Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06787-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06787-00
Accionante: Luis Aníbal Villa Quintero y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por los señores Luz Adriana Jiménez Bedoya, Luis Aníbal Villa
Quintero, Gilma Quintero de Villa, Jesús María Villa Herrera (Q.E.P.D.), Iván de
Jesús Jiménez Bedoya, Mary Luz Jiménez Bedoya, Blanca Cecilia Jiménez Bedoya,
Blanca Edilia Villa Quintero, Ruth Cecilia Villa Quintero y Nelfi Janeth Villa Quintero,
quienes actúan por medio de apoderado judicial en contra de la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de los niños, al debido proceso, la tutela judicial efectiva,
el acceso a la administración de justicia, la igualdad, la verdad y la reparación
integral, con ocasión de la sentencia proferida el 30 de abril de 2025 al interior del
medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-011-2013-00070-
00/01/02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La menor J.V.J se encontraba inscrita en la EPS Comfenalco cuando comenzó a
sufrir una patología denominada hipertrofia del tejido amigdaliano. El 12 de agosto
de 2011 fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica Occidente de
Otorrinolaringología. Sin embargo, falleció el 26 de agosto de esa anualidad en la
clínica Biosigno tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
3. Los señores Luis Aníbal Villa Quintero y otros1, a través de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpusieron demanda
contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia
Nacional de Salud, Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín, Clínica de
1 Luz Adriana Jiménez Bedoya, Gilma Quintero De Villa, Jesús María Villa Herrera, Iván De Jesús Jiménez
Bedoya, Mary Luz Jiménez Bedoya, Blanca Cecilia Jiménez Bedoya, Blanca Edilia Villa Quintero Ruth Cecilia
Villa Quintero Y Nelfi Janneth Villa Quintero.
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06787-00
Accionante: Luis Aníbal Villa Quintero y otros
Otorrinolaringología de Antioquia y EPS Comfenalco en liquidación, con la finalidad
de que les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños
y perjuicios derivados de una presunta falla del servicio de salud que ocasionó el
fallecimiento de la menor J.V.J.
4. El Juzgado Once Administrativo de Medellín mediante sentencia del 21 de
noviembre de 2018 declaró a la EPS Comfenalco en liquidación y/o a su sucesor
procesal patrimonialmente responsable por el fallecimiento de la menor J.V.J. y la
condenó por concepto de perjuicios morales. Además, se condenó a la Previsora
S.A. Compañía de Seguros a reembolsar a la entidad el valor de la condena
conforme al límite de responsabilidad estipulado en la póliza de seguro. Contra esta
decisión, Comfenalco y la Previsora S.A. Compañía de Seguros interpusieron
recurso de apelación.
5. Por consiguiente, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la sentencia del 30 de abril de 2025 revocó la decisión judicial
anterior; para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, al considerar que
el servicio médico prestado por la EPS Comfenalco fue adecuado y ceñido a los
protocolos de la lex artis en cuanto a tiempo de atención y recursos disponibles, de
conformidad con el acervo probatorio.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Fáctico por la indebida valoración de los interrogatorios de Luz Adriana
Jiménez Bedoya y del cirujano Jaime Palacio, así como de los testimonios
de Ruth Cecilia Villa Quintero y Luis Aníbal Villa Quintero, los cuales
demostraban que no se brindó información adecuada sobre los riesgos
posoperatorios ni sobre las instrucciones a seguir en caso de emergencia,
pues la autoridad judicial accionada concluyó que los padres de la menor
J.V.J actuaron negligentemente al acudir a un centro de urgencias de primer
nivel y al no advertir la gravedad de su estado de salud.
Adicionalmente, señaló que el Tribunal accionado otorgó un alcance erróneo
al dictamen de Medicina Legal al afirmar que la causa de la muerte de la
menor obedeció a razones distintas de su condición inicial, toda vez que
dicho suceso se produjo por la demora en la remisión de la paciente.
• Violación directa de la Constitución Política: en relación con el artículo
44, pues invisibilizó el interés superior de la menor J.V.J al momento de
trasladar a sus padres la carga de garantizar el acceso efectivo a una
atención médica adecuada, bajo el argumento de que estos decidieron acudir
a una institución de baja complejidad y no exigieron el traslado inmediato.
