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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06773-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06773-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones aquí señaladas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06773-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: YAIR BERNARDO LEAL GUERRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el
interés de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 29 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 27 de octubre de 2025, el señor Yair Bernardo Leal Guerra, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión C, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de igualdad, a la estabilidad laboral
reforzada y al trabajo, que considera vulnerados con ocasión de la sentencia del 4 de
julio de 2025, que confirmó el fallo del 22 de enero de 2025, mediante el cual el Juzgado
Once Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones de reintegro incoadas por el
actor dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 08001-
33-33-011 2021-00088-02.

Hechos relevantes

2. En el año 2007, el accionante ingresó al servicio de la Policía Nacional en el grado de
patrullero y en septiembre de 2015 fue promovido como subteniente de la Institución.

3. Debido a su condición médica y teniendo en cuenta su formación académica, en el
año 2015 fue reubicado en labores administrativas, por recomendación del área de salud
ocupacional mientras que se realizaba la junta médica correspondiente.

4. El 10 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la Junta Médico Laboral número 5349,
en la que se le determinó NO APTO para el servicio, sin REUBICACIÓN LABORAL. No
obstante, la institución lo mantuvo en servicio activo casi por un año más, hasta que
mediante la Resolución 02115 de 17 de septiembre de 2020 decidió retirarlo con
fundamento en el dictamen de la junta.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 25 de febrero de 2026.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

5. Inconforme con la desvinculación, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento se asignó al Juzgado Once
Administrativo de Barranquilla (proceso con radicado núm. 08001-33-33-011-2021-
00088-00).

6. Con sentencia del 22 de enero de 2025 se negaron las pretensiones de la demanda,
y apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico la confirmó con fallo del 4
de julio de 2025.

Pretensiones

7. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

PRIMERA: Se solicita a la sala del Honorable Consejo de Estado que corresponda
el presente asunto, REVOCAR la sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN “C”, de fecha 04 de julio de 2025 la decisión de SEGUNDA
INSTANCIA, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia dictada
por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla de fecha 22
de enero de 2025, que negó las pretensiones del demandante. En su lugar,
CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – DERECHO AL TRABAJO,
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se solicita DEJAR SIN EFECTOS
la sentencia de segunda instancia del 04 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico SALA DE DECISIÓN “C”, que confirmó la decisión de
primera instancia dictada por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla de fecha 22 de enero de 2025, que negó las pretensiones del
demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ejercido por el Policial YAIR BERNARDO LEAL GUERRA.

TERCERO: Se solicita al Honorable Consejo de Estado, que dentro del término
que considere la Sala, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Atlántico SALA
DE DECISIÓN “C”, proferir una nueva sentencia, en la que se al resolver el caso
del Policial LEAL GUERRA, evalúe jurídicamente las pruebas obrantes en el
expediente, y en especial aplicando y acogiendo el precedente constitucional de
protección especial de la que son titulares las personas en situación de
discapacidad miembros de la Policía Nacional como LEAL GUERRA,
considerando además el valor probatorio legal correspondiente todas las pruebas,
entre ellas el (CONCEPTO DE SALUD OCUPACIONAL -CONCEPTO DE
PSIQUIATRÍA73) en la que se indica que LEAL GUERRA “(…), no se encuentra
compromiso funcional por el momento” y que “El uniformado debe ser reubicado
acuerdo a sus habilidades, competencias y restricciones en una labor que no
agrave su patología y ponga en riesgo su estado de salud e integridad”, con el
cual resulta procedente el REINTEGRO al servicio, su REUBICACIÓN LABORAL
y el acceder a pretensiones planteadas en la demanda contenciosa. (Ver
Concepto Final de Viabilidad de Reubicación Laboral emitido por el área de Salud
Ocupacional, visible en la prueba documental Historia Clínica a folios 280 a 281 –
EVENTO 246, aportada en la demanda.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. Luego de exponer que la tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para cuestionar providencias

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

judiciales, señaló que la sentencia del 4 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, incurre en los siguientes defectos:

9. Sustantivo. Por indebida aplicación del artículo 7 del Decreto Ley 1796 de 2000 2,
habida consideración de que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta que la vigencia
de los dictámenes de capacidad psicofísica es de 3 meses, y, por lo tanto, a su juicio, la
entidad no podía disponer el retiro del servicio del actor, un año después de haberse
emitido el concepto de la Junta Médica. Reprocha que la Institución lo mantuvo en el
servicio desde el 10 de septiembre de 2019 (fecha del acta de la Junta Médica) hasta el
17 de septiembre de 2020 (día de la desvinculación mediante la Resolución 02115).

