Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06777-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06777-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06777-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06777-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA
DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
LA PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA
FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA. TERCERA
INSTANCIA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor
SABEL REINERIO ARÉVALO AREVALO contra la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor SABEL REINERIO ARÉVALO AREVALO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante Sección Segunda.
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso y al principio de seguridad
jurídica, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al
haber proferido la sentencia de 10 de julio de 2025, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 2015-00226-02.
I.2. Hechos
Indicó que trabajó de manera continua en la Rama Judicial desde el
1o. de noviembre de 1980 hasta el 10 de agosto de 2001 y efectuó
los aportes a pensión en la Caja Nacional de Previsión Social.
Manifestó que mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se eliminaron
los regímenes especiales, pero se determinó que estos continuaban
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que el trabajador
tuviera a la entrada en vigencia de la reforma un mínimo de 750
semanas aportadas para el cubrimiento de la pensión de vejez.
Señaló que presentó derecho de petición ante la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP), con el fin de que se declarara que era beneficiario
del régimen especial de la Rama Judicial y se le reconociera la
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
pensión de vejez a partir del 17 de junio de 2014. Dicha entidad
mediante Oficio núm. NOR5316 de 21 de agosto de ese año, le
informó que para poder continuar con el trámite debía anexar
algunos documentos faltantes.
Sostuvo que reiteró su solicitud en la que aclaró que reclamaba la
pensión especial como servidor de la Rama Judicial, sin embargo, no
aportó los documentos solicitados por la UGPP.
Adujo que, ante la no respuesta clara a su reclamación, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue
identificada con el número único de radicación 2015-00226-00 y
correspondió por reparto a la SALA QUINTA DE DECISIÓN DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2 que, mediante
sentencia de 16 de junio de 2022 declaró probadas las excepciones
de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y negó las
pretensiones de la demanda.
Inconforme con lo anterior, presentó recurso de apelación el cual
correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia
de 10 de julio de 2025 confirmó la decisión de primera instancia.
I.3. Fundamentos de la solicitud
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En adelante Tribunal.
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al no tener en cuenta la normativa constitucional que
protege a los empleados públicos y privados, y que prevé en sus
artículos 25 y 53 el derecho a un trabajo en condiciones dignas y la
garantía de la seguridad social, respectivamente.
Resaltó que también se apartó del precedente jurisprudencial por
cuanto desconoció las sentencias C-596 de 20 de noviembre de
19973, C-608 de 23 de agosto de 19994 y C-258 de 7 de mayo de
20135, proferidas por la Corte Constitucional, e interpretó de manera
inadecuada el concepto de vigencia de los regímenes especiales, en
particular el fijado para los servidores de la Rama Judicial.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] dejar sin valor jurídico la sentencia del diez de julio de dos mil
veinticinco, dictada en segunda instancia en el proceso:
63001233300020150022602.
Tercero: Ordenar al Consejo de Estado, sección segunda,
subsección B, proceda a resolver la segunda instancia, de la
sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío. de fecha 16 de
junio de 2022, conforme al lineamiento previamente expuesto por
el precedente inherente a la vigencia de los regímenes especiales
existentes antes de la vigencia de la ley 100 […]”.
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M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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I.5. Defensa
I.5.1- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que la presente acción de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo
que solicitó se declare improcedente, pues lo que pretende el actor
es convertirla en una instancia adicional para cuestionar la decisión
del juez natural que fue desfavorable a sus intereses.
Sostuvo que el actor no cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario del régimen
de transición.
I.6. Vinculados
I.6.1.- La UGPP indicó que no se encuentra legitimada en la causa
por pasiva para actuar dentro de la presente acción, habida cuenta
que la reclamación pensional del actor no fue presentada ante ella y
lo que se pretende es controvertir la decisión judicial proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA.
I.6.2.- El TRIBUNAL, pese a ser notificado en debida forma, guardó
silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la UGPP solicitó ser desvinculada de la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la UGPP fungió como parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste
interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
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razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
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ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2015-
00226-02.
El disenso del actor radica en que, en su sentir, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo al no tener en cuenta la
normativa constitucional que protege a los empleados públicos y
privados, y que prevé en sus artículos 25 y 53 el derecho a un trabajo
en condiciones dignas y la garantía de la seguridad social,
respectivamente.
