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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06793-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06793-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06793-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Napoleón Chacón Cardona
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06793-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Napoleón Chacón Cardona en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante el SENA, con el fin de que
se declarara la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, se
declarara la nulidad del oficio núm. 63-2-2020-003354 del 15 de diciembre
de 2020 que negó el pago de prestaciones sociales y acreencias laborales
causadas entre el 8 de marzo de 2012 y el 19 de diciembre de 2018.

1.2. La Sala de Decisión Núm. 5 del Tribunal Administrativo del Quindío,
mediante providencia de 6 de octubre de 2022, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda al considerar que se encontraban
acreditados los elementos esenciales de una verdadera relación laboral;

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sin embargo, negó el reconocimiento de la indemnización por despido
injusto, en razón a que era una sentencia declarativa la cual tan solo
reconocía por vía judicial la existencia de la relación laboral.

1.3. Contra la decisión de primera instancia tanto la parte accionante
como el SENA presentaron recurso de apelación.

1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante decisión de 5 de junio de 2025, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar “[…] que no se demostró la existencia de una relación laboral
entre el demandante y el SENA, como tampoco se advierten los
elementos de juicio de los que se extraiga con suficiencia y claridad que
el demandante estuviera imposibilitado de actuar de manera
independiente […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por falta de valoración de todas las pruebas allegadas con la demanda,
en especial a la que hacía referencia a los horarios laborales prestados, la
cual, de haber sido valorada de manera adecuada en conjunto con los
testimonios, hubiera dado por acreditado el elemento de la subordinación.

Aseguró que con los soportes probatorios proveídos en proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho quedaba probado el horario de sus
formaciones, el lugar donde las realizaba, las herramientas o apoyos
suministrados por el SENA y además quedaba demostrado que “[…] no podía
programar sus propios horarios, ni cambiar los temas ni formaciones
programadas por esa entidad, ni podía delegar la formación en cabeza de
terceros, ni apartarse a mutuo propio de las instrucciones impartidas por el
SENA […]”.

Aseguró que se realizó una indebida valoración probatoria a la manifestación

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hecha por el SENA mediante oficio No: 63-2-2020-003354 del quince (15) de
diciembre de 2020.

Sostuvo que la subsección accionada incurrió en desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia del 10 de mayo de 2018 en la que se
precisó que “[…] la labor de instructor del SENA, era equivalente a la labor
docente para desarrollar programas de formación no formal que ofrece la
institución. Por tanto, dadas las características del servicio docente, quien
demuestre que ha sido vinculado para desarrollar actividades de tal naturaleza
tiene a su favor acreditada la subordinación y dependencia […]”:

Afirmó que se incurrió en violación directa de la Constitución toda vez que
independientemente de la denominación de los contratos suscritos con el
SENA conforme al “[…] artículo 53 de la Constitución Política, estamos en
presencia del principio de primacía de la realidad sobre la formalidad […]”.
Igualmente, por haberse contrariado el debido proceso contemplado en el
artículo 29 de la Constitución Política.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] i. TUTELAR los derechos fundamentales de la Constitución Política
de Colombia, violados mediante la providencia en sede de segunda
instancia proferida por el Insigne CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A, CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES calendada el día cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025),
con radicación Nro. 63001-33-33-006-2021-00125-01 (2875-2023), donde
actúa como demandante el señor Napoleón Chacón Cardona, y
demandado el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Tema: Relación
laboral encubierta/ Instructor del SENA, Decisión: Revoca sentencia de
primera instancia; por ser una violación directa de la Constitución por
contrariar la garantía que le permita a mi mandante un debido proceso
(art.29 CP), sin una indebida valoración de las pruebas, como el
desconocimiento del precedente que existe por parte del mismo Consejo
de Estado, respecto a los instructores docentes del Sena contratados
bajo la modalidad de prestación de servicios, constituyéndose en una
vulneración de los derechos al debido proceso y a la igualdad (Artículo 13
CP) de mi mandante, derivando a la violación de principios
constitucionales, entre otros como el artículo 29 (debido proceso), el
artículo 243 (efectos de las sentencias de la Corte Constitucional) y el

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deber de las autoridades de aplicar la Constitución según el artículo 4,
como se desprende por las razones ya exteriorizadas a lo largo de este
escrito; con lo cual se le vulneraran sus derechos indicados.

ii. DECLARAR, que la providencia en sede de segunda instancia proferida
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A,
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES calendada el
día cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025), con radicación: 63001-
33-33-006-2021-00125-01 (2875-2023) Demandante: Napoleón Chacón
Cardona, violó los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política de
Colombia, como demás derechos constitucionales que se demuestren a
lo largo de este proceso.

iii) ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, DEJAR SIN
EFECTO la providencia proferida en sede de segunda instancia, el día
cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025), en el Medio de control
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, con radicación:
63001-33-33-006-2021-00125-01 (2875-2023)

iv) ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, que,
conforme a dejar sin efecto la providencia proferida en el medio de control
ya enunciado, en su lugar disponga emitir una nueva sentencia
confirmando la Sentencia de primera instancia proferida dictada el seis (6)
de octubre de dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO SALA QUINTA DE DECISIÓN, dentro
del Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
con radicación: 63001-33-33-006-2021-00125-00 […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 31 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Tribunal Administrativo del Quindío y al SENA, en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la presente acción constitucional toda vez que lo
pretendido por el accionante es convertir la tutela en una instancia adicional,
para insistir en los argumentos que ya fueron resueltos en el proceso ordinario
por el juez natural.

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2. El SENA solicitó negar las pretensiones de la demanda toda vez que no se
le desconoció ni vulneró ningún derecho fundamental al accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 63001-33-33-006-2021-00125-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, la autoridad accionada desconoció las pruebas que acreditaban el
elemento de la subordinación y, en ese sentido, la configuración de una relación
laboral desde el 8 de marzo de 2012 hasta el 19 de diciembre de 2018,
circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial.

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Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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