicial fue
radicada con posterioridad a la presentación del medio de control, circunstancia que
impedía tener por satisfecho dicho requisito.
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con
fundamento en los siguientes argumentos:
“Señalado lo anterior, los términos empiezan a contarse cuando el iniciador recibe un
acuse de recibo o se puede constatar el acceso del destinatario al mensaje. Recordemos
que, si bien la notificación se realizó el 8 de abril y su fijación en estado se realizó el 9 de
abril, la ley concede 2 días adicionales después del envío del mensaje electrónico, de esta
forma se entiende que los términos empiezan a correr el veintiuno (21) de abril de dos mil
veinticinco (2025) con vencimiento de los diez (10) días, el cinco (5) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) presentando la subsanación el dos (2) de mayo de dos mil veinticinco
(2025) y estando en términos para su procedencia.
(...)
De igual forma, como consta en el folio 11 de pruebas y anexos allegados en la
subsanación de la demanda, allegado y subido en la plataforma Samai, se demostró el
mensaje de datos que acredita la intención expresa del demandante de conferir la
representación judicial, cumpliendo plenamente con los requisitos establecidos en la
citada norma. La presunción de autenticidad del poder no fue desvirtuada por el
Despacho, y la exigencia de presentación personal no resulta aplicable en virtud de la
flexibilización introducida por la Ley 2213 de 2022, que busca agilizar los trámites
judiciales en el contexto de la digitalización de la justicia. Por lo tanto, el rechazo de la
demanda por este motivo no procede.
(...)
Con respecto a este punto, la radicación y reparto de la demanda se realizó el nueve (9)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) demanda que fue pasando por diferentes
actuaciones por parte de la rama judicial, entre ellas impedimentos por parte del Juzgado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
Cuarto, envío del expediente al Juzgado Quinto Administrativo, cambio de ponente,
rechazo del impedimento y devoluciones a la entidad de origen, en donde se demoraron
dos (2) años para pronunciarse sobre la misma.
Pese ello, dentro del término de subsanación, acatando las directrices del despacho se
realizó solicitud de conciliación a efectos de satisfacer el requisito de procedibilidad
indicado, tal como se adjuntó en los anexos de la subsanación de la demanda,
específicamente en el folio 15 y como se evidencia en el correo electrónico que cita a
audiencia de conciliación.
(...)
En este sentido me permito señalar que mi poderdante tuvo conocimiento de que su carro
se encontraba perdido hasta el año dos mil veintidós (2022), cuando después de
preguntar en varias entidades gubernamentales le dieron como respuesta que no sabía
dónde estaba su vehículo, vehículo que debía estar en el parqueadero de Castilla Real
de Villavicencio, lugar donde se encontraba inmovilizado desde el quince (15) de junio del
dos mil dieciocho (2018). Mi poderdante ante la angustia y desconocimiento sobre
derecho, tuvo que buscar un abogado con el fin de que lograra volver a tener la tenencia
de su vehículo, así como el uso y goce, sin embargo, la Secretaría de Movilidad de
Villavicencio, la Cámara de Comercio de Villavicencio, la Rama Judicial y el Parqueadero
de Castilla Real, no dieron razón alguna sobre su paradero.
(...)
En este sentido y en mérito de lo dicho, mi poderdante, el señor Fernando Vinasco, tuvo
conocimiento total de la pérdida de su vehículo hasta el año dos mil veintidós (2022) y
desde ese momento ha estado detrás de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO, CARAMA DE COMECIO, PATIO CASTILLA REAL,
con el fin de recuperar su vehículo automotor, enviando derechos de petición, incoando
tutelas, preguntando en las entidades, y realizando la presente demanda como ultima
ratio, y, sin embargo, han pasado tres (3) años que ha intentado por medio de justicia
encontrar su vehículo y siguen sin dar razón alguna, demorándose dos (2) años en avocar
conocimiento y pronunciándose sobre la inadmisión de la misma”.
De conformidad con lo anterior se tiene que la parte actora en el recurso de apelación
sostuvo haber presentado la subsanación dentro de la oportunidad correspondiente.
Igualmente, expuso que cumplió con la acreditación del poder mediante mensaje de
datos, amparado en la presunción de autenticidad prevista en la Ley 2213 de 2022 y
señaló que, dentro del término otorgado para subsanar la demanda, presentó la
solicitud de conciliación prejudicial, la cual fue admitida por la Procuraduría General
de la Nación, de manera que sí satisfizo el requisito de procedibilidad.