Resaltó que también se apartó del precedente jurisprudencial por
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cuanto desconoció las sentencias C-596 de 20 de noviembre de 1997,
C-608 de 23 de agosto de 1999 y C-258 de 7 de mayo de 2013,
proferidas por la Corte Constitucional, e interpretó de manera
inadecuada el concepto de vigencia de los regímenes especiales, en
particular el fijado para los servidores de la Rama Judicial.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
SEGUNDA vulneró el derecho deprecado e incurrió en los defectos
alegados por el accionante al haber proferido la sentencia de 10 de
julio de 2025.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone el actor respecto del defecto sustantivo alegado implica
la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y
del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada no interpretó correctamente la normativa
constitucional en protección del servidor público y pasó por alto el
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precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional
que, a su juicio, señaló que el régimen especial de tales funcionarios
se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que a la
entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, el trabajador
hubiera acreditado 750 semanas cotizadas al sistema de seguridad
social, situación que alega haber demostrado el actor para acceder a
la pensión de vejez.
Se advierte que tales inconformidades fueron resueltas por la
SECCIÓN SEGUNDA en la sentencia cuestionada al haber realizado
el estudio correspondiente de los hechos y las pruebas que tuvo a su
alcance para determinar si el actor era o no beneficiario del
reconocimiento de la prestación pensional, así:
3.4. Requisitos de la pensión de jubilación del artículo 6 del
Decreto 546 de 1971
(…) el régimen especial en materia pensional contenido en el citado
Decreto 546 de 1971 en favor de aquellas personas que hayan
prestado sus servicios a la Rama Judicial o al Ministerio Público,
preveía las siguientes condiciones especiales para acceder al
reconocimiento de la pensión: (i) 20 años de servicio de los cuales
10 debían ser exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Publico,
y, (ii) 55 años de edad para los hombres y 50 respecto de las
mujeres. El cumplimiento de estas condiciones, de acuerdo con el
artículo 6 ídem otorgaba el derecho a una «pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio».
3.5. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993
(…) el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 protege las expectativas legítimas que tenían los
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trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación
definida a la fecha de su entrada en vigencia, 1 de abril de 1994, y
que estuvieran próximos a pensionarse. Este grupo está
conformado por «los servidores del Estado (empleados y
funcionarios públicos, así como trabajadores oficiales) de ambos
sexos, que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
contaran con 35 años de edad o más si son mujeres, o con 40 si
son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados»11. Es decir,
basta con reunir cualquiera de los anteriores requisitos para tener
el derecho adquirido al régimen de transición.
(…)
3.6. Contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005.
Reiteración de jurisprudencia
23. En virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 200512 al artículo 48 Superior, la aplicación del
régimen de transición no es indefinida.
24. En efecto, a través del parágrafo transitorio 4 del artículo 1 de
dicho acto legislativo, el Congreso de la República fijó un límite
temporal, en el sentido de señalar que, «el régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales
para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen».
25. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 señala que la
vigencia de los regímenes pensionales especiales y de los
exceptuados, así como cualquier otro distinto al régimen especial
contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de 2010,
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
referido acto legislativo, a los cuales se les mantendría dicho
régimen hasta el año 2014, esto es, que ya no habría posibilidad
de acceder a él, y por ende las pensiones serían reconocidas
conforme con los requisitos del sistema general de pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993.
26. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera
uniforme y reiterada ha determinado, que una persona puede
acceder a su derecho prestacional bajo el régimen de transición al
cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
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supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años siendo
mujer, 40 o más años siendo hombre, (ii) que independientemente
de la edad había laborado o realizado cotizaciones por más de 15
años, (iii) que al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de
2005, contaba al menos con las 750 semanas que exige el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, ello con el fin de que el régimen de
transición se le prolongara hasta el año 201414 y (iv) que al 31 de
diciembre de 2014, fecha de finalización del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, había consolidado su estatus pensional
cuando acreditó la edad y el tiempo de servicio exigido en el
respectivo régimen especial.
3.7.2. Análisis sustancial de la Sala
28. El demandante pretende que se le reconozca la pensión de
vejez del régimen especial de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público previsto en el Decreto 546 de 1971, para lo
cual alega que acreditó los requisitos de dicho régimen especial de
la Rama Judicial, esto es 20 años de servicio y 55 años de edad,
por tener acreditadas 750 semanas a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005.
