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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06772-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06772-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Torres Mejía en contra del Consejo de Estado-Sección 31 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 32 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 18 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06772-00 Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro Quinta, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06772-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

12 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06772-00
Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06772-00
Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Torres Mejía
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Wilson Ruiz Orejuela y William Iván
Torres Mejía en contra del Consejo de Estado-Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Mejía Torres, en nombre propio, formularon acción
de tutela mediante el cual solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la participación política y de acceso a la administración de
justicia1, que consideraron vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta, con
ocasión del fallo de única instancia del 16 de octubre de 2025, que negó las pretensiones
de la demanda, dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado
número 11001-03-28-000-2025-00052-00.

2. Hechos

La causa petendi del escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 5 de marzo de 2025 en sesión del Congreso de la República fue aceptada la
renuncia del señor César Augusto Lorduy, como miembro del Consejo Nacional Electoral.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la República profirió la Resolución
004 del 11 de marzo de 2025 “POR LA CUAL SE ESTABLECE UN CRONOGRAMA DE
CONVOCATORIA PARA PROVEER UNA VACANCIA DEFINITIVA POR RENUNCIA

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 18186B424CE2E522 E33A20A40CFA0EC0 10376607047D3524
0798F3487F3DBEC3.

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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

IRREVOCABLE DE MAGISTRADO EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL”2, la
cual fue modificada por la Resolución 005 del 28 de marzo de 2025.

2.3. El 8 de abril de 2025, en sesión del Congreso Pleno, fue elegido el ciudadano Álvaro
Echeverry Londoño, como miembro del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE)
con 205 votos, de acuerdo con la convocatoria y procedimiento determinado en las
resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo de 2025.

2.4. Por lo expuesto, los señores Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Mejía Torres
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral con el fin de
que se declarara la nulidad del acto de elección del señor Álvaro Echeverry Londoño
como miembro del CNE, así como de las resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo
de 2025, respectivamente.

Los allí demandantes indicaron que había un vacío legal respecto al procedimiento para
la elección del miembro del Consejo Nacional Electoral, por cuanto no existían reglas
claras para este fin, en esa medida, consideraron que al partido Centro Democrático se
le vulneró el debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido, por no haberle permitido
ejercer su derecho de postulación, toda vez que la convocatoria se circunscribió a los
partidos o movimientos por los cuales el señor Lorduy presentó su candidatura, como se
desprendía del artículo 1 de la citada resolución, que disponía:

“Establecer el cronograma con el fin de suplir vacancia definitiva presentada en el
Consejo Nacional Electoral, y Convocar a los Partidos o Movimientos Políticos con
personería jurídica o por coaliciones entre ellos, los cuales participaron en la
postulación por medio del cual se eligió al magistrado César Augusto Lorduy
Maldonado, para que postulen sus candidatos a proveer el cargo de Magistrado del
Consejo Nacional Electoral”3.

En virtud de la norma trascrita, estimaron que solo se facultó para postular candidatos a
los partidos que conformaron la coalición por la cual presentó su candidatura el señor
Lorduy Maldonado, esto es: Movimiento Colombia Humana, Alianza Democrática Amplia,
Movimiento Alternativo Indígena (MAIS), Partido Polo Democrático, Unión Patriótica,
Liga, MIRA, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Demócrata Colombiano,
Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Unión por la Gente (U), Cambio Radical,
Alianza Verde, Partido Comunes, Alianza Social e Independiente (ASI).

Indicaron que la citada resolución fue remitida al partido Centro Democrático al correo
info@centrodemocratico.com, con el texto “me permito notificar el cronograma para
proveer una vacancia definitiva por renuncia irrevocable de magistrado en el Consejo
Nacional Electoral”4, sin embargo, aducen que la colectividad no autorizó la notificación
al referido correo por lo que la misma no fue realizada en debida forma.

2 Índice 00026 del expediente digital de nulidad electoral radicado 11001-03-28-000-2025-00052-00, certificado
4F84857F2BE8E9E7 596019CE072A8224 ACF300564B0473C3 637DF1F725111523.
3 Ibid.
4 Ibid.

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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

Por lo tanto, los demandantes formularon de manda de nulidad electoral, al considerar
que los actos cuestionados incurrieron en las causales de nulidad de i) infracción a norma
superior, ii) falsa motivación, iii) indebida notificación de la Resolución 004 de 11 de marzo
de 2025.

2.5. El asunto le correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado bajo
el radicado número 11001-03-28-000-2025-00052-00, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 16 de octubre de 20255 negó las pretensiones de la demanda y concluyó
que:

“✓ El vacío normativo relacionado con la forma de llenar las vacantes definitivas de
los miembros del Consejo Nacional Electoral se suple acudiendo a la Ley 5.ª de 1992,
artículos 21, 22 y 136, que regula la elección de los «De los funcionarios elegidos por
el congreso».