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2.3. Pretensiones
7. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Amparar los derechos fundamentales de cada uno de los accionados,
como, los derechos fundamentales de los niños (artículo 44), el Derecho al
debido proceso, tutela judicial efectiva (artículo 29 C.P.), Derecho de acceso
a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), Derecho a la igualdad
(artículo 13 C.P.), Derecho a la verdad, a la reparación integral y a las
garantías judiciales efectivas, en conexión con los artículos 1, 2, 93 y 229 de
la Constitución. Y a nivel internacional: los Artículos 19, 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativos a los derechos de los
niños y la protección judicial efectiva, los Artículos 3 y 24 de la Convención
sobre los Derechos del Niño que fueron vulnerados por a NACIÓN
COLOMBIANA (Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión Oral – M.P. Rafael Darío
Restrepo Quijano)., de conformidad con lo descrito anteriormente.
2. En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin efecto la
Sentencia proferida el día 30 de abril de 2025, por el H. Tribunal Administrativo
de Antioquia, – Sala Sexta de Decisión Oral – M.P. Rafael Darío Restrepo
Quijano: dentro del proceso de reparación directa con radicado. 05001 33 33
011 2013 00070 02.
3. Ordenar al H. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Oral – M.P. Rafael Darío Restrepo Quijano que en el término que determine
esta instancia constitucional, profiera una NUEVA SENTENCIA en la cual se
garanticen los derechos fundamentales invocados por la niña JOHANA VILLA
JIMEZ, su madre LUZ ADRIANA JIMÉNEZ BEDOYA, su padre LUIS ANÍBAL
VILLA QUINTERO, sus abuelos GILMA QUINTERO DE VILLA, JESÚS
MARÍA VILLA HERRERA, y sus tíos IVÁN DE JESÚS JIMÉNEZ BEDOYA,
MARY LUZ JIMÉNEZ BEDOYA, BLANCA CECILIA JIMÉNEZ BEDOYA,
BLANCA EDILIA VILLA QUINTERO, RUTH CECILIA VILLA QUINTERO Y
NELFI JANNETH VILLA QUINTERO». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
8. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida el 30 de octubre de 2025, a
través de la cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión Oral como accionado y a la EPS Comfenalco (en liquidación),
Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento de Antioquia,
Superintendencia Nacional de Salud, Previsora S.A. Compañía de Seguros, Clínica
Occidente de Otorrinolaringología de Antioquia – ORLANT, IPS Biosigno, Municipio
de Medellín, al señor Daniel Cardona Correa y a todos los demás vinculados dentro
del medio de control de reparación directa como terceros interesados.
9. La Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que la acción
de tutela carece de relevancia constitucional, pues la decisión judicial cuestionada
se fundamentó en un análisis legal, probatorio y jurisprudencial adecuado. En
consecuencia, solicitó que se niegue el amparo.
10. El Juzgado Once Administrativo de Medellín narró sucintamente los hechos
y allegó link del expediente digital.
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11. La Previsora S.A Compañía de Seguros consideró que la parte accionante
únicamente pretende acceder a una instancia adicional a fin de reabrir el debate
zanjado, sin que la autoridad judicial accionada incurriera en los defectos alegados
ni transgrediera los derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
12. La Caja de Compensación Familiar Comfenalco estimó que los accionantes
no acreditaron los elementos estructurales de la responsabilidad, a saber: el hecho
generador del daño, la posibilidad de imputarlo a la entidad demandada y el nexo
causal entre estos. Por ende, solicitó que se niegue el amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
14. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales. En el evento en que, así sea, deberá
establecerse si la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los
defectos fáctico y violación directa de la Constitución Política al proferir la sentencia
proferida el 30 de abril de 2025 al interior del medio de control de reparación directa
con radicado 05001-33-33-011-2013-00070-00/01/02.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
15. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 1069 de 2015. Fue creada para
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y
cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales
derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
16. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
17. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
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poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
18. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son:
19. (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional;
20. (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
21. (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez;
22. (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora;
23. (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y
24. (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada, esto es, el 2 de mayo de
2025 y la interposición de la acción de tutela, lo cual ocurrió el 29 de octubre de esta
anualidad.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de los defectos fáctico y violación directa de la Constitución Política,
los cuales se encuentran debidamente fundamentados.
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25. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
26. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente.
b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
27. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»5.
28. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.5. El defecto de la violación directa de la Constitución Política
29. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»6
30. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto
2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
6 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
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se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución7”8.
31. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad9.
3.6. Análisis de la presunta configuración de los defectos fáctico y violación
directa de la Constitución Política en el caso concreto
32. Teniendo en cuenta que los presuntos defectos fáctico y violación directa de la
Constitución Política se encuentran estrechamente relacionados en el presente
asunto, esta Subsección realizará su estudio de manera conjunta.
33. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en un defecto
fáctico al valorar indebidamente los interrogatorios de Luz Adriana Jiménez Bedoya
y del cirujano Jaime Palacio, así como de los testimonios de Ruth Cecilia Villa
Quintero y Luis Aníbal Villa Quintero, que demostraban la falta de información
brindada a los padres sobre los riesgos posoperatorios y las instrucciones en caso
de emergencia.
34. Adicionalmente, señaló que el Tribunal otorgó un alcance errado al dictamen de
Medicina Legal al atribuir la muerte de la menor a causas distintas de su condición
inicial, cuando esta se produjo por la demora en su remisión, circunstancia que, a
su juicio, también configura una violación directa del artículo 44 de la Constitución,
en cuanto se desconoció el interés superior de la menor.
35. Con la finalidad de establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos alegados, esta Subsección considera pertinente analizar los argumentos
que fundamentaron la decisión judicial, así:
«Se advierte en el folio 196A un folleto de la Clínica ORLANT en el que se
consignan las recomendaciones para operados de amígdalas, en el que se leen
como señales de alarma:
“Debe llamar a su médico si:
Presenta vómito con sangre roja y abundante.
Presenta temperaturas de 38°C, si esta persiste después de 72 horas.”
Recomendaciones que no fueron seguidas por los padres de la menor (JVJ),
puesto que, si bien la madre afirma no haberlas recibido por escrito, acepta que le
fueron dadas de manera verbal por el Doctor Palacio Martínez, luego de realizar
la adenoamigdalectomía.
7 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
8 Sentencia T-369 de 2015.
9 Sentencia SU-198 de 2013.
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En el mismo sentido, del testimonio de la señora LUZ ADRIANA JIMÉNEZ, madre
de la menor fallecida, puede afirmarse que a pesar de no tener conocimientos
médicos, pudo advertir la gravedad de la situación al afirmar que cuando tomó el
taxi para llevar a la niña a urgencias, inicialmente se dirigía al Hospital Pablo
Tobón Uribe, pero que el conductor del vehículo le aseguró que esa institución ya
no tenía convenio con COMFENALCO por lo que decidió llevarla a BIOSIGNO
IPS, porque ya alguna vez la niña había sido atendida en ese lugar.
Además explicó la testigo, que no la llevó a la clínica ORLANT porque creyó que
ahí no la recibirían, configurándose así una omisión en el deber de autocuidado,
máxime cuando el médico que realizó la cirugía, afirmó que a los padres de la
paciente se les informó tanto durante la tramitación del consentimiento informado,
como al momento del alta y la cita de revisión del 23 de agosto de 2011, sobre
cuáles eran las posibles complicaciones derivadas de la intervención que se le
había realizado a su hija (...), se les dijo que cuidados debían tenerse y los signos
de alarma, entre los cuales se encontraba la hemorragia amigdalina y que en caso
de cualquier anomalía se comunicaran con el médico tratante o la Clínica
ORLANT, proporcionándoles los números telefónicos para ello.
(…)
En este punto, debe recordarse que para predicarse la responsabilidad de la
actividad médica deben demostrarse fehacientemente los elementos que la
estructuran, es decir, que se debe acreditar que el acto médico fue imprudente,
negligente o con falta de pericia o que se violaron los reglamentos debidos según
la lex artis de la profesión médica y que esa sea la causa de los resultados
perjudiciales o dañosos para el paciente.
(…)
En ese sentido, analizada la historia clínica transcrita en precedencia, puede
avizorarse que la menor fue ingresada a la IPS BIOSIGNO a las 3:23 am, porque
según la madre estaba escupiendo saliva con sangre, es así como se registró en
la valoración inicial que la menor tenía antecedente de amigdalectomía y había
iniciado sangrado por la cavidad oral hacia 4 horas y al realizar el examen físico
de la menor al momento de la clasificación, se evidenció “PILAR AMIGDALINO Y
CAVIDAD AMIGDALINA DERECHA CON COÁGULOS Y SIGNOS DE
SANGRADO RECIENTE, EL LADO IZQUIERDO NORMAL” y se decidió pasar a
urgencias para manejo analgésico y definir evaluación por Otorrino prioritaria,
siendo este el manejo adecuado pues como lo indicó el médico que la atendió, en
ese momento no presentaba sangrado sino que ya se veía coagulado.
