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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06777-01

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06777-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06777-01 Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo Se confirma la decisión de primera instancia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06777-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06777-01
Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia que confirmó la providencia que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho llevado a cabo contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante
UGPP), con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado por la falta de
respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento pensional de acuerdo con el Decreto
546 de 19712.
I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.El 28 de octubre de 2025 Sabel Reinerio Arévalo Arévalo presentó, en nombre propio,
una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social. Según el accionante, esas
garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 10 de julio de
2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-23-33-000-2015-
00226-00/02.

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho /

Régimen especial de funcionarios de la Rama Judicial / Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia.
2 “Por el cual se establece el Régimen de Seguridad y Protección Social y de los funcionarios y empleados de la Rama

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.

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Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Se confirma la decisión de primera instancia

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Primera: TUTELAR los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO,
SEGURIDAD JURÍDICA, en conexión con el DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, desconocidos al accionante SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO.

Segundo: como consecuencia del amparo conferido, dejar sin valor jurídico la
sentencia del diez de julio de dos mil veinticinco, dictada en segunda instancia en el
proceso 63001233300020150022602.

Tercero: ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceda
a resolver la segunda instancia de la sentencia del Tribunal Administrativo del
Quindío, de fecha 16 de junio de 2022, conforme al lineamiento previamente
expuesto por el precedente inherente a la vigencia de los regímenes especiales
existentes antes de la vigencia de la Ley 1003.

B. Hechos

3.El señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo laboró en la Rama Judicial desde el 1º de
noviembre de 1980 hasta el 10 de agosto de 2001 y realizó sus aportes a pensión en la
Caja Nacional de Previsión Social.

4.El 2 de agosto de 2014, el accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago
de la pensión de acuerdo con el Decreto 546 de 1971, pues a su juicio, era beneficiario
del régimen especial establecido para los funcionarios de la Rama Judicial.

5. En oficio del 21 de agosto de 2014, la UGPP le informó al accionante que los
documentos anexos para el trámite de la solicitud de pensión gracia se encontraban
incompletos. No obstante, el actor precisó que no solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia, sino la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 546 de 1971 y solicitó que
se otorgara una respuesta de fondo.

6. Mediante oficio del 5 de septiembre de 2021, la UGPP reiteró al actor que “los
documentos anexos para el trámite de la solicitud prestacional se encontraban
incompletos” y, mediante auto del 15 de enero de 2015, esa autoridad remitió la solicitud
por competencia a Colpensiones, decisión que fue recurrida por el accionante. Tales
recursos fueron declarados improcedentes, mediante oficio del 20 de marzo de 2015.

7. El accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto ficto surgido del silencio administrativo, frente a la falta de respuesta de fondo a
la solicitud del 2 de agosto de 2014, en la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de
vejez de acuerdo con el Decreto 546 de 1971.

8.Mediante sentencia del 16 de junio de 2022 la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda. Expuso que el
accionante no es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de

3 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

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la Ley 100 de 1993, pues (i) al 1º de abril de 1994 contaba con 34 años y 9 meses de
edad y (ii) no cumplía con los 15 años de servicios requeridos, pues entre el 1º de
noviembre de 1980 y el 1º de abril de 1994, transcurrieron 13 años y 5 meses.

8.1. Señaló que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el servidor o “ex servidor”
de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a adquirir el derecho a la pensión bajo el Decreto 546 de 1971, siempre que para
el 1º de abril de 1994 tenga 40 años si es hombre o 15 años o más de servicios
efectivamente cotizados, requisitos que no cumplió el demandante.

9. El accionante apeló la decisión de primera instancia4 y, en sentencia del 10 de julio de
2025 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado la confirmó.
Sostuvo, en primer lugar, que el accionante no cumplió con los presupuestos del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición, por cuanto para
el 30 de junio de 1995 –fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
a nivel territorial–, tenía 36 años y “un poco más de 14 años de servicio”.

9.1. Añadió que, el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 ordenó la finalización
definitiva de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 31
de diciembre de 2014, por lo que los interesados en acceder a la pensión bajo dicho
régimen debían demostrar que consolidaron su estatus pensional –la edad y el tiempo de
servicio exigido en el régimen especial– antes de la extinción del régimen de transición.