10. De igual modo, estima que la autoridad judicial aplicó indebidamente el numeral 3º
del artículo 55 del Decreto Ley 1796 de 2000, dado que, según el estudio de
constitucionalidad realizado en la sentencia C-381 de 2005, el retiro del servicio con
fundamento en la causal de disminución de la capacidad sicofísica, procede siempre que
el concepto de la Junta Médico Laboral sobre la reubicación no sea favorable y las
capacidades del policial no sean aprovechables en actividades administrativas, docentes
o de instrucción. Recordó que conforme a la sentencia T-830 de 2020, la autonomía
interpretativa del juez está sometida a las fuentes del derecho, incluidas las sentencias
que interpretan la Constitución como norma de normas.

11. En este caso, tanto la Junta como el Tribunal accionado se apartaron del concepto
favorable de reubicación, desconociendo así la orientación de la sentencia C-381 de
2005, toda vez que del plenario se colige con claridad que el policial Leal Guerra contaba
con capacidades que estaban siendo aprovechadas en la institución, pues aún luego del
dictamen de la junta, continuó desempeñándose en el servicio administrativo por casi un
año, hasta su retiro intempestivo.

12. En el mismo orden, cuestionó que la decisión se haya apartado del Concepto OFI
14-67635 MDN-SGDAL de fecha 29 septiembre de 2014, proferido por el Ministerio de
Defensa, Dirección de Asuntos Legales, en el que claramente se indica que la entidad
tiene 3 meses para retirar a un policial, con fundamento en el dictamen de capacidad
psicofísica en firme.

13. Agregó que, en todo caso, el director de la Policía Nacional no tenía la facultad para
suspender los términos para los procedimientos legales, y menos aún para extender el
periodo de validez de los exámenes médicos y del concepto de capacidad psicofísica
emitido por la Junta Médica Laboral.

14. Fáctico. La autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la existencia de un
dictamen de medicina ocupacional que recomendaba la reubicación del uniformado. En
efecto, obra en el plenario el concepto final de reubicación laboral, elaborado por la
especialidad en Salud Ocupacional, en el que se indicó que el policial debía ser reubicado

2 ARTÍCULO 7o. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXÁMENES DE CAPACIDAD PSICOFÍSICA. Los
resultados de los diferentes exámenes médicos, odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al
personal de que trata el artículo 1o. del presente decreto, tienen una validez de dos (2) meses, contados
a partir de la fecha en que le fueron practicados.

El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses
durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término,
continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una
nueva calificación de la capacidad psicofísica

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

de acuerdo con sus habilidades, competencias y restricciones, en una labor que no
agravara su patología ni pusiera en riesgo su estado de salud e integridad.

15. Asimismo, reprocha que la Junta Médica Laboral no consideró los conceptos médicos
de psiquiatría ni de medicina ocupacional, que daban cuenta de que el actor tenía perfil
para ser reubicado en el servicio.

16. En ese orden, considera que no es acertada la sentencia censurada cuando señala
que el acto de retiro se ajusta a derecho, porque fue expedido por funcionario competente
y se fundamentó en el dictamen de la Junta, dado que se reitera, ese dictamen
desconoció los conceptos de los especialistas en psiquiatría y salud ocupacional.

17. Igualmente, considera que la decisión censurada no tuvo en cuenta el extracto de la
hoja de vida del accionante (aportado con la demanda), pues allí se evidencia que aquel
contaba con capacidades aprovechables en actividades administrativas de la institución.

18. Desconocimiento del precedente. La parte actora insistió en que el precedente de
la Corte Constitucional ha sido claro y reiterado en establecer que el retiro del servicio
por disminución de la capacidad psicofísica solo procede cuando, además de la
afectación física o mental, se acredite la inexistencia de capacidades laborales residuales
aprovechables, es decir, cuando no exista posibilidad de reubicación o reasignación de
funciones compatibles con las habilidades remanentes del servidor público. De modo
que, la providencia objeto de reproche desconoció esta orientación.

19. Citó la sentencia SU-087 de 2022, en la que se unificó jurisprudencia frente a que la
estabilidad laboral reforzada se aplica a quienes sufren una afectación en su salud que
dificulta el desempeño de sus labores y se fijó como regla la presunción de
discriminación, cuando la desvinculación del servidor no esté debidamente justificada.

