Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06782-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06782-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06782-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Provedata SAS.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06782-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
3 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La sociedad Provedata SAS en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda contra la
entidad Computadores para Educar, la Pontificia Universidad Javeriana
y la empresa Carvajal Tecnología y Servicios SAS, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 041 del 4 de mayo de 2016,
mediante la cual se adjudicó el proceso de selección abreviada 01 de 2016
y, a título de restablecimiento del derecho, se le permita ocupar el puesto
número cuatro en la subasta inversa y se le reconozca y pague los
perjuicios derivados del acto ilegal.
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1.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de marzo de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó que la
entidad Computadores para Educar y la Universidad Pontificia Javeriana
hubiesen desconocido o modificado el protocolo de pruebas.
1.3. Contra la decisión anterior la parte demandante del proceso ordinario
presentó recurso de apelación.
1.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante decisión de 26 de marzo de 2025, confirmó la sentencia de
primera instancia, al considerar que “[…] no tienen ninguna vocación de
prosperidad los argumentos de la recurrente en cuanto sostienen que con
las pruebas que conforman el expediente está acreditada la violación del
protocolo de pruebas contenido en el pliego de condiciones y,
especialmente, a la prueba de carga de batería llevada a cabo por la
Pontificia Universidad Javeriana, resultados que condujeron a la decisión
de inhabilitación de la parte actora en el proceso de selección abrevada
no. 1 de 2016 […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por desestimar arbitrariamente las pruebas aportadas al proceso
calificándolas de inútiles por razones formales, dichas pruebas se refieren al
“[…] video del DVD2, minuto 7, segundo 1, que certifica 120,9 voltios, las
imágenes de los videos DVD1 (minuto 31, segundo 17) y DVD2 que muestran
el indicador de carga visible, el informe LABE y testimonios para las fechas
pertinentes, así como los documentos que acreditan la desigualdad con otros
oferentes […]”.
Aseguró que las pruebas que no fueron valoradas contenían datos objetivos
que “[…] permitían a cualquier operador jurídico analizar, mediante un examen
técnico, la violación procedimental, la falsedad del dato de 118 voltios y la
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presencia del indicador de carga y por ende cuantificar los perjuicios
correspondientes […]”.
Asimismo, afirmó que la autoridad accionada omitió valorar esas pruebas
documentales para esclarecer el punto crucial del litigio que era el
reconocimiento de la violación al pliego y su obligación de habilitar
equitativamente.
Manifestó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo por no haber
aplicado materialmente la norma estipulada por las partes “[…] como «ley del
pliego», para establecer la aplicación uniforme del protocolo técnico con
indicador de carga visible, la estimación de la violación procedimental
producida por una desviación y un dato falso, y el mecanismo para corregirla
[…]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 26. Petición principal: Que se deje sin efectos la sentencia de 26 de
marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del proceso promovido por PROVEDATA SAS
contra Computadores para Educar y Pontificia Universidad Javeriana.
Esta medida se solicita como garantía de los derechos fundamentales
vulnerados, restableciendo la situación jurídica al estado anterior a dicha
decisión y eliminando los efectos lesivos que esta conlleva, conforme al
artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, que establece: “El juez de tutela
adoptará las medidas necesarias para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, pudiendo ordenar cualquier actuación que
restablezca el derecho conculcado”.
27. Petición derivada o consecuencial principal: Que el juez de tutela dicte
una sentencia sustitutiva que corrija los defectos sustantivos y fácticos
identificados, reconociendo la violación al pliego por Computadores para
Educar y la obligación de reparar el perjuicio ocasionado a PROVEDATA
SAS, descartando el informe de la Javeriana con datos falsos y
reconociendo el indicador de carga visible.
28. Petición consecuencial subsidiaria: Que se ordene a la Subsección B
de la Sección Tercera emitir un nuevo fallo conforme a las pautas de esta
tutela, remitiendo la liquidación de daños a un incidente posterior
conforme al artículo 193 del CPACA, modificado por el artículo 87 de la
Ley 2080 de 2021, que permite: «La liquidación de perjuicios podrá
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realizarse en un incidente separado cuando su determinación requiera
mayor complejidad o nuevas pruebas».
