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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01 Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06766-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO
DEL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES
JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 25 de noviembre de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

El señor FERNANDO PLAZAS VICTORIA en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental

de petición, el cual estima vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO,

la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 y la PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN3, al no haber recibido una respuesta de

fondo, clara y concreta a la petición de 3 octubre de 2025, en la que

solicitó copia del proceso penal identificado con el número único de

radicación 2004-00076-00, que conoció el JUZGADO PRIMERO

PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

DE GUADALAJARA DE BUGA4.

I.2.- Hechos

Afirmó que a través de su apoderado judicial el 22 de enero de 2025,

solicitó al JUZGADO PENAL copia simple del expediente identificado

con el número único de radicación 2004-00076-00, adelantado en su

contra por el presunto delito de concusión, con el propósito de

interponer un recurso de revisión.

Relató que en respuesta a esa solicitud, el JUZGADO PENAL le

indicó que el expediente había desaparecido.

2
En adelante la Fiscalía.
3
En adelante la Procuraduría.
4
En adelante el Juzgado Penal.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

Mencionó que el 3 de octubre formuló derecho de petición ante el

CONSEJO DE ESTADO, mediante el cual solicitó la copia del

expediente penal aludido.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que ha transcurrido más de un mes desde que radicó la

solicitud, sin que se haya emitido una respuesta de fondo y sin que

se hubieren expedido las copias solicitadas.

Mencionó que “[…] la pérdida de un proceso judicial, como la

obstrucción de la justicia, puede acarrear consecuencias penales, la

Corte Constitucional, en varias sentencias, ha abordado temas

relacionados con el debido proceso y la protección de los derechos

fundamentales en el ámbito judicial, y ha establecido que la

alteración o pérdida de documentos judiciales podría constituir un

delito […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como

vulnerado y, en consecuencia:

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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

“[…] DENTRO DE MIS PRETENSIONES NO ES OTRA QUE DARLE
CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICION
ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA A
EFECTOS DE QUE ME DIERAN CONTESTACION LAS ENTIDADES
ACCIONADAS SIN QUE HASTA LA FECHA HAYA RECIBIDO
COMUNICACIÓN ALGUNA AL RESPECTO […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La PROCURADURÍA mencionó que al evaluar las solicitudes

presentadas ante ella, no encontró pruebas documentales que dieran

cuenta que el actor hubiera elevado algún derecho de petición, queja

o solicitud de intervención ante ese órgano de control disciplinario

sobre el asunto que ocupa la presente acción constitucional.

Resaltó que no es la entidad responsable de atender las pretensiones

objeto de tutela, además no existe acción u omisión por parte de ella

que hubiere afectado garantía constitucional invocada.

I.5.2.- La presidencia del CONSEJO DE ESTADO mencionó que de

acuerdo con la verificación efectuada en el Sistema de Gestión de

Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales del Consejo de

Estado (SIGOBIUS) y en los canales institucionales de radicación de

solicitudes PQRSDF de la Presidencia la Corporación, no evidenció

registro relacionado con la solicitud del demandante.

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Señaló que el documento aportado por el actor, carece de fecha y

constancia de recibido físico o electrónico que acredite su radicación

ante la Corporación o su eventual traslado por competencia desde

otra entidad.

Resaltó que la solicitud de amparo debe declararse improcedente, al

no evidenciarse imputación fáctica o jurídica que permita atribuir la

responsabilidad a la Corporación por acción u omisión en la presunta

vulneración alegada.

I.5.3.- La COMISIÓN NACIONAL resaltó que las pretensiones y el

relato de los hechos de la solicitud no son claros, en la medida que

el actor se limita a pedir la respuesta a un escrito por parte de las

tres entidades aquí accionadas, pero no comprende que es lo que

pretende respecto de ella.

Adujo que no ha incurrido por acción u omisión en la presunta

amenaza o vulneración del derecho invocado, por lo tanto solicitó

despachar de forma desfavorable las pretensiones.