20. También citó las sentencias T-368 de 2024, T-519 de 2003, T-025 de 2004, T-499 de
2020 y T-068 de 2006, entre otras, en las que se trataron temas como la estabilidad
laboral reforzada, el derecho a la no discriminación y a la reubicación de las personas
con pérdida de capacidad laboral.

21. Así mismo, trajo a colación providencias proferidas en segunda instancia por las
Subsecciones A3 y B4 del Consejo de Estado, en las que se indicó que el servidor no
puede ser retirado del servicio con fundamento en la causal de la disminución de su
capacidad sicofísica, cuando en el proceso se encuentra probado que era apto para la
prestación del servicio; y tampoco, cuando han transcurrido más de tres meses desde
que se expidió el concepto de capacidad psicofísica en el que se le determinó no apto
para el servicio.

Trámite impartido

22. Mediante auto del 4 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, como
autoridad demandada; y ordenó notificar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía

3 Radicado 76001-23-31-000-2004-05185-01(0319-09), con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve.
4 Radicado 76001-23-31-000 2001-04004-01(5091-05), magistrado Alfonso Vargas Rincón.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Nacional (entidad que actuó como demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho), al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Juzgado Once Administrativo de Barranquilla, en calidad de
terceros con interés.

Intervenciones

23. El Tribunal Administrativo del Atlántico se refirió al trámite impartido en el proceso
de origen, para explicar que inicialmente el Juzgado de primera instancia decretó la
terminación anticipada del proceso por encontrar probada la excepción de inepta
demanda, dado que el interesado no interpuso el recurso de apelación contra el acta de
la Junta Médico Laboral, a fin de que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía se pronunciara sobre el particular.

24. No obstante, dicha decisión se apeló y en segunda instancia, con auto del 14 de junio
de 2024, el Tribunal la confirmó parcialmente y ordenó que se diera por terminado el
proceso frente a los cargos de nulidad contra el acta de la Junta Médica, y que se
continuara el litigio en lo referente a la Resolución 02115 de 2020, mediante la cual se
retiró del servicio al accionante.

25. El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla reseñó el trámite adelantado en
el proceso de origen, reiteró lo señalado por el Tribunal accionado y agregó que, con
sentencia del 22 de enero de 2025, se negaron las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta la vulneración de los derechos
fundamentales del señor Leal Guerra.

26. La Policía Nacional señaló que en el proceso no se acredita que con ocasión a la
sentencia censurada se hayan vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

27. Refirió que el Acta de la Junta Médico Laboral del 10 de septiembre de 2019,
determinó que el señor Leal Guerra presenta alteraciones en el área psicofísica que no
le permiten ser apto para el servicio. Dicho dictamen no fue apelado por el interesado,
razón por la cual fue desvinculado de la institución, con fundamento en la causal
establecida en el artículo 55, numeral 3 del Decreto 1791 de 2000.

28. Afirmó que la tutela es improcedente, porque no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable, y además se conoce que CASUR reconoció la asignación de retiro
a favor del accionante, conforme a la ley.

Sentencia de primera instancia

29. Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la tutela, porque no satisface el requisito de relevancia
constitucional, dado el interés evidente de convertir la acción en una instancia adicional
del proceso de origen.

30. Concretamente, el a quo estima que la parte actora expuso como sustento de la
solicitud de amparo, los mismos argumentos esgrimidos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de origen, a
saber: (i) el presunto desconocimiento del concepto de salud ocupacional; (ii) el derecho
a la reubicación cuando el funcionario tiene capacidad para desarrollar tareas

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

administrativas; y (iii) la extemporaneidad del acto de retiro del servicio, porque se expidió
vencidos los tres meses desde que se expidió el acta de la Junta Médica.

D. Impugnación

31. La parte accionante insiste en que el debate planteado reviste relevancia
constitucional, dado que se trata de un servidor en condición de disminución de su
capacidad laboral, que se evidencia la afectación directa de los derechos fundamentales,
y el desconocimiento de los precedentes obligatorios.

32. Sostuvo que en la demanda acreditó con sustento probatorio y con suficiente
argumentación que el retiro del señor Yair Bernardo Leal Guerra se produjo con flagrante
desconocimiento del precedente constitucional aplicable, dado que se materializó el
retiro del servicio sin efectuar previamente un estudio para la eventual reubicación laboral
del policial, lo cual fue recomendado por la autoridad médica competente.

