Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06772-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06772-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06772-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06772-01
Accionantes: WILSON RUIZ OREJUELA Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Mejía Torres solicitaron el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y participación política, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con el número de
radicación 11001-03-28-000-2025-00052-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Comentaron que el 5 de marzo de 2025 en sesión del Congreso de la República
fue aceptada la renuncia del señor César Augusto Lorduy, como miembro del Consejo
Nacional Electoral
2.2. Relataron que mediante Resoluciones núm. 004 y 005 de 11 y 28 de marzo de
2025, el Congreso de la República estableció el cronograma de convocatoria para
proveer la vacante definitiva de magistrado en el Consejo Nacional Electoral.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
2.3. Refirieron que, en sesión de 8 de abril de 2025, el Congreso en Pleno eligió al
ciudadano Álvaro Echeverry Londoño, como miembro del Consejo Nacional Electoral
con 205 votos, de acuerdo con la convocatoria y procedimiento determinado en las
resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo de 2025.
2.4. Señalaron que promovieron la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral núm. 11001-03-28-000-2025-00052-00 contra el acto de elección de Álvaro
Echeverry Londoño, como miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las
Resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo de 2025, respectivamente.
2.5. Indicaron que el conocimiento del proceso le correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante providencia de 16 de octubre de
2025, negó las pretensiones anulatorias presentadas.
2.6. Adujeronque la providencia vulneró sus derechos fundamentales indicados
supra, por haber incurrido en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.
2.7. Comentaron que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo “[…] pues
claramente se evidencia en la sentencia impugnada como la misma sección reconoce
una vulneración a la carta magna. Luego no resulta admisible desde ninguna óptica
constitucional, que reconocida la vulneración al orden constitucional se pretenda
modular sus efectos, en contravía del mismo artículo 4 superior, contra cuyo parámetro
no existe otro criterio de medición y el mismo se torna absoluto. Es decir, si viola la
constitución es de base inconstitucional. No necesita otro criterio de validación porque
es la norma de normas la que lo está evaluando, en ese sentido, pretender relativizar
el alcance de la norma constitucional, viola de facto el debido proceso […]”.
2.8. Expusieron que la providencia acusada incurrió en un desconocimiento del
precedente “[…] al desconocerse el precedente aplicable y aplicarse un test de
“incidencia” incompatible con la naturaleza objetiva del control de legalidad electoral
[…]”, para lo cual refirió los salvamentos de voto presentados por los magistrados
Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez al interior del medio de
control de nulidad electoral objeto de estudio.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados (arts. 29, 13,
40 y 229 C.P.).
2. Que se declare la nulidad de la sentencia del 16/10/2025 (Rad. 11001-03-28-
000-2025-00052- 00) por violación directa a la Constitución.
3. Que se declare la Nulidad de la Elección del Magistrado Álvaro Echeverry
Londoño por violación directa de la Constitución y falsa motivación.
4. Subsidiariamente, que se dejen sin efectos la sentencia de 16/10/2025 (Rad.
11001-03-28-000-2025-00052-00) y se ordene emitir nueva decisión
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respetando la sub-regla del art. 264 C.P. (convocatoria amplia) y absteniéndose
de aplicar un test de “incidencia” incompatible con la naturaleza del vicio […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 29 de octubre de 2025, el Despacho de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Consejo Nacional Electoral, al
Congreso de la República y a los señores Álvaro Echeverry Londoño y Jhoan
Suárez.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional
en tanto los reparos propuestos en el escrito de tutela se fundamentaron en la
postura disidente de dos magistrados que salvaron su voto.
5.2. Señaló que los accionantes ponen en tela de juicio los argumentos que llevaron
a que la mayoría de la Sala decidiera no anular la elección demandada, lo que deja
ver que, realmente, acuden a este mecanismo constitucional como instancia
adicional y con la única finalidad de cuestionar el fallo y no de propender por la
defensa de sus garantías constitucionales.
5.3. El Consejo Nacional Electoral solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, por cuanto la
parte accionante no cumplió con la carga argumentativa para acreditar la
vulneración de los derechos fundamentales que alega como vulnerados.