29. Medidas de cumplimiento y seguimiento: Solicito al Honorable
Consejo de Estado que se impartan las órdenes necesarias para hacer
efectiva la protección otorgada, incluyendo la comunicación inmediata del
fallo de tutela a las partes del proceso original y, de ser procedente la
orden de proferir una nueva sentencia, la fijación de un plazo razonable
para ello, so pena de desacato, conforme al artículo 52 del Decreto 2591
de 1991, que establece: “Desacato. La persona que incumpliere una
orden de una juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de
20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar…”. Igualmente, pido que se
notifique de la presente acción a Computadores para Educar y Pontificia
Universidad Javeriana en calidad de terceros interesados, y al Ministerio
Público, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto
2591 de 1991, que manda: “Notificaciones. Las providencias que se
dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez
considere más expedito y eficaz.” […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 29 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
se vinculó a los representantes legales de Computel System SAS, Colsof SA,
Heritage Group SAS y Carvajal Tecnología y Servicios SAS, así como al rector
de la Pontificia Universidad Javeriana y al director de Computadores para
Educar, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 3 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.
3. Mediante auto de 16 de diciembre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la presente acción constitucional toda vez que lo
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pretendido por el accionante es revivir un debate procesal ya concluido como
si se tratara de una tercera instancia.
Agregó que en caso de proferirse decisión de fondo debe ser desestimatoria
de las súplicas de la demanda por falta de mérito de dicha petición.
2. La entidad Computadores para Educar solicitó se declare la improcedencia
de la presente acción de tutela porque lo pretendido por la parte accionante es
revivir y someter nuevamente a discusión los hechos, argumentos y pruebas
allegadas al proceso.
3. La Pontificia Universidad Javeriana manifestó que la autoridad accionada
no incurrió en violación de derecho fundamental ni tampoco en la existencia
de algún defecto “[…] (i) orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv)
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución […]”,
razón por la cual solicitó negar las pretensiones deprecadas por la accionante.
4. La sociedad Carvajal Tecnología y Servicios SAS manifestó que no se
encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia de la presente
acción de tutela razón por la cual solicitó negar las pretensiones de amparo.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 3 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional.
Agregó que la controversia planteada por el accionante versa sobre su
inconformidad con la decisión que resolvió el litigio en el que pretendía que se
dejara sin efecto el acto administrativo que declaró su inhabilidad para
participar en un proceso de selección, por no haber superado el requisito
mínimo para la prueba técnica, y aquel que adjudicó el proceso de selección a
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otros oferentes.
El a quo indicó que “[…] el ejercicio de este mecanismo constitucional no es
una oportunidad más para que otra autoridad jurisdiccional revise una decisión
o se obtenga una aprobación a la postura o visión que se tiene dentro de un
litigio. Todo lo contrario, este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad
en la argumentación y de un estudio preliminar y detallado de las decisiones
que se atacan en una perspectiva eminentemente constitucional, lo cual no se
cumplió en este caso […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Sostuvo que el presente asunto existió una falsa premisa sobre la relevancia
constitucional porque “[…] El A quo argumenta erróneamente que la tutela
carece de relevancia constitucional porque pretende reabrir un debate
probatorio. Esta afirmación desconoce la naturaleza de la violación: no se trata
de una simple discrepancia de criterio valorativo, sino de la denuncia de un
Defecto Fáctico ostensible donde la autoridad judicial validó afirmaciones
técnicamente imposibles (física) y mentiras probadas en video. La validación
judicial de una falsedad técnica (como un voltaje inexistente) y la legitimación
de vías de hecho administrativas violan directamente el núcleo esencial del
Debido Proceso y el Acceso a la Administración de Justicia, otorgando al caso
innegable relevancia constitucional […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
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conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radiación 25000-23-36-000-2016-02143-02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales porque desconoció las pruebas que demostraban que estaba
técnicamente habilitada para participar en el proceso de selección abreviada
convocado, circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya
fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.
Además, la Sala también advierte que la argumentación que esgrimió la parte
actora para acreditar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales
no cumple con la carga argumentativa exigida cuando se controvierte una
providencia judicial por vía de tutela.
Esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto
que si bien el mecanismo de amparo se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales,
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tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo
de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han
hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de
competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 3 de diciembre de 2025 proferido
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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