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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06769-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06769-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 24 Ibidem. 25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01 Accionante: José Wilson Correa Rincón Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06769-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: JOSÉ WILSON CORREA RINCÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Armada Nacional contra la sentencia de 25 de noviembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Wilson Correa Rincón solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 4 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
86001-33-33-001-2022-00295-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que prestó sus servicios como infante de marina profesional al servicio de
la Armada Nacional del Ministerio de Defensa.

2.2. Indicó que el 14 de septiembre de 2013 contrajo matrimonio civil y el 14 de julio de
2014 solicitó el reconocimiento del subsidio familiar, el cual le fue otorgado mediante
orden administrativa de personal 648 del 1° de septiembre de 2014, conforme al
artículo 1° del Decreto 1161 de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: José Wilson Correa Rincón

2.3. Refirió que el 19 de enero de 2016 solicitó el reconocimiento del subsidio familiar
por el nacimiento de su hija L.S.C.M.1, el cual le fue reconocido a través de la orden
administrativa 373 de 5 de mayo de 2016, conforme al Decreto 1161 de 2014.

2.4. Comentó que el 13 de septiembre de 2022 solicitó el reconocimiento, reajuste y
pago actualizado del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, petición que le fue negada por la Armada Nacional mediante Oficio
20220030780372621 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DIPER-
DIVNOM-1.10 de 16 de septiembre de 2022.

2.5. Manifestóque, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 86001-33-33-001-2022-00295-
00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negado
el reconocimiento, reliquidación y pago del subsidio familiar conforme al artículo 11
del Decreto 1794 de 2000.

2.6. Precisóque el asunto le fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa, autoridad judicial que, mediante providencia de 21 de marzo de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.7. Adujo que la decisión anterior fue objeto de recurso de apelación por la parte
demandada y mediante sentencia de 4 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Putumayo revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Expuso que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la igualdad y seguridad
social, al incurrir en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente.

2.9. Argumentó que el Tribunal “[...] desconoció el efecto ex tunc de la Sentencia de
Nulidad del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado, que revivió la plena vigencia
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para el periodo en que el accionante
consolidó su derecho objetivo (matrimonio: septiembre de 2013) y solicitó el
reconocimiento […]”.

2.10. Expuso que el Tribunal aplicó “[...] una norma inaplicable […]”, toda vez que, de
acuerdo con la sentencia de 8 de junio de 2017 antes citada, a su caso se le debía
aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto para la fecha en que
contrajo matrimonio -14 de septiembre de 2013- fue previa a la entrada en vigor del
Decreto 1161 de 2014.

2.11. Comentó que la decisión de segunda instancia “[…] se aparta […]” de “[…] la línea
jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso Administrativo […]” que ha reconocido el
subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 “[…] a aquellos soldados

1 No se publica el nombre de la menor de edad.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

profesionales que adquirieron su derecho en el interregno de vigencia revivida,
equiparando la situación del accionante a la de aquellos que se vieron afectados
directamente por el decreto nulo […]”.

2.12. Señaló que “[…] la autoridad debía analizar lo atinente a la situación concreta del
accionante desde la óptica de la norma sustancial; esto es que inicialmente no pudo
acceder al subsidio familiar consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para
el momento en el que se casó, esa norma había sido derogada. Sin embargo, con
ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos retroactivos, dicha situación
imponía verificar si en el periodo comprendido entre diciembre de 2009- fecha en la
que cambio de estado civil- y la expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014,
se debía reconocer y pagar tal prestación […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD del
señor JOSÉ WILSON CORREA RINCÓN, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. […] expedida en Los Patios.

SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
PUTUMAYO - SALA DE DECISIÓN que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una decisión de
reemplazo dentro del expediente N. ° 860013333001-2022-00295-01, en la que
establezca que el derecho del señor JOSÉ WILSON CORREA RINCÓN,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. […] expedida en Los Patios, al
subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

TERCERO: En su lugar, CONFIRMAR integralmente la Sentencia de Primera
Instancia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa, y en consecuencia;

ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
NACIONAL, que proceda al reconocimiento y pago del subsidio
familiar a favor del accionante, conforme a lo dispuesto en el Artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, por ser la norma aplicable al momento
de la consolidación del derecho, con los efectos fiscales que
legalmente correspondan […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 31 de octubre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Armada Nacional.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Putumayo informó que la decisión acusada sí
tuvo en cuenta la sentencia de 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos
ex tunc del Decreto 3770 de 2008 derogatorio del artículo 11 del Decreto 1790 de
2000, para concluir que “[…] en el caso del actor, aun cuando contrajo matrimonio
el 14 de septiembre de 2013, (cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba derogado),
la solicitud y el reconocimiento del subsidio familiar se produjeron en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, a través de las órdenes administrativas N° 0648 del 1 de
septiembre de 2014 y N° 0375 del 05 de mayo de 2016, consolidándose su situación
jurídica bajo ese ordenamiento. Además, que dichas decisiones administrativas no
fueron cuestionadas, lo propio era que las demandara oportunamente, como ello
no ocurrió, el Tribunal no podía analizar la legalidad de tales actos, por cuanto no
fueron objeto de controversia […]”.

5.2. Por lo anterior solicitó declarar improcedente la acción de amparo, dado que en
la decisión acusada no se configuran las causales genéricas de procedencia de la
acción constitucional, por cuanto la decisión no ha incurrido en los defectos
alegados por el accionante.

5.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional señaló que la presente
acción de tutela resulta ser improcedente, dado que el accionante pretende una
tercera instancia, aunado al hecho que no obran los presupuestos para el
reconocimiento de las pretensiones “[…] considerando la temporalidad, calidad del
accionante y la existencia de un precedente de unificación jurisprudencial, sobre
cada una de las referidas pretensiones […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 25 de noviembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del
accionante, dejó sin efectos la sentencia de 4 de septiembre de 2025 y ordenó a la
autoridad judicial accionada que en el término de 20 días profiriera una nueva
decisión de reemplazo.

7. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación al estudiar el
defecto sustantivo concluyó que, en el caso del accionante “[…] le asistía el derecho
a acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme con lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se demostró que contrajo
el vínculo matrimonial el 14 de septiembre de 2013 […]”.

8. A su vez aclaró que “[…] si bien la Armada Nacional reconoció y ordenó el pago
del subsidio familiar a favor del señor José Wilson Correa Rincón con fundamento

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, lo cierto es que ello
obedeció al vació jurídico que ocasionó el Decreto 3770 de 2009 y que el Decreto
1161 de 2014 pretendía subsanar. De este modo, resulta oportuno precisar que el
supuesto de hecho que permitía acudir al Decreto 1161 de 2014 desapareció con
ocasión de los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del 8 de junio de 2017
[…]”.

9. Consideró frente al argumento expuesto por el Tribunal según el cual “[…] la
situación jurídica del actor se consolidó con el reconocimiento que efectuó la
entidad demandada, a través de las órdenes administrativas núm. 0648 del 1 de
septiembre de 2014 y núm. 0375 del 5 de mayo de 2016 […]”, que no era posible
“[…] inferir que el escenario jurídico del actor […]” tuviera la condición de “[…]
inmodificable […]”, en razón a que la sentencia de 8 de mayo de 2017 no solo
restableció los efectos jurídicos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, “[…] sino
que se constituyó en un hecho adicional, que le permitió acudir nuevamente a la
administración para que se revisara su situación dado el nuevo panorama jurídico
[…]”.

