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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06771-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06771-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal Administrativo de Magdalena y a la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación Magdalena. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por el señor Francisco Nieto Rodríguez por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06771-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

11 de diciembre de 2025

Demandante: Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06771-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06771-00
Demandante: FRANCISCO NIETO RODRIGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Tutela contra providencia judicial. – Declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Francisco Nieto Rodríguez1, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición.

El accionante consideró vulneradas las anteriores garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia proferida 16 de octubre de 2025 por la autoridad judicial

1 En SAMAI se indica que el accionante se llama Jorge Francisco Nieto Rodríguez, pero en la

tutela firma como Francisco Nieto Rodríguez
2 Tutela radicada a través del aplicativo «tutela en línea» el 27 de octubre de 2025 a la que se le

asignó el número 3273168.
Pero el accionante había presentado escrito de tutela ante los juzgados promiscuos municipales de
Fundación Magdalena el 23 de octubre de 2025 y se asignó al Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fundación Magdalena quién ordenó remitir la tutela a esta Corporación en auto del 24
de octubre de 2025 atendiendo a las reglas de reparto. El envió se hizo efectivo el 27 de octubre de
este año.
Índice 01 De acuerdo a Samai se hizo el reparto y radicación el 28 de octubre de 2025.

1
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Demandante: Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06771-00

accionada, en la que declaró improcedente el recurso de insistencia tramitado con
el radicado 47001-23-33-000- 2025-00268-00.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena: Garantizar mis derechos
fundamentales de petición y debido proceso. Revisar adecuadamente mi
recurso de insistencia y brindarme una respuesta completa y conforme a la ley.
. […]3.

Así mismo, solicitó como medida provisional: «(...) 3. Adoptar medidas provisionales
inmediatas, mientras se resuelve la tutela, que garanticen la protección de mis derechos
fundamentales y eviten perjuicio irreparable mientras se revisa el fondo del asunto.»

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos 4 que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 9 de febrero de 2025, el actor presentó una petición ante la E.S.E Hospital
Departamental San Rafael de Fundación (Magdalena), en la que solicitó la
siguiente información:

1. Copia de la relación de contratos de obras celebrados por el gerente actual.
2. Copia de los informes de interventoría de dichos contratos de obra.
3. Copia de la relación de contratos de suministros celebrados por el gerente actual.
4. Copia de los informes de interventoría de dichos contratos de suministros

El 5 de marzo de 2025, el gerente de la E.S.E dio respuesta a la solicitud e indicó:

Con respecto a los puntos 1 y 2 manifestamos que en vigencia de la actual
administración del Dr. Sergio Aragón no se ha celebrado contrato de obra alguno.

Con respecto a los puntos 3 y 4 señalamos que la información solicitada por el
peticionario es pública a través de las plataformas diseñada por el ordenamiento
jurídico (SECOP-SIAOBSERVA), para que cualquier persona interesada pueda
consultarla; en tal sentido, se insta al solicitante a que haga uso de la herramienta
brindada, donde con facilidad puede tener acceso a toda la información contractual
de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL y cualquier otra entidad
pública

De igual manera, le expuso los pasos para consultar la información, así:

3 Transcripción literal de la acción de tutela

4 Índice 02 y 17 Samai.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Con fundamento en los numerales mencionados, la entidad le pone en conocimiento
que, para obtener la información deseada, puede acudir a l las plataformas
alimentadas por esta administración en cumplimento de sus obligaciones legales
(SECOP SIA OBSERVA,), para que la ciudadanía sin restricción alguna tenga en
sus manos la información contractual derivada de su gestión.

Para consultar la información por ejemplo en la plataforma SIA OBERVA, tenga en
cuenta los siguientes pasos

A) Se ingresa a esta desde Google
B) Se da clic en continuar después de aceptar el mensaje informativo
C) Posteriormente se da clic en la opción ingresa como invitado
D) Luego en la parte superior izquierda se ingresa al enlace INFORME
CONTRATACION POR MUNICIPIO
E) Una vez allí ingresa los datos que piden los cuales son sencillos y pueden
consultar la información necesaria.

