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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06780-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06780-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1°) Niégase la solicitud de desvinculación presentadas por la Universidad de Antioquia por las razones expuestas en la presente providencia. 2°) Declárase la carencia actual de objeto por daño consumado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º) Ordénase al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que, en lo sucesivo, a efectos de establecer la condición de egresado de conformidad con lo previsto en el Acuerdo que dé apertura a las inscripciones para la evaluación, i) considere únicamente la fecha en que el estudiante haya terminado satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y, ii) se abstenga de utilizar la fecha de culminación del semestre u otras fechas adicionales que no cuenten con respaldo normativo como argumento para inadmitir a la presentación a la prueba y que no consideren la realidad académica de las correspondientes universidades. 15 Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00 Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra Acción de tutela 4º) Ordenáse al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que inscriba directamente al señor Camilo Andrés Mercado Sierra, esto es, sin necesidad de que el actor deba hacerlo por su propia cuenta y sin exigirle requisitos adicionales para la aplicación 2026-1 que se encuentra vigente, en orden a que este pueda presentar el examen en el primer periodo del año 2026. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06780-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00
Demandante: CAMILO ANDRÉS MERCADO SIERRA
Demandado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
INADMISIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE
ESTADO DE LA LEY 1905 DE 2018. CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO.

Síntesis del caso: la parte actora consideró vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales como consecuencia del acto administrativo que lo inadmitió para presentar el
examen de Estado para el ejercicio de la profesión de abogado preceptuado en la Ley 1905 de
2018 para el periodo correspondiente a la aplicación 2025-II. La Sala declarará la carencia actual
de objeto por daño consumado porque la referida prueba ya se realizó, sin perjuicio de lo cual se
ordenará a la autoridad demandada para que en lo sucesivo adopte los correctivos pertinentes
para que tal situación no se repita.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Camilo Andrés Mercado Sierra
en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales de la igualdad, trabajo, libre escogencia de profesión, debido proceso y
mínimo vital previstos en los artículos 13, 25, 26, 29 y 53 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la determinación de inadmitirlo e impedirle
presentar el examen de idoneidad para ejercer como abogado.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 28 de octubre de 2025 (índice 2 SAMAI – archivo:
“3ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00
Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

1) Mediante el Acuerdo PCSJA25-12298 de 9 de mayo de 2025, el Consejo Superior de
la Judicatura abrió las “inscripciones para la presentación del examen de Estado de la
Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2025-II” y fijó como fecha límite el 27 de junio de 2025;
además, estableció que i) son destinatarios de dicha convocatoria, entre otras personas,
“los egresados que culminaron sus estudios de derecho siempre que hayan iniciado su
carrera de derecho después del 28 de junio de 2018“ y, ii) para tal efecto, “[e]s egresado
de la carrera de derecho toda persona natural que ha cursado y aprobado
satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios, pero que aún no ha recibido el título
académico.”.

2) El actor se inscribió para la presentación de la referida evaluación y, junto con esta,
adjuntó los documentos que acreditaban la terminación de todas las materias del
pregrado en Derecho en los términos del Acuerdo PCSJA25-12298, a saber: i) el
certificado de créditos faltantes fechado del 27 de junio de 2025; ii) su historia académica
expedida por la Universidad de Antioquia y, iii) un escrito explicativo de dichos
documentos.

3) El 8 de julio de 2025, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia (en adelante URNA) le comunicó vía correo electrónico que los documentos
adjuntados no correspondían al requerido y le solicitó remitir el certificado de culminación
de materias expedido por la Universidad de Antioquia en el término de tres (3) días
hábiles.

4) En atención a lo anterior, allegó el documento requerido por dicha autoridad de manera
oportuna.

5) Sin embargo, a través de la Resolución no. URNAR25-185 de 18 de julio de 2025, fue
inadmitido para presentar el mencionado examen con fundamento en la causal de “[n]o
haber cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad de estudios reglamentarios de
la carrera de derecho en una institución de educación superior oficialmente reconocida al
momento de la inscripción.”.

6) Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de reposición con sustento en que
cumplió con el requisito correspondiente a haber cursado y aprobado satisfactoriamente
sus estudios, lo cual acreditó con el certificado de terminación de materias y que la
decisión de inadmitirlo con base en una interpretación formalista del acuerdo lesionaba
sus derechos fundamentales.

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Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

7) Agregó que es un hecho notorio que “la Universidad de Antioquia históricamente ha
tenido unas dinámicas complejas en lo relativo al curso de los semestres y de su
calendario académico, que implica que frecuentemente estos no puedan ser
desarrollados con normalidad y se vean afectados con aplazamientos, suspensiones,
reprogramaciones y cancelaciones de los semestres, esto con ocasión a la continua
aparición de periodos de protestas, paros y otras contingencias de orden público que
impactan la normalidad académica.”.

8) En los certificados expedidos por la Universidad de Antioquia se indica con claridad
que cursó y aprobó todas las asignaturas del programa de Derecho y, aunque también
se precisa que la fecha oficial de terminación del semestre académico 2025-1 es el 19 de
julio de 2025, lo cual pudo conducir una interpretación equivocada de que la condición de
egresado solo se adquiere a partir de esa fecha, lo cierto es que la fecha de terminación
de materias fue anterior, como lo demostró mediante el certificado correspondiente.

9) La decisión recurrida fue confirmada mediante Resolución no. 8.902 de 22 de agosto
de 2025 en el entendido de que la universidad informó que la terminación del semestre
académico tuvo lugar el 19 de julio de 2025.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor sostuvo que la URNA vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con
ocasión de las Resoluciones nos. URNAR25-185 y no. 8.902 de de 18 de julio y 22 de
agosto de 2025, por medio de las cuales fue inadmitido para presentar el examen de
Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018 correspondiente a la aplicación 2025-2, a pesar
de que cumplió sustancialmente con el requisito de ser egresado en los términos del
Acuerdo PCSJA25-12298, pues, cursó y aprobó satisfactoriamente la totalidad del plan
de estudios; circunstancia que se consolidó desde el 27 de junio de 2025, según consta
en la documentación aportada oportunamente.

En ese sentido, la autoridad demandada interpretó de manera restrictiva las normas del
mencionado acuerdo toda vez que no valoró, de manera conjunta y con fundamento en
la sana crítica, los medios de prueba aportados desde la inscripción, sino que utilizó la
fecha administrativa de terminación del semestre como justificación para desconocer el
cumplimiento efectivo del requisito académico.

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Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

Además, el requerimiento para que allegara el certificado de terminación de materias creó
en él una expectativa legitima, según la cual, una vez cumplida dicha solicitud, su
inscripción sería aceptada; sin embargo, la URNA actuó de manera contradictoria, puesto
que decidió finalmente inadmitirlo.

La URNA, con la determinación de fijar una fecha inflexible para la inscripción del
examen, desconoció que las universidades públicas en Colombia enfrentan
recurrentemente alteraciones en sus calendarios académicos debido a periodos de
protestas sociales y otras contingencias de orden público, lo cual genera un trato desigual
para sus egresados frente a quienes provienen de instituciones privadas y, además,
constituye una evidente intromisión en la autonomía universitaria.

Por último, indicó que la negativa a presentar el examen en la aplicación 2025-2 “implica
aplazar injustificadamente la posibilidad de obtener la tarjeta profesional y ejercer la
abogacía por al menos seis meses más”, a pesar de que cumplió con los requisitos
previstos en el acuerdo, en tanto que este solo exigía haber terminado materias a la fecha
de inscripción, presupuesto que cumplió a cabalidad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se accediera a las
siguientes súplicas:

“1. Amparo principal
Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo, mínimo vital y libertad de escoger profesión u oficio, vulnerados por la
actuación del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de
Abogados (URNA), y, en consecuencia:
Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – URNA:
• Revocar la decisión contenida en la Resolución URNAR25-185 del 18 de
julio de 2025, confirmada por la Resolución 8.902 del 22 de agosto de 2025.
• Incluirme en la lista de admitidos para presentar el examen de Estado
de la Ley 1905 de 2018 correspondiente a la convocatoria 2025-II.
• Programar una citación extraordinaria para que el accionante pueda
presentar el examen en fecha próxima, aun cuando la fecha ordinaria haya
pasado, garantizando así la efectividad del derecho sustancial.