✓ Si bien se demostró que la convocatoria para elegir el reemplazo de Cesar Augusto
Lorduy Maldonado fue irregular pues se limitó a invitar a los partidos que en su
momento lo postularon, esta situación no tuvo la incidencia suficiente para afectar la
legalidad de la elección de Álvaro Echeverry Londoño, pues no se materializado la
alegada vulneración de los derechos del Centro Democrático.

✓ Los actos demandados no incurren en falsa motivación y fueron debidamente
notificados y publicados”6.

Frente a la anterior decisión los magistrados Gloria María Gómez Montoya y Omar
Joaquín Barreto Suarez presentaron salvamento de voto.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la participación política y de acceso a la administración
de justicia. En consecuencia, pidió:

“2. Que se declare la nulidad de la sentencia del 16/10/2025 (Rad. 11001-03-28-000-
2025-00052 00) por violación directa a la Constitución.

3. Que se declare la Nulidad de la Elección del Magistrado Álvaro Echeverry Londoño
por violación directa de la Constitución y falsa motivación.
4. Subsidiariamente, que se dejen sin efectos la sentencia de 16/10/2025 (Rad.
11001-03-28 000-2025-00052-00) y se ordene emitir nueva decisión respetando la
sub-regla del art. 264 C.P. (convocatoria amplia) y absteniéndose de aplicar un test
de “incidencia” incompatible con la naturaleza del vicio”7.

5 Como da cuenta el informe secretarial del 10 de octubre de 2025 del expediente 11001-03-28-000-2025-00052-00,

la ponencia sometida a consideración de la Sala no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, por tanto, el
expediente cambió de magistrado sustanciador. En consecuencia, se nombró un conjuez para proferir la ponencia de
mayorías.
6 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F45238459111ADF7 A6EF162BE6E1F42D 129FB7EE2B6EEE7E

8733F8C8C0DA7816.
7 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 18186B424CE2E522 E33A20A40CFA0EC0 10376607047D3524

0798F3487F3DBEC3.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

Como fundamento a sus pretensiones adujo que el “defecto sustantivo en el incurre la
sección quinta del Honorable Consejo de Estado es tan evidente que dos de sus
magistrados titulares salvaron voto en la decisión adoptada, pues claramente se
evidencia en la sentencia impugnada como la misma sección reconoce una vulneración
a la carta magna. Luego no resulta admisible desde ninguna óptica constitucional, que
reconocida la vulneración al orden constitucional se pretenda modular sus efectos, en
contravía del mismo artículo 4 superior, contra cuyo parámetro no existe otro criterio de
medición y el mismo se torna absoluto. Es decir, si viola la constitución es de base
inconstitucional. No necesita otro criterio de validación porque es la norma de normas la
que lo está evaluando, en ese sentido, pretender relativizar el alcance de la norma
constitucional, viola de facto el debido proceso”8.

Adicionalmente, indicó que se vulneró su derecho de acceso a la administración de
justicia “al desconocerse el precedente aplicable y aplicarse un test de “incidencia”
incompatible con la naturaleza objetiva del control de legalidad electoral”9.

Citó los argumentos expuestos por los magistrados en sus votos disidentes y explicó que
a partir de estos “y la jurisprudencia disponible en materia de defectos sustantivos, así
como de cada uno de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, se colige
una evidente vía de hecho judicial, que transgrede los fundamentos del Estado
Constitucional de Derecho”10.

Sostuvo que el caso en estudio tenía relevancia constitucional porque se pone de
presente un vacío normativo de orden legal, que ha merecido incluso el exhorto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil, respecto del procedimiento que debe seguirse para
efectos de proveer una vacante definitiva al interior del Consejo Nacional Electoral – CNE.
Indicó que la falta de claridad normativa y la omisión legislativa relativa, que era notoria
en el caso en estudio, ha conducido a interpretaciones abiertamente irrazonables, entre
ellas la que conllevó al nombramiento de un conjuez, pues dos de los cuatro magistrados
que conformaban la sala, llegaron a considerar viable la relativización de las cláusulas
constitucionales.

Afirmó que los argumentos de soporte del fallo resultaban ser tan creativos que incluso
rayaban con el absurdo, pues no resultaba lógico insinuar que una nulidad derivada de
una violación directa de la Constitución podía sanearse con una reclamación ante la
entidad que comete la infracción.

Puso de presente que, antes de la radicación del medio de control de nulidad electoral,
habían interpuesto una acción de tutela, en procura de defender y evitar la vulneración
de la colectividad del Centro Democrático, sin embargo, esta había sido negada. Por
consiguiente, manifestó que era falso que no se hubieran ejercido acciones tendientes a
proteger su derecho de postulación.

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.

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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 29 de octubre de 202511 admitió la
acción de tutela; vinculó como terceros con interés al señor Álvaro Echeverry Londoño,
al Consejo Nacional Electoral, al Congreso de la República y al señor Jhoan Suárez.;
además, pidió a la autoridad judicial accionada que aportara el expediente de nulidad
electoral; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Congreso de la República12 solicitó su desvinculación de la acción constitucional,
en razón a que se configuró una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Puso de presente que el accionante cuestiona una decisión emitida por una autoridad
judicial, cuyas funciones son ajenas a las competencias de la entidad. Por ello consideró
que no era responsable de proteger los derechos señalados por el accionante, toda vez
que no fungió como juez natural dentro del proceso administrativo en el que se profirió la
providencia censurada.