Ya ingresada en urgencias, se advirtió sangrado por boca y nariz, se dispuso
manejo analgésico, dejar en observación y se insiste en comentar para evaluación
por otorrino.
Entre las 5:14 am y las 5:50 am la condición de la menor se fue desmejorando, en
tanto presentó varios episodios de “HEMATEMESIS FRANCA” y se decidió ante
el primer episodio, comentar para “EVALUACIÓN INTRAHOSPITALARIA POR
OTORRINO Y PEDIATRÍA PUES MUY PROBABLEMENTE REQUERIRÁ
TRANSFUSIÓN DE SANGRE”, y se le realizó protección gástrica y antiemético.
Ante un nuevo episodio de hematemesis (5:50 am) se advirtió por el galeno
CARDONA CORREA, un alto riesgo de inestabilidad hemodinámica y se dispuso
que la menor requería “MANEJO CON TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS
Y EVALUACIÓN URGENTE POR OTORRINO”, optimizó el manejo del shock y
trató de compensar los líquidos por cada episodio de hematemesis.
La menor fue comentada como URGENCIA VITAL (6:17 am) y con traslado en
ambulancia pendiente para remitir a la paciente, encontrando en este sentido en
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los folios 274, 275 y 276, documentos referentes al traslado y remisión
hospitalaria, con registro horario alrededor de las 4:57 am y 6:32 am.
En la anotación realizada a las 6:32 am se encontró: “PACIENTE CON MEJORÍA
PARCIAL DE LA PA, AHORA TAQUICÁRDICA, PÁLIDA” y se estaba a la espera
de la llegada de la ambulancia para trasladarla.
Entre las 6:46 am y las 7:02 am se consignó en la historia clínica otro episodio de
hematemesis, paciente en shock, la necesidad de transfusión de glóbulos rojos de
manera inmediata, y se continuó con el suministro de líquidos y demás
procedimientos posibles atendiendo a los recursos con que contaba la IPS
BIOSIGNO al ser de primer nivel de atención, ya que como fue indicado por los
médicos que rindieron testimonio en el proceso, y como lo analizó la A quo, “en
estos casos de sangrados la mejor forma de intervención siempre es a través de
inspección directa, bajo anestesia, con elementos adecuados, sean puntos de
sutura o electrocauterio, procedimientos que son competencia del otorrino, y que
a manos del médico general no es posible ni siquiera el taponamiento ni presión
directa del sitio de sangrado y que desde el momento en que ingresó la menor era
necesaria la remisión a un nivel de mayor atención”. Razón por la cual no podía
exigirse del personal médico que atendió a la menor, una conducta diferente a la
por ellos desplegada, esto es, la estabilización permanente de sus signos vitales,
el manejo analgésico y las gestiones tendientes al traslado de la niña (...) a una
institución de mayor complejidad para que fuera inicialmente evaluada de manera
intrahospitalaria por Otorrino y Pediatra y por la forma en que evolucionó su cuadro
clínico con los episodios de hematemesis que generaban la pérdida de sangre
advirtiendo la necesidad de la transfusión de glóbulos rojos que por la categoría
de la IPS en la que se encontraba no podía ser realizada.
En síntesis, se tiene que, la Sala de Decisión, evidenció que de conformidad con
la prueba arrimada al plenario y, especialmente, a partir de la prueba documental
y testimonial practicada, el servicio médico que dispensó la EPS COMFENALCO,
fue adecuado para la atención de la menor en cuanto a tiempo de atención y
recursos disponibles y si bien no realizó el traslado cuando arribó la ambulancia,
ello ocurrió porque para ese momento si bien se registró a las 7:15 am “SE
REMITE EN TAB CON MÉDICO”, en la nota de las 7:20 am se consignó que la
paciente se encontraba en malas condiciones generales, en shock hipovolémico
y con caída del GLASGOW por lo que se decidió intubar, y al tratar de hacerlo en
varias oportunidades, la menor entró en paro con actividad eléctrica sin pulso, se
inició RCCP y se suministró adrenalina y se realizaron todas las maniobras de
reanimación posibles por un periodo de 40 minutos sin obtener resultados,
registrando como hora del deceso las 8:03 am.
