Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA
TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO
DEL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES
JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 25 de noviembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor FERNANDO PLAZAS VICTORIA en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA
Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental
de petición, el cual estima vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO,
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 y la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN3, al no haber recibido una respuesta de
fondo, clara y concreta a la petición de 3 octubre de 2025, en la que
solicitó copia del proceso penal identificado con el número único de
radicación 2004-00076-00, que conoció el JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
DE GUADALAJARA DE BUGA4.
I.2.- Hechos
Afirmó que a través de su apoderado judicial el 22 de enero de 2025,
solicitó al JUZGADO PENAL copia simple del expediente identificado
con el número único de radicación 2004-00076-00, adelantado en su
contra por el presunto delito de concusión, con el propósito de
interponer un recurso de revisión.
Relató que en respuesta a esa solicitud, el JUZGADO PENAL le
indicó que el expediente había desaparecido.
2
En adelante la Fiscalía.
3
En adelante la Procuraduría.
4
En adelante el Juzgado Penal.
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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA
Mencionó que el 3 de octubre formuló derecho de petición ante el
CONSEJO DE ESTADO, mediante el cual solicitó la copia del
expediente penal aludido.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que ha transcurrido más de un mes desde que radicó la
solicitud, sin que se haya emitido una respuesta de fondo y sin que
se hubieren expedido las copias solicitadas.
Mencionó que “[…] la pérdida de un proceso judicial, como la
obstrucción de la justicia, puede acarrear consecuencias penales, la
Corte Constitucional, en varias sentencias, ha abordado temas
relacionados con el debido proceso y la protección de los derechos
fundamentales en el ámbito judicial, y ha establecido que la
alteración o pérdida de documentos judiciales podría constituir un
delito […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como
vulnerado y, en consecuencia:
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“[…] DENTRO DE MIS PRETENSIONES NO ES OTRA QUE DARLE
CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICION
ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA A
EFECTOS DE QUE ME DIERAN CONTESTACION LAS ENTIDADES
ACCIONADAS SIN QUE HASTA LA FECHA HAYA RECIBIDO
COMUNICACIÓN ALGUNA AL RESPECTO […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La PROCURADURÍA mencionó que al evaluar las solicitudes
presentadas ante ella, no encontró pruebas documentales que dieran
cuenta que el actor hubiera elevado algún derecho de petición, queja
o solicitud de intervención ante ese órgano de control disciplinario
sobre el asunto que ocupa la presente acción constitucional.
Resaltó que no es la entidad responsable de atender las pretensiones
objeto de tutela, además no existe acción u omisión por parte de ella
que hubiere afectado garantía constitucional invocada.
I.5.2.- La presidencia del CONSEJO DE ESTADO mencionó que de
acuerdo con la verificación efectuada en el Sistema de Gestión de
Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales del Consejo de
Estado (SIGOBIUS) y en los canales institucionales de radicación de
solicitudes PQRSDF de la Presidencia la Corporación, no evidenció
registro relacionado con la solicitud del demandante.
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Señaló que el documento aportado por el actor, carece de fecha y
constancia de recibido físico o electrónico que acredite su radicación
ante la Corporación o su eventual traslado por competencia desde
otra entidad.
Resaltó que la solicitud de amparo debe declararse improcedente, al
no evidenciarse imputación fáctica o jurídica que permita atribuir la
responsabilidad a la Corporación por acción u omisión en la presunta
vulneración alegada.
I.5.3.- La COMISIÓN NACIONAL resaltó que las pretensiones y el
relato de los hechos de la solicitud no son claros, en la medida que
el actor se limita a pedir la respuesta a un escrito por parte de las
tres entidades aquí accionadas, pero no comprende que es lo que
pretende respecto de ella.
Adujo que no ha incurrido por acción u omisión en la presunta
amenaza o vulneración del derecho invocado, por lo tanto solicitó
despachar de forma desfavorable las pretensiones.
I.5.4.- El JUZGADO PENAL hizo un recuento de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso penal con relación a la expedición de
la copia del expediente y mencionó que, el actor por conducto de
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apoderado judicial en enero de 2025, elevó derecho de petición del
cual se le otorgó respuesta y se le precisó que luego de exhaustivas
búsquedas no fue posible localizar el proceso en el archivo físico.
Manifestó que el 15 de mayo de 2025, se le informó al apoderado del
actor que el expediente no se había localizado y lo conminó a remitir
las copias que obraran en su poder, a fin de establecer otros filtros
de búsqueda que permitieran su localización, pero a pesar de dicho
requerimiento los interesados guardaron silencio.
Arguyó que no ha vulnerado el derecho fundamental del actor, por el
contrario, indicó que se han atendido los requerimientos presentados
por el actor dentro del marco de las competencias y limitaciones
documentales propias del sistema judicial.
I.5.5.- La FISCALÍA, pese a ser notificada del presente trámite,
guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 25 de noviembre de
2025, denegó el amparo del derecho fundamental de petición, ya que
no se evidenció prueba o soporte documental que diera cuenta del
envío de la solicitud que le permitiera endilgar la responsabilidad
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respecto del CONSEJO DE ESTADO, la PROCURADURÍA y la
FISCALÍA, esto a pesar de haber requerido al actor para que
remitiera la constancia de radicación y recibido por parte de las
accionadas.
En ese sentido, consideró que “[…] se negará la acción de tutela
respecto de la petición presentada el 3 de octubre de 2025. Lo
anterior, al no existir una prueba que determine una circunstancia
que motivó la interposición del mecanismo de amparo constitucional
[…]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la decisión
de primera instancia no resolvió la petición de amparo, además
insiste que el Consejo de Estado tiene una copia del proceso penal
que se adelantó en su contra.