4.2. El Consejo de Estado-Sección Quinta13 aportó copia digital del expediente
ordinario y solicitó declarar la improcedencia de la acción en la medida en que no superó
el requisito de relevancia constitucional o en su defecto que se nieguen las pretensiones
de amparo, toda vez que no se advierte la configuración del yerro señalado por la parte
tutelante y, en consecuencia, no existe la alegada vulneración de sus derechos
fundamentales, en los términos indicados.

Indicó que la solicitud de amparo no superaba el requisito de relevancia constitucional,
en tanto los reparos propuestos por la parte actora se fundamentaron en la postura
disidente de dos magistrados que salvaron su voto. Aunado a que ponen en tela de juicio
los argumentos que llevaron a que la mayoría de la Sala decidiera no anular la elección
demandada, lo que deja ver que, realmente, acuden a este mecanismo constitucional
como instancia adicional y con la única finalidad de cuestionar el fallo y no de propender
por la defensa de sus garantías constitucionales.

Señaló que a pesar de que se alegó la configuración de un defecto sustantivo, lo cierto
era que su único reproche recaía en que se impidió el derecho a la participación política
de aquellos partidos que contaban con personería jurídica y no fueron convocados, lo
cual fue objeto de estudio y decisión en la providencia que se pretende tutelar, sin dar
cuenta de las razones por las cuales ese yerro podría concretarse.

11 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 7F8A765ED54DCD99 87BF0AAD392F51EF FA039FF52213CDAD

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12 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado C4B7D27A5DF4B216 EF0E14B1ECD821E2 DA12706474624427

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13 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 135723EEF2B2F661 76ECD442C1DE81E9 27E1C236B7EE2A9C

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Adicionalmente, explicó que no podía concluirse que la tutela era relevante
constitucionalmente por el hecho que los accionantes pusieran de presente un vacío
normativo y porque sus argumentos fueron expuestos ante el juez natural, pues esto
conduciría a que se pretenda utilizar la acción de tutela como una instancia adicional.
Además, resaltó que fue la Sala la que demostró la existencia del vacío normativo
relacionado con la forma de suplir las vacantes definitivas de los miembros del CNE,
razón por la que, debió acudirse al contenido de los artículos 21, 22 y 136 del Reglamento
del Congreso de la República.

Destacó que, si bien era cierto que existía una falta de regulación en el caso decidido,
también lo es que este aspecto fue debatido y definido en el cuestionado fallo, sin que
resulte procedente acudir a este mismo argumento, en sede de tutela, porque dichos
supuestos no demuestran la vulneración de derechos fundamentales, sino la
inconformidad de los accionantes con la decisión desfavorable.

Finalmente, advirtió que los accionantes afirmaron que se pasó por alto el precedente
aplicable, no obstante, omitieron identificar la providencia en la que fundaban el cargo y
la forma en que resultó desconocida, pues simplemente se limitan a cuestionar la decisión
tutelada con base, exclusivamente, en algunos apartes de los salvamentos de voto, pero
sin desarrollar el vicio alegado, lo cual resulta suficiente para despacharlo de manera
negativa.

4.3. Álvaro Echeverry Londoño14 se opuso a las pretensiones de amparo y solicitó
declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

Puso de presente que el escrito carecía de carga argumentativa para acreditar la
vulneración de algún derecho fundamental. Advirtió que a pesar de que los convocantes
esbozaron la existencia de un defecto sustantivo, derivado del desconocimiento del
procedimiento para postular candidatos al CNE, lo cierto es que de modo alguno
explicaron cómo se vulneró el debido proceso, pues ninguno alegó haber intentado ser
candidato de ese cuerpo electoral.

Al margen de lo anterior, señaló que la discusión sobre el procedimiento seguido para la
elección del magistrado del CNE no constituía, por sí misma, una vulneración de las
garantías constitucionales. Esto se mantiene incluso en el supuesto de que se
considerara desconocido el marco legal aplicable. Lo anterior, porque el éxito de la acción
de tutela no depende únicamente de demostrar que el Congreso restringió el derecho de
postulación del Centro Democrático, sino de acreditar que dicha situación, de ser cierta,
comportó la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Destacó que los derechos fundamentales cuya presunta vulneración puede dar lugar al
amparo de tutela deben tener como titular al propio accionante, y no a terceros, salvo que

14 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 5A938D0B6E5C92FD 4F2715DBBAA39F85 689A5C2E41B91311

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se actúe en calidad de agente oficioso. Sin embargo, dicha calidad no fue invocada por
los actores, ni en el proceso electoral ni en esta acción constitucional.