5.4. Expuso que los accionantes se limitaron a esbozar la existencia, en su criterio,
de un defecto sustantivo en la sentencia derivado del desconocimiento del
procedimiento para postular candidatos al Consejo Nacional Electoral, pero en
modo alguno explicaron cómo se les vulneró el debido proceso, pues ninguno de
los solicitantes ha alegado haber sido o intentado ser candidato a ese cuerpo
electoral.
5.5. El Congreso de la República solicitó su desvinculación por considerar que la
parte accionante cuestiona una decisión emitida por una autoridad judicial, cuyas
funciones son ajenas a las competencias de la entidad. Por ello consideró que no
era responsable de proteger los derechos señalados por la parte accionante, toda
vez que no fungió como juez natural dentro del proceso administrativo en el que se
profirió la providencia censurada.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
5.6. El señor Álvaro Echeverry Londoño manifestó su oposición a las pretensiones
de la acción constitucional y solicitó declarar su improcedencia por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
5.7. Expuso que el escrito de tutela carece de carga argumentativa para acreditar la
vulneración de algún derecho fundamental. Señaló que, a pesar de que los
accionantes esbozaron la existencia de un defecto sustantivo derivado del
desconocimiento del precedente para postular candidatos al CNE, lo cierto es que
no explicaron como se vulneró el derecho al debido proceso, pues ninguno alegó
haber intentado ser candidato de ese cuerpo electoral.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 12 de diciembre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional al concluir que “[…]
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que
se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario […]”.
7. El juez de primera instancia advirtió frente a los defectos alegados que, “[…] la
parte actora se relevó de exponer sus reparos constitucionales en función de los
defectos, lo que a todas luces demuestra que su discrepancia se limita a un asunto
de mera legalidad, sin que exista el menor esfuerzo en demostrar la vulneración de
una garantía fundamental. […]”.
8. Asimismo, indicó que, “[…] la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar
su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el (sic) accionante ni siquiera
presentó los reparos en función de los defectos, pues su argumento se centró en
los salvamentos de voto presentados por dos integrantes de Sala que emitió la
decisión cuestionada, sin embargo, tales explicaciones no resultan de naturaleza
constitucional, pues de ningún modo sustentan la posible vulneración de un derecho
iusfundamental […]”.
9. Finalmente indicó frente al defecto por desconocimiento del precedente que “[…]
la parte actora simplemente afirmó que la decisión cuestionada desconoció el
precedente, pero no identificó algún fallo en concreto, como tampoco precisó alguna
regla vinculante que haya debido considerarse y cuya aplicación era imperiosa para
adoptar la decisión atacada […]”.
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VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. Laparte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, solicitó
revocar la decisión, para en su lugar proferir sentencia de fondo que ampare los
derechos fundamentales solicitados en el escrito de tutela.
11. Expuso que “[…] contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el caso tiene
evidente relevancia constitucional. No se trata de un debate de “mera legalidad”
sobre procedimientos electorales, sino de la supremacía constitucional (art. 4 C.P.)
y la protección de derechos fundamentales como la participación política (art. 40.1
C.P.), que incluye el derecho de postulación previa para la elección del CNE (art.
264 C.P.). […]”.
12. Expuso que en el presente caso “[…] [l]a sentencia de nulidad reconoció la
violación al art. 264 C.P., pero la relativizó mediante un “test de incidencia”
incompatible con el control abstracto de legalidad en nulidad electoral. Esto pone en
jaque el principio democrático y la representación plural en el CNE, órgano político-
administrativo clave para la garantía de elecciones limpias (Corte Constitucional, C-
1017/2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-448/2011). La omisión
legislativa relativa en la regulación de vacancias definitivas en el CNE (exhortada
por la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2430/2019) agrava la
relevancia, al permitir interpretaciones irrazonables que rayan en el absurdo, como
sanear una nulidad constitucional con una “reclamación omisiva”. La SU-128/2021
(M.P. Cristina Pardo Schlesinger) precisa que la relevancia surge cuando se afecta
el orden constitucional, como aquí ocurre al modular efectos de una norma superior
[…]”.