29. La UGPP le negó la solicitud de reconocimiento de pensión de
vejez conforme al Decreto 546 de 1971 mediante el acto presunto
producto de la falta de respuesta a la petición del 2 de agosto de
2014.
30. La Sala comparte el criterio del a quo en relación a que no es
objeto de discusión si Sabel Reinerio Arévalo Arévalo no cumple
con los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 para ser
beneficiario del régimen de transición, como se constata al
observar que nació el 17 de junio de 1959, lo que significa que para
el día 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones a nivel territorial, contaba con 36
años de edad y en la relación al tiempo de servicios, se tiene que
inició a laborar el 1 de noviembre de 1980, por lo que al 30 de junio
de 1995 tenía un poco más de 14 años de servicio, por lo que
tampoco cumple con ese requisito.
31. Sobre el particular la Sala anota, que como el parágrafo 4 del
Acto Legislativo 01 de 2005 ordenó la finalización definitiva de la
transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir
del 31 de diciembre de 2014, entonces, las personas interesadas
en acceder a una pensión bajo el régimen de transición, deben
demostrar que consolidaron su estatus pensional, esto es: la edad
y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial,
antes la extinción del régimen de transición.
32. Sin embargo, la Sala reitera que dicho beneficio transicional
culminó el 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la cual, de acuerdo
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con el Acto Legislativo 01 de 2005, se permitió la vigencia de los
regímenes de transición.
33. Por lo tanto: (i) el actor no es beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1 de
abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma ídem, tenía
menos de 40 años de edad y menos de 15 años de servicios
cotizados, (ii) dicho beneficio transicional culminó el 31 de
diciembre de 2014, fecha hasta la cual, por orden del Acto
Legislativo 01 de 2005, se permitió la vigencia de los regímenes de
transición.
34. Por consiguiente, el reconocimiento de la pensión del
demandante debía hacerse conforme a la Ley 100 de 1993, como
bien lo estudió el a quo, que de manera acertada concluyó, que
Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, no era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, es
preciso señalar que si bien laboró por más de 20 años en la Rama
Judicial no le es aplicable el régimen especial previsto en el Decreto
546 de 1971.
35. En efecto, así ocurrió, pues la consulta que la Sala realizó en el
RUAF mostró que mediante Resolución 36505 del 5 de febrero de
2024 COLPENSIONES reconoció al demandante una pensión de
vejez del régimen de prima media con tope máximo de pensión, es
decir, de conformidad con la Ley 100 de 1993.
3.8. Conclusión de la decisión
36. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema
jurídico planteado es que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez conforme al Decreto 546 de
1971, porque no es beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2014.
37. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se
confirmará la sentencia de primera instancia, y, en consecuencia,
el acto administrativo presunto demandado, conserva su
presunción de legalidad. […]”. (Resaltado del texto)
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
la SECCIÓN SEGUNDA al realizar un análisis de los hechos, las
actuaciones surtidas dentro del proceso cuestionado y las pruebas
allegadas, logró determinar que la pretensión del accionante de que
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se le reconociera la pensión de vejez establecida para el régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial previsto en el Decreto
546 de 1971, no era procedente, por cuanto no logró acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
Significa lo precedente que lo pretendido por la parte actora es que
el juez de tutela haga un nuevo examen integral de los hechos
alegados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con la finalidad de que se profiera una sentencia favorable a sus
pretensiones y se deje sin efectos aquella que confirmó la decisión
del juez de primera instancia que negó las súplicas incoadas en la
demanda.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa, sino
en particular, porque pretende que en sede de tutela se estudien las
razones y fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio lugar a la providencia cuestionada, lo que torna
la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está
instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.
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Cabe anotar que la presunta configuración del defecto del precedente
judicial tampoco cumple con la carga argumentativa que fundamente
dicha afirmación, porque la parte actora se limitó a citar providencias
que hacen alusión al régimen especial de los empleados de la Rama
Judicial sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir
entre lo resuelto en esas oportunidades y lo decidido en el proceso
ordinario objeto de controversia.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas aportadas
al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión del derecho fundamental de la parte actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
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esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Actor: SABEL REINERO ARÉVALO ARÉVALO
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de noviembre de 2025.
NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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