Sostuvo que el planteamiento de los hechos de los actores fue precario pues se limitaron
a mencionar la realización de la elección del magistrado del CNE por parte del Congreso
de la República; que la sentencia reconoció que la reglamentación del Congreso
estableció una restricción ilegal de los partidos que no participaron en la elección del
magistrado que generó la vacante absoluta, pero que ello no implicó restricción real al
partido Centro Democrático, quien se abstuvo voluntariamente de hacerlo; y que la
decisión tuvo dos salvamentos de voto. Sin embargo, indicó que la parte actora omitió la
existencia de una muy importante aclaración de voto.

4.4. Los demás sujetos procesales, guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados
en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Wilson
Ruiz Orejuela y William Iván Torres Mejía son los titulares de las garantías
constitucionales que afirman fueron vulneradas en su condición de demandantes dentro
del medio de control de nulidad electoral, con radicado núm. 11001-03-28-000-2025-
00052-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo
de Estado-Sección Quinta fue la autoridad que profirió la sentencia del 16 de octubre de
2025, que puso fin al proceso de nulidad electoral y que, según la parte actora, vulneró
sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

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4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200515 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela16 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto17.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”18.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
17 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”19.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,

19 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto20.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al examinar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que la
sentencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, debido a que no se convocó a
todos los partidos políticos con personería jurídica para suplir la vacancia definitiva
presentada en el Consejo Nacional Electoral tras la renuncia de César Augusto Lorduy
como magistrado. Según los accionantes, la convocatoria se limitó a las colectividades
que en su momento lo postularon, desconociendo —a su juicio— el procedimiento
aplicable. Este planteamiento se fundamentó exclusivamente en lo señalado en los
salvamentos de voto de dos magistrados que suscribieron la decisión objeto de tutela.

Adicionalmente, indicó que se vulneró su derecho de acceso a la administración de
justicia “al desconocerse el precedente aplicable y aplicarse un test de “incidencia”
incompatible con la naturaleza objetiva del control de legalidad electoral”21.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se observa que en la decisión del
16 de octubre de 2025 la autoridad judicial señaló que examinaría si la elección
demandada se había expedido con infracción de normas superiores, con falsa motivación
o con indebida notificación de la Resolución 004 del 11 de marzo de 2025. Para ello,
indicó que resolvería los interrogantes fijados en el litigio, y en ese marco llegó a las
siguientes conclusiones:
“¿Se desconoció el artículo 264 Superior y por ello se incurrió en falta de
competencia por parte del órgano elector en la medida en que, para proveer una
vacante absoluta de un miembro del CNE, a través de las Resoluciones 004 y
005 del 2025, solamente fueron invitadas las colectividades que postularon a
quien se separó del cargo?

34. En este caso, se reprocha que las Resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo
de 2025, que fijaron el cronograma y la convocatoria para suplir la vacante definitiva
generada por la renuncia de César Augusto Lorduy Maldonado, desconocen el
artículo 264 de la Constitución Política porque se limitaron a invitar a las
colectividades que en su momento lo postularon, a pesar de que dicho precepto
constitucional no contempla esta restricción, lo que quiere decir que el Congreso de
la Republica se abrogó una competencia que no tenía”22.

Para resolver el asunto, la autoridad indicó que el artículo 264 de la Constitución Política,
se ocupa de este órgano constitucional en los siguientes términos:

20 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
21 Ibid.
22 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F45238459111ADF7 A6EF162BE6E1F42D 129FB7EE2B6EEE7E

8733F8C8C0DA7816.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

“ARTÍCULO 264. <inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015>
El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por
el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro
(4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los
partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre
ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las
mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia. (Negrilla fuera de texto)”.

Explicó que, de la transcripción de la norma se infería que la Constitución Política “se
ocupa de señalar directamente en el texto, los aspectos más relevantes del CNE: (i) fija
directamente el número de miembros que lo conforman, que son 9; (ii) atribuye la
competencia para su designación o nombramiento, que pasa al Congreso en pleno; (iii)
señala la duración y naturaleza del período, y lo establece en 4 años y de carácter
institucional; (iii) determina la fórmula o regla electoral para dicha elección, como lo es la
cifra repartidora; (iv) establece la forma de la candidatura y la legitimación para la
postulación de los candidatos, es decir, a través de listas y se la atribuye a los partidos
políticos con personería jurídica, bien de manera individual o mediante coaliciones entre
ellos; (v) se ocupa de señalar el estatuto personal de sus miembros (calidades,
inhabilidades, incompatibilidades y derechos) para determinar que son los mismos de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y (vi) finalmente determina la naturaleza
del empleo, al señalar que son servidores públicos de dedicación exclusiva”23.

Así pues, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que, a partir de los elementos
expuestos sobre la conformación y elección del CNE, podría sostenerse que la norma
constitucional reguló íntegramente lo relativo a este órgano que integra la Organización
Electoral. Sin embargo, precisó que un análisis más detallado permite advertir que existen
otros aspectos del proceso de elección que no se encuentran previstos en las normas
superiores. Entre ellos mencionó el procedimiento electoral mismo: la convocatoria
realizada por el Congreso de la República, la etapa de postulaciones, la acreditación de
requisitos, la forma de votación y las mayorías exigidas, así como el escrutinio, entre
otros elementos.