I.5.4.- El JUZGADO PENAL hizo un recuento de las actuaciones

adelantadas dentro del proceso penal con relación a la expedición de

la copia del expediente y mencionó que, el actor por conducto de

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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

apoderado judicial en enero de 2025, elevó derecho de petición del

cual se le otorgó respuesta y se le precisó que luego de exhaustivas

búsquedas no fue posible localizar el proceso en el archivo físico.

Manifestó que el 15 de mayo de 2025, se le informó al apoderado del

actor que el expediente no se había localizado y lo conminó a remitir

las copias que obraran en su poder, a fin de establecer otros filtros

de búsqueda que permitieran su localización, pero a pesar de dicho

requerimiento los interesados guardaron silencio.

Arguyó que no ha vulnerado el derecho fundamental del actor, por el

contrario, indicó que se han atendido los requerimientos presentados

por el actor dentro del marco de las competencias y limitaciones

documentales propias del sistema judicial.

I.5.5.- La FISCALÍA, pese a ser notificada del presente trámite,

guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 25 de noviembre de

2025, denegó el amparo del derecho fundamental de petición, ya que

no se evidenció prueba o soporte documental que diera cuenta del

envío de la solicitud que le permitiera endilgar la responsabilidad

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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

respecto del CONSEJO DE ESTADO, la PROCURADURÍA y la

FISCALÍA, esto a pesar de haber requerido al actor para que

remitiera la constancia de radicación y recibido por parte de las

accionadas.

En ese sentido, consideró que “[…] se negará la acción de tutela

respecto de la petición presentada el 3 de octubre de 2025. Lo

anterior, al no existir una prueba que determine una circunstancia

que motivó la interposición del mecanismo de amparo constitucional

[…]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la decisión

de primera instancia no resolvió la petición de amparo, además

insiste que el Consejo de Estado tiene una copia del proceso penal

que se adelantó en su contra.

Mencionó que “[…] la apelación es toda vez que no estoy de acuerdo

con la decisión tomada por ustedes mediante el escrito de la

referencia, toda vez que solicite al concejo de estado copia de las

diligencias que adelantara el juzgado primero penal del circuito, toda

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vez que el proceso se perdió en dicho juzgado, y hasta la fecha no

han hecho ni lo más mínimo para volver a sacar copia […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo

de su derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por

el CONSEJO DE ESTADO, la FISCALÍA y la PROCURADURÍA, al

no haber recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la

petición de 3 octubre de 2025, en la que solicitó copia del proceso

penal identificado con el número único de radicación 2004-00076-

00, que conoció el JUZGADO PENAL.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de noviembre

de 2025, denegó la solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia manifestando su desacuerdo, pues, a

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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su juicio, la decisión de primera instancia no resolvió la petición de

amparo, además insiste que el Consejo de Estado tiene una copia del

proceso penal que se adelantó en su contra.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad

judicial accionada vulneró el derecho deprecado.

Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala

considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho

de petición ejercido ante autoridades judiciales.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido.

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De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la

obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue

cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de

que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí

resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20086, proferida

dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-00517-

00, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe
resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que
no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal
frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso)7, la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.

6
Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
7
Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.

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Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en
marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor
público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial
puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los
jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican
las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de
las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados
con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal, pues para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición
por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte
del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales
propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos

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mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales.”

(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO)”. [...]”.

La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de

actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia

T-192 de 15 de marzo de 20078, precisó que dicho trámite se

encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento

Civil (CPC), lo que indica que la decisión de su expedición está

regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a

cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales

cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de petición 9.

Señaló la referida sentencia:

“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso
judicial, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia

Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de
documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de
las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que
tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada
a su entrega, por el carácter reservado de esos documentos.
Claro está que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 57 de 1985, las autoridades administrativas y judiciales
pueden obtener la información que requieran en desarrollo de
sus competencias, asumiendo la obligación de mantener la

8
Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
9
Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente María Elizabeth
García González.