9.2. Por lo anterior, concluyó que (i) el actor no resultaba beneficiario del régimen de
transición, porque al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma, tenía
menos de 40 años y menos de 15 años de servicios cotizados y (ii) dicho beneficio
transicional culminó el 31 de diciembre de 2014, de manera que, si bien laboró por más
de 20 años en la Rama Judicial, no le era aplicable el régimen especial previsto en el
Decreto 546 de 1971.
C. Fundamentos de la vulneración

10. El accionante expone que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues se transgredieron los artículos 255 y 536 de la Constitución Política, al

4 Indicó que, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013, dispuso que a esa fecha se encontraban vigentes

varios regímenes especiales, entre ellos el de la Rama Judicial. Afirmó que los regímenes especiales perdían vigencia
el 31 de diciembre de 2014, “siempre que se cumpliera con la condición establecida por el parágrafo 4º transitorio,
inherente a la cotización de 750 semanas al sistema a la entrada en vigencia de la reforma constitucional”. Expuso que
el régimen especial de la Rama Judicial se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, para los servidores que tuviesen
acreditadas 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
5 ARTICULO 25. El es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección

del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
6
ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la

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resolver “a favor de la parte demandada y no a favor del trabajador como expresamente
lo señalan los cánones constitucionales invocados”. A su vez, indica que se interpretó de
manera irrazonable el Acto Legislativo 01 de 2005.

11. Afirma que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez
que se desconocieron las sentencias C-596 de 19977; C-608 de 23 de agosto de 19998 y
C-258 de 20139, proferidas por la Corte Constitucional y señala que “la incorporación de
los servidores judiciales a la Ley 100 no conllevaba a la desnaturalización o pérdida del
régimen especial previsto por el legislador para aquellos”.

D. Trámite procesal

12. Mediante auto del 29 de octubre de 202510 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y notificó a la autoridad judicial accionada11 y a los terceros
con interés12.

E. Oposiciones e intervenciones

13. La UGPP13 (tercero con interés) solicitó su desvinculación del proceso de tutela, por
cuanto dicha autoridad no vulneró los derechos fundamentales del accionante y es la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado la autoridad encargada de
dar trámite a las pretensiones de la demanda de tutela.

14. El Tribunal Administrativo del Quindío14 (tercero con interés) allegó el expediente
digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

15. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado15 (accionado) solicitó
que se declarara la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues el actor se limitó a cuestionar la valoración
probatoria y el análisis jurídico realizado en la providencia cuestionada, y reiteró los
argumentos presentados en primera y en segunda instancia en el proceso ordinario.

15.1. Indicó que, en todo caso, no vulneró los derechos fundamentales del accionante,
toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, una persona puede acceder al derecho prestacional bajo el régimen
de transición al cual se encontraba afiliado, si (i) al 1º de abril de 1994 tenía 40 años o
más siendo hombre; (ii) independientemente de la edad, laboró o realizó cotizaciones por
más de 15 años; (iii) al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005 contara al

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad (…)
7 Corte Constitucional, sentencia del 20 de noviembre de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
8 Corte Constitucional, sentencia del 23 de agosto de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 Corte Constitucional, sentencia del 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Índice 5 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
12 UGPP y la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.
13 Índice 9 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
14 Índice 10 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
15 Índice 11 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

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menos con las 750 semanas exigidas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1994, con el fin
de que el régimen de transición se prolongara hasta el 2014.

15.2. Añadió que la demanda de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues
el actor contaba con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión.

F. Sentencia impugnada

16. Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2025 la Sección Primera del Consejo de
Estado resolvió:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la
referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia. (negrillas del original)

16.1. Frente a la solicitud de desvinculación de la UGPP, afirmó que a dicha autoridad le
asiste interés en lo decidido en el proceso de tutela, por cuanto obró como parte
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

16.2. Señaló que la demanda de tutela no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, pues la controversia planteada por el accionante implica la reapertura de
un asunto que fue resuelto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y se pretende constituir una instancia adicional.

16.3. Expuso que las inconformidades planteadas por el accionante fueron resueltas por
la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada, al haber realizado el estudio
correspondiente de los hechos y las pruebas que tuvo a su alcance para determinar si el
accionante era o no beneficiario del reconocimiento de la prestación pensional.

16.4. Señaló que la autoridad judicial accionada concluyó que la pretensión del
accionante, frente al reconocimiento de la pensión de vejez establecida para el régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial, previsto en el Decreto 546 de 1971 no era
procedente, por cuanto no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

16.5. De acuerdo con lo anterior, señaló que el accionante pretende que el juez de tutela
realice un nuevo examen de los hechos alegados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se profiera una sentencia favorable
a sus pretensiones.