10. Precisó que “[…] el derecho que les asiste a los soldados e infantes de marina
profesional de recibir el subsidio familiar no depende de la fecha en que se presenta
la petición ni de aquella en que la administración resuelve el requerimiento, sino del
momento en que, conforme al ordenamiento jurídico, se cumple con el supuesto de
hecho regulado. En este caso, es claro que el acontecimiento que originó el derecho
fue el matrimonio del demandante, que ocurrió el 14 de septiembre de 2013, por lo
tanto, dada la reviviscencia del Decreto 1794 de 2000, era necesario examinar la
reclamación del actor a partir del contenido de dicha norma […]”.

11. Comentó que la aplicación del Decreto 1161 de 2014 para el caso del accionante
“[…] desconoce el principio de favorabilidad porque limita la aplicación de una
norma que le es beneficiosa al actor, sino que además puede configurar un
desconocimiento del principio de no regresividad en materia laboral, lo cual, sea de
paso advertir, fue un aspecto que se analizó y sirvió de fundamento en la sentencia
del 8 de junio de 2017 proferida por esta corporación para declarar la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 […]”.

12. Por todo lo anterior, concluyó que el Tribunal Administrativo del Putumayo “[…]
incurrió en defecto sustantivo porque concluyó que la prestación pretendida por el
tutelante debía regirse por lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014,
sin tener en cuenta que el derecho reclamado por el demandante se configuró bajo
los efectos del Decreto 1794 de 2000, al haber contraído matrimonio el 14 de
septiembre de 2013 con la señora Mauren Karina Maduro González […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

13. La Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó revocar la decisión de 25 de noviembre de 2025, para en su lugar

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: José Wilson Correa Rincón

negar las pretensiones de la acción constitucional en razón a que en la sentencia
no se analizó “[…] lo relacionado frente al subsidio familiar como partida computable
de la pensión, pues debemos recordar que, es a partir de Decreto 1161 de 24 de
junio de 2014, que este concepto es incluido como partida computable, situación
que de haberse dado en el presente caso, debió ser revisada pues es claro que de
modificarse la norma frente al reconocimiento del subsidio familiar, tendría efectos
negativos al actor, como el ordenarse corregir la liquidación de su asignación de
retiro. Así mismo, no se tuvo en cuenta que a la fecha ya existen muchos fallos
judiciales ejecutoriados que, han negado esta pretensión bajo los mismos
argumentos del TRIBUNAL ADMINSITRATIVO (sic) DEL PUTUMAYO, situación
que genera inseguridad jurídica frente al tema […]”.

14. Señaló que el fallo de tutela de primera instancia no tuvo en cuenta que “[…] la
norma que deroga el decreto 1794/2000 fue el decreto 1161/2014, este último
analizado y aplicado al caso del actor, en efecto, no se trata de justificar la negativa
de las pretensiones en que el derecho ya fue reconocido, sino, en que este derecho
se reconoció con la norma vigente al momento de su reclamación […]”.

15. Argumentó que “[…] el análisis que debe efectuarse debe ser constitucional, bajo
la determinación de sí hay o no, una expectativa legitima (sic) entre el cambio
legislativo del decreto 1794/2000 y el decreto 1161/2014 y al no estar consagrado
un régimen de transición que permita dar claridad, no puede la entidad dejar de
aplicar la norma que correspondía, argumentos que no son violatorios de la
constitución y menos desconocedores del precedente […]”.

16. Indicó que el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 1795 de 2000 indica que
“[…] [p]ara los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá
reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de
conformidad con la reglamentación vigente […]”, y dado que el accionante
comunicó el cambio de su estado civil de soltero a casado solo hasta el 14 de julio
de 2014 “[…] la prestación se otorgó en vigencia del Decreto que intrínsicamente
(sic) entro (sic) a derogar el Decreto que ahora se pretense (sic) sea aplicado al
presente asunto […]”.