2. Petición segunda principal
Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas
estructurales para evitar la repetición de la vulneración, consistentes en:

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Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

• Realizar convocatorias adicionales para el examen de idoneidad cada
tres (3) meses, en lugar de cada seis (6), con el fin de garantizar el acceso
oportuno al examen para quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad
(como variaciones en calendarios académicos), no logren inscribirse en la
fecha inicial.
• Publicar un cronograma flexible y diferenciado, que contemple las
particularidades de las universidades públicas, en armonía con el principio
de igualdad material y la autonomía universitaria.

3. Petición subsidiaria primera
Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura:
• Implementar un proceso extraordinario de evaluación para los
egresados de la Universidad de Antioquia y demás instituciones públicas que
se encuentren en idéntica situación, con efectos inter comunis, en aras de
garantizar la igualdad material y evitar que otros estudiantes enfrenten la
misma vulneración.
• Coordinar con las universidades públicas mecanismos de verificación ágil
de la condición de egresado, evitando que formalidades administrativas
impidan el acceso al examen.

4. Medidas complementarias
• Adoptar medidas provisionales para asegurar que el accionante pueda
presentar el examen antes de la próxima convocatoria ordinaria, evitando un
perjuicio irremediable consistente en la imposibilidad de ejercer la profesión
y garantizar el mínimo vital.
• Oficiar a la URNA para que ajuste sus procedimientos internos, privilegiando
la valoración sustancial sobre la formal, conforme al artículo 228 de la
Constitución.” (índice 2 SAMAI2 – mayúsculas y negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 30 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela, se negó la medida
provisional solicitada y se ordenó notificar al director de la URNA, al rector, a la decana
de la Facultad de Derecho y al jefe del Departamento de Admisión y Registro de la
Universidad de Antioquia con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción (índice 4 SAMAI).

5. Informes de las intervinientes

El rector de la Universidad de Antioquia, a través de apoderada general, solicitó su
desvinculación dado que no está legitimado en la causa por pasiva, pues, la decisión
cuestionada fue adoptada por la URNA y es ajena a la institución.

2 Archivo: “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

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Acción de tutela

Asimismo, informó y aportó certificados que dan cuenta de que el señor Camilo Andrés
Mercado Sierra i) aprobó 161 créditos correspondientes al décimo semestre del programa
de Derecho; ii) no tiene materias obligatorias ni electivas pendientes por terminar y, iii) su
último semestre cursado fue el 2025-1.

En cuanto al calendario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en los programas
de pregrado del campus Medellín para el periodo académico 2025-1, explicó que,
efectivamente “si bien la terminación oficial del semestre 2025-1 tuvo como fecha el 19
de julio de 2025, los exámenes finales se programaron del 16 al 23 de junio de 2025”.
(índice 8 SAMAI3).

Por su parte, la URNA pidió que se niegue el amparo porque la inadmisión del señor
Camilo Andrés Mercado Sierra obedeció a la verificación objetiva del reporte académico
y el certificado de terminación de materias allegados por la Universidad de Antioquia, en
los cuales se expresa que el semestre académico 2025-1 terminó oficialmente el 19 de
julio de 2025; “en consecuencia, al momento del cierre de las inscripciones (27 de junio
de 2025), el actor no había culminado su plan de estudios y, por tanto, no ostentaba la
condición de egresado exigida en el acuerdo de convocatoria.”.

Mencionó que en el presente caso no existe un perjuicio irremediable, pues, la tarjeta
profesional de abogado solo se exige para la representación judicial de terceros; de ahí
que, mientras aprueba el examen en la siguiente aplicación, el actor puede desempeñar
otras actividades académicas o jurídicas.