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reserva de los documentos que lleguen a conocer en virtud de
esta prerrogativa.

En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de
petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se
les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no
hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es
que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está
sometido -como también las partes y los intervinientes- a las
reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas
a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal
y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29
C.P.).”

Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo
el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración
pública, es decir, en la materia bajo análisis, las
establecidas en el Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).”

Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro
del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito,
etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas
por los respectivos ordenamientos procesales.

En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la
actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y
al acceso de la administración de justicia, en la medida en
que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación
injustificada al interior del proceso judicial, la cual está

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proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts.
29 y 229). […]

Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias
en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del
C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que
las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión
de expedir las copias al estar regulada por el
ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas
en las cuales su resolución se contrae a la aplicación de
las normas propias de los actos de la administración.

Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada
que ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará
de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo
hubiere.”

Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de
copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia de la demandante […].”
(Negrillas fuera del texto original).

Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir

que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra

sometida al ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en el

artículo 114 del Código General del Proceso10 (CGP), antes artículo

115 del CPC.

10
“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se
podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia
de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o
de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será
de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado respecto al derecho de petición ejercido ante

autoridades judiciales relacionada con la solicitud de copias del

expediente, pues como quedó visto, la expedición de tales

documentos corresponde a un trámite judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si las entidades

accionadas atendieron el requerimiento presentado por el actor.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa una petición de

3 de octubre de 2025 a través de la cual solicitó lo siguiente:

a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o
terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a
solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).

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Al respecto, la Sala observa que dentro del plenario no obra prueba

documental con la que se logre advertir, la constancia de radicación

física o por medio electrónicos que, acredite la presentación de la

petición o su eventual traslado por competencia al CONSEJO DE

ESTADO, a la PROCURADURÍA y la FISCALÍA.

En consecuencia, la Sala advierte que, como bien lo señaló el a quo

en el asunto no se evidencia ninguna vulneración de derecho

fundamental, por cuanto a pesar de que el actor fue requerido para

que aportara la constancia de radicación, este guardo silencio, por lo

tanto no hay lugar a considerar la responsabilidad de las entidades

accionadas, en la medida que no existe prueba siquiera sumaria que,

establezca algún tipo de acción u omisión que vulnere alguna

garantía constitucional.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el JUZGADO PENAL al

contestar la demanda11 informó que la solicitud presentada por el

actor relacionada con la expedición de copias del expediente penal,

fue atendida y comunicada a su apoderado el señor Wilmar Farid

Fierro Mesa, al correo electrónico wilmarpioneer@outlook.com en

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Índice No. 10, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001031500020250676600
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66001100103

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06766-01
Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

comunicación de 15 de mayo de 2025, tal y como se evidencia a

continuación:

Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta

a la petición, pues, el JUZGADO PENAL a través de su Secretaría la

contestó manifestándole las circunstancias que han impedido la

entrega de las copias deprecadas, además lo requirió y a su

apoderado allegar la documentación que conservaran en su poder a

fin se efectuar una búsqueda más amplia y eficaz del expediente, sin

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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

embargo, la parte interesada guardó silencio.

Por lo anterior, es importante precisar que el hecho de que la

contestación no haya sido favorable a las pretensiones de la misma

no significa que hubo una vulneración de derecho fundamental

alguno, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara, precisa, de

manera congruente y fue comunicada en debida forma a su

apoderado judicial.

En consecuencia, se modificará parcialmente la decisión del a quo en

lo que respecta a la vulneración del derecho de petición ejercido ante

autoridades judiciales relacionada con la solicitud de copias del

expediente y, en su lugar, se declarará improcedente el amparo

solicitado, en lo demás, se confirmará la decisión, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, se

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Actor: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que respecta

a la vulneración del derecho de petición ejercido ante autoridades

judiciales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: En lo demás CONFIRMAR la sentencia impugnada, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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