Mencionó que “[…] la apelación es toda vez que no estoy de acuerdo
con la decisión tomada por ustedes mediante el escrito de la
referencia, toda vez que solicite al concejo de estado copia de las
diligencias que adelantara el juzgado primero penal del circuito, toda
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vez que el proceso se perdió en dicho juzgado, y hasta la fecha no
han hecho ni lo más mínimo para volver a sacar copia […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo
de su derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por
el CONSEJO DE ESTADO, la FISCALÍA y la PROCURADURÍA, al
no haber recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la
petición de 3 octubre de 2025, en la que solicitó copia del proceso
penal identificado con el número único de radicación 2004-00076-
00, que conoció el JUZGADO PENAL.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de noviembre
de 2025, denegó la solicitud de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia manifestando su desacuerdo, pues, a
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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su juicio, la decisión de primera instancia no resolvió la petición de
amparo, además insiste que el Consejo de Estado tiene una copia del
proceso penal que se adelantó en su contra.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad
judicial accionada vulneró el derecho deprecado.
Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho
de petición ejercido ante autoridades judiciales.
En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido.
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De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de
que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.
Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20086, proferida
dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-00517-
00, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe
resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que
no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal
frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso)7, la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.
6
Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
7
Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.
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Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en
marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor
público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial
puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los
jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican
las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de
las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados
con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal, pues para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición
por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte
del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales
propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
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mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO)”. [...]”.
La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de
actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia
T-192 de 15 de marzo de 20078, precisó que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil (CPC), lo que indica que la decisión de su expedición está
regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a
cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales
cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de petición 9.
Señaló la referida sentencia:
“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso
judicial, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia
Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de
documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de
las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que
tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada
a su entrega, por el carácter reservado de esos documentos.
Claro está que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 57 de 1985, las autoridades administrativas y judiciales
pueden obtener la información que requieran en desarrollo de
sus competencias, asumiendo la obligación de mantener la
8
Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
9
Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente María Elizabeth
García González.
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reserva de los documentos que lleguen a conocer en virtud de
esta prerrogativa.
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de
petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se
les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no
hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es
que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está
sometido -como también las partes y los intervinientes- a las
reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas
a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal
y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29
C.P.).”
Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo
el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración
pública, es decir, en la materia bajo análisis, las
establecidas en el Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).”
Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro
del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito,
etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas
por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la
actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y
al acceso de la administración de justicia, en la medida en
que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación
injustificada al interior del proceso judicial, la cual está
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proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts.
29 y 229). […]
Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias
en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del
C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que
las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión
de expedir las copias al estar regulada por el
ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas
en las cuales su resolución se contrae a la aplicación de
las normas propias de los actos de la administración.
Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada
que ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará
de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo
hubiere.”
Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de
copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia de la demandante […].”
(Negrillas fuera del texto original).
Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir
que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra
sometida al ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en el
artículo 114 del Código General del Proceso10 (CGP), antes artículo
115 del CPC.
10
“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se
podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia
de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o
de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será
de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto al derecho de petición ejercido ante
autoridades judiciales relacionada con la solicitud de copias del
expediente, pues como quedó visto, la expedición de tales
documentos corresponde a un trámite judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si las entidades
accionadas atendieron el requerimiento presentado por el actor.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa una petición de
3 de octubre de 2025 a través de la cual solicitó lo siguiente:
a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o
terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a
solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).
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Al respecto, la Sala observa que dentro del plenario no obra prueba
documental con la que se logre advertir, la constancia de radicación
física o por medio electrónicos que, acredite la presentación de la
petición o su eventual traslado por competencia al CONSEJO DE
ESTADO, a la PROCURADURÍA y la FISCALÍA.
En consecuencia, la Sala advierte que, como bien lo señaló el a quo
en el asunto no se evidencia ninguna vulneración de derecho
fundamental, por cuanto a pesar de que el actor fue requerido para
que aportara la constancia de radicación, este guardo silencio, por lo
tanto no hay lugar a considerar la responsabilidad de las entidades
accionadas, en la medida que no existe prueba siquiera sumaria que,
establezca algún tipo de acción u omisión que vulnere alguna
garantía constitucional.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el JUZGADO PENAL al
contestar la demanda11 informó que la solicitud presentada por el
actor relacionada con la expedición de copias del expediente penal,
fue atendida y comunicada a su apoderado el señor Wilmar Farid
Fierro Mesa, al correo electrónico wilmarpioneer@outlook.com en
11
Índice No. 10, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001031500020250676600
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025067
66001100103
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comunicación de 15 de mayo de 2025, tal y como se evidencia a
continuación:
Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta
a la petición, pues, el JUZGADO PENAL a través de su Secretaría la
contestó manifestándole las circunstancias que han impedido la
entrega de las copias deprecadas, además lo requirió y a su
apoderado allegar la documentación que conservaran en su poder a
fin se efectuar una búsqueda más amplia y eficaz del expediente, sin
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embargo, la parte interesada guardó silencio.
Por lo anterior, es importante precisar que el hecho de que la
contestación no haya sido favorable a las pretensiones de la misma
no significa que hubo una vulneración de derecho fundamental
alguno, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara, precisa, de
manera congruente y fue comunicada en debida forma a su
apoderado judicial.
En consecuencia, se modificará parcialmente la decisión del a quo en
lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante
autoridades judiciales relacionada con la solicitud de copias del
expediente y, en su lugar, se declarará improcedente el amparo
solicitado, en lo demás, se confirmará la decisión, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se
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DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta
a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades
judiciales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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