Sobre la pretensión relativa al aumento en la periodicidad de la prueba, afirmó que esto
comprometería la adecuada programación y desarrollo del examen, cuya realización
implica múltiples actuaciones administrativas y logísticas.

Finalmente, indicó que la acción es improcedente porque el actor dispone del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los
actos administrativos que cuestiona en sede de tutela (índice 9 SAMAI4).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3 Archivo: “7_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIONCAMILO(.pdf) NroActua 8”.
4 Archivo: “25RECIBEMEMORIAL_InformetutelaCamiloA(.pdf) NroActua 9”.

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Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela; 2) sobre la solicitud de
desvinculación y, 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

Cuestión previa: sobre la solicitud de desvinculación

En su informe, la Universidad de Antioquia solicitó su desvinculación del proceso por
considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que la decisión
cuestionada fue adoptada por la URNA y no corresponde a la institución educativa.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a esta petición por cuanto la
vinculación de esta universidad obedeció a que le asiste un interés jurídico en el proceso
dado que allí el señor Camilo Andrés Mercado Sierra cursó su pregrado en Derecho y,
por lo tanto, fue la encargada de expedir el certificado de terminación de materias, el
reporte académico y la Resolución de la Vicerrectoría de Docencia no. 1691 de 29 de
enero de 2025, mediante la cual se estableció que el primer semestre del 2025 finalizaría
oficialmente el 19 de julio.

En esa medida, se negará la solicitud de desvinculación que presentó la Universidad de
Antioquia y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

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Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
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El caso concreto

3.1 La carencia actual de objeto por daño consumado

La figura de la carencia actual de objeto se presenta cuando la causa que motivaba la
solicitud de amparo se extingue o “ha cesado5” y se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia carezca de efectos o se torne inocua,
pues, en tales casos resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo frente a la
amenaza de derechos fundamentales cuando esta situación ha desaparecido en el
transcurso de la acción de tutela.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto se configura en tres eventos puntuales: i) hecho superado, ii) daño consumado
y, iii) acaecimiento de una situación sobreviniente; lo anterior en los siguientes términos:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y
daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho superado
responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir,
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto del
obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera
orden alguna (…).

42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha
perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación (…).

45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como
por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío”6 (se resalta).

En particular, el fenómeno del daño consumado ocurre cuando en cualquier etapa del
proceso, ya sea ante los jueces de instancia o en sede de revisión ante la Corte, se
materializa el daño que se pretendía prevenir mediante el amparo constitucional7; en este

5 Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, MP Diana Fajardo Rivera.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2021 de 2021, MP José Fernando Reyes Cuartas.

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Acción de tutela

escenario, dicha Corporación ha precisado que, a pesar de no resultar viable emitir orden
de protección por la carencia actual del objeto, “es perentorio un pronunciamiento de
fondo del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la
acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades del
expediente, considerar medidas adicionales (…)8”.

3.2 La configuración del daño consumado en el caso concreto

1) Revisado el contenido integral de la demanda, es claro que el daño que se busca evitar
consiste en “la imposibilidad de presentar el examen en el año 2025”9; con dicho
propósito, el actor pidió como “amparo principal” que i) se revoquen las Resoluciones no.
URNAR25-185 de 18 de julio de 2025 y no. 8.902 de 22 de agosto del mismo año
mediante las cuales fue inadmitido a presentar la mencionada evaluación en el marco de
la convocatoria 2025-2; ii) se le incluya en la respectiva lista de admitidos y, iii) se
programe una citación extraordinaria para que pueda realizar la prueba.

2) En ese contexto, la Sala advierte que la solicitud de amparo perdió actualidad en tanto
que i) el examen de Estado para ejercer la profesión como abogado previsto en la Ley
1905 de 2018, correspondiente a la aplicación 2025-2, como es de público conocimiento,
transcurrió el 26 de octubre, es decir, dos días antes de que se radicara la acción de
tutela de la referencia, y ii) ni la referida ley ni el acuerdo que la reglamentan prevén la
posibilidad de adicionar fechas ni modificar la programación establecida para la
aplicación de la mencionada evaluación, entre otros motivos, en atención a que esto
implicaría ordenar erogaciones y comprometer previsiones contractuales y logísticas, así
como disponer de recursos e inmiscuirse en asuntos que no corresponden al espíritu de
la acción de tutela.