Asimismo, indicó que la norma constitucional en cuestión no regula la forma de proveer
una vacancia absoluta en el CNE derivada de la falta definitiva de uno de sus integrantes
durante el período constitucional correspondiente. En consecuencia, explicó que, en
estos eventos, corresponde al operador jurídico realizar una integración normativa, ya
sea acudiendo a otras disposiciones constitucionales o a la ley. Por tal razón, señaló que,
en el caso analizado, al tratarse de una función electoral asignada constitucionalmente al
Congreso de la República en pleno, era necesario remitirse a las normas que regulan el
ejercicio de su actividad, en especial aquellas que contienen los reglamentos del
Congreso y de cada una de sus Cámaras.

Para tales efectos, expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
del 28 de enero de 2021, radicado 11001-03-28-000-2020-00014-00, se pronunció sobre
la procedencia y alcance de la aplicación de la Ley 5ª de 1992 en asuntos relativos a la

23 Ibid.

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conformación y provisión de cargos del Consejo Nacional Electoral. En dicha providencia,
la Corporación determinó lo siguiente:

“[…] el artículo 22 de la Ley 5 de 1992, armonizado con el 21 ibidem ya precitado,
dispone que para los casos de vacancia definitiva, se proceda a una nueva elección
con las postulaciones de candidatos por las corporaciones políticas e indica la norma,
dentro de un esquema de derecho, que la convocatoria guardará razonables términos.

Esa habilitación legal de la norma que es el propio Reglamento del Congreso, no
puede resultar desdibujada por el hecho de que la designación de los miembros del
CNE es plural y no uninominal como el resto de los nombramientos que tiene a cargo,
por cuanto por ahora, el legislador no hizo distinción en ese punto para el corporativo
de la organización electoral […]”.

Por tal motivo consideró que el artículo 264 Constitucional se encarga de dar cuenta de
la cantidad de miembros del CNE, su nominador, periodo, postulación de los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos, calidades,
inhabilidades, incompatibilidades (art. 232 de la CP) y, ante el vacío normativo,
corresponde acudir al reglamento del Congreso de la Republica en lo referente a la
convocatoria (art. 21), elección (art. 136) y la forma de suplir sus vacantes definitivas, que
debe ser mediante una nueva elección (art. 22). A partir de esto expuso:

“43. En todo caso, la Sala Electoral considera que la aplicación analógica de estas
disposiciones orgánicas es la que garantiza en la mayor medida posible la satisfacción
del principio democrático y la autonomía del Congreso de la República. Al respecto,
la revisión del artículo 264 de la Constitución Política permite advertir cómo la
intención perseguida por el constituyente al disponer de este diseño normativo no era
otra que garantizar estos principios y, en particular, asegurar la representación de las
colectividades con personería jurídica –incluidas las minorías políticas– en la
conformación del CNE. Por consiguiente, le corresponde al juez llenar el vacío con la
interpretación que asegure de la mejor forma el propósito perseguido por el
constituyente.

44. Así, la conformación del Consejo Nacional Electoral debe asegurar, aun cuando
la falta absoluta se produzca en medio del período institucional, la adecuada
representación del equilibrio político. Una interpretación expansiva del principio
democrático –en este caso, del derecho de postulación– que permita la participación
de todos los partidos y movimientos políticos en el proceso para suplir la vacante del
magistrado saliente, resguarda la autonomía del Congreso de la República para que
sean sus integrantes quienes definan cómo representan ese equilibrio político en el
CNE. Esto, mediante un procedimiento que refuerza la participación de las mayorías
y minorías parlamentarias, en los términos previstos por la Ley 5. ª de 1992.

45. En conclusión, para esta Sala de lo Electoral cuando se tenga que suplir la vacante
derivada de la renuncia de un miembro del CNE, en legal forma, debe atenderse un
procedimiento similar al inicialmente efectuado, en el que la convocatoria esté dirigida
a todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica y finalice con una
nueva elección, conforme los requisitos establecidos en la Constitución Política y el
Reglamento del Congreso de la República, en los términos antes explicados.

46. En este punto, aclara la Sala que no desconoce que, para la defensa sí resultaba
aplicable el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 16 de octubre de
2019. Sin embargo, habida cuenta del carácter no vinculante de dicha providencia,
así como de la ausencia de un pronunciamiento de esta Sección en lo relativo al vacío
relacionado con la forma de suplir la vacancia definitiva de miembros del CNE, este
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problema jurídico se resuelve razonablemente mediante la aplicación de la Ley 5.ª de
1992 y la Constitución Política, a la luz del principio democrático y la autonomía del
Congreso.