33. Lo anterior, por contera, configura un defecto fáctico, que asegura también se
cometió por el juez de tutela de primera instancia, en tanto dejó de valorar los medios de
prueba aportados con la solicitud de amparo como la hoja de vida y la historia clínica del
accionante, en donde se evidencian los conceptos favorables para la reubicación del
policial, emitidos por las especialidades de salud ocupacional y psiquiatría.

34. Agregó que en la tutela se invocaron pronunciamientos de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado en los que se ha insistido en la relevancia constitucional de las
controversias relacionadas con el retiro de los miembros de la Fuerza Pública que están
mermados en su capacidad psicofísica y que son desvinculados sin un estudio previo de
la posibilidad de reubicación, como sucede en este caso.

35. Reiteró que, a su juicio, el fallo impugnado incurrió en un error al declarar la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional, sin efectuar un análisis
material de los argumentos expuestos en la tutela, sin confrontar la jurisprudencia
invocada y apartándose, sin justificación suficiente, del precedente del propio Consejo
de Estado.

36. Sostuvo que la tutela no se limita a reiterar los argumentos debatidos en el proceso
de origen, sino que dio cumplimiento estricto a los requisitos de procedibilidad específica,
dado que se sustentaron los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente (reiteró los fundamentos expuestos en el libelo inicial).

CONSIDERACIONES

Competencia

37. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 5,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

5
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.

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Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
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Problema Jurídico y metodología de la decisión

38. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 29
de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela.

39. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá
si el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la expedición de la sentencia del 4 de julio
de 2025, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente y,
por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

40. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

41. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

42. De manera reiterada, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley
2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela 8, ni
una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni una sentencia interpretativa
(SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz -JEP11; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir
que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en
el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo
que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de
defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión
planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre

6 Corte Constitucional C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215

de 2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio

del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-

573 de 2017, SU-585 de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

43. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

44. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

45. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto

46. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional,
en tanto que tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en el
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 08001-33-33-011-2021-00088-02.

47. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que, a través de la acción constitucional
de la referencia, el señor Yair Bernardo Leal Guerra pretende revivir el debate suscitado
en el proceso de origen, toda vez que los argumentos esgrimidos en la demanda no
evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su inconformidad
con la decisión adoptada, que se fundamenta en los mismos aspectos que motivaron el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de enero de 2025 proferida
por el Juzgado Once Administrativo de Barranquilla.

48. En efecto, en la alzada el señor Leal Guerra expuso como motivos de inconformidad,
los que resumió así14 (transcripción textual con posibles errores incluidos):

13 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
14 Tomado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de enero de 2025, adjunto a la

demanda de tutela.

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Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

En conclusión; (i) el acto de retiro carece de motivación (Falsa motivación), teniendo
en cuenta que las patologías que sirvieron como fundamento no revisten tal carácter
que permita inferir a ciencia cierta que el estado actual de salud del demandante riñe
con la ejecución de las funciones a su cargo y mucho menos que permitan concluir
que sea imposible su reubicación en otras áreas administrativas, hecho que se
presentaba al momento de su retiro; (ii) Dentro del fallo se observa de manera
cristalina como el fallador al momento de emitir la sentencia configura un defecto
sustantivo en su argumento; esto por cuanto dejó de aplicar una norma que es
aplicable al caso y de la que tanto énfasis se hizo a lo largo del proceso; (iii) A lo largo
del proceso y enfatizado en el fallo; el a-quo desconoció el precedente judicial, lo cual
es una obligación de las autoridades judiciales; por lo que su desconocimiento sin
justificación alguna también configura un defecto sustantivo (Sentencia SU-573 de
2017); (iv) Con el fallo; y durante el transcurso del proceso el a-quo no veló por
proteger los derechos constitucionales al debido proceso, la igualdad y la buena fe
son principios que respaldan el respeto a los precedentes judiciales y (v) se nota
claramente la figura del defecto factico por interpretación errónea de las pruebas,
habida cuenta que el Despacho inicial no tomó en cuenta todo el material probatorio
aportado, o no hizo un estudio riguroso del mismo para tomar la decisión.

49. En el recurso de apelación también se hizo alusión al desconocimiento del
precedente judicial establecido en la sentencia C-381 de 12 de abril de 2005; se reprochó
la aplicación errónea de la causal de retiro establecida en el numeral 3º del artículo 55
del Decreto 1791 de 2000 y la inaplicación del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, en
tanto señala la vigencia de 3 meses del concepto de capacidad sicofísica, de donde, a
su juicio, se colige la ilegalidad de la desvinculación, por haberse ordenado después de
ese término.