3) Además, como lo indicó la URNA en su informe, la estricta sujeción al cronograma
obedece a la necesidad de atender satisfactoriamente las múltiples actuaciones
administrativas que son inherentes a la organización, inscripción y desarrollo del examen,
actividades que no solo requieren una exigente coordinación y planeación por parte de
las autoridades involucradas, sino que resultan por demás complejas, engorrosas y de
una duración considerable si se tiene en cuenta que no solo demandan la verificación del

8 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, MP Diana Fajardo Rivera.
9 Índice 2 SAMAI – archivo: “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” – pág. 5.

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cumplimiento de los requisitos por parte de los egresados inscritos, sino la resolución de
recursos, corrección de actuaciones y, por supuesto, las acciones relacionadas con el
desarrollo y práctica del examen propiamente dicho.

4) En consecuencia, en este caso para la Sala es claro que en la medida que el examen
de idoneidad para el periodo cuya admisión reclamaba el actor ya transcurrió y fue
debidamente practicado resulta imperioso concluir que el daño que se buscaba evitar con
la acción de tutela ya se consumó.

5) En todo caso esta Colegiatura, de oficio, consultó la página web del Consejo Superior
de la Judicatura y constató que el 12 de noviembre de 2025 se abrió la etapa de
inscripciones para el siguiente examen de idoneidad (aplicación 2026-1)10, circunstancia
que ratifica que ya no es posible que el señor Camilo Andrés Mercado Sierra presente
dicha evaluación en el año en curso.

6) Asimismo, por las razones previamente anotadas tampoco es posible acceder a las
pretensiones subsidiarias planteadas en el escrito de tutela, pues, como se explicó con
antelación, disponer que se programe una fecha adicional no solo sería una orden sin
respaldo normativo porque la ley ni el acuerdo así lo previeron, sino que además
constituye un debate que escapa al ámbito del juez de tutela, quien, como lo ha señalado
la Corte Constitucional de manera reiterada, no está habilitado para adoptar decisiones
que impliquen gastos o apropiaciones presupuestales ni para intervenir en la definición
de la política fiscal, pues, ello conllevaría a coartar la discrecionalidad que la Constitución
y la Ley le otorgaron al ejecutivo para ejecutar el presupuesto de la Nación sobre la base
de que en dicha actividad intervienen otras variables como la priorización del gasto, la
disponibilidad de recursos, la definición de políticas públicas o criterios de inversión.

7) En efecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia de unificación SU-
1052 de 2000, concluyó que “mediante la acción de tutela no es posible sustituir al
Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como
tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos
fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen,
porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el
constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de

10 Ver: “https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/judicatura-abre-

inscripciones-para-presentar-el-examen-de-estado-de-la-ley-1905-de-2018-aplicaci%C3%B3n-2026-i”.

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decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo
cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política”.

8) Lo dicho hasta este punto bastaría para decidir el asunto puesto a consideración de la
Sala; no obstante, en virtud de la regla jurisprudencial según la cual en eventos de daño
consumado el juez de tutela puede pronunciarse de fondo sobre el asunto en aquellos
eventos en los que sea evidente la vulneración y se estime pertinente para efectos de
evitar que, en lo sucesivo, se repita la circunstancia que dio origen a la vulneración, como
garantía de no repetición y para realizar pedagogía constitucional, la Sala encuentra
pertinente emitir una decisión en aras de prevenir a la autoridad accionada a que no
incurra en las mismas circunstancias que dieron origen a la acción de tutela de la
referencia11, por las razones que a continuación se exponen:

a) En primer lugar, es preciso destacar que el artículo 2 del Acuerdo PCSJA25-12298 de
9 de mayo de 2025 “Por el cual se da inicio a las inscripciones para la presentación del
examen de Estado de la Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2025-II” dispone que son
destinatarios de dicha convocatoria, los siguientes:

“Artículo 2. Destinatarios. Son destinatarios de la presente convocatoria, las
personas sujetas a la Ley 1905 de 2018, siempre que cumplan con alguno
de los siguientes requisitos:

a. Egresados que culminaron sus estudios de derecho siempre que hayan
iniciado su carrera de derecho después del 28 de junio de 2018 (…)”.

b) A su vez, el parágrafo primero de esa misma norma definió quiénes podrían
considerarse egresados, así:

“Parágrafo primero. Es egresado de la carrera de derecho toda persona
natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan
de estudios, pero que aún no ha recibido el título académico”. (negrillas por
fuera del original).

c) En esa medida, para la Sala resulta diáfano que el mismo acuerdo fue quien reguló
qué debe entenderse por “egresado” para efectos de la convocatoria a presentar el
examen de idoneidad, en tanto se estableció que quien haya aprobado su plan de
estudios ostenta esa condición para tales fines.

11 Al respecto se sugiere consultar, entre otras, las sentencias T-287 de 2013, SU-540 de 2017 y T-168 de

2022 de la Corte Constitucional.

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d) Tan claro es que la calidad de egresado se acredita con la certificación donde conste
la terminación de las materias correspondientes al plan de estudios que, mediante correo
electrónico del 8 de julio de 2025, la propia URNA requirió inicialmente al señor Camilo
Andrés Mercado Sierra para que aportara dicho certificado con la finalidad de ser
admitido, en los siguientes términos:

“Cordial saludo,

Encontrándonos dentro de la etapa de calificación, evidenciamos que el
documento de certificado de terminación de materias adjuntado en su
inscripción no corresponde al requerido.

Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 9 del
Acuerdo PCSJA25-12298, nos permitimos solicitar se sirva remitir:

• Certificado de terminación de materias, Acta de grado o resolución de
convalidación del título profesional de abogado

Estos documentos deben ser enviados en formato PDF correo electrónico:
jduquen@cendoj.ramajudicial.gov.co
CUENTA CON UN TÉRMINO DE TRES (3) DIAS HÁBILES PARA SU
ENVÍO12”.

e) Dentro del término de los tres (3) días que se le concedieron, el señor Mercado Sierra
aportó el certificado correspondiente suscrito por la decana y el Jefe de Admisiones y
Registro de la Universidad de Antioquia en el que se dejó constancia expresa de que
“CAMILO ANDRES MERCADO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía
1193522043, cursó y aprobó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia, la totalidad de las asignaturas que hacen parte del
programa de Derecho13” (negrillas adicionales).

f) Pese a ello, la URNA decidió inadmitirlo con la supuesta justificación, a todas luces de
espalda a lo dispuesto en la norma ejusdem, que en el mismo certificado se dijo que el
semestre “termina oficialmente el 19 de julio de 2025”.

10) En los términos anotados, para la Sala no hay duda de que la autoridad accionada le
exigió haber terminado el semestre y valiéndose de ello, en contravía de lo dispuesto en
el propio acuerdo, le negó la inscripción y, de contera, la posibilidad de presentar el
examen de idoneidad.

12 Índice 2 Samai.

13 Índice 2, Samai certificado con radicado no. Radicado No:2025-000005159-I.

13

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00
Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

11) Tal situación no solo merece un fuerte reproche por parte de esta Corporación, sino
que pasa por alto que en este caso quedó acreditado que el señor Camilo Andrés
Mercado Sierra debió ser admitido a presentar el examen de Estado de la Ley 1905 de
2018 correspondiente a la aplicación 2025-2, pues i) inclusive una lectura desprevenida
del Acuerdo PCSJA25-12298 permite colegir que la condición de egresado de la carrera
de Derecho se alcanza por haber cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del
plan de estudios al momento del cierre de las inscripciones (para el caso de la aplicación
2025-2, el 27 de junio de 2025) y, ii) las pruebas que obran en el expediente de la
referencia demuestran que, para esa fecha, el actor cumplió materialmente dicho
requisito, como lo reconoció en su informe la propia universidad.