Así las cosas, en aplicación de los principios resaltado de publicidad de la
información y economía, los cuales se materializan en la efectividad y razón de ser
de las plataformas SECOP y SIA OBSERVA.

Por tal motivo se procederá a aportar un archivo Excel en el que encontrara el
número de contrato y un link en el que se encuentra colgada toda la información
correspondiente a los informes de supervisión.

-Del mismo modo se anexa un video explicativo de como ingresar a la plataforma
SECOP y descargar la información solicitada.

El 10 de octubre de 2025, el señor Francisco Nieto Rodríguez presentó recurso de
insistencia ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el cual indicó que, el
9 de febrero de 2025 solicitó a la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de
Fundación Magdalena, la entrega de información contractual de la entidad, la cual
no le fue suministrada. Situación, frente a la cual manifestó su inconformidad,
señaló que si bien la normatividad garantiza la publicidad de la documentación
requerida, ello no exonera a la entidad de entregar directamente la información
solicitada y no se le han suministrado las copias de interventorías solicitados.

Por su parte la ESE mencionada, dio respuesta al recurso de insistencia e informó
que durante la actual administración no se han celebrado contratos de obra, y que
los convenios de suministro se encuentran publicados y disponibles para consulta
pública en las plataformas oficiales SECOP I5, SECOP II6 y SIA OBSERVA7
conforme a las normas de transparencia activa de la Ley 1712 de 20148.

5 Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso,

desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades Estatales y
al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación
6 Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación, con cuentas

para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier tercero interesado en hacer
seguimiento a la contratación pública
7 Es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y

a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para
la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo

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Demandante: Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Así mismo, expuso que no se configuraban las causales de procedencia del
recurso de instancia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 26 de la Ley 1437 de
20119, puesto que la información solicitada no había sido negada y no se invocó
causal de reserva alguna.

El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante providencia del 16 de octubre
de 2025, declaró improcedente el recurso de insistencia presentado por el señor
Francisco Nieto Rodríguez en contra de la E.S.E. Hospital Departamental San
Rafael de Fundación.

Para el efecto, argumentó que, la entidad le indicó al solicitante que la información
contractual se encontraba publicada en la plataforma de SECOP y SIA OBSERVA
y le remitió los enlaces directos a dichos contenidos, los cuales se verificaron por
el tribunal y constató que se encontraban activos, funcionales y permitían el
acceso público a los documentos solicitados.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la E.S.E. Hospital Departamental
San Rafael de Fundación actuó conforme a la ley, al indicar al solicitante que la
información contractual requerida se encontraba publicada en las plataformas
oficiales, como el SECOP I, SECOP II y el SIA OBSERVA, que constituyen los
instrumentos legalmente previstos para la difusión, consulta y control ciudadano
de la gestión contractual estatal.

Así mismo, precisó que, al no haberse acreditado una negativa de información, ni
la existencia de una causal de reserva, no existía controversia jurídica que
ameritara un pronunciamiento de fondo, y por ello, consideró improcedente el
recurso de insistencia. Esta decisión fue notificada el 23 de octubre de 2025.

8 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia

9 ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o
de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá
en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre
cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la
cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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1.4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la
providencia acusada vulneró sus derechos fundamentales de petición, al no recibir
una respuesta adecuada y al decidirse la improcedencia del recurso sin un análisis
completo, y de debido proceso, al no garantizarle una revisión efectiva de su
solicitud.

Expuso que, interpuso una acción de tutela en la cual solicitó que se dejara si
efectos la decisión cuestionada, pero indicó que esta fue rechazada por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundación - Magdalena, por falta de
competencia.