47. De igual manera, la Sala evidencia que la defensa y el órgano elector en sus
planteamientos distan de la ratio plasmada en la sentencia del 28 de enero de 2021,
pues en sus intervenciones insisten que, en dicha providencia, se consideró que para
proveer una vacante definitiva en el CNE deberán convocarse las colectividades
postulantes del miembro que se separó de la entidad electoral.

48. Para resolver este aspecto, basta con mencionar que, en esa oportunidad, se
demandó la designación de Virgilio Almanza Ocampo (QEPD), como miembro del
CNE, en particular, porque con el acto se incurrió en desviación de poder, falsa
motivación y en desconocimiento de los artículos 20, 40, 134 y 264 de la Constitución
Política de 1991.

49. Sin embargo, la Sección al resolver el problema jurídico fijado24 concluyó que no
se configuró la alegada desviación de poder ni falsa motivación, pues si bien el órgano
elector descartó la designación por llamamiento, consideró la necesidad de efectuar
una nueva elección con sustento en lo planteado en el pluricitado concepto de la Sala
de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado.
(…)

51. Conforme lo anterior, cuando esta Sala especializada abordó el estudio del
problema jurídico, fue determinante en indicar que para proveer una vacancia
absoluta (por muerte), no era posible aplicar el artículo 134 Constitucional, sin
embargo, respaldó que la manera de elegir ese reemplazo era mediante una nueva
elección conforme los dispuesto en el artículo 264 de la Constitución Política.

52. Es por ello que, cuando el antecedente se inclinó por realizar una nueva elección,
teniendo en cuenta la forma en que se fijó el litigio en aquella oportunidad, se avaló
que debía ser «desde su inicio», lo que denota que se trataba de un proceso electoral
originario, es decir convocando a todas las colectividades con representación en el
legislativo, aspecto que coincide con la tesis fijada en esta oportunidad”25.

En lo que respecta al caso concreto, la autoridad judicial advirtió que se encontraba
acreditado que la convocatoria realizada mediante las Resoluciones 004 y 005 de 2025,
expedidas para proveer la vacancia ocasionada por la renuncia del magistrado César
Augusto Lorduy Maldonado, se limitó a invitar exclusivamente a los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica —o a sus coaliciones—
que participaron en la postulación que dio lugar a su elección como miembro de la CNE.
No obstante, señaló que tal delimitación, de manera inequívoca, condujo a que el
Congreso de la República, al restringir la convocatoria, desconociera tanto la Constitución
Política como la Ley 5ª de 1992, pues, conforme quedó ampliamente expuesto, se
encontraba obligado a convocar a todas las colectividades con personería jurídica y

24 «Determinar si el acto de elección del miembro del CNE VIRGILIO ALMANZA OCAMPO, realizada en sesión del

Congreso en pleno de 13 de noviembre de 2019 es nulo por (i) violar los artículos 20, 134 y 264 de la Constitución
Política, materializado en el evento principal de saber si ante la vacancia absoluta por muerte de uno de los integrantes
del CNE, correspondía al Congreso llamar al siguiente no elegido, en orden sucesivo y descendente, postulado por la
plancha eleccionaria de la que hacía parte el fallecido (Art. 134 C.P.); o citar a una nueva elección implementándola
desde su inicio (Art. 264 C.P.); (ii) por transgredir el artículo 40 de la Constitución Política, circunscribiendo esta censura
al acto declaratorio de elección y no a aspectos de derechos subjetivos políticos, en tanto las pretensiones segunda35
y cuarta35 no fueron admitidas en el auto admisorio que se encuentra en firme y (iii) falsa motivación y desviación de
poder en el acto preparatorio de convocatoria RESOLUCIÓN N°. 097 DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, siempre que
incida en el acto declaratorio de elección».
25 Ibid.

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carecía de competencia para circunscribir la invitación únicamente a los partidos que
integraron la coalición en la elección inicial de 2022.

Precisó que lo expuesto no implicaba desconocer el vacío constitucional y legal existente
respecto de la forma de proveer las vacantes de los miembros del CNE; sin embargo, sí
resultaba necesario destacar que dicho vacío debía suplirse a la luz del principio
democrático y mediante la aplicación del reglamento del Congreso por parte del
nominador, esto es, a través de una nueva elección realizada por la totalidad de sus
integrantes. En efecto, esta regla —además de encontrar respaldo en el ordenamiento
jurídico— busca preservar que la conformación del CNE refleje de manera permanente
el principio democrático en su composición, garantizando en particular la representación
de las colectividades con personería jurídica y, con ello, el equilibrio político del Congreso
de la República dentro del órgano constitucional encargado de regular, inspeccionar,
vigilar y controlar la actividad electoral del país.

Así, con fundamento en el desarrollo precedente, la Sección Quinta del Consejo de
Estado expuso que:

“63. Del acervo probatorio la Sala observa que la convocatoria para proveer la
vacancia definitiva fue debidamente publicitada, por lo que los partidos políticos,
incluido el Centro Democrático, tuvieron conocimiento sobre el particular y, no se
advierte actuación alguna que haya materializado la imposibilidad de que las
colectividades invitadas y aquellas que no lo fueron pudiesen postular a los
candidatos de su interés o realizar las alianzas que consideraran pertinentes.