12) En consecuencia, se advierte que la autoridad demandada otorgó una interpretación
incorrecta al requisito bajo examen, según la cual la fecha de terminación de las
asignaturas del programa académico debía coincidir, en todo caso, con la fecha
administrativa de finalización del semestre, sin que dicha interpretación se adecuara a lo
preceptuado, expresa y puntualmente, en el Acuerdo PCSJA25-12298.

13) Además, ello puede generar un impacto más lesivo para los egresados que cursaron
sus estudios en universidades públicas o privadas con inconvenientes para culminar los
periodos académicos por razones externas, cuyos calendarios suelen verse afectados
con ocasión, entre otras, de protestas sociales, intervenciones administrativas del
Ministerio de Educación, problemas de infraestructura o acreditación u otras
circunstancias de orden público que den lugar a suspensiones y variaciones que retrasan
los términos inicialmente previstos para la finalización de los semestres.

14) Por último, en atención a la relevancia del caso, como garantía de no repetición y en
la medida en que es previsible que, en futuras aplicaciones del examen de Estado
previsto en la Ley 1905 de 2018, otros estudiantes de universidades públicas o privadas
se encuentren en una situación similar a la del actor, la Sala ordenará al Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia que, en lo
sucesivo, a efectos de establecer la condición de egresado, de conformidad con lo
previsto en el acuerdo que dé apertura a las inscripciones para la evaluación, i) considere
única y exclusivamente para efectos de tener por acreditado la condición de “egresado”
la fecha en que el estudiante haya terminado satisfactoriamente la totalidad de las
asignaturas del plan de estudios y, ii) se abstenga de utilizar la fecha de culminación del
semestre u otras fechas adicionales que no cuenten con respaldo normativo como
argumento para inadmitir a la presentación a la prueba.

14

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00
Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

15) Asimismo, en lo relativo a la situación particular del actor se ordenará a la URNA que
inscriba directamente al señor Camilo Andrés Mercado Sierra, esto es, sin necesidad de
que el actor deba hacerlo por su propia cuenta y sin exigirle requisitos adicionales para
la aplicación del examen 2026-1 que se encuentra vigente, en orden a que este pueda
presentarlo en el primer periodo del año 2026.

Conclusión

A modo de conclusión, la Sala declarará que la controversia carece actualmente de objeto
por tratarse de un daño consumado, sin perjuicio de lo cual, conforme a lo ordenado por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en aras de evitar que tales vulneraciones se
repitan, ordenará a la autoridad demandada para que adopte correctivos tendientes a que
no se repita la misma vulneración en las futuras aplicaciones del examen de Estado de
la Ley 1905 de 2018.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1°) Niégase la solicitud de desvinculación presentadas por la Universidad de Antioquia
por las razones expuestas en la presente providencia.

2°) Declárase la carencia actual de objeto por daño consumado de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Ordénase al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia para que, en lo sucesivo, a efectos de establecer la
condición de egresado de conformidad con lo previsto en el Acuerdo que dé apertura a
las inscripciones para la evaluación, i) considere únicamente la fecha en que el estudiante
haya terminado satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y,
ii) se abstenga de utilizar la fecha de culminación del semestre u otras fechas adicionales
que no cuenten con respaldo normativo como argumento para inadmitir a la presentación
a la prueba y que no consideren la realidad académica de las correspondientes
universidades.

15

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06780-00
Demandante: Camilo Andrés Mercado Sierra
Acción de tutela

4º) Ordenáse al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia que inscriba directamente al señor Camilo Andrés
Mercado Sierra, esto es, sin necesidad de que el actor deba hacerlo por su propia cuenta
y sin exigirle requisitos adicionales para la aplicación 2026-1 que se encuentra vigente,
en orden a que este pueda presentar el examen en el primer periodo del año 2026.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

6°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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