Por esta razón, presentó una nueva solicitud de amparo en contra del tribunal
mencionado ante el Consejo de Estado, por ser este el órgano competente para
conocer del asunto.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante escrito del 23 de octubre de 2025, el señor Francisco Nieto Rodríguez
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena,
Despacho 01 y la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación como
autoridades accionadas, la cual correspondió para su conocimiento al Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal Fundación Magdalena con el número de radicación
47-288-40-89-002-2025-00941-00, que, mediante providencia del 24 de octubre de
2025 rechazó el mecanismo constitucional por falta de competencia y lo remitió al
Consejo de Estado, conforme al numeral 5 del Decreto 333 de 202110.

Mediante escrito del 27 siguiente, el accionante manifestó que presentaba una
nueva acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena porque
la anterior solicitud de amparo había sido rechazada por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal Fundación, Magdalena por falta de competencia.11

La magistrada ponente, en auto del 31 de octubre de 202512, admitió la acción de
tutela, ordenó la notificación13 al solicitante14 y a los Magistrados María Victoria
Quiñones Triana, Adonay Ferrari Padilla y Elsa Mireya Reyes Castellanos del
Tribunal Administrativo del Magdalena15, como autoridad judicial accionada.

10 Remitida el 27 de octubre de 2025 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Fundación

<j02pmpalfundacion@cendoj.ramajudicial.gov.co> al Consejo de Estado
<presidencia@consejodeestado.gov.co>
11 Tutela radicada a través del aplicativo «tutela en línea» el 27 de octubre de 2025 a la que se le

asignó el número 3273168 y remitida al Consejo de Estado al correo de la Secretaría General
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>
12 Índice 04 Samai
13 Índice 07 Samai
14 Notificación al correo electrónico tachinieto@hotmail.com
15 Notificación al correo electrónico stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Así mismo, negó la medida provisional solicitada por la parte actora, al considerar
que no se encontraban acreditados los presupuestos para su decreto, al no
advertirse la consumación de un daño o una afectación cierta a los derechos
fundamentales que se invocan, como tampoco una situación urgente y de riesgo,
máxime si se tiene en consideración que la providencia enjuiciada está amparada
en los principios de cosa juzgada y autonomía e independencia judicial.

De igual manera, se ordenó vincular en calidad de tercero con interés jurídico
legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, a la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación
Magdalena16 [entidad que negó la información].

También, se ordenó publicar en el sitio web17 de la Corporación informando sobre
la existencia del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1 Tribunal Administrativo del Magdalena18

La Magistrada ponente de la providencia acusada manifestó que las actuaciones
impartidas por esa Corporación no vislumbran la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, más bien, observa una inconformidad
con la decisión adoptada. Finalmente, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional.

1.6.2. E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación Magdalena 19

El gerente manifestó que esa entidad no dictó el auto presuntamente vulnerador
de los derechos del señor Nieto Rodríguez, precisó que la decisión que motiva la
acción de tutela proviene del Tribunal Administrativo del Magdalena, autoridad
judicial con plena autonomía e independencia.

En consecuencia, indicó que carece de legitimación en la causa por activa, al no
haber expedido, tramitado ni intervenido la providencia que el accionante
controvierte.

Igualmente, solicitó que se niegue el amparo solicitado por improcedente.

16 Notificación a los correos electrónicos juridica@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co
https://hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co.
17 Índice 08 Samai -Aviso a la comunidad.
18 Índice 10 Samai.
19 Índice 018 Samai.

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Adicionalmente, expuso que el tutelante ha incurrido en un uso indebido y
temerario del mecanismo constitucional, lo cual se desprende de las múltiples
tutelas que ha interpuesto con idénticos hechos, partes y pretensiones, situación
que ya fue advertida en dos oportunidades por la jurisdicción.

Indicó que, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundación, Magdalena
declaró la improcedencia de la acción de tutela por presentarse identidad de
objeto, causa petendi y partes conforme a los criterios fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias T-1104 de 2008 y T-001 de 2016, en las cuales
se advierte que la reiteración injustificada de tutelas constituye una actuación
contraria al principio de buena fe y un abuso del derecho.