50. Sobre todos estos aspectos se pronunció el Tribunal accionado en la providencia que
es objeto de censura, con razonamientos que no se observan caprichosos ni arbitrarios.

51. Ahora bien, al momento de determinar el problema jurídico el ad quem fue claro en
señalar que el mismo se enmarcó en los argumentos de la apelación pero «respecto solo
de lo que soporta la sentencia de primera instancia, frente a la falsa motivación y
desviación de poder del referido acto administrativo de retiro, como quiera que mediante
decisión de fecha 14 de junio de 2024, esta Corporación confirmó la decisión de dar por
terminada la demanda frente a la pretensión de nulidad del Acta de la Junta Médica No.
5349 del 10 de septiembre de 2019».

52. Dicho discernimiento no se observa sesgado, arbitrario o caprichoso, teniendo en
cuenta que revisado el trámite surtido en el expediente con radicado 08001-33-33-011-
2021-00088-02, lo que se observa es que inicialmente, el juzgado sustanciador terminó
el proceso por incumplimiento del requisito de procedibilidad, dado que no se apeló el
acta emitida por la Junta Médica Laboral, es decir, que no se agotó debidamente la vía
administrativa. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal accionado decidió dar
continuidad al litigio frente a la pretensión de nulidad del acto de desvinculación, pero
dejando claro que no se estudiaría la legalidad del acta en mención.

53. Por eso resulta congruente que el fallador de segunda instancia, no se detuviera en
los argumentos encaminados a atacar la legalidad del acta de la junta médica.

54. Sobre el cargo de nulidad por falsa motivación, esgrimido en el recurso de apelación
contra el fallo ordinario de primera instancia, y reiterado en la acción de tutela,
relacionado con el término de vigencia del acta de la Junta Médica Laboral

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

(desconocimiento del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000), la autoridad judicial
demandada, al resolver la segunda instancia, señaló:

Aduce el demandante en su escrito de apelación, reiterando el concepto de
violación indicado en la litis, que la notificación es irregular y por ende se incurre en
la causa de ilegalidad del acto administrativo por falsa motivación, bajo dos
argumentos, 1) la extemporaneidad de las valoraciones médicas dentro del término
de dos (2) meses que indica el Decreto 1791 de 2000, que dieron lugar a un Acta
de Junta Médica Laboral, que sobrepasó los límites que expone la norma. 2)
vulneración al debido proceso, pues la administración solo contaba con un término
de tres (3) meses para la adopción de la decisión administrativa, pues el informe de
la Junta médica No. 5349 se expidió el 10 de septiembre de 2019 siendo notificada
17 de septiembre del mismo año), luego la institución sólo tenía fecha para
pronunciarse sobre la procedencia del retiro hasta el día 17 de diciembre de 2019,
y no como lo realizó, el 17 de septiembre de 2020, contando erróneamente los
términos a partir del 17 de enero de 2020 (fecha en que presuntamente quedó
ejecutoriada la valoración), pues para ese momento ya era ineficaz la valoración
realizada por la Junta, y por ende había recobrado la aptitud psicofísica que tenía
el demandante.

Debe dejarse en claro que esta Colegiatura se abstendrá de pronunciarse sobre el
primer argumento de debate, como quiera que mediante auto de fecha 14 de junio
de 2024, este Tribunal Administrativo se pronunció respecto a la omisión del
demandante de controvertir la decisión adoptada por la Junta Médica Laboral ante
el Tribunal Médico Laboral, a la cual se encontraba habilitado en un término de
cuatro (4) meses, encontrándose inhibida esta Judicatura para pronunciarse frente
a ello.

Respecto al segundo argumento relacionado con el término para la expedición del
acto de retiro, deben arribarse las siguientes conclusiones: En primer lugar, la Junta
Médica Laboral fue notificada el 17 de septiembre de 2019, luego la decisión de
retiro debía acontecer en un término de tres (3) meses como lo indicaba el
demandante, es decir el 17 de diciembre de la misma anualidad.