17. Finalmente señaló que “[…] no es acertada la afirmación frente a la aplicación
del decreto 1794/2000 como norma más favorable en el tema del subsidio familiar,
pues debo resaltar que, de inaplicar completamente el Decreto 1161/2014, es
necesario valorar las consecuencias de dicha inaplicabilidad, principalmente, que
ya no podría incluirse el subsidio familiar como factor de liquidación de la pensión
o asignación de retiro, y en este caso, al actor ya le fue incluido este concepto como
partida computable de su asignación de retiro […] de allí que bajo el principio de
favorabilidad no es viable acceder a las pretensiones […]”.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

18. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Problemas jurídicos

19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente judicial.

20. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

21. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector

Justicia y del Derecho”.
6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: José Wilson Correa Rincón

estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

22. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: José Wilson Correa Rincón

26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

28. El señor José Wilson Correa Rincón solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 4 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
86001-33-33-001-2022-00295-00/01.

29. El juez de primera instancia consideró que en el caso del accionante “[…] le asistía
el derecho a acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme con
lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se demostró
que contrajo el vínculo matrimonial el 14 de septiembre de 2013 […]”

30. Por lo anterior, amparó los derechos fundamentales solicitados por el accionante y
ordenó a la autoridad judicial accionada proferir una sentencia de reemplazo en la que
se aplicara para la resolución del problema jurídico del accionante “[…] los efectos
del Decreto 1794 de 2000 […]”.

31. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional solicitó revocar la
decisión de primera instancia y argumentó que “[…] el análisis que debe efectuarse
debe ser constitucional, bajo la determinación de sí hay o no, una expectativa
legitima (sic) entre el cambio legislativo del decreto 1794/2000 y el decreto
1161/2014 y al no estar consagrado un régimen de transición que permita dar
claridad, no puede la entidad dejar de aplicar la norma que correspondía,
argumentos que no son violatorios de la constitución y menos desconocedores del
precedente […]”.

32. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

33. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno

10

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

34. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

35. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

36. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

37. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

38. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales20.

39. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

40. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la igualdad y seguridad
social, al incurrir en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente.

41. Como argumento de los defectos alegados, señaló que el Tribunal “[...] desconoció
el efecto ex tunc de la Sentencia de Nulidad del 8 de junio de 2017 del Consejo de
Estado, que revivió la plena vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para el
periodo en que el accionante consolidó su derecho objetivo (matrimonio: septiembre
de 2013) y solicitó el reconocimiento […]”.

42. Indicó que el Tribunal aplicó “[...] una norma inaplicable […]”, toda vez que, de
acuerdo con la sentencia de 8 de junio de 2017 antes citada, al caso concreto se
debía aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto para la fecha en que
contrajo matrimonio – 14 de septiembre de 2013- fue antes de la entrada en vigor del
Decreto 1161 de 2014.

43. Comentó que la decisión de segunda instancia “[…] se aparta […]” de “[…] la línea
jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso Administrativo […]” que ha reconocido el
subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 “[…] a aquellos soldados
profesionales que adquirieron su derecho en el interregno de vigencia revivida,
equiparando la situación del accionante a la de aquellos que se vieron afectados
directamente por el decreto nulo […]”.

44. Expuso que “[…] la autoridad debía analizar lo atinente a la situación concreta del
accionante desde la óptica de la norma sustancial; esto es que inicialmente no pudo
acceder al subsidio familiar consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

el momento en el que se casó, esa norma había sido derogada. Sin embargo, con
ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos retroactivos, dicha situación
imponía verificar si en el periodo comprendido entre diciembre de 2009- fecha en la
que cambio de estado civil- y la expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014,
se debía reconocer y pagar tal prestación […]”.

45. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

46. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

47. Al respecto, como lo ha considerado la Sala en otras oportunidades 21, la parte
accionante no está exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que
el juez de segunda instancia en el proceso contencioso revocó la decisión del a quo
y negó las pretensiones de la demanda al considerar que los efectos ex tunc de la
sentencia de 8 de junio de 201722 no le eran aplicables a su caso en concreto.

48. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo del Putumayo en la
providencia cuestionada:

“[…] Como se señaló en párrafos anteriores, el juzgado de instancia, accedió
a las súplicas de la demanda, considerando que al haberse demostrado que,
el actor se casó el 14 de septiembre de 2013, es decir, en vigencia del Decreto
1794 de 2000, le asistía el reconocimiento del subsidio familiar, bajo los
términos de ese decreto, sobre todo cuando con la sentencia del 8 de junio de
2017 del Consejo de Estado, se declaró con efectos ex tunc, la nulidad total del
Decreto 3770 de 2009 "por el cual se derogó el Artículo 11 del Decreto 1794 de
2000”.

En oposición a lo expuesto, la entidad recurrente señaló que, conforme a las
pruebas que obran en el plenario, el reconocimiento del subsidio familiar como
su pedimiento, se hicieron en vigencia del Decreto 1161 de 2014, de ahí que al
momento de declararse la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex
tunc, dichos efectos no eran procedentes para el caso del actor, en tanto que,
ya obraba una situación jurídica consolidada.

21 Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente 11001031500020250177900 y
11001031500020250605101.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 11001032500020100006500.

14

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

Al respecto, el Tribunal ciertamente, observa que, una vez el demandante
realizó la reclamación del subsidio familiar, la entidad demandada reconoció la
prestación, aplicando el Decreto No. 1161 de 2014, comoquiera que, esa la
norma que para el momento se encontraba vigente dentro del ordenamiento
jurídico.

Del mismo modo, la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, derogatorio del artículo 11 del
Decreto 1790 de 2000, contemplando “(…) De acuerdo con lo dicho, la
declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió
las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos
normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue
subrogado por el Decreto 1161 de 2014 (…)”.

Se destaca que, aun cuando el demandante contrajo matrimonio el 14 de
septiembre de 2013, es decir, cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba
derogado; la solicitud y el reconocimiento del subsidio, como ya se anotó, se
hicieron bajo la égida del Decreto 1161 de 2014, a través de órdenes
administrativas N° 0648 del 1 de septiembre de 2014 y N° 0375 del 05 de mayo
de 2016, pues era el decreto que para ese entonces se encontraba vigente.

Las anteriores decisiones, a su vez, no fueron objeto de controversia por parte
del demandante, pese a que pudo hacerlo con las mismas razones que ahora
expone en la demanda; esto es, que el régimen jurídico aplicable era el vigente
para la fecha en que contrajo matrimonio.

Razón por la cual, tal y como lo señaló la entidad demandada, la situación
jurídica del demandante al encontrarse consolidada, no le eran extensivos los
efectos de la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos
ex tunc del Decreto 3770 de 2009.

En suma, no es procedente acceder al derecho reclamado, es decir, reconocer
y pagar al demandante el subsidio familiar, equivalente al 4% de su salario
básico mensual devengado en el servicio activo, más el porcentaje total de la
prima de antigüedad mensual que percibía en servicio activo, desde el 14 de
septiembre de 2013 (fecha en la cual contrajo matrimonio), de conformidad con
lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; dado que su situación
se definió y consolidó en vigencia del tantas veces aludido Decreto 1161 de
2014 […]”. [Subrayado fuera del texto].

49. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la autoridad contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

50. De hecho, lo que se aprecia es que el juez al realizar un análisis de las pruebas
obrantes en el expediente y al verificar que mediante las órdenes administrativas
0648 de 1 de septiembre de 2014 y 0375 del 05 de mayo de 2016, se había
consolidado la situación jurídica de reconocimiento del subsidio familiar del
accionante conforme al Decreto 1161 de 2014, concluyó que, “[…] no le eran

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Accionante: José Wilson Correa Rincón

extensivos los efectos de la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad
con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 […]”.

51. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.

52. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.

53. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado, para
en su lugar declarar improcedente la solicitud de amparo al no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06769-01
Accionante: José Wilson Correa Rincón

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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