Indicó que aportó copia de los fallos del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Fundación – Magdalena del 21 de febrero de 2025 y 24 de octubre de 2025,
donde se advierte la temeridad del accionante. Sin embargo, revisado el
expediente estos documentos no fueron anexados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Francisco Nieto Rodríguez, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

El Tribunal Administrativo de Magdalena y la E.S.E. Hospital Departamental San
Rafael de Fundación Magdalena solicitaron su desvinculación en el presente
trámite de tutela.
Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que sus vinculaciones se dieron
una como autoridad judicial accionada, y la otra en calidad de tercero con interés
jurídico legítimo, respectivamente. Por esa razón, se considera pertinente que
ejerzan su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, las intervenciones presentadas, los
medios de prueba arrimados al proceso, corresponde a la Sala resolver los
siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?

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Demandante: Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06771-00

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

 ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición invocados por el señor
Francisco Nieto Rodríguez dentro del trámite del recurso de insistencia
identificado con radicado número 47001-23-33-000-2025-00268-00, al
proferir la providencia del 16 de octubre de 2025?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i)
aspectos generales sobre la temeridad (ii) el criterio de la Sección sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, (iii) los
requisitos generales de procedibilidad, y, (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Aspectos generales sobre la temeridad

El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en el
artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará
su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).

Al respecto, la Corte Constitucional argumentó los elementos que debían
analizarse para la posible configuración de la temeridad:

Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una
triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados
como excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con
lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con
la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas
partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud20.

20 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.

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De esta manera, se concluye que el juez constitucional deberá analizar si existe
una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de manera
simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción
de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.

2.4.1. Análisis del fenómeno de la temeridad en el caso concreto

En el presente asunto, el señor Francisco Nieto Rodríguez radicó una acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena alegando la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición con ocasión del auto
proferido por dicha autoridad judicial el 16 de octubre de 2025, que declaró
improcedente el recurso de insistencia incoado por el actor.

Al respecto se advierte que, si bien el accionante presentó la misma tutela dos
veces; una ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Fundación
Magdalena21 y la otra en esta Corporación, lo cierto es que, el mismo tutelante
puso de presente esta situación e indicó que el motivo de ello fue que la primera
acción se rechazó por parte del referido juzgado, por falta de competencia.

Es pertinente precisar que la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de
Fundación Magdalena indicó que aportó copias de los fallos del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Fundación – Magdalena del 21 de febrero de 2025 y 24
de octubre de 2025, donde se advierte la temeridad del accionante.

Sin embargo, revisado el expediente estos documentos no fueron anexados, pero
se pudo verificar que la providencia del 24 de octubre de 2025 hace referencia al
auto que se profirió dentro del radicado 47288-40-89-002-2025-00941-00 declaró
la falta de competencia de esa autoridad judicial para conocer del asunto y ordenó
la remisión de la tutela al Consejo de Estado22.

En ese sentido, se expondrán a continuación los procesos de tutela presentados
por la parte actora alegando vulneración de sus derechos fundamentales con

21 A esta acción se le asignó el radicado 47-288-40-89-002-2025-00941-00 y fue rechazada con

auto del 24 de octubre de 2025 por competencia ordenando la remisión del asunto al Consejo de
Estado.
22 La providencia cuestionada es del 16 de octubre de 2025, razón por la cual no puede versar

pronunciamiento alguno en su contra de fecha del 21 de febrero de 2025.