Además, alegó que el asunto se presentó el 9 de noviembre de 2023 y que solo dos
años después se profirió auto inadmisorio. En relación con el conocimiento del daño,
refirió que hasta el año 2022 tuvo certeza de la pérdida definitiva del vehículo,
después de obtener respuestas negativas de varias entidades estatales, pese a la
diligencia desplegada mediante solicitudes en ejercicio del derecho de petición y una
acción de tutela.
El Tribunal Administrativo del Meta mediante auto del 14 de agosto de 2025, confirmó
la providencia que rechazó la demanda. Dicha decisión se fundamentó en los
siguientes argumentos:
“No existe entonces la confusión en el conteo de términos esgrimida por la parte
recurrente, puesto que para esta Judicatura es claro que una cosa es la notificación por
estado, a la cual se sometió el auto de 8 de abril de 2025, surtida el 9 de abril de 2025; y
otra muy diferente la notificación personal o por medios electrónicos de las providencias
enlistadas en el artículo 198 ibidem, respecto a la cual sí aplica la norma contenida en el
artículo 205 ibidem que habilita a las partes para iniciar el conteo del término legal
transcurridos dos (2) días después la notificación personal de la providencia.
De esta manera si se observan las actuaciones procesales es claro que, el auto de fecha
8 de abril de 2025 fue notificado por estado electrónico del 9 del mismo mes y año (índice
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
00120) y que la secretaría de la corporación remitió el mensaje de datos que ordena el
artículo 201 del CPACA el mismo 28 de mayo de 2025 (índice 00016, en la actuación de
primera instancia), lo que implica que el término de 10 días que tenía la parte actora para
subsanar la demanda comenzaba a contabilizarse a partir del 10 de abril de 2025 y
finalizaba el 30 de abril de 2025, por lo que el escrito presentado el 2 de mayo de 2025
es a todas luces extemporáneo y este tópico por sí mismo impone el rechazo de la
demanda.
No obstante, en gracia de discusión, la Sala analizará si la demanda cumple con el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y si fue presentada dentro del
término de caducidad de la acción contenciosa para ejercer el medio de control de
Reparación Directa.
(...)
En el caso sub examine, con la presentación de la demanda el 2 de noviembre de 2023
no fue allegada la constancia de haber sido agotado el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial.
Fue mediante escrito de 19 de mayo de 2025 que la parte demandante allegó el auto
admisorio de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 206 Judicial I
para Asuntos Administrativos de Villavicencio y solo con el memorial presentado el 01 de
julio de 2025 aportó la constancia del agotamiento del requisito.
Sin embargo, debido a que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada ante la
Procuraduría General de la Nación el 22 de abril de 2025, de manera posterior a la
presentación de la demanda, la Sala no encuentra satisfecho el cumplimiento del requisito
de procedibilidad a la luz de las siguientes consideraciones.
(...)
En ese orden de ideas, el hecho de que se admita la acreditación posterior del
cumplimiento del requisito de conciliación extrajudicial desvirtúa el carácter prejudicial del
requisito, por cuanto éste, siempre debe ser agotado de manera previa a la presentación
de la demanda.
(...)
Ahora bien, la Sala advierte que, en uno u otro escenario, operó el fenómeno jurídico
procesal de la caducidad del medio de control de Reparación Directa, pues, en el primer
supuesto: el auto por medio del cual se decretó la terminación del proceso ejecutivo y se
ordenó el levantamiento de las medidas cautelares se profirió el 15 de junio de 2018,
aunque no obra en el expediente ni el auto ni la constancia de que quedó ejecutoriado.
No obstante, se puede deducir que transcurrieron más de dos años desde dicha data y el
día en que se radicó la demanda, esto es el 2 de noviembre de 2023.
Ahora bien, respecto del segundo escenario, relacionado con la supuesta respuesta dada
al demandante por parte de las entidades responsables de que no sabían dónde estaba
el vehículo, y con ello, la imposibilidad del aquí demandante de ejercer su derecho de
defensa, el inicio del término de caducidad no se puede contabilizar desde la ejecutoria
del auto que levantó las medidas cautelares, pues es Conforme a lo expuesto, la Sala
concluye que incluso si se cuenta el término de caducidad del medio de control de
reparación directa desde la fecha en que el señor Fernando Alberto Vinasco Iglesias elevó
los derechos de petición 17 de agosto de 2022, aunque el mismo afirma que “desde hace
años vengo solicitando se me entregue el vehículo”, la consecuencia jurídico procesal
sería la misma, esto es, la caducidad.