(…)
Así las cosas, resulta claro que, habida cuenta del régimen de responsabilidad
estatal aplicable al caso en concreto, esto es, el subjetivo, bajo el título de
imputación de falla probada, resulta preciso advertir que, el extremo procesal
demandante no logró acreditar todos los elementos de la responsabilidad, puesto
que, si bien es cierto que está demostrado el daño antijurídico; también es cierto
que, no demostró, pese a que estaba obligado a hacerlo, de un lado, la falla por
acción u omisión en el servicio de salud otorgado por la institución hospitalaria y,
de otro lado, la relación de causalidad entre el daño antijurídico y las acciones u
omisiones desplegadas por la entidad demandada; por el contrario, del acervo
probatorio recaudado en el proceso se colige que, la atención médica dispensada
a la menor (...) fue adecuada y ceñida a los protocolos de la lex artis, en
consideración a los recursos con los que contaba la institución de primer nivel
complejidad a la que fue llevada por urgencias». (Sic en toda la cita)
36. En efecto, la autoridad judicial accionada dedujo de los interrogatorios y
testimonios rendidos en el proceso que los señores Luz Adriana Jiménez Bedoya y
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Accionante: Luis Aníbal Villa Quintero y otros
Luis Aníbal Villa Quintero, padres de la menor J.V.J incurrieron en una omisión al
deber de cuidado, debido a que «omitieron» las recomendaciones brindadas de
manera verbal por el médico tratante y al llevarla a un centro de primer nivel pese
a advertir la gravedad de la condición de salud de la menor. Sin embargo, este
planteamiento no fundamentó la decisión judicial cuestionada.
37. Al respecto, la autoridad judicial indicó que la parte demandante contaba con la
carga de demostrar los elementos que estructuran la responsabilidad médica, a
saber: el daño antijurídico, la falla en el acto médico y el nexo causal.
38. En atención a lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que, aunque
se demostró el daño antijurídico consistente en el fallecimiento de la menor, no se
acreditó la falla por acción u omisión en el servicio de salud, debido a que la
atención médica fue adecuada y ceñida a los protocolos de la lex artis teniendo en
cuenta los recursos con los que contaba la institución de primer nivel. Por
consiguiente, concluyó que no se configuró el nexo causal requerido.
39. Sobre el particular, esta Subsección avizora que, aunque el Tribunal accionado
estimó que los señores Luz Adriana Jiménez Bedoya y Luis Aníbal Villa Quintero
incurrieron en una omisión del deber de cuidado respecto de la mejor J.V.J, lo cierto
es que su decisión se fundamentó principalmente en la inexistencia de elementos
que permitieran configurar la responsabilidad médica, en especial, la falla médica
y, en consecuencia, el nexo causal.
40. Lo anterior, en cuanto los profesionales atendieron diligentemente el complejo
estado de salud de la menor, actuando conforme a los protocolos y posibilidades
disponibles, pese a encontrarse en un centro de primer nivel que no contaba con
los recursos necesarios para brindar el tratamiento especializado que la paciente
requería.
41. Ahora bien, si bien es cierto que la menor J.V.J. no fue remitida a un centro
asistencial de mayor nivel, esta situación no se debió a una negligencia, sino a la
complejidad de su estado de salud, el cual exigía intervenciones inmediatas y
manejo crítico por parte del personal disponible.
42. En ese orden de ideas, esta Subsección estima que, aunque la autoridad judicial
accionada concluyó frente a los interrogatorios y testimonios rendidos en el proceso
que los padres de la menor J.V.J no actuaron en debida forma, dicho planteamiento
no fundamentó la decisión judicial cuestionada, sino la inexistencia de los elementos
constitutivos de la responsabilidad médica. Por ende, no se encuentran
configurados los defectos: fáctico y violación directa de la Constitución Política en
el caso concreto.
43. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06787-00
Accionante: Luis Aníbal Villa Quintero y otros
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Luis Aníbal Quintero y otros, de conformidad con los argumentos expuestos en el
presente proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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