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Demandante: Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06771-00

ocasión a la providencia acusada del 16 de octubre de 2025 que declaró
improcedente el recurso de insistencia, previo a adoptar cualquier otro tipo de
determinación:

Presupuesto Expediente Expediente

Juzgado Segundo Promiscuo Consejo de Estado – Sección Quinta –
Municipal Fundación Magdalena Despacho Doctora Gloria María
Gómez Montoya
47288-40-89-002-2025-00941-00
11001-03-15-000-2025-06771-00

Accionante: JORGE FRANCISCO Accionante: JORGE FRANCISCO
NIETO RODRIGUEZ NIETO RODRIGUEZ
ACCIONADOS ACCIONADOS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA- DESPACHO 01 Y LA MAGDALENA
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
Identidad de partes SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN Auto admisorio:

Accionado: Tribunal Administrativo del
Magdalena
ESTA TUTELA SE REMITIÓ POR
FALTA DE COMPETENCIA AL Vinculado: E.S.E. Hospital
CONSEJO DE ESTADO23 Departamental San Rafael de Fundación
Magdalena

1. Que se declare vulnerado mi derecho 1. Admitir y conocer esta acción de tutela
fundamental de petición, acceso a la en primera instancia.
información pública y debido proceso. 2. Ordenar al Tribunal Administrativo del
2. Que se deje sin efectos el auto Magdalena: o Garantizar mis derechos
proferido por el Tribunal Administrativo fundamentales de petición y debido
del Magdalena – Despacho 01 dentro del proceso. o Revisar adecuadamente mi
radicado 47001233300020250026800, recurso de insistencia y brindarme una
que declaró improcedente mi recurso de respuesta completa y conforme a la ley.
Identidad de causa insistencia. 3. Adoptar medidas provisionales
3. Que se ordene al Hospital San Rafael inmediatas, mientras se resuelve la
de Fundación entregar de manera tutela, que garanticen la protección de
completa, veraz y verificable toda la mis derechos fundamentales y eviten
información solicitada en mi petición perjuicio irreparable mientras se revisa el
original. fondo del asunto.
4. Que se advierta al Hospital San Rafael 4. Cualquier otra medida que estime
sobre su deber de garantizar la pertinente para la protección efectiva de
transparencia administrativa y el acceso mis derechos fundamentales.
efectivo a la información pública.
Auto que decidió recurso de insistencia Auto que decidió recurso de insistencia
Identidad de objeto dentro del trámite dentro del trámite
47001233300020250026800 47001233300020250026800

Advierte la Sala que, revisado el aplicativo de Samai, se observa que, si bien es
cierto los escritos de tutela presentados por el accionante el 23 y 27 de octubre de
2025, posteriormente fueron radicados el 28 siguiente en el Consejo de Estado
bajo el radicado de la referencia para impartírsele el trámite constitucional
correspondiente, cabe precisar que no se configuraba la temeridad alegada,
puesto que, si bien presenta identidad de partes y de objeto, no se puede predicar

23 Revisado Samai se pudo constatar que en el Consejo de Estado únicamente aparece radicada la

acción de tutela instaurada por el accionante Francisco Nieto Rodríguez en contra de la
providencia del 16 de octubre de 2025 con el radicado de la referencia. El escrito del 23 de octubre
de 2025 fue aportado como anexo al escrito de tutela del 27 siguiente. La cual actualmente cursa
con el radicado de la tutela de la referencia.

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mala fe del accionante.

Destaca la Sala que las acciones de tutela fueron iniciadas de manera directa por
el señor Francisco Nieto Rodríguez, quien no manifestó ser abogado y expuso
que la primera solicitud de amparo fue rechazada por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Fundación por falta de competencia, y por esa razón,
radico una nueva ante el Consejo de Estado órgano competente para conocer el
asunto, de manera que no se encuentra probada la mala fe en sus actuaciones,
razón suficiente para concluir que no existe temeridad.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201224,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema25.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales26.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 27, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200528, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia29 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
25 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
26 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
28 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.

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distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la presente
acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no cumple
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202230.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino

30 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad […].

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal31
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico32; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional33.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal34”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales35”.

31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-103 de 2022.
34 Sentencia SU-103 de 2022.
35 Sentencia SU-128 de 2021.