16.6. Además, expuso que el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado
tampoco cumple con la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, pues el

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actor se limitó a citar providencias que hacen alusión al régimen especial de los
empleados de la Rama Judicial, sin precisar la relación fáctica y jurídica que existe entre
lo resuelto en aquellas y lo decidido en el proceso ordinario.

G. Impugnación

17. El accionante impugna la decisión del 13 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado e indica que el a quo “elude el debate
constitucional y opta por una tesis contraria a lo sentado por la Corte Constitucional en
estudio por fuera expresamente citado y transcrito en su parte pertinente en el escrito de
tutela”.

17.1. Indica que la pensión es un derecho irrenunciable y consolidado a la vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005. Expone que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues
la demanda de tutela se fundamentó en que, en la sentencia C-258 de 2013 se determinó
que los regímenes especiales tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

17.2. Expone que, “la sentencia dictada en proceso soporte de la tutela incoada hace
relación al régimen de transición de la Ley 100. Ese fue el debate del tribunal de cierre
de la jurisdicción contenciosa. Ese aspecto no está llamado a debate constitucional por
cuanto no es objeto del planteamiento de la tutela, como lo señala la decisión de primera
del juez de tutela, es decir, el debate legal ya dado por el Consejo de Estado está claro,
está relacionado con el régimen de transición”.

17.3. Señala que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se discutió
la vigencia del régimen especial de funcionarios de la Rama Judicial, establecido en el
estudio de exequibilidad de la sentencia C-258 de 2013.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de
la demanda de tutela por no encontrar acreditado el requisito de relevancia constitucional.
En ese sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia16.
16Como requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia

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J. El requisito de relevancia constitucional

20. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales17. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada18, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

21. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones19.

22. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

23. Para la Corte Constitucional20, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

24. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional21”.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

25. En el caso objeto de estudio el accionante presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra la providencia mediante la cual la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
contra la UGPP.

26. En su concepto, esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la seguridad social, pues a su juicio incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por lo que la Sala procederá a realizar
la identificación de aquellos:

(i) Defecto sustantivo: la Corte Constitucional dispuso que “si un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo
procedente la demanda de acción de tutela para que se corrija el error judicial22”.

20 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
21 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Señaló que “este se configura cuando el juez en ejercicio de su autonomía e
independencia desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los
principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por
la errónea interpretación o aplicación de la norma23” y expuso que el error judicial
“debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos
constitucionales y legales pertinentes”, pues el juez constitucional no puede
inmiscuirse ni “definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir”.

(ii) Desconocimiento del precedente jurisprudencial: según la Corte, el
precedente es una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso e
indicó que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior24”.
Además, ha establecido que “los precedentes judiciales proyectan un valor
vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos,
o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
L. El caso concreto

27. La Sala advierte, como lo hizo el a quo, que la demanda de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta
una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

28. Se observa que los argumentos planteados por el accionante fueron expuestos ante
la autoridad judicial competente en el recurso de apelación presentado contra la
sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío.

29. En el recurso de apelación, el accionante afirmó que “la Ley 100 unificó el régimen
de salud de la población colombiana. Igualmente, pretendió la unificación del régimen
pensional de los habitantes del territorio habiendo dejado a salvarguarda los
regímenes especiales de los servidores estatales” (negrillas fuera de texto). A su vez,
indicó que los funcionarios de la Rama Judicial, a la fecha de entrada en vigencia de la
referida Ley, eran sujetos del régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971.

30. A su vez, el actor expuso que el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que, a partir de
su entrada en vigencia no habría regímenes especiales ni exceptuados, y que “en materia
pensional se respetarán los derechos adquiridos”. Sostuvo que, en la sentencia C-258 de
2013 proferida por la Corte Constitucional, se dispuso que “a esa fecha se encontraban
vigentes varios regímenes especiales, entre ellos el de la Rama Judicial” y señaló que

23 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06777-01
Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Se confirma la decisión de primera instancia

estos perderían vigencia el 31 de diciembre de 2014, siempre que se cumpliera con la
condición establecida en el parágrafo 4º transitorio, a saber, la cotización de 750
semanas.