64. Sumado a lo anterior, revisado el informe de la comisión de acreditación
documental del Congreso de la República , se encuentra que los únicos aspirantes
fueron el demandado, postulado por Colombia Justa Libres y Plinio Alarcón Buitrago
por el MIRA; aspecto que permite colegir que, aunque el partido Centro Democrático
conocía de la convocatoria, lo cierto es que decidió no ejercer su derecho de postular
candidato, además, no obra elemento alguno que dé cuenta de que se haya impedido
su participación en esta ni en alguna otra etapa del proceso adelantado.

65. De lo que sí existe prueba es que, en la elección de Álvaro Echeverry Londoño
como miembro del CNE, celebrada el 8 de abril de 2025, asistieron y votaron 12
senadores y 15 representantes del partido Centro Democrático, lo que permite ratificar
que la referida colectividad tenía conocimiento de la convocatoria, no presentó
objeción alguna en procura de propender por su derecho a postular candidato alguno
y, por el contrario hizo parte del respectivo proceso eleccionario con el apoyo de 27
de sus militantes.

66. En suma, el actuar omisivo del Centro Democrático a la hora de gestionar por la
defensa de su garantía constitucional de postular candidatos o coaligarse para los
mismos efectos y, por el contrario, su apoyo al demandado en su elección deviene en
que, la irregularidad advertida no tenga la incidencia suficiente para afectar su
legalidad, pues lo cierto es que, no se le impidió presentar candidatos para suplir la
vacancia en el CNE, como tampoco se le negó la posibilidad de formar alianzas
políticas para el mismo fin”26.

La Sala concluyó que la convocatoria para suplir la vacancia definitiva en el CNE fue
debidamente publicitada, por lo que todos los partidos —incluido el Centro Democrático—

26 Ibid.

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tuvieron conocimiento de ella y no existió restricción que les impidiera postular candidatos
o conformar alianzas. Del informe de acreditación se evidenció que solo dos aspirantes
se presentaron, y que el Centro Democrático, pese a conocer la convocatoria, optó por
no ejercer su derecho de postulación. Además, quedó acreditado que dicha colectividad
participó activamente en la elección del candidato finalmente designado, con la presencia
y voto de 27 de sus congresistas.

En consecuencia, para esa Sala, la omisión del Centro Democrático en ejercer su
derecho de postulación y su participación en el proceso electoral respaldando al
candidato elegido demuestra que la irregularidad advertida carece de incidencia
suficiente para afectar la legalidad del acto. No hubo impedimento alguno para que ese
partido presentara candidatos o conformara alianzas para suplir la vacante.

Ahora bien, en cuanto al segundo asunto planteado en la fijación del litigio, la autoridad
judicial adujo:

“¿Si las Resoluciones 004 y 005 de 2025 están viciadas de nulidad por falsa
motivación pues, sin estar contemplado en alguna regulación específica, el
legislativo cercenó la participación de las colectividades políticas distintas a las
que postularon la candidatura del señor Lorduy en el proceso eleccionario
objeto de controversia, en especial a partir de unas disertaciones sobre el punto
vertidas por la Sala del Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el
concepto 2430 del 16 de octubre de 2019?.

67. Para los accionantes la elección del demandado se realizó conforme al concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 16 de octubre de 2019, radicación 11001-
03-06-000-2019-00177-00 (2430) y por lo mismo están viciadas de falsa motivación.

68. Al respecto, la Sala evidencia que, si bien el Congreso de la República justificó la
convocatoria en el concepto antes referido, lo cierto es que, a propósito de una
vacancia absoluta, convocó a nueva elección teniendo en cuenta solamente a las
colectividades que participaron en la postulación primigenia, cuando en realidad
tenían que citar todas aquellas con personería jurídica a postular candidatos al ente
electoral, conforme lo expuesto en el anterior acápite.

69. No obstante, para este juez de lo electoral no se configura la causal de nulidad
alegada pues, a pesar de que esta Sección en fallo de 28 de enero de 202127 avaló
que para suplir la vacante de miembro del CNE se requería de una nueva elección,
también lo es que, en esa oportunidad no se dejó sentado con total claridad que el
vacío normativo relacionado con la forma de suplir la vacante definitiva de los
miembros del CNE debía resolverse mediante integración normativa con el
reglamento del Congreso de la República, lo cual sí queda establecido en la presente
providencia.