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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto36, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de
los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal37. (Resaltado
de la Sala)

2.6.2 En cuanto a la falta de relevancia constitucional en el caso concreto.

Conforme a lo anterior, es evidente para la Sala que la parte accionante, con la
solicitud de amparo, pretende reabrir la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el trámite del recurso de insistencia, al declararlo
improcedente, siendo contraria a sus intereses.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en la providencia cuestionada, expuso
de manera breve y concreta que consideró declarar la improcedencia del recurso
de insistencia presentado por el señor Francisco Nieto Rodríguez en contra de la
E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación, porque la entidad de
salud mencionada actuó conforme a la ley, al indicar al solicitante que la
información contractual requerida se encontraba publicada y disponible en las
plataformas oficiales, como el SECOP I, SECOP II y el SIA OBSERVA, y no se
acreditó una negativa frente a la solicitud de información, ni la existencia de una
causal de reserva para no entregarla. Lo anterior, como se extrae de los siguientes
fragmentos:

36. Analizado el recurso de insistencia puesto en conocimiento de este colegiado,
se concluye que debe declararse improcedente, en atención a que, en el presente
caso no se evidencia una negativa injustificada ni la invocación de causal de reserva
legal que habilite la procedencia de este. Por el contrario, la entidad cumplió con su
deber de publicar, orientar y garantizar el acceso a la información solicitada,
conforme a los principios de publicidad, transparencia y economía. Además, la
entidad no sólo indicó al solicitante que la información contractual se encontraba en
el SECOP y en el SIA OBSERVA, sino que también remitió enlaces directos a
dichos contenidos.

37. De igual forma, esta corporación verificó directamente los enlaces remitidos por
la entidad y constató que estos se encuentran activos, funcionales y permiten el
acceso público a los documentos solicitados, corroborando así que la información se
encuentra a disposición de cualquier ciudadano de manera directa y permanente.

38. Es por esto que, la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación
actuó conforme a la ley, al indicar al solicitante que la información contractual
requerida se encuentra publicada y disponible en las plataformas oficiales, como el

36 Sentencia SU-573 de 2019.
37 Ib.

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SECOP I, SECOP II y el SIA OBSERVA, que constituyen los instrumentos
legalmente previstos para la difusión, consulta y control ciudadano de la gestión
contractual estatal, garantizando así el acceso público a la información estatal.

39. Así las cosas, al no haberse acreditado una negativa de información ni la
existencia de una causal de reserva, y verificado que la información se encuentra
disponible en medios electrónicos oficiales y accesibles al público, no existe
controversia jurídica que amerite pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la sala
considera que el recurso de insistencia interpuesto deviene improcedente, en
atención al cumplimiento normativo y fáctico de la obligación de publicidad por parte
de la entidad. […]

Se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y,
sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva
que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia
constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial de amparo
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Conforme quedó consignado en el acápite de fundamentos del amparo, el
accionante no precisó cuál o cuáles yerros endilga a la providencia judicial,
siguiendo los derroteros fijados por la Corte Constitucional en C-590 de 2005 y
SU-215 de 2022, por lo que no cuenta con la carga argumentativa mínima que
justifique el estudio por parte del juez constitucional.

Ahora, estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse a priori la presunta
vulneración de los derechos fundamentales mencionados como conculcados por
el actor, resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a
proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones
encaminadas a restablecer las mismas.

La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para
atacar o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria38.

Para la Sala, la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Nieto Rodríguez
no cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la
medida que, si bien el tutelante enunció la transgresión de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de petición, sus argumentos, como se indicó
anteriormente, pretenden reabrir la discusión que ya fue objeto de decisión por el
la autoridad judicial natural dentro del trámite del recurso de insistencia. Así, no le

38 Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador:

José Fernando Reyes Cuartas.

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corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala declarar improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III.FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Magdalena y a la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de
Fundación Magdalena.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor Francisco Nieto Rodríguez por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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