No obstante, se tiene que el demandante, debía acudir ante el Tribunal Médico con
el fin de adoptar una decisión en segunda instancia, como procedibilidad de
expedición de un acto definitivo complejo cuando la pérdida de la capacidad laboral
es inferior al necesario para acudir a la pensión de invalidez8, lo que habilitaba al
demandante a que recurriera la decisión y en tal sentido obtener una nueva
valoración o modificación a su disminución de la capacidad psicofísica, lo cual debía
acontecer en un término de cuatro (4) meses, tal como se contempló en el dictamen
5349 del 10 de septiembre de 2019, entonces era a partir de esa fecha final (17 de
enero de 2020) que debía contarse el término de tres (3) meses para tenerse como
vigente el Acta Médica, y no como lo interpreta el demandante, pues de haber
pretermitido dicho término, se hubiere vulnerado su derecho de acudir a la segunda
instancia a controvertir el dictamen.
(…)
Ahora bien, se avizora que la Resolución No. 02115 fue expedida el día 17 de
septiembre de 2020, con fundamento en la validez del dictamen expedido por la
Junta Médica del 17 de septiembre de 2019, la cual determinó una disminución de
la capacidad laboral del demandante del 59.05%; lo anterior obedeció a que a partir
del 17 de marzo de 2020, se suspendieron los términos de actuaciones
administrativas y procesales, con ocasión de la emergencia sanitaria ocurrida por
la Covid19, tal como se advierte del contenido de las Resoluciones Nos. 929 del 17
de marzo de 2020, 1072 del 30 de marzo de 2020, 1111 del 13 de abril de 2020,
1224 del 27 de abril de 2020, 1280 del 11 mayo de 2020, 1368 de 22 de mayo de
2020, 1397 del 29 de mayo de 2020, 1665 del 30 de junio de 2020, 1786 del 15 de
julio de 2020 y 1907 del 31 de julio de 2020 expedidas por el Director General de la
Policía, los cuales procedieron desde el 17 de marzo al 1º de septiembre de 2020,
como bien se explicó en el mismo acto de retiro.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

En ese orden de ideas, para esta Colegiatura, no encuentra acertada la afirmación
realizada por el demandante, a que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
hubiere actuado bajo la causal de nulidad de falsa motivación soportada en un acta
que no se encontraba vigente, pues resulta claro que la suspensión de términos
amplió la vigencia del dictamen mismo, el cual se encontró en firme solo hasta el
17 de enero de 2020.

55. Como se observa, contrario a lo argumentado por la parte actora, el Tribunal
accionado no discutió el término de 3 meses de vigencia del dictamen rendido por la
Junta Médico Laboral, sino que se puso de presente una situación nueva que fue la
pandemia por Covid-19 y la suspensión de términos administrativos que ocurrió con
ocasión de la emergencia sanitaria que atravesó el país en ese momento.

56. Ahora bien, alega el accionante que el director general de la Policía no tenía
competencia para prolongar la vigencia del acta de la Junta, sin embargo, tal y como lo
expuso la autoridad judicial accionada, las decisiones de suspender las actuaciones
administrativas entre el 17 de marzo y el 1º de septiembre de 2020 se encuentran
contenidas en actos administrativos sucesivos que se presumen legales, y que fueron
expedidos bajo el amparo del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, mediante el cual, el
presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio nacional.

57. En todo caso, la Subsección advierte que hubiera sido gravoso para el señor Leal
Guerra que la Institución hubiera decidido desvincularlo en plena pandemia, teniendo en
cuenta que existía un dictamen de la Junta Médica Laboral que lo consideraba no apto
para el servicio y sin posibilidades de reubicación laboral, que quedó en firme el 17 de
enero de 2020, porque no fue apelado ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía. En cambio, el nominador, en garantía de sus derechos fundamentales
consideró la suspensión de términos y mantuvo al actor en servicio activo, para luego
retirarlo bajo el amparo de la causal legal de desvinculación.

58. En definitiva, lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se
evidencia es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y
razonado de la normativa aplicable, la jurisprudencia en la materia y los medios de
prueba obrantes en el expediente, a partir del cual concluyó que el acto de retiro se ajusta
a derecho.

59. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son razonables y
no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, puesto que
responden adecuadamente al problema jurídico abordado por el tribunal. El hecho de
que el accionante no comparta el fundamento de la decisión, no significa que el Tribunal
Administrativo accionado hubiese tomado una decisión irracional, absurda o
contraevidente, al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.

60. En suma, para la Subsección, la discusión propuesta es una reiteración de un debate
ya surtido ante el juez natural de la causa, y en consecuencia carece de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiado en esta instancia, tal y como lo declaró el a
quo.

61. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06773-01
Accionante: Yair Bernardo Leal Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones aquí señaladas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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