Téngase en cuenta que la conciliación prejudicial no tuvo vocación de suspender términos
pues fue radicada hasta el 22 de abril de 2025, esto es, con posterioridad al término de 2
años con que contaba el interesado para promover el presente medio de control y con ello
suspender el término de caducidad.
Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad que en aplicación del
principio pro damato, se pudiera dar trámite a la presente demanda para que en el curso
del debate probatorio se pudiera establecer la fecha del inicio del conteo del término de
caducidad, lo cierto es que ello no sería posible porque además de la presentación
extemporánea de la subsanación requerida, no se agotó en debida forma el requisito de
conciliación prejudicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
Sobre este último aspecto, debe la Sala indicar que la parte demandante señala en su
recurso que la demora en el actuar judicial perjudicó la posibilidad de haber realizado los
ajustes requeridos, en especial, el relacionado con la conciliación prejudicial, frente a lo
cual debe precisarse que este planteamiento resulta desacertado, pues la exigencia de
cumplir este requisito existe en nuestro ordenamiento con anterioridad a la fecha de
presentación de la demanda, y, en consecuencia, era deber de la apoderada conocer de
este requisito y no cumplirlo a cabalidad, sin que sea dable escudarse en el tiempo
trascurrido, pues la posibilidad que tienen los jueces de inadmitir la demanda, no fue
diseñada como mecanismo de justificación de los yerros que se presenten al momento de
presentar la demanda, de la misma forma que no es atribuible al juez que se hayan dejado
vencer los términos para subsanar la demanda”.
En esa medida, la autoridad judicial accionada concluyó que no hubo error en el
conteo de términos, pues el auto del 8 de abril de 2025 fue notificado por estado el
día siguiente, por lo que el término de diez días para subsanar debía correr del 10 al
30 del mismo mes y año. En consecuencia, la subsanación presentada el 2 de mayo
fue extemporánea. Además, determinó que el requisito de conciliación prejudicial no
se cumplió, dado que la solicitud fue radicada el 22 de abril de 2025, con
posterioridad a la presentación de la demanda, lo que impide tenerlo por agotado.
Finalmente, estableció que el medio de control se encontraba caducado, tanto si se
cuenta el término desde 2018 como desde las solicitudes presentadas en 2022, por
lo que la decisión de rechazo resultaba ajustada a derecho.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante en sede de tutela buscan reabrir el debate jurídico que ya fue objeto de
análisis en el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la
demanda de reparación directa. Ello, por cuanto la inconformidad gira en torno a la
supuesta falta de valoración de las solicitudes presentadas en 2022 para efectos de
determinar el cómputo del término para promover el medio de control, la presentación
de la solicitud de conciliación prejudicial con ocasión de la subsanación y la
oportunidad en la radicación del escrito de subsanación, aspectos que -como se
evidenció- fueron resueltos de manera desfavorable para la parte actora por el
Tribunal accionado.
Adicionalmente, debe resaltarse que la alegada omisión en la valoración de la
notificación n.º 188689 del 24 de noviembre de 2022 no fue incluida en el recurso de
apelación, razón por la cual constituye un argumento nuevo que no puede
introducirse a través de la acción de tutela, mecanismo que no fue concebido para
suplir la falta de diligencia en la exposición de razones ante el juez natural.
En ese sentido, aunque la parte actora sostiene que la providencia cuestionada
incurrió en defectos fáctico y en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es
que tales alegaciones se utilizan para insistir en los mismos planteamientos
formulados en la apelación contra la decisión que confirmó el rechazo de la
demanda, basada en la extemporaneidad de la subsanación, la falta de acreditación
del requisito de conciliación prejudicial y la configuración de la caducidad del medio
de control.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional, en tanto pretende revivir un asunto ya definido por el juez
natural dentro del trámite judicial ordinario y, además, introduce argumentos que no
fueron sometidos a consideración de la autoridad judicial accionada, finalidad para
la cual no está instituido el mecanismo constitucional de amparo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06763-01
Accionante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de 20 de noviembre de 2025,
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Fernando Alberto Vinasco Iglesias, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Meta y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.