31. Por lo anterior, afirmó que el régimen especial de la Rama Judicial se extendió hasta
el 31 de diciembre de 2014, para aquellos servidores que hubiesen acreditado 750
semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Adicionalmente,
sostuvo que el debate no versaba sobre el régimen de transición, sino sobre el régimen
especial para los funcionarios de la Rama Judicial.

32. Tales planteamientos fueron resueltos por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de julio de 2025. La autoridad judicial
accionada determinó el problema jurídico de la siguiente manera: ¿el demandante, sin
ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez conforme al Decreto 546 de 1971,
por tener acreditadas 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005?

33. De conformidad con el problema jurídico planteado, tal como se evidenció en la
sentencia de primera instancia proferida en el presente proceso de tutela, la autoridad
judicial accionada sostuvo que, el accionante no es beneficiario del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1º de abril de 1994 –fecha de entrada en
vigencia de esa norma– tenía menos de 40 años de edad y menos de 15 años de servicios
cotizados y, el beneficio transicional finalizó el 31 de diciembre de 2014, cuando por orden
del Acto Legislativo 01 de 2005 se permitió la vigencia de los regímenes de transición.

34. Expresamente, la autoridad judicial accionada señaló:

(…) Sobre el particular la Sala anota, que como el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de
2005 ordenó la finalización definitiva de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, a partir del 31 de diciembre de 2014, entonces, las personas interesadas en acceder
a una pensión bajo el régimen de transición, deben demostrar que consolidaron su estatus
pensional, esto es: la edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial,
antes la extinción del régimen de transición.

Sin embargo, la Sala reitera que dicho beneficio transicional culminó el 31 de diciembre de
2014, fecha hasta la cual, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005, se permitió la
vigencia de los regímenes de transición.

Por lo tanto: (i) el actor no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, porque al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma
ídem, tenía menos de 40 años de edad y menos de 15 años de servicios cotizados, (ii)
dicho beneficio transicional culminó el 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la cual,
por orden del Acto Legislativo 01 de 2005, se permitió la vigencia de los regímenes de
transición.

Por consiguiente, el reconocimiento de la pensión del demandante debía hacerse conforme
a la Ley 100 de 1993, como bien lo estudió el a quo, que de manera acertada concluyó, que
Sabel Reinerio Arévalo Arévalo, no era beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, es preciso señalar que si bien laboró

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06777-01
Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Se confirma la decisión de primera instancia

por más de 20 años en la Rama Judicial no le es aplicable el régimen especial previsto
en el Decreto 546 de 1971 (…) (negrillas fuera de texto).

35. Así las cosas, contrario a lo expuesto por el actor en el escrito de impugnación, para
la Sala es claro que la autoridad judicial accionada resolvió la discusión planteada frente
a la aplicación del régimen especial para funcionarios de la Rama Judicial dispuesto en
el Decreto 546 de 1971.

36. Además, la Sala evidencia que, tanto en el recurso de apelación como en la demanda
de tutela, el accionante invocó como desconocidas las providencias de la Corte
Constitucional en las cuales se dispuso la vigencia del régimen especial de pensiones de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, la autoridad judicial
accionada afirmó que, en las sentencias C-258 de 2013 –cuyo desconocimiento alegó el
accionante– y SU-2010 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, se estableció que,
una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el régimen de transición al
cual se encontraba afiliado, si al momento de proferirse el Acto Legislativo 01 de 2005,
contaba con al menos las 750 semanas que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
con el fin de que el régimen de transición se prolongara hasta el 2014.

37. No obstante, se reitera, la autoridad judicial accionada concluyó que el
reconocimiento de la pensión del accionante debía hacerse de conformidad con la Ley
100 de 1993, pese a que laboró más de 20 años en la Rama Judicial, pues no resultaba
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala observa que la parte actora reiteró los
argumentos planteados en el recurso de apelación, los cuales, como lo expuso el a quo,
fueron resueltos por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
manera que se evidencia que la parte actora pretende exponer su inconformidad con la
sentencia cuestionada, sin que se evidencie el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

39. Así, la Sala advierte que, al no haber superado el requisito general de procedibilidad
de la relevancia constitucional, no resulta necesario examinar la concurrencia de los
demás requisitos generales ni los requisitos específicos, pues el asunto no se cumple con
el mérito suficiente para analizar de fondo los defectos invocados.

40.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre
de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

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Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo
Se confirma la decisión de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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