70. Así las cosas, que el Congreso de la República acudiera al referido concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil de 16 de octubre de 2019, según el cual era
necesaria una nueva elección, pero solamente con las colectividades que hicieron
parte de los partidos postulantes de quien dimitió, no resulta suficiente para concluir
que se incurrió en la falsa motivación alegada.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 28 de enero de 2021,

Radicado 11001-03-28-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: David Ricardo Reyes
Castro, Demandado: Virgilio Almanza Ocampo – Magistrado del Consejo Nacional Electoral.
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71. Por el contrario, es lo procedente concluir que, los actos acusados no se fundan
en premisas fácticas o jurídicas falsas. Esto, al haber dado cuenta de i) fundamentos
de hecho ciertos, referidos a la renuncia de César Augusto Lorduy Maldonado como
miembro del Consejo Nacional Electoral, así como de ii) argumentos jurídicos
existentes, al haber advertido el vacío normativo que se predica de la provisión de las
vacantes absolutas que se presenten en el CNE, así como la existencia de un
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que sustenta la lectura normativa que
circunscribe el derecho de postulación de las colectividades políticas y, en
consecuencia, este reproche debe denegarse”28.

Finalmente, al estudiar el último interrogante planteado en la fijación del litigio, la
autoridad cuestionada manifestó:

“¿Hubo desconocimiento del debido proceso, por cuanto las Resoluciones 004
y 005 de 2025 fueron puestas en conocimiento del partido Centro Democrático,
por un correo electrónico que no estaba habilitado, aunado al hecho que la
colectividad no autorizó esa forma de notificación y si esto afectó sus derechos
porque solo se enteró del proceso eleccionario el 26 de marzo de 2025, fecha
en la que ya no podía participar?».

72. Respecto de estos reproches, conviene precisar que las notificaciones constituyen
un mecanismo procesal que habilita el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, asimismo, permiten poner en conocimiento de las partes o terceros
interesados las decisiones proferidas dentro del trámite administrativo.

73. Al respecto, es relevante acudir al contenido del artículo 65 de la Ley 1437 de
2011 que dispone:

Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos
administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido
publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. (…).

74. En el caso concreto, se probó que la convocatoria fue publicada en la página web
oficial del Congreso de la República y en las carteleras de la entidad, por tanto, no se
presentó una indebida notificación, por el contrario, se cumplió con el principio de
publicidad que rige las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65, antes
transcrito, lo que impone que este cargo tampoco está llamado a prosperar”29.

5.3. La Sala advierte que el Consejo de Estado-Sección Quinta explicó los motivos por
los cuales consideró que no procedía decretar la nulidad de la elección de Álvaro
Echeverry Londoño como miembro del Consejo Nacional Electoral, dado que: (i) el vacío
normativo relacionado con la forma de llenar las vacantes definitivas de los miembros del
Consejo Nacional Electoral se suple acudiendo a la Ley 5.ª de 1992, artículos 21, 22 y
136, que regula la elección de los funcionarios elegidos por el congreso; (ii) si bien se
demostró que, al realizar la convocatoria para elegir el reemplazo de Cesar Augusto
Lorduy Maldonado se limitó a invitar a los partidos que en su momento lo postularon,
esta situación no tuvo la incidencia suficiente para afectar la legalidad de la elección de
Álvaro Echeverry Londoño, pues no se materializado la alegada vulneración de los
derechos del Centro Democrático, toda vez que esta fue publicada en la página web
oficial del Congreso y en las carteleras de la entidad, por lo que se cumplió con el

28 Ibid.
29 Ibid.

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principio de publicidad; (iii) Además, al momento de la votación para la elección del
miembro de la CNE, que se llevó a cabo el 8 de abril de 2025, asistieron y votaron 12
senadores y 15 representantes del partido Centro Democrático, quienes no presentaron
objeción alguna en procura de propender por su derecho a postular candidato alguno; y
(iv) los actos demandados no incurren en falsa motivación y fueron debidamente
notificados y publicados.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte actora se relevó de exponer sus
reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces demuestra que
su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que exista el menor esfuerzo
en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración30.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los defectos, pues su argumento se centró en los salvamentos
de voto presentados por dos integrantes de Sala que emitió la decisión cuestionada, sin
embargo, tales explicaciones no resultan de naturaleza constitucional, pues de ningún
modo sustentan la posible vulneración de un derecho iusfundamental.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, en primer lugar, la Sala
advierte que la parte actora simplemente afirmó que la decisión cuestionada desconoció
el precedente, pero no identificó algún fallo en concreto, como tampoco precisó alguna
regla vinculante que haya debido considerarse y cuya aplicación era imperiosa para
adoptar la decisión atacada.

30 Sentencia SU215 de 2022.

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En segundo lugar, el accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial cuestionada
citó jurisprudencia del Consejo de Estado en su decisión y no presentó reparo alguno
sobre la manera en que la interpretó,

Tales circunstancias hacen que el cargo carezca de relevancia constitucional, en la
medida en que, la carencia argumentativa del escrito no permite un estudio de fondo del
asunto, dado que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que atañen
a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita y
propendería al mal uso de esta acción constitucional.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda vez que
reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada31, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario32.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Wilson
Ruiz Orejuela y William Iván Torres Mejía en contra del Consejo de Estado-Sección

31 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
32 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

18

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06772-00
Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

Quinta, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

19

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