13. Señaló que la Sección Quinta incurrió en un defecto sustantivo “[…] al reconocer
la infracción al art. 264 C.P. (“previa postulación de los partidos o movimientos
políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos”) y arts. 21-22 Ley
5/1992, pero negar la nulidad por “falta de incidencia suficiente”. Esto viola el art. 4
C.P., ya que la Constitución no admite relativización: si hay violación directa, el acto
es nulo en abstracto (Corte Constitucional, C-590/2005; Consejo de Estado,
sentencia del 28/01/2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00001-00, que fijó subregla
para vacancias en CNE) […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. cuestión previa
15. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Congreso de la República.
16. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
17. En el caso objeto de estudio, se observa que el Congreso de la República fue
parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación
núm. 11001-03-28-000-2025-00052-00, por lo tanto, la Sala considera que le asiste
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
18. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
20. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
22. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06772-01
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25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
27. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
28. Los señores Wilson Ruiz Orejuela y William Iván Mejía Torres solicitaron el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, la igualdad y a la participación política, cuya vulneración
le atribuyeron a la providencia de 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad electoral con el número de radicación 11001-03-28-000-2025-00052-00.
29. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
30. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones14.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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31. En las acciones de tutela contra providencias judiciales15 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso
del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces16.
32. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
33. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06772-01
Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
34. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
35. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
19 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.
Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
36. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
37. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, la igualdad
y a la participación política por haber incurrido presuntamente en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.
38. La parte actora argumentó que la autoridad judicial incurrió en un defecto
sustantivo “[…] pues claramente se evidencia en la sentencia impugnada como la
misma sección reconoce una vulneración a la carta magna. Luego no resulta admisible
desde ninguna óptica constitucional, que reconocida la vulneración al orden
constitucional se pretenda modular sus efectos, en contravía del mismo artículo 4
superior, contra cuyo parámetro no existe otro criterio de medición y el mismo se torna
absoluto. Es decir, si viola la constitución es de base inconstitucional. No necesita otro
criterio de validación porque es la norma de normas la que lo está evaluando, en ese
sentido, pretender relativizar el alcance de la norma constitucional, viola de facto el
debido proceso […]”.
39. A su vez expuso que la providencia acusada incurrió en un desconocimiento del
precedente “[…] al desconocerse el precedente aplicable y aplicarse un test de
“incidencia” incompatible con la naturaleza objetiva del control de legalidad electoral
[…]”, para lo cual refirió los salvamentos de voto presentados por los magistrados
Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez al interior del medio de
control de nulidad electoral objeto de estudio.
40. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en tanto que no se
desarrollaron los defectos en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial.
41. Se resalta que cuando se alegan el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente es necesario identificar i) la norma sustantiva y ii) la regla jurisprudencial
que la decisión objeto de la tutela desconoció. En este caso la parte accionante no
identificó la supuesta norma y regla jurisprudencial desconocida por la autoridad
judicial accionada.
42. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que la parte accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.
43. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06772-01
Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
44. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de tutela,
dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial
que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”21. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]
45. Eneste punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la
providencia de 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una
instancia adicional:
“[…] 2.1. Caso concreto
33. La Sala analizará si la elección demandada se expidió con infracción de
normas superior, falsa motivación e indebida notificación de la Resolución 004
de 11 de marzo de 2025. Para lo cual, se absolverán los interrogantes
planteados en la fijación del litigio.
¿Se desconoció el artículo 264 Superior y por ello se incurrió en falta de
competencia por parte del órgano elector en la medida en que, para
proveer una vacante absoluta de un miembro del CNE, a través de las
Resoluciones 004 y 005 del 2025, solamente fueron
[…]
42. Así las cosas, el artículo 264 Constitucional se encarga de dar cuenta de la
cantidad de miembros del CNE, su nominador, periodo, postulación de los
partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre
ellos, calidades, inhabilidades, incompatibilidades (art. 232 de la CP), y, ante el
vacío normativo, corresponde acudir al reglamento del Congreso de la
Republica en lo referente a la convocatoria (art. 21), elección (art. 136) y la forma
de suplir sus vacantes definitivas, que debe ser mediante una nueva elección
(art. 22).
[…]
45. En conclusión, para esta Sala de lo Electoral cuando se tenga que suplir la
vacante derivada de la renuncia de un miembro del CNE, en legal forma, debe
atenderse un procedimiento similar al inicialmente efectuado, en el que la
convocatoria esté dirigida a todos los partidos o movimientos políticos con
personería jurídica y finalice con una nueva elección, conforme los requisitos
21
Sentencia SU-074 de 2022.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
establecidos en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la
República, en los términos antes explicados.
[…]
53. Ahora, en el asunto objeto de debate, está probado que la convocatoria
(Resoluciones 004 y 005, ambas de 2025) expedida para suplir la vacante
definitiva generada por la renuncia de César Augusto Lorduy Maldonado, se
limitó a invitar a los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o
por coaliciones que «participaron en la postulación por medio del cual» resultó
elegido miembro del CNE.
54. Dicha situación, sin lugar a duda, deviene en que el Congreso de la
República con su limitada convocatoria desconoció la Constitución Política y la
Ley 5ª de 1992, pues como ya quedó ampliamente explicado estaba obligado a
invitar a todas las colectividades y carecía de competencia para restringirla en
favor de los partidos que integraron la coalición para la elección inicial (2022).
55. Lo anterior, no pretende desconocer el vacío constitucional y legal que existe
respecto de la forma de cubrir las vacantes de los miembros del CNE, pero, sí
dejar claro que el mismo debe suplirse a la luz del principio democrático y
mediante la aplicación de la regulación establecida en el reglamento del
Congreso, por el nominador, es decir, mediante nueva elección con la totalidad
de sus integrantes.
[…]
57. En este sentido, la resolución del problema jurídico que ocupa a la Sala
también implica preguntarse cuál debe ser el equilibrio político que debe
representarse en el CNE cuando la elección de uno de sus miembros no se
produce «poco después de las elecciones», sino en un momento posterior como
consecuencia de una vacancia absoluta.
[…]
62. De acuerdo con lo expuesto, está demostrado que, las resoluciones
demandadas están viciadas por infracción de norma superior, pues la
convocatoria limitada a las colectividades que postularon al saliente miembro
del CNE (Cesar Augusto Lorduy Maldonado) riñe con el contenido del artículo
264 de la Constitución Política; no obstante, dicha situación no tiene la entidad
suficiente de afectar la legalidad de la elección acusada como pasa a explicarse.
63. Del acervo probatorio la Sala observa que la convocatoria para proveer la
vacancia definitiva fue debidamente publicitada, por lo que los partidos políticos,
incluido el Centro Democrático, tuvieron conocimiento sobre el particular y, no
se advierte actuación alguna que haya materializado la imposibilidad de que las
colectividades invitadas y aquellas que no lo fueron pudiesen postular a los
candidatos de su interés o realizar las alianzas que consideraran pertinentes.
64. Sumado a lo anterior, revisado el informe de la comisión de acreditación
documental del Congreso de la República , se encuentra que los únicos
aspirantes fueron el demandado, postulado por Colombia Justa Libres y Plinio
Alarcón Buitrago por el MIRA; aspecto que permite colegir que, aunque el
partido Centro Democrático conocía de la convocatoria, lo cierto es que decidió
no ejercer su derecho de postular candidato, además, no obra elemento alguno
que dé cuenta de que se haya impedido su participación en esta ni en alguna
otra etapa del proceso adelantado.
65. De lo que sí existe prueba es que, en la elección de Álvaro Echeverry
Londoño como miembro del CNE, celebrada el 8 de abril de 2025, asistieron y
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
votaron 12 senadores y 15 representantes del partido Centro Democrático, lo
que permite ratificar que la referida colectividad tenía conocimiento de la
convocatoria, no presentó objeción alguna en procura de propender por su
derecho a postular candidato alguno y, por el contrario hizo parte del respectivo
proceso eleccionario con el apoyo de 27 de sus militantes.
[…]
¿Si las Resoluciones 004 y 005 de 2025 están viciadas de nulidad por falsa
motivación pues, sin estar contemplado en alguna regulación específica,
el legislativo cercenó la participación de las colectividades políticas
distintas a las que postularon la candidatura del señor Lorduy en el
proceso eleccionario objeto de controversia, en especial a partir de unas
disertaciones sobre el punto vertidas por la Sala del (sic) Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto 2430 del 16 de octubre
de 2019?.
67. Para los accionantes la elección del demandado se realizó conforme al
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 16 de octubre de 2019,
radicación 11001-03-06-000-2019-00177-00 (2430) y por lo mismo están
viciadas de falsa motivación.
68. Al respecto, la Sala evidencia que, si bien el Congreso de la República
justificó la convocatoria en el concepto antes referido, lo cierto es que, a
propósito de una vacancia absoluta, convocó a nueva elección teniendo en
cuenta solamente a las colectividades que participaron en la postulación
primigenia, cuando en realidad tenían que citar todas aquellas con personería
jurídica a postular candidatos al ente electoral, conforme lo expuesto en el
anterior acápite.
69. No obstante, para este juez de lo electoral no se configura la causal de
nulidad alegada pues, a pesar de que esta Sección en fallo de 28 de enero de
202140 avaló que para suplir la vacante de miembro del CNE se requería de
una nueva elección, también lo es que, en esa oportunidad no se dejó sentado
con total claridad que el vacío normativo relacionado con la forma de suplir la
vacante definitiva de los miembros del CNE debía resolverse mediante
integración normativa con el reglamento del Congreso de la República, lo cual
sí queda establecido en la presente providencia.
70. Así las cosas, que el Congreso de la República acudiera al referido concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 16 de octubre de 2019, según el cual
era necesaria una nueva elección, pero solamente con las colectividades que
hicieron parte de los partidos postulantes de quien dimitió, no resulta suficiente
para concluir que se incurrió en la falsa motivación alegada.
¿Hubo desconocimiento del debido proceso, por cuanto las Resoluciones
004 y 005 de 2025 fueron puestas en conocimiento del partido Centro
Democrático, por un correo electrónico que no estaba habilitado, aunado
al hecho que la colectividad no autorizó esa forma de notificación y si esto
afectó sus derechos porque solo se enteró del proceso eleccionario el 26
de marzo de 2025, fecha en la que ya no podía participar?».
72. Respecto de estos reproches, conviene precisar que las notificaciones
constituyen un mecanismo procesal que habilita el ejercicio del derecho de
defensa y contradicción, asimismo, permiten poner en conocimiento de las
partes o terceros interesados las decisiones proferidas dentro del trámite
administrativo.
[…]
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
74. En el caso concreto, se probó que la convocatoria fue publicada en la página
web oficial del Congreso de la República y en las carteleras de la entidad, por
tanto, no se presentó una indebida notificación, por el contrario, se cumplió con
el principio de publicidad que rige las actuaciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 65, antes transcrito, lo que impone que este cargo tampoco está
llamado a prosperar.
75. En conclusión, según las consideraciones expuestas:
✓ El vacío normativo relacionado con la forma de llenar las vacantes definitivas
de los miembros del Consejo Nacional Electoral se suple acudiendo a la Ley 5.ª
de 1992, artículos 21, 22 y 136, que regula la elección de los «De los
funcionarios elegidos por el congreso».
✓ Si bien se demostró que la convocatoria para elegir el reemplazo de Cesar
Augusto Lorduy Maldonado fue irregular pues se limitó a invitar a los partidos
que en su momento lo postularon, esta situación no tuvo la incidencia suficiente
para afectar la legalidad de la elección de Álvaro Echeverry Londoño, pues no
se materializado la alegada vulneración de los derechos del Centro
Democrático.
✓ Los actos demandados no incurren en falsa motivación y fueron debidamente
notificados y publicados […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
46. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el medio de control de nulidad
electoral.
47. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.
48. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”23. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.
49. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el fallo
impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibidem.